Mes: abril 2020

Ante el avance de la pandemia, se diagramó cómo coordinar y articular
el trabajo para paliar las consecuencias que se empiezan a vislumbrar cada vez
con mayor notoriedad en diferentes sectores con el objetivo de proteger a las y
los trabajadores.

De la reunión participaron integrante de la conducción
nacional, secretarixs generales de las provincias y dirigentes de la CTA
Autónoma de ATE quienes brindaron informes detallados de cada sector para
confluir en iniciativas colectivas.

En primer lugar se puso como prioridad a la emergencia
sanitaria. Los dirigentes que mantienen contacto permanente con las autoridades
nacionales realizaron un informe detallado de la situación actual y luego se
escucharon las particularidades de las provincias.

Ante ese escenario se resolvió avanzar en la organización territorial
de todxs lxs trabajadorxs de la salud del país para obtener información propia
sobre afectados por el Covid-19, la situación en los hospitales y la falta de
insumos.

También se está trabajado en un informe territorial sobre violencia
de género y la problemática de las mujeres en sus roles de cuidados de adultos
y niñxs y sus diferentes trabajos.  

El segundo eje tratado en la reunión fue la crisis económica
y la lucha contra el hambre que se ve cada vez más afectada con el avance de la
cuarentena. También se reitera el mismo mecanismo de articular a nivel nacional
con la FeNaT (Federación Nacional Territorial) y las CTA municipales y
provinciales para coordinar trabajos y ayudar para que las provisiones lleguen
en tiempo y forma.

Para ello, se volvió a hacer foco en la necesidad inmediata
de crear comité de crisis en hospitales, organismos del Estado, en cada
municipio y provincia. El objetivo es continuar dialogando con el gobierno
nacional para establecer un comité de crisis nacional y colaborar en el mismo. Para
ATE es prioridad que las provincias 
cuenten con todos los recursos necesarios para pensar, junto a otros
sectores políticos y sociales, una salida en favor de los trabajadores.

En este esquema, se resolvió continuar articulando en las
áreas de producción del Estado con las propias iniciativas que viene llevando
ATE en distintas provincias con producción interna.

Además, con la misma estrategia en los otros rubros, se
llevará adelante un informe detallado en todo el país de las sucesivas violaciones
a los derechos laborables: Despidos, suspensiones y reducciones de salarios.

También, tras el aporte de integrantes del Centro Nacional de
Jubilados y Pensionados, se resolvió plantear un esquema de atención específico
para que no se vuelvan a repetir los inconvenientes de cobro. Tras una reunión
con el PAMI se requirió que se acelere el reparto de los bolsones a las y los
beneficiarios. Además se planteó la escasez de los salarios y la queja de los
reiterados aumentos en los alimentos.  

Finalmente, se celebro el DNU que publicó el gobierno para
que el Covid-19 sea considerado una enfermedad profesional  y que las ART deban cubrir los casos de los
trabajadores exceptuados de la cuarentena total. (ver nota aparte).

Todas estas iniciativas y propuestas tienen que estar
enmarcadas en una articulación permanente con otros sectores sindicales,
sociales, pymes y cooperativas para salir de esta crisis como un bloque para
fortalecer a las condiciones de las y los trabajadores. 

Mediante el Decreto de Necesidad y
Urgencia 367/2020, EL PRESIDENTE materializó el reclamo, convertido en clamor
de trabajadoras/es y de sus organizaciones sindicales, de considerar enfermedad
profesional al COVID-19, visto que  es un
hecho que muchas y muchos adquirirán la enfermedad mientras trabajan.

Este instrumento servirá no solo para
reparar daños a la salud que puedan producirse, mediante prestaciones médicas o
dinerarias, hará también que empleadoras/es pongan en práctica medidas
preventivas que hasta ahora se dilataban, eran escasas, como no
proporcionar  los elementos de protección
personal (EPP) o no contar con protocolo de trabajo que prevenga el contagio.
Ahora saben que si no actúan responsablemente tendrán reclamos que afectarán su
víscera más sensible (su propio bolsillo). En cuanto a funcionarias y
funcionarios públicos que actúen con displicencia, entendemos les cabe la
responsabilidad civil y penal que prevé nuestra legislación general. AHORA LA PREVENCIÓN EFECTIVA SERÁ UNA
PREOCUPACIÓN DE TODAS/OS/ES.

