Con el avance de la vacunación, el progresivo levantamiento de las medidas sanitarias restrictivas y la recuperación del trabajo presencial, para ATE Chaco el 2021 fue un año para el reencuentro entre compañeros y compañeras y para la reorganización de la lucha sindical por objetivos y reivindicaciones que la pandemia había obligado a poner un poco en pausa.
Desde ATE Chaco cerramos el año con la elección de delegadas y delegados en toda la provincia y consolidando el trabajo en los municipios chaqueños, recorriendo las localidades y recogiendo las inquietudes y necesidades que permitan unificar los reclamos de las y los trabajadores estatales chaqueños.
Como parte de la estrategia para consolidar los vínculos, conectar a afiliadas y afiliados con el sindicato y dar difusión de las actividades, en 2021 iniciamos un nuevo canal de comunicación. Todos los jueves, de 8 a 10, salió al aire por la radio de la escuela Nuestra Voz (www.nuestravozchaco.com) el programa EscuchATE, emisión semanal que puso en relieve las voces de los distintos sectores y las problemáticas de las y los trabajadores estatales provinciales. Parte importante del programa fueron las y los delegados de ATE Chaco, quienes tuvieron oportunidad de transmitir a través de un medio de comunicación los reclamos y los logros alcanzados mediante la lucha y la organización.
Alcanzado diciembre, en 2021 el sindicato renovó sus representantes sindicales en los siguientes sectores: Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura (segundo piso de Casa de Gobierno, así como Subsecretaría de Energía, Dirección de Inspección, Dirección de Transporte y Obras por Administración), Registro de la Propiedad Inmueble, Instituto del Deporte Chaqueño, Desarrollo Social nivel Central, Comité de Prevención de la Tortura, Ecom, Casa por la Memoria, Inspección General de Personas Jurídicas, Instituto de Cultura; y las municipalidades de la Isla del Cerrito, Río Bermejito, Coronel Du Graty y Pampa Almirón.
Conflictos
Uno de los conflictos que atravesó el 2021 y cuyas consecuencias van a extenderse al año siguiente es el accionar violento y arbitrario ejecutado por las autoridades del Comité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles e Inhumanas y o Degradantes. Luego de que ATE Chaco pidiera rever las candidaturas de Ariela Álvarez y Darío Gómez, y ambos fueran reelectos como titulares del organismo, en julio, con el nuevo directorio en funciones dieron inicio los atropellos contra las y los trabajadores.
La primera medida fue una ola de despidos del personal que cumplía funciones en el interior, centralizando la acción del Comité en Resistencia y menoscabando su alcance. A esto se sumó una restructuración que desfuncionalizó a varias compañeras y compañeros, bajas de sueldos, y mayor precarización en la modalidad de contratación. Estos hechos fueron denunciados ante la Cámara de Diputados, la Subsecretaría de Trabajo, el Ministerio de Derechos Humanos y Géneros, y ante el INADI.
Otros de los sectores que emprendieron medidas de fuerza prolongadas fueron el Instituto del Deporte y el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura. En el primero buena parte de sus trabajadoras y trabajadores están precarizados, con más de quince años de antigüedad y percibiendo salarios que se encuentran entre los más bajos de la provincia. Y en el segundo, las y los afiliados se organizaron para reclamar demandas históricas, atenientes al cálculo de bonificaciones y recategorizaciones, que llevaban años sin resolverse.
Luego de una negociación paritaria provincial cerrada sin el voto favorable de ATE Chaco, durante el año el sindicato se dedicó a trabajar en mesas técnicas sectoriales. Este camino segmentado deja a las claras la necesidad de seguir trabajando entre los gremios y el gobierno provincial por un urgente Convenio Colectivo de Trabajo que rija la actividad de todas y todos los trabajadores estatales de la provincia. En 2020 se había avanzado bastante en la temática, y es imperativo que se vuelva a activar este ámbito de discusión para lograr la debida regulación laboral.
Municipios
El trabajo en distintos puntos de la provincia también mostró la necesidad de un marco regulatorio que permita terminar con los abusos de poder políticos y brinde un marco de derecho para las y los trabajadores municipales. Para ATE Chaco esta falta de una legislación unificada abre la puerta muchas veces a que los intendentes manejen las localidades a su antojo, fijando salarios a voluntad y quitando puestos de trabajo a su arbitrio. Es por esta razón que el sindicato presentó un proyecto para la creación de un Consejo del Salario Municipal, alineado con lo que correspondería en el marco de un Convenio Colectivo de Trabajo.
Uno de los casos emblema cuya defensa emprendió el sindicato fue el de las trabajadoras de Corzuela, violentadas en repetidas ocasiones por el intendente Rafael Carrara y despedidas de manera irregular por el Concejo Municipal en enero de este año. Luego de una ardua lucha sindical y un extenso proceso judicial, las afiliadas fueron reincorporadas a sus funciones en la municipalidad de Corzuela por orden judicial.
