Desde el recientemente creado Departamento de Géneros y
Diversidades de ATE Córdoba se debatió y consensuó un documento que alerta que “se
está ante un fenómeno producido por e inherente al capitalismo global,
patriarcal, colonialista y racista que sumerge a la inmensa mayoría de la
población a condiciones de vida incompatibles con pleno ejercicio de los
derechos humanos”. Desde el espacio, además, remarcaron la importancia de “analizar
las consecuencias de la emergencia sanitaria en la vida de las mujeres y la población
LGTTTBI+”.
A continuación, el documento completo del Departamento de
Géneros y Diversidades de ATE Córdoba:
Ante la emergencia
sanitaria se necesitan respuestas urgentes, es con nosotras y nosotres
La pandemia desatada a nivel mundial por la aparición del
Covid-19 ha generado una crisis sanitaria sin precedentes y ha profundizado las
desigualdades de todo tipo a escala global. En Argentina que ya se encuentra
con una grave crisis económica y social, la pandemia ha agudizado el cuadro
social de pobreza, indigencia y la afección en provisión de servicios básicos
para atender el hambre de vastos sectores de la población, sumada la alarmante
inestabilidad y precariedad laboral que resulta difícil revertir luego de
cuatro años de desguace del Estado por el gobierno macrista. Se está ante un
fenómeno producido e inherente al capitalismo global, patriarcal, colonialista
y racista que sumerge a la inmensa mayoría de la población a condiciones de
vida incompatibles con pleno ejercicio de los derechos humanos.
Frente a esta crítica situación las integrantes del
Departamento de Géneros y Diversidades del Consejo Directivo Provincial de ATE
Córdoba consideran necesario analizar las consecuencias de la emergencia
sanitaria en la vida de las mujeres y la población LGTTTBI+ teniendo tres ejes
de análisis:
El primero, cómo está afectado el Aislamiento Social
Obligatorio (ASO) dispuesto por el gobierno nacional a las vida cotidiana de
mujeres y personas LGTTTBI+. En ese sentido resulta alarmante el aumento de
números de femicidios y travesticidios desde el comienzo de la cuarentena el
día 12 de marzo hasta el 4 de abril se potenciaron, produciéndose 1 cada 29
horas en todo el territorio nacional. Superando el promedio de 2019 que se
perpetraban 1 cada 31 horas. Siguiendo los datos aportados por el Observatorio
de Mumalá en 2019, el 62% de los femicidios fueron perpetrados en las viviendas
de las víctimas o viviendas compartidas con victimarios y el 63% fue en manos
de su pareja o ex pareja. Estos datos manifiestan que ante contextos que
obligan a estar permanentemente en convivencia con violentos, en una situación
de aislamiento obligatorio, generan las condiciones para el aumento del grado
de violencia traducida en altas tasas de femicidios y travesticidios. Frente a
esta situación el gobierno nacional y el provincial han reforzado los equipos
que están frente a la atención telefónica como en las unidades judiciales para
la recepción de dichas denuncias. En la provincia de Córdoba, el Polo Integral
de la Mujer víctima de violencia ha recibido más de 5000 llamadas, unas 300
llamadas diarias en promedio. De las consultas y denuncias, el 66% corresponden
a violencia de género, abuso sexual y violencia familiar, el 23% a violaciones
a las medidas de restricción; un 11% a situaciones de violencia cometidas sobre
terceras personas, sean vecinas, amigas o conocidas.
Si se pone el foco en la población LGTTTBI+, las medidas de
aislamiento imposibilitan que ejerzan la prostitución o trabajo sexual, única
fuente de ingreso de subsistencia de gran parte de la personas travesti-trans.
La violencia institucional se agrava y son perseguidas por las fuerzas de
seguridad, principal causa de los transfemicidios. Frente a la vulnerabilidad
social a la que está sometida esta población es necesario generar lineamientos
claros de acceso y pautas en los sistemas de salud, generar capacitaciones para
los efectores a fin de remover las barreras discriminatorias que conducen al
incumplimiento de la Ley de Identidad de Género y vulneran el derecho a la
identidad autopercibida.