En
cuanto a la letra del DNU, establece  en
su “ARTÍCULO 4º.- En los casos de
trabajadoras y trabajadores de la salud se considerará que la enfermedad
COVID-19, producida por el coronavirus SARS- CoV-2, guarda relación de
causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre,
en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico. …”  es
decir salvo que la ART demuestre lo contrario, y es la aseguradora, porque
entendemos que ningún empleador/a intentará probar lo contrario, ya que iría
contra sus propios intereses, tendría que pagar de su bolsillo los días caídos
por enfermedad inculpable, en caso de demostrar la inexistencia del vínculo
enfermedad-trabajo.

Que dice el decreto en el resto de las
actividades consideradas esenciales: “ARTÍCULO
1º.- La enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se
considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada-
en los términos del apartado 2 inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557,
respecto de las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa
legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del
cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio”…,  esto significa que tendrán que brindar
las primeras prestaciones que prevé el sistema, mientras se tramita caso por
caso en forma individual, en la Comisión Médica. Es importante saber que en
estos casos, LA PRUEBA DEL VÍNCULO ENFERMEDAD-TRABAJO CORRE POR CUENTA DEL/A
TRABAJADOR/A, la que resolverá todos los casos será la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL,
la cual  también podrá determinar la
inversión de la carga de la prueba a favor del trabajador/a, para actividades o
establecimientos específicos. NO SERÁ UNA BATALLA FÁCIL, PERO ESTAMOS EN MEJORES
CONDICIONES PARA DARLA.

Los recursos económicos para la cobertura de
lo previsto en el art. 1 del DNU, saldrán del FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES
PROFESIONALES, que administran las ARTs en forma individual y es conformado por
una porción de las alícuotas que abonan las patronales.

Lo establecido por este DNU 367/2020 aplica
para los casos de COVID-19, con primera manifestación  desde la entrada en vigencia del decreto
297/2020 del 19/3/2020 (sobre aislamiento social preventivo y obligatorio), hasta
60 días de levantado el aislamiento.

Debemos decir nos queda pendiente la
declaración del DENGUE como enfermedad profesional para diversas actividades, o
que no tengan que probar las víctimas que adquirieron COVID-19 en su labor,
para las actividades esenciales excepto los casos del sector salud.

Como organización sindical hemos sido ACTORES
e IMPULSORES para que salga esta norma. Es un TRIUNFO, UN ACTO DE ESTRICTA JUSTICIA SOCIAL, del cual habíamos
planteado el formal pedido el 19 de marzo próximo pasado, ante la SRT y ante el
Ministerio de Trabajo, hicimos una amplia difusión de esta necesidad y
reconocemos el apoyo planteado por las autoridades del Ministerio de Salud de
la Nación. Contestamos las medias verdades de la UART. Junto a la FRESPROSA y
nuestra CTAA le enviamos una carta abierta a nuestro PRESIDENTE ALBERTO
FERNÁNDEZ, otras organizaciones también hicieron oír su voz, y en particular
cada militante de la salud laboral hizo todo lo que estuvo a su alcance.

Como le escuche decir a viejos militantes: HOY LUCHAMOS PARA QUE  LOS TRABAJADORES/AS NO SE HIERAN, NO SE
ENFERMEN, NO MUERAN MIENTRAS TRABAJAN, PERO LA VERDADERA VICTORIA SERÁ
ALCANZADA CUANDO VOLVAMOS A CANTAR MIENTRAS TRABAJAMOS.

En continuidad con las reuniones semanales que, desde el
marco de la CTA Autónoma, ATE y FESPROSA mantienen con las autoridades del
Ministerio de Salud de la Nación para realizar una suerte de monitoreo
compartido de distintas situaciones e instancias de la pandemia, se llevó hoy a
cabo una nueva audiencia en la sede del Ministerio. En representación de ATE
estuvieron presentes Flavio Vergara, Rodolfo Arrechea, Daniel Godoy y Pedro
Lynn, y por FESPROSA concurrieron Jorge Yabkowski y María Fernanda Boriotti.
Los funcionarios que participaron de la audiencia fueron el Viceministro de
Salud, Arnaldo Medina, y el Secretario de Gestión de Servicios e Institutos del
Ministerio, Alejandro Collia.

Sobre la audiencia, el Director del IDEP Salud de ATE
Nacional, Daniel Godoy, relató: “En principio hicimos un relevamiento
compartido del estado de situación actual de la pandemia, un análisis del
comportamiento geográfico de la misma y algunas interpretaciones respecto de la
curva de crecimiento de infectados y fallecidos, y respecto de la tipificación
de casos vinculados con viajeros o autóctonos”.

“Desde ambas organizaciones manifestamos nuestra
satisfacción por el DNU que ayer publicó el Gobierno Nacional, determinando a
la infección por Covid-19 como enfermedad profesional. Es una petición que, al
inicio de la pandemia, las organizaciones gremiales le hicimos al Gobierno y
que fue respondida con esta decisión política que le pone justicia a esta
situación. A la vez planteamos algunos detalles que, a nuestro entender, podrían
mejorar el instrumento, como ser la posibilidad de ampliar a otras disciplinas
y no sólo al personal de Salud la condición de enfermedad profesional. Porque
también hay trabajadores y trabajadoras auxiliares de la Educación, o de
comedores comunitarios o de sistemas de protección de derechos de niños y
niñas, que están en contacto con personas y pueden contraer la enfermedad
haciendo su trabajo. También solicitamos la ampliación de la herramienta para
muchos trabajadores y trabajadoras de la Salud que no tienen ART, sobre todos
los contratados y contratadas o los autoseguros provinciales”, amplió el
dirigente de ATE Nacional.

Por su parte, el dirigente de ATE Nacional y técnico del
Malbrán Flavio Vergara contó: “En este sentido, también expusimos una situación
de extrema preocupación que son los casos confirmados hacia el interior de los
equipos de Salud, que en este momento orillan cerca del centenar en todo el
país y que tienen directa relación con la disponibilidad de equipos de
protección personal, situación que se mantiene en una distribución muy
irregular a lo largo y ancho del país. Charlamos sobre la necesidad de
garantizar las líneas de aprovisionamiento de estos equipos para mantener el
recambio en todos los establecimientos y equipos de Salud. En ese sentido
ratificamos la propuesta de un cúmulo de emprendimientos productivos de tipo
comunitario, cooperativo y solidario que puedan ser puestos a disposición de un
aprovisionamiento masivo, y las autoridades se comprometieron a canalizar estos
proyectos en el Ministerio de Producción, que es quien tiene el liderazgo en
términos de producción local de equipos”.

“También le pasamos revista a la capacidad del sistema para
satisfacer las necesidades de testeo y diagnóstico rápido de la enfermedad,
habida cuenta de la tensión que hay con los países centrales respecto de la
compra de los mismos. En el mismo marco se planteó la problemática con los
respiradores, que están siendo acaparados de la producción internacional por
Estados Unidos. Al respecto, las autoridades del Ministerio nos comentaron
sobre un emprendimiento bastante avanzado, a cargo de la Universidad Nacional
de Rosario, para la producción de respiradores”, señaló Daniel Godoy.

El Director del IDEP también puntualizó: “Manifestamos
además nuestra preocupación por la insuficiente constitución de comités de
crisis, tanto en el Gobierno central y en algunos ministerios, como a nivel
descentralizado en provincias, municipios, hospitales. Valoramos al espacio del
comité de crisis como uno de seguimiento plural e intersectorial de las
situaciones vinculadas con la pandemia. También hablamos sobre la decisión del
Gobierno de materializar el anuncio de la bonificación de 5 mil pesos para
trabajadores y trabajadoras de la Salud, a lo que nos manifestaron que están
avanzadas las gestiones con las provincias para acopiar toda la información
necesaria para que esto se materialice en el transcurso del mes de mayo”.

“Finalmente, manifestamos nuestra preocupación por las
dificultades de aprovisionamiento de las vacunas complementarias de la gripe,
tanto en los sistemas públicos como en el de la Seguridad Social y el PAMI. Las
autoridades del Ministerio expresaron su intención de motorizar los niveles de
cobertura de vacunación a la población de riesgo, que calculan en 11 millones
de personas”, cerró Godoy.