A través de la presencia del Secretario General del Consejo Directivo Nacional, Rodolfo Aguiar, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) participará de la convocatoria que realizan la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) para la clase abierta sobre ‘emergencia económica, derechos colectivos y desarrollo’ que se realizará este jueves 24 en el marco de la Diplomatura Superior en Sindicalismo Internacional.
Esta actividad que invita a reflexionar sobre la defensa de los derechos colectivos, la construcción de la unidad sindical y la salida de la crisis hacia un horizonte de desarrollo también cuenta con la participación de Daniel Yofra, Secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Oleaginoso (F.T.C.I.O.D y A.R.A.); y Abel Furlan, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que junto a la ATE conformar el Frente de Unidad Sindical (FRESU). De este conversatorio también que participarán el Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), de Chile, José Pérez Debelli.
La actividad tendrá lugar en el Auditorio Nora Cortiñas del Hotel Héctor Quagliaro, perteneciente a la ATE, ubicado en la calle Moreno 2654, en Buenos Aires.
El viernes la Seccional 50 de ATE llevó a cabo una reunión, en la sede sindical, con concejales ante la falta de apertura de la negociación colectiva. De la misma participaron miembros de la Comisión Administrativa y Delegadas y Delegados
La agenda se caracterizó por abordar tres puntos centrales, el primero en torno al marco legal de las relaciones laborales en el Estado, el presupuesto municipal y la presentación de las propuestas del Sindicato. Sin embargo, ATE se centró en la negociación colectiva y subrayó que el marco legal actual no se aplica en el municipio de San Vicente. Se trata de convenios ratificados por Argentina ante la Organización Internacional del Trabajo, el derecho constitucional a la negociación colectiva y las leyes nacionales referidas a convenios colectivos de trabajo, como también la legislación provincial, todas en vigor, hasta la ordenanza que rige las relaciones laborