Compartimos esta nota de Canal Abierto que reconstruye el
conflicto y la pelea del pueblo organizado de Chubut contra la megaminería
contaminante. Ayer, y el marco de la convocatoria a una jornada de lucha del
pueblo chubutense y organizaciones sociales, sindicales y políticas de
distintas provincias, se conoció la suspensión de la sesión extraordinaria
prevista para este viernes.
**
Con movilizaciones en toda la provincia, un paro ambiental
de 48 horas decidido por la CTA Autónoma local y convocatorias de apoyo en todo
el país, los chubutenses resisten una vez más el intento del gobernador Arcioni
de aprobar la zonificación que permitiría la actividad minera en parte de su
territorio
En Chubut la
comunidad ha manifestado de todas las formas posibles su negativa al desarrollo
de la megaminería en la provincia. Desde el 2003, la provincia de Chubut
mediante la Ley 5.001 prohibió la actividad minera metalífera en la modalidad
de cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción
minera pero las multinacionales mineras y sus asociados en la política no
desisten en los embates para avanzar a pesar de la evidente falta de licencia
social.
Pese a que hay ya presentada en la Legislatura una Iniciativa
Popular para una nueva ley minera que despeje toda sombra de contaminación y de
creación de zonas de sacrificio en el territorio provincial, el gobernador
Mariano Arcioni –con la venia del ejecutivo nacional– intenta hacer aprobar por
los legisladores la zonificación que permitiría habilitar en algunas regiones
el inicio de la explotación minera.
En las últimas horas, por decreto el gobernador convocó a
Sesión Extraordinaria para el viernes 5 de febrero para tratar, entre otros, el
proyecto 128/20 con el título “Desarrollo Industrial Minero Metalífero
Sustentable de la Provincia de Chubut” que de aprobarse habilitará la
explotación minera en los departamentos de Gastre y Telsen en la región de la
meseta.
Frente a ello, las asambleas ciudadanas de las diversas
localidades y organizaciones sociales, sindicales y políticas de la provincia
han convocado a movilizar a la legislatura provincial el jueves 4 de febrero en
lo que han titulado Jornada Plurinacional por el Agua a la que se han sumado
organizaciones de todo el país convocando a movilizar en apoyo a los
asambleístas chubutenses.
La CTA Autónoma de Chubut convocó a un Paro en Defensa del
Ambiente por 48 horas. En la notificación de la medida enviada al ministro de
Trabajo provincial sostienen que disponen la medida: “Ante el tratamiento en la
Legislatura de proyectos de leyes perjudiciales para la provincia, que amparan
el negocio de la megaminería en Chubut, con la consiguiente destrucción del
medioambiente y la puesta en riesgo del delicado sistema acuífero provincial”.
A la vez, exigen el inmediato tratamiento de la Iniciativa Popular presentada
con más de 30 mil firmas, y que tiene como objetivo “resguardar el derecho de
todos y todas a contar con un ambiente saludable para el desarrollo de la
vida”.
La zonificación
“Hace rato que da vueltas un borrador de la zonificación que
coincide con el mapa del catastro minero. Lo que se entrega es el 70% del
territorio de la provincia, lo achicaron un poco, pero dejan abierta la puerta
en un artículo a posteriores ampliaciones, una vez que logren entrar”,
explicaba en diciembre de 2020 en diálogo con Canal Abierto Pablo Palicio Lada,
referente de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut y del Movimiento
Antinuclear de Chubut (MACH). “Este proyecto está hecho a medida de Panamerican
Silver, la minera canadiense propietaria del proyecto Navidad, que ha tomado el
rol de estado paralelo en la zona de la meseta, la zona de los grandes
yacimientos. Pero también abre la puerta a la minería del uranio, mucho más
grave. La zonificación es un eufemismo para permitir la apertura minera”.
Técnicamente, el proyecto de ley del ejecutivo zonifica la
provincia en cuatro tipo de áreas. Las zonas 1 y 2 son áreas de cauces de ríos
y arroyos o zonas de amortiguamiento y protección de los cursos de agua
permanentes protegidas por la ley 5.001. A las zonas 3 y 4 se las exceptúa de
esta protección.
