La clase trabajadora y sus organizaciones nos enfrentamos a
una doble amenaza: el Covid-19 y sus consecuencias en la economía real,
profundizando una crisis mundial que crece al ritmo de la pandemia.
Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, muchos y muchas
nos vimos obligados a trabajar en los puertos, en las industrias
agro-exportadoras, en las alimenticias, los hospitales, la comunicación y el
transporte, entre otras actividades exceptuadas del aislamiento social obligatorio.
Allí nos encontramos con la falta de protocolos oficiales de higiene y
seguridad en los procesos productivos, a lo que se suma el debilitamiento de
los resortes del Estado que deben velar por el efectivo cumplimiento de la
normativa laboral.
Los Ministerios de Trabajo y de Salud, tanto nacional como
provincial, no llegan dentro de las fábricas y de los lugares de trabajo, donde
los trabajadores y trabajadoras sólo cuentan con la representación sindical,
allí donde la hay. Es el sindicato organizado la más efectiva defensa ante los
riesgos de la pandemia y ante las empresas que priorizan su rentabilidad a la
salud de los trabajadores y de la sociedad. La organización sindical, junto a
las comisiones internas y los cuerpos de delegados, actúan hoy como verdaderos
controles ante la prepotencia patronal, pese a la limitación de ciertas
actividades sindicales que dispuso el Ministerio de Trabajo.
Distinta es la suerte de aquellos trabajadores y trabajadoras
que se encuentran cumpliendo con el aislamiento obligatorio, para los cuales
los empresarios conocen y repiten una vieja receta: la reducción salarial o el
despido. Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para proteger el empleo y
el salario parecieran no aplicarse a un gran sector del empresariado que
despide, suspende y rebaja salarios, desconociendo los decretos de emergencia y
la legislación laboral, transformándolos en letra muerta.
Esa ha sido la reacción de algunos de los empresarios más
poderosos del país ante la decisión del Gobierno Nacional de priorizar la salud
sobre la economía. Durante los últimos cuatro años, e inclusive antes, hay
sectores que han sido los grandes ganadores del modelo. Compañías eléctricas,
gasíferas, agroexportadoras, concesionarias de peaje, bancos, han acumulado grandes
ganancias y no han hecho ningún aporte en la emergencia. No desconocemos
tampoco los problemas que la crisis y la paralización de la actividad económica
generan en pequeñas y medianas empresas, pero eso no puede derivar en la vieja
receta de asociar a los trabajadores a las pérdidas.
De seguir así, las medidas que buscan proteger a los
trabajadores sólo quedarán como un catálogo de buenas intenciones, y todos los
esfuerzos del PEN no podrán evitar una mayor profundización de la crisis.
Los sindicatos, el Estado, la sociedad en su conjunto no
podemos permitir que las consecuencias de la crisis recaigan sobre las espaldas
de los trabajadores y trabajadoras. Por ello exigimos la intensificación de la
intervención del Estado en la protección del trabajo, conforme el mandato
constitucional.
Cada trabajador que pierde su empleo, cada salario recortado,
es un herida más en el tejido social que produce un daño que puede ser
irreparable.
Deben tomarse acciones concretas con quienes despiden,
suspenden y rebajan salarios, con aquellos que especulan con las necesidades de
la sociedad para sacar una mayor ventaja, deben ser sancionados e intervenidos.
Las empresas deben implementar todas las medidas necesarias
para garantizar la salud, siendo impostergable la participación del Estado que
posee la capacidad y tiene la obligación de velar por la integridad psicofísica
de los trabajadores, reconociéndose el COVID-19 como enfermedad profesional.
Existen sectores de la clase trabajadora que como
monotributistas o bajo el régimen de trabajadores autónomos viven de su
trabajo, son obreros y empleados que sostienen sus familias con su labor
diaria, que necesitan afrontar esta emergencia con un salario garantizado,
independientemente de las categorías tributarias que se les han impuesto.
