Ante la falta de la firma de la renovación de los contratos de los trabajadores y trabajadoras que pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, la ATE Tucumán llevó adelante un corte y movilización frente a la sede del Instituto Roca.
Los delegados de ATE están presentes en esta lucha junto a los compañeros y compañeras que esperan una respuesta por parte del gobierno.
Desde el CDP, se continuará acompañando a los compañeros, exigiendo que se cumpla con lo acordado.
Tras el escándalo que detonó el video en el que Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, empezaron a salir a la luz los documentos que detallan los ataques planificados hacia los gremios, los salarios, los trabajadores y los derechos laborales que se tejían en su paso por el Ejecutivo.
En el documento, casi un manual de trinchera, queda clara la planificación con golpes hacia los trabajadores en los dos planos que mejor se movía Cambiemos: el mediático y el judicial.
Lo que la gestión Vidal llamó «Agenda Integral» consta de 3 agendas que en su conjunto buscaban quebrar la resistencia de los operarios y su gremio para bajar los salarios y flexibilizar sus condiciones de empleo. Esas tres aristas eran la «agenda económica», la «agenda judicial» y la «agenda pública».
En la agenda económica se detallan los derechos laborales a recortar: comedor, vacaciones, partes del sueldo, jubilaciones, los «dispensados», la nocturnidad y las licencias gremiales. Más tarde llegarán los despidos y hasta se habla de un cierre total.
En las otras se preveía una primera denuncia en los juzgados, que sería filtrada a los medios y luego sería reforzada por una denuncia de asociación ilícita, que también llegaría a los medios afines para «convencer» a la opinión pública.
El objetivo era ATE Ensenada y las gestiones anteriores de Astilleros. Pero no se quedaba ahí. De hecho buscaba disciplinar a todos y extender los juicios hacia los operarios.
Es más, el inventor de la gestapoPRO, en su documento, le pide a los funcionarios de turno «proactividad para recepción e investigación de posibles ilícitos» y recomienda una serie de «denuncias penales de hechos ilícitos».
También pide que se filtren en off hipotéticas «amenazas» de trabajadores a directivos y supuestos «discursos que atenten contra el orden democrático».
Ese accionar diseñado en laboratorio, que se vio reflejado por ejemplo en «investigaciones especiales» del programa dominguero de Jorge Lanata, pide que se construya a un «enemigo» y que se lo trate de «mafia». Un modus operandi que se replicó en varias de las «peleas» que se libró desde la gestión Cambiemos.
La ATE Córdoba denunció y condenó la privatización de parte de los testeos y vacunación dispuestos por el Gobierno de la Provincia, una tarea que hasta el momento realizaba con un esfuerzo mayúsculo el Sistema Público de Salud Provincial a través de las trabajadoras y trabajadores que están en la primera línea en la lucha contra el Covid-19.
El Secretario General del gremio, Federico Giuliani, advirtió hoy en un comunicado, que el Gobierno de la Provincia, «con el argumento de la descentralización, pretende encubrir la entrega a sectores privados de una porción de la atención de testeos y colocación de vacunas, impidiendo el desarrollo del sistema de Salud Pública».
En medio del crecimiento exponencial de contagios en esta tercera ola, con la provincia estallada por efecto de las variantes Delta y Ómicron, el Gobierno de Juan Schiaretti en lugar de incrementar recursos humanos e insumos para realizar las labores de prevención y atención de la comunidad, aplica una medida de neto corte neoliberal para enfrentar la pandemia, delegando parte de la responsabilidad del Estado a actores privados.
Para la ATE “queda claro que habilitar 120 laboratorios privados y 53 farmacias para hacerse cargo de testeos y vacunación responde a las demandas del sector empresario que –en su afán de lucro- presiona para que los trabajadores tengan que concurrir a sus lugares de empleo aunque sean contacto estrecho, exigencia que ya cumple el Personal de Salud con todos los riesgos que ello implica”.
El comunicado sostiene que “el Gobierno Provincial, con el argumento de la descentralización, pretende encubrir la entrega a sectores privados de una porción de la atención de testeos y colocación de vacunas, impidiendo el desarrollo del Sistema de Salud Pública para afrontar los riesgos sanitarios que impone una pandemia de estas características”.
Por ello y frente a la debacle sanitaria propiciada por la ineptitud de las políticas oficiales, ATE vuelve a reclamar “la modificación urgente del Protocolo para las y los trabajadores de la salud; la inmediata incorporación de personal en todo el sistema de Salud Pública Provincial y el pase a planta permanente y salarios dignos”.