Si bien los esfuerzos y medidas tomadas por el gobierno
nacional y provincial intentan dar respuesta a este flagelo desde la
contención, no alcanza, se deben avanzar en medidas preventivas. Se observa que
a nivel de las provincias muchas no han conformado comités de crisis y en el
caso de la conformación de los Comités de Crisis a nivel local en la provincia
de Córdoba carecen de representación las mujeres y la comunidad LGTTTBI+, por
lo que obviamente las decisiones y medidas van carecer de perspectiva de
género. Se hace indispensable fortalecer la transversalidad de la perspectiva
de género en las acciones de gobierno, en donde la constitución de los Comités
de Crisis, también suponga la participación de todas las áreas de trabajo
involucradas donde no pueden estar ausentes las organizaciones sociales y
sindicales siguiendo una paridad de género. También se observa una falta de
coordinación interministerial (entre el nuevo Ministerio de la Mujer y el
Ministerio de Seguridad y estos dos con el Ministerio de Desarrollo Social) y
un abordaje integral de la problemática que busque romper con la matriz de
violencia y de poder patriarcal que se lleva la vida de mujeres y personas
LGTTTBI+.
El segundo, cómo está siendo el impacto de la crisis
económica y sanitaria en las condiciones de trabajo de los servicios de
atención, declarados como actividad esencial, siendo sectores altamente
femenizados y precarizados laboralmente. Los empleos precarios son los primeros
que se pierden en una situación de recesión económica, y son las mujeres las
que están sobre representadas en estos sectores. El primer escalón de mayor
afectación están siendo las vendedoras ambulantes, la población travesti y
trans en situación de prostitución, trabajadoras sexuales, trabajadoras de
casas particulares. En segundo escalón están las empleadas de empresas
tercerizadas del Estado, las trabajadoras de la cultura sin contratos estables,
las artesanas, cocineras, sectores de salud monotributistas como enfermeras
particulares, acompañantes terapéuticas, o psicólogas, las cuales han dejado de
percibir o han mermado sensiblemente sus ingresos. En un tercer escalón, es el
caso de las trabajadoras de áreas esenciales del Estado, que siguen funcionando
sin poder acogerse al asilamiento social obligatorio. Aquí nos detendremos
porque el sector sanitario argentino está siendo primera línea de fuego de la
pandemia. Es una tarea en su mayoría feminizada, puesto que entre el 60-70% son
mujeres. Tras años de desfinanciamiento, la Argentina y en particular la
provincia de Córdoba enfrenta una de las peores pandemias de la que se tenga
memoria sin herramientas básicas de protección social para las y los
trabajadores de la salud. La degradación y desfinanciamiento refleja el
desinterés por el sistema público de salud con falta de personal, de insumos
para la protección personal, salarios hasta por debajo de la línea de pobreza,
una marcada precariedad laboral que afecta más a las mujeres y se siente más
fuertemente en los sectores más alejados de los centros urbanos.
El sistema de salud es uno de los compromisos asumidos por
el actual gobierno nacional, haciendo una fuerte inversión en el sector que es
valorable pero si consideramos que la política de salud depende en su mayoría
de los gobiernos provinciales, el panorama es alarmante. En el caso de Córdoba,
siguiendo el informe del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino
(Siisa), explica que el total de camas críticas, que recibirán pacientes con
coronavirus, en la provincia de Córdoba asciende a 1535, las cuales han prometido
ser reforzadas por el gobierno provincial con 563 para llegar a un total de
2098 unidades. Pero según lo expresado por Héctor Oviedo, vicepresidente del
Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba en un escenario de crisis, no
solo se debe contemplar la compra de camas, respiradores e insumos, sino
también se debe contar con los profesionales adecuados. De este modo, en plena
contingencia, la provincia de Córdoba contaría con un médico por 10,6 camas,
siempre que los profesionales trabajen en jornadas de ocho horas sin franco.
Cuando la pandemia llegue a su pico, el 100% de las camas estarán ocupadas por
pacientes que necesitan ventilación mecánica. En ese escenario de máxima, se
recomienda 1 especialista cada 4 camas, pero solo se tendrá una distribución de
un medico/a cada 10,6 camas. La exigencia profesional superaría en un 163% del
nivel recomendado. Eso supone que faltaría más del doble del personal. Por eso,
resulta imperioso volver a jerarquizar el sistema de salud en provincia e
instamos al Gobernador y sus funcionarios hagan los esfuerzos necesarios para
llevar certidumbre a los y las trabajadoras de la primera línea para que puedan
enfrentar el pico más álgido con recursos, además de ser reconocidos
salarialmente con el pago de una compensación salarial de un sueldo más.
