En el marco de una serie de
reclamos que ATE- Córdoba viene planteando al gobierno provincial sobre la
situación en el sector salud y el área social las últimas dos semanas, se
realizó una concentración frente a la sede del Ministerio de Justicia y DDHH de
la provincia.
El gremio, junto a otras
organizaciones como UTS y corrientes sindicales de diversas lineas políticas,
reclamó que el ministro Julián López intervenga ante el despido de una trabajadora
que se desempeña en el área penal Juvenil de la Secretaria de Niñez,
Adolescencia y Familia (SENAF) y el traslado arbitrario y fuera de toda norma
de una delegada de ATE, omitiendo que la tutela sindical protege su actuación
gremial e impide cualquier traslado para garantizar que las y los trabajadores
puedan hacer efectiva su representación sindical.
La SENAF es foco de sucesivas
denuncias por la pésimas condiciones de trabajo, los magros salarios y los
maltratos con que los funcionarios someten al personal para evitar quejas e
imponer el miedo en el organismo. Quien encabeza esta política en el organismo
es el secretario José Piñeiro, responsable máximo de la situación que se vive y
funcionario que se niega a abrir un espacio de diálogo para encausar los justos
reclamos, en un marco de alarmante falta de respuestas atento a que se trata de
trabajadoras y trabajadores que atienden a menores en conflicto con la ley o
víctimas de violencia de todo tipo, más aun en esta etapa de pandemia y hacinamiento
de las familias por la cuarentena.
En tal sentido, el secretario
General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, hizo entrega de una nota en el
Ministerio. A su salida explicó que “venimos a reclamarle al ministro de
Justicia que reincorpore a la compañera despedida y restituya a la delegada a
su lugar de trabajo, porque es grave una política antisindical que viola oda la
legislación laboral vigente”.
Además, el dirigente planteó “la
grave situación del organismo, con políticas de arrastre de la SENAF,
relacionadas con la altísima precarización laboral, ya que más de la mitad de
los y las trabajadoras del organismo están en negro, monotributistas la gran
mayoría, otros como becarios e incluso voluntarios, que cobran 7.700 pesos al
mes, salarios de miseria e indignos que paga el gobierno de Córdoba”.
Giuliani denunció que las pésimas
condiciones laborales, más aun en contexto de pandemia, se expresan en la falta
de “medidas de bioseguridad e insumos de prevención. También denunciamos la
sobreexplotación laboral que hay: no se cumple las horas específicas que dice
la ley y esto da cuenta del desprecio evidente del gobierno provincial hacia
nuestros sectores y las políticas públicas. Convengamos que la Senaf trata
problemáticas de sectores postergados de la sociedad, con violencia de género,
con violencia infantil, con abandono, condiciones muy extremas que ameritan que
los trabajadores y las trabajadoras puedan cumplir su tarea como se debe”.
“Pero hay una falta de política
del gobierno para fortalecer esta área. Sobre todo dentro de una pandemia, donde
los sectores vulnerables no pueden vivir la cuarentena de la misma forma que
los sectores altos. En las barriadas, donde no van los funcionarios, hay
pobreza, desigualdad social, hacinamiento, falta de trabajo, la droga, el
gatillo fácil. En fin, se ve que a Schiaretti no le importa cuidar la niñez y
la adolescencia de los y las cordobesas, y por eso tiene a los trabajadores en
estas condiciones”, afirmó.