La ATE Corrientes denunció que la intervención de la obra social estatal provincial, el IOSCOR, no está respetando el derecho de los trabajadores y trabajadoras de acceder a la Feria Administrativa fijada por el Decreto Nº93 para “todas las reparticiones de la administración pública provincial central, organismos descentralizados y entes autárquicos desde el 3 hasta el 7 de enero del 2022”.
“Bajo amenazas de apercibimiento y despidos, la intervención del IOSCOR está obligando al 100% del personal a concurrir a sus lugares de trabajo. Es una violación a los derechos laborales y una irresponsabilidad tener a los agentes amontonados en momentos de brotes y picos de contagios de Covid-19”, explicó el secretario general Feliciano “Chano” Romero.
El titular de ATE Corrientes pidió al Ejecutivo provincial, “al Gobernador Valdés que haga valer su Decreto y que se respete el derecho de los agentes públicos”. También exigió que “se comiencen a tomar los recaudos y las medidas preventivas necesarias en los lugares de trabajo, ante los nuevos brotes de Covid-19 en Corrientes”.
La ATE CONICET informó que este lunes, 3 de enero, se dieron a conocer los resultados de la convocatoria 2021 a becas doctorales y de finalización. En las becas doctorales, se ha producido una marcada reducción en la cantidad de becas otorgadas en relación con la convocatoria del año pasado: 1700 en 2020 frente a 1380 en 2021.
Según explicaron los compañeros del sector la modalidad de temas generales es la más afectada: se redujo un 23% en relación con el año pasado. A esta reducción se suma la preocupación de que la convocatoria 2021 a postdoctorales (que se abrirá en febrero 2022) sea «fusionada» con la convocatoria 2022, lo que produciría como resultado la omisión de una convocatoria completa.
Según subrayó esta sectorial de ATE “las autoridades del organismo aún no han dado precisiones sobre cuál será la fecha de la convocatoria a becas postdoctorales de 2022. Todo esto se suma a la ya conocida ausencia de criterios de evaluación públicos y transparentes y a la sistemática negativa de las autoridades de reconocer derechos laborales para Ixs becarixs”.
Desde ATE CONICET consideramos que una reducción en la cantidad de becas doctorales resulta un nuevo retroceso en términos de derechos laborales y va a contramarcha de un real fortalecimiento del sistema científico y tecnológico nacional.
El Secretario General de la ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, denunció que hay una baja calidad de salario entre las y los estatales provinciales y municipales entrerrianos y que en esa materia el 2021 repite la caída que se arrastra desde el 2020.
En este sentido el titular del CDP apuntó que el año “acaba con un ingreso real por debajo dela inflación”, en casi 8 puntos. “En la mayoría de los distritos las y los estatales recuperaron ingreso, aquí llegaremos al 42% cuando la inflación cerrará en 50%”, completó.
Muntes marcó la complejidad del escenario local afirmando que “tenemos necesidades muy grandes, miles y miles de trabajadores y trabajadoras del Estado provinciales que perciben ingresos por debajo de la canasta básica familiar”.
Al respecto de esta grave situación Muntes acotó que “incluso si le hubiéramos empatado la inflación seguiríamos perdiendo porque nuestro salario promedio es de baja calidad”.
La ATE reclamó una respuesta política de la Municipalidad de Yerba Buena a los distintos planteos salariales y laborales que el gremio ha venido efectuando en los dos últimos años.
En una nota dirigida al jefe comunal la ATE Yerba Buena señaló que “hay una mayoría de trabajadores y trabajadoras de la planta estatal que prestan servicios como contratados o becarios y están bajo la línea de pobreza”.
En ese sentido el gremio apunta que “hoy un 60% de los y las trabajadoras de la planta municipal y comunal son beneficiarios de un programa social. Ellos trabajan igual que un compañero de planta, pero cobran un adicional, en su mayoría de 6.000 u 8.000 pesos, que no les permite siquiera cubrir la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) de 33.000 pesos que se necesitan para no ser indigentes”.
También hacen referencia las y los compañeros de ATE Yerba Buena a “todos los expedientes presentados por distintos casos de vulneración de derecho de nuestros compañeros”. “Tampoco nos olvidamos de los despidos en plena pandemia y de la persecución que viven a diario, como de los actos de disciplinamiento que ejercen sobre las y los trabajadores, bajando les la categoría, sacándolos de sus puestos de trabajo (de los que son idóneos y /o su profesión los avalan) para denigrarlos”, agrega.
En el escrito enviado al jefe comunal la ATE también plantea que “no nos olvidamos de que usan el concepto de «mérito» para apoyar los favores políticos y extorsionar así a sus empleados, usando el concepto de «merito» para no garantizar el derecho que brinda la antigüedad y usando el concepto de «mérito» para no respetar la carrera administrativa”.
En el marco de la caída y disparidad salarial que arrastran las y los trabajadores estatales provinciales, el Secretario General de la ATE Formosa, Néstor Vázquez, señaló la necesidad de converger los salarios en un marco de “igual remuneración por igual tarea”.
La precisión del titular del CDP apunta a la situación de contraste que atraviesan trabajadoras y trabajadores municipales, de un municipio respecto a otro. La aseveración del dirigente provincial se vislumbra en que “hay tareas de trabajadores municipales que son remuneradas de una forma en un lugar y de una manera muy distinta en una comuna diferente”. Sobre ello sostuvo ·tenemos la obligación de tratar de visibilizar estas situaciones, y la clase política tiene la obligación de dar solución a esos problemas”.
Los ejemplos que toma para refrendar la disparidad salarial que hay en municipios de Formosa, son Ingeniero Juárez y Estanislao del Campo, donde existen trabajadores y trabajadoras municipales que cobran salarios que se ubican entre los 6.000 y los 15.000, un margen de ingreso que dista mucho de lo que perciben las y los trabajadores del municipio capitalino que desempeñan idéntica función.
Para Vázquez “deben cumplirse los preceptos constitucionales que hablan de la dignidad salarial del trabajador y la trabajadora”.
Dispuesto por la Seccional Comarca Andina, la ATE inicia este martes 4 de enero una retención de servicios en la Municipalidad de lago Puelo, por la decisión unilateral de la comuna de anular la renovación de contratos.
La medida de fuerza gremial ya se venía madurando ante las versiones que anunciaban la toma de esta medida y que por resolución de ATE fue definida por tiempo indeterminado.
Pero no es el único reclamo de la Seccional a las autoridades municipales. También se ha denunciado que varias de estas no renovaciones están atadas al ejercicio de violencia laboral por parte de un funcionario y que fuera denunciado por parte de las y los trabajadores que ahora han sido cesanteados.
“Hemos reclamado a la comuna que se aplique los artículos 10 y 11 de la ley 13.168, violencia laboral, para la persona que fue denunciada”, acotaron desde la ATE comarcal.
En el cierre del año, la ATE Entre Ríos volvió a rechazar el aumento del 7% decretado por el gobierno provincial, que por “insuficiente” ya había sido cuestionado en la última reunión paritaria del año.
En este marco el CDP emitió un comunicado de prensa donde sostiene que “terminamos el año con la mayoría de los trabajadores que dependen del Ejecutivo provincial con salarios que no cubren la canasta básica. Como lo venimos planteando: un trabajador de los sectores más rezagados salarialmente como Salud, Educación, Cultura, Comedores, Copnaf, Ambiente, solo para nombrar algunos, con 20 años de antigüedad perciben salarios por debajo de los 55.000 pesos”.
A continuación el gremio brinda un detalle sobre los puntos principales del decreto, los montos referidos son aproximados ya que varían según el sector, la antigüedad, y demás condiciones particulares de cada trabajador:
– Incremento del 7% a partir de diciembre 2021, como base del salario de febrero.
– Se incrementa el código de sueldo 130 desde la categoría 5 a la 1 del escalafón general: 1.000 a categoría 5 y 2.000 a la 1, proporcional a las otras categorías intermedias. Este adicional aumenta la antigüedad.
– Entre 1.000 y 3.000 pesos más para enfermería en código 018, el incremento es mayor según el tramo y la antigüedad. Con esto aumenta una porción el adicional por horario atípico de enfermería, código 224.
– Incremento en unos 2.000 pesos en el arancelamiento, código 234 para los 3 hospitales nivel III (San Martín y San Roque de Paraná y Masvernat de Concordia)
– Se incrementa en un 7% la base de cálculo para percibir salario familiar, y los distintos tramos.
– Incrementan el código de riesgo (238) a los médicos de los hospitales nivel III B
Nuevos mínimos garantizados:
Escalafón General: 51.746 pesos.
Escalafón General Salud: 54.333 pesos.
Enfermería: 61.937 pesos.
Agentes Sanitarios: 56.326 pesos.
En resumen para el escalafón general, un aumento del 7%, uno por el 130 de las categorías de la 1 a la 5, uno por el arancelamiento de los 3 hospitales nivel III.
En enfermería el 7% y el aumento en el código 018, que incrementa el atípico.
Los incrementos se aplican a los contratos de servicios.