Dicho jefe comunal había desobedecido reiterados fallos de los tribunales al respecto, pero la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Resistencia lo intimó a cumplir con lo ordenado por la Resolución N°210 de mayo de 2021, bajo apercibimiento de aplicación de multas por cada día de retraso y de correr vista a un fiscal de investigación penal por incumplimiento judicial.
Las trabajadoras fueron reubicadas en tareas administrativas. Y el compromiso alcanzado con el intendente incluyó el pago de haberes estipulado mediante la Justicia a través de un amparo, el cese por acuerdo de litigio, y el pago del retroactivo completo de haberes.
En relación con los despidos arbitrarios, la lucha continúa en Coronel Du Graty, localidad en la que un grupo de afiliados denunció haber sido despedido sin causa por el intendente Juan Carlos Polini. El sindicato continúa asesorándolos y acompañándolos en esta situación, para que puedan obtener reparación por sus derechos laborales violentados.
Los trabajadores habían sido incorporados a la planta permanente del municipio de la mencionada ciudad en 2015, mediante ordenanza municipal. Posteriormente, ese mismo año, al asumir Polini la jefatura comunal fueron desafectados por resolución. Los trabajadores obtuvieron sentencia cautelar favorable del tribunal Contencioso Administrativo, a los efectos de reestablecer su situación de empleados de planta permanente, pero desde el Ejecutivo municipal no se ha respetado la orden judicial.
Otros municipios en lucha durante 2021 fueron Pampa Almirón, Pampa del Indio, y la Isla del Cerrito. A través de la organización sindical, las y los trabajadores de dichas intendencias alcanzaron aumentos salariales, recategorizaciones, bonificaciones y mejoras en las condiciones de trabajo.
En esta última localidad, el acuerdo con el jefe comunal incluyó el compromiso de un aumento salarial en el primer trimestre del año que viene, el respeto de la cláusula gatillo, la necesidad de una reestructuración de cargos y recategorización del personal de planta con el fin de alcanzar mejoras salariales, la evaluación de la mejora de los haberes de las y los trabajadores afectados a la actividad turística por su desempeño los fines de semana, y la evaluación de próximos pases a planta.
Encuentros
Este trabajo en el interior permitió en octubre concretar un encuentro de delegadas y delegados de distintos municipios en los que ATE Chaco tiene presencia sindical y que vienen sosteniendo planes de lucha en estos últimos años. Como parte de la actividad, las y los participantes concurrieron a la Cámara de Diputados y al Superior Tribunal de Justicia para peticionar por la mencionada creación del Consejo del Salario Municipal y por una mayor diligencia en los casos de conflictos laborales que involucren estamentos estatales.
El Proyecto N° 1516/21, presentado en la Legislatura provincial, plantea la creación de una comisión que involucre intendentes, sindicatos y al Ejecutivo provincial como instancia arbitral. “El objetivo es conformar un ente regularatorio, que sería una instancia previa a alcanzar un Convenio Colectivo de Trabajo general. No sería vinculante en principio, pero colaboraría para poner un piso de derecho para las y los trabajadores municipales al momento de las discusiones paritarias”, explicó el secretario General de ATE Chaco, Mario Bustamante.
Por su parte el secretario General Adjunto de ATE Chaco y titular de la regional metropolitana de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Autónoma, Neri Salazar, expresó: “Nos guía la pretensión de lograr la equidad y la igualdad salarial. Hay trabajadoras y trabajadores municipales que cobran de básico 10 mil y 15 mil pesos en el interior, con años de antigüedad. Tampoco pueden percibir los aumentos o los bonos que otorga el gobierno provincial. Lo que termina dando por resultado que cada intendente establezca las paritarias a su antojo”.
Con la intención de resguardar a las trabajadoras y trabajadores municipales, otra línea de acción fue movilizarse al Superior Tribunal de Justicia con el fin de peticionar por mayor celeridad en casos de despidos o de denuncias por violencia laboral. “Solicitamos que cuando la Justicia intervenga pueda tomar cursos más agiles que repercutan a favor de las los trabajadores. En nuestra experiencia, los jefes comunales hacen uso y abuso de la instancia de judicialización, casi como un artilugio político para dilatar los tiempos en los casos en los que ejecutan despidos arbitrarios o se conducen con violencia. Y esto afecta a las y los trabajadores en sus derechos básicos, que llegan a verse privados de sus ingresos para mantener a sus familias”, manifestó Salazar.
Asimismo, Bustamante apuntó: “El intercambio de experiencias en las localidades que permitió este encuentro de delegados y delegadas municipales dejó a las claras la necesidad de organización en los territorios para seguir creciendo”.