Necesitamos que el personal sanitario cuente con las condiciones para dar
respuestas eficientes y eficaces a la población.
Tercero, el impacto en sectores de trabajadores y
trabajadoras pertenecientes a áreas no consideradas como esenciales ha forzado
situaciones laborales que profundizan las situaciones de desigualdad que la
propia pandemia ocasiona. El teletrabajo tensiona la garantía de las licencias
por cuidado, obliga a la recarga de doble tarea. Principalmente es el caso de
las trabajadoras de la educación, que en su mayoría son mujeres que tienen la
tarea de “trasladar el aula a la casa” generando una doble jornada laboral
tanto para los docentes como para los padres/tutores de los niños, niñas y
adolescentes. De la mano de esta situación hay un impacto en el trabajo de
cuidado, ya que el cuidado de niñas y niños, personas con discapacidad y
adultos mayores es una responsabilidad social asumida mayormente por mujeres
por lo cual, en tiempos de aislamiento se genera una mayor presión y carga de
tareas que antes se resolvían derivando el cuidado a otra institución, persona
sea familiar o una trabajadora en condiciones muchas veces de informalidad. No
hay que olvidar que el cuidado es una responsabilidad social, por ende urgen
políticas de cuidado donde sea responsabilidad del Estado garantizarlas.
Asimismo, las trabajadoras provinciales del Polo Integral de
la Mujer víctima de violencia, hoy se encuentran asumiendo vía teletrabajo las
denuncias por demás abultadas, sometidas a contratos precarios y sin recibir
compensación alguna por su trabajo esencial en tiempos de crisis sanitaria.
Otra arista de esta situación es el caso de las cuidadoras,
las que limpian, las que cocinan, son trabajadoras que trabajar en su mayoría en
la informalidad y para garantizarse los medios de subsistencia no pudieron
quedarse en casa, exponiéndose a condiciones precarias con salarios por debajo
de la canasta y en condiciones laborales de riesgo, con falta de reconocimiento.
Para finalizar, desde el Departamento de Géneros y
Diversidades de ATE Córdoba se considera que la prevención y erradicación de la
violencia de género debe ser una política de Estado con presupuesto para
atender esta emergencia sanitaría, económica y social. Para ello se necesita la
implementación de políticas públicas cuyo lineamiento político tenga claro la
coordinación interministerial entre niveles de gobierno e incorpore a todos los
actores de la sociedad. En el marco nacional reclamamos al gobierno la
suspensión del pago de la deuda externa y cree un gravamen a los grupos
concentrados de la economía como fuente central para financiar acciones de
prevención y atención directa a la emergencia en violencia de género. Se
requiere avanzar con la reincorporación de las compañeras despedidas durante el
macrismo en el Estado Nacional y pase a Planta Permanente de les Precarizades.
También se amplíe el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a las poblaciones en
situación de emergencia por violencia de género y población LGTTTBI+. Se pueda
hacer extensivo el reconocimiento/bono otorgado para Trabajadores del Estado de
las áreas de salud al resto de las y los trabajadores esenciales (auxiliares de
educación, áreas de cuidado de niñas y niños y adultos mayores, áreas de
atención a víctimas de violencias, mantenimiento, agentes de tránsito) para
trabajadores del Estado Nacional, provinciales y municipales.
En el plano provincial y municipal, se exige el aumento del
presupuesto en salud tanto para la compra de los insumos necesarios como para
el pago de un salario más para el personal que se encuentra en la primera línea
de atención de la pandemia. Reconocer como trabajo esencial al personal que
está desempeñando su laboral en la atención de víctimas de violencia de género.
Se debe promover en los municipios la creación de los Comités de Crisis cuya
composición contemple todos los actores de sociedad y la paridad de género y
población LGTTTBI+.
La Crisis no la vamos a pagar las Trabajadoras y les
Trabajadores.