Consulta previa,
libre y “apretada”
Las comunidades originarias de la meseta, tehuelches y
mapuches, son asistidas por el derecho a la consulta previa, libre e informada a
los pueblos originarios que establecen tratados internacionales como el
Convenio 169 de la OIT. Para poder realizar cualquier emprendimiento minero en
esta zona las comunidades deben aceptarlo luego de un procedimiento de consulta
y consentimiento.
Por el contrario, varias comunidades denuncian que fueron
intimidadas por personal policial y empleados comunales cuando se los invitaba
a participar de una “reunión informativa y abierta al diálogo”, señalan en un
escrito enviado al titular del área de Asuntos Indígenas de Chubut, Rubén
Romero Saihueque, por parte de las comunidades Mapuche-Tehuelche Mallín de los
Cual, Los Pinos, Taquetren, Lof Lefimi, Chacay Oeste y Laguna Fría.
En el mismo señalan que fueron notificados “mediante
aprietes, utilizando frases como ‘te tenés que entregar’ y que la convocatoria
se realizó dividiendo el territorio Mapuche Tehuelche según las jurisdicciones
de la administración estatal sin advertir que las decisiones siempre las
debatimos y tomamos en conjunto”.
En esta línea, remarcan en el documento que la
“convocatoria” se efectuó “48 horas antes de la fecha de reunión sin respetar
los tiempos necesarios para que las comunidades nos organicemos, no se tuvo en
cuenta que la mayoría de los miembros se encuentran en el campo y que en esta
fecha están realizando trabajos programados con su hacienda”.
Por último, señalan: “Atento a la intempestiva convocatoria
del gobierno a sesiones extraordinarias para el día viernes 5/1 exigimos una
vez más que el Estado cumpla con el deber constitucional de respetar y hacer
efectivo nuestro derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado
antes del tratamiento y/o aprobación del proyecto de ley 128/20. Destacando que
para que dicha consulta sea válida, debe realizarse de buena fe, respetando las
circunstancias en las que se efectúa, las costumbres y tiempos de nuestras
comunidades, y con miras a la obtención de un acuerdo o consentimiento sin
acudir a engaños, amenazas o violencias contra nosotros”.
Los votos
El gobernador Arcioni intentó aprobar en diciembre esta ley
pero no pudo lograrlo debido a la efervescencia social provocada. Ahora avanza
ya que contaría con el apoyo de 14 de los 27 legisladores. No está cerrado el
tema pero ni la movilización social ni los reiterados escándalos surgidos en
torno a cómo se compran los votos de los legisladores parecen amedrentar a este
funcionario alineado con Sergio Massa y respaldado por Alberto Fernández.
En diciembre, en las horas previas al intento de aprobar la
zonificación, se filtró el audio de una conversación de la diputada Leila Lloyd
Jones, opuesta a la iniciativa y que había sido escrachada en su domicilio,
diciendo que quienes están votando a favor de la zonificación habrían cobrado
diez millones de pesos.
En otro episodio, el legislador Sebastián López (PRO) fue
grabado pidiendo “100 lucas” para hacer lobby para las mineras, lo que provocó
la ruptura del bloque de Juntos por el Cambio pero no su renuncia ni su
destitución.
Así, frente a una comunidad que se organiza, que durante
años ha presentado alternativas y proyectos de ley como el de la Segunda
Iniciativa Popular que espera su tratamiento por estos mismos legisladores, el
argumento de Arcioni y su ministro de Seguridad, Federico Massoni, ha sido la
criminalización de los asambleístas y el infructuoso esfuerzo por deslegitimar
la protesta. Esta fue la respuesta de las asambleas ciudadanas en su último
comunicado:
“Reafirmamos la enorme dignidad de este pueblo en lucha y
llamamos a fortalecer las asambleas con una clara vocación de autoconvocarse en
defensa de la vida. Seguiremos en las calles y ante el peligro inminente de la
zonificación paralizaremos la provincia”.
Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh)