Del mismo modo es necesario atender a aquellos trabajadores y
trabajadoras de la economía popular, ampliando la cobertura, no solo aumentando
los beneficiarios sino también extendiéndola en el tiempo ya que, superada la
parte más aguda de la pandemia, continuarán sufriendo en mayor medida sus
consecuencias.
Sabemos que no es tarea fácil romper con un modelo económico
mundial que hace más de 40 años descansa sobre las finanzas y el capital
ficticio, en una burbuja cada vez más alejada de la realidad económica, pero la
crisis adquiere una velocidad que no tolera respuestas a medias tintas. Las
acciones que se tomen para combatirla no pueden estar signadas por la ortodoxia
y el capital financiero, que empujan a descargar sobre el trabajo todas sus consecuencias.
Somos los trabajadores los que creamos la riqueza del mundo,
y muchas de las organizaciones que suscribimos la presente representamos a
quienes siguen trabajando todos los días para garantizar la salud, la
alimentación, el transporte, la exportación, entre otros servicios importantes
no sólo para esta emergencia sanitaria sino para la economía del país,
convencidos del lugar histórico que ocupamos. Pretendemos que en este contexto
el Estado intervenga con determinación y medidas concretas frente a las
empresas que no se expresan con el mismo compromiso, privilegiando sus
intereses por sobre los del resto de la sociedad.
12 de abril de 2020
FTCIODyARA, Federación de Trabajadores del Complejo
Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República
Argentina; FeMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de
La República Argentina; CTA, Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma;
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado; FGB, Federación Gráfica Bonaerense;
FESPROSA, Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República
Argentina; Conadu Histórica; FJA, Federación Judicial Argentina; FeTERA,
Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina; UTEP, Unión
de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular; Barrios de Pie-Libres
del Sur; FeNaT, Federación
Nacional Territorial; SOMU, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos; AAPM,
Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina; SITRAIC, Sindicato
de la Industria de la Construcción; APJ GAS, Asociación del Personal Jerárquico
de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines; SIPREBA, Sindicato de
Prensa de Buenos Aires; CISPREN, Círculo Sindical de la Prensa y la
Comunicación de Córdoba; Sindicato Luz y Fuerza de La Pampa; Sindicato Luz y
Fuerza Mar del Plata; Sindicato Luz y Fuerza Zárate; OTECH, Organización de
Trabajadores Eléctricos de Chaco; SOEAIL, Sindicato de Obreros y Empleados del
Azúcar del Ingenio Ledesma; SOEASI; Sindicato de Obreros y Empleados del Azucar
San Isidro; UCRA, Unión de Conductores de la República Argentina; APJBO,
Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales; SITEBA, Sindicato de
Trabajadores de Entidades Bancarias y Financieras; SECEIC, Sindicato de
Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero; FAG, Federación
Argentina de Guardavidas, GOA, Gremio Odontológico Argentino; ABP, Asociación
de Buzos Profesionales; STA, Sindicato de Trabajadores del Azúcar; SOEALFFM,
sindicato de Fruta; AECPRA, Asociación de Empleados de Correos Privados de la
República Argentina; SITOSPLAD,
Sindicato de Trabajadores de OSPLAD; NUSISA, Salud Capital; NOSG, Nuevo
Sindicato Gastronómicos; UETTEL, Telefónicos; FEDERACIÓN SITECH, Educación
Chaco; UTEM, Educación Misiones; SRUPP, Panaderos Villa María; UTRACOS,
Comercio Villa María; UTEM, Municipales Villa María; SITEMCO, Municipales
Corrientes; SINPESEDO, Casas Particulares Río Negro y Neuquén; SINDECAF, Casas
Particulares BS. As.; SIDECAF, Casas particulares San Juan; AMPECAF, Casa
Particulares, Río IV; ATSN, Seguridad Neuquén; SUTRAS, Seguridad Misiones;
SIVISA, Seguridad Salta; SITRVIP, Seguridad San Luis; OSTV, Seguridad Capital;
SATIVA, Vidrio Bs. As.; SUCEV, Costureros, Bs. As.
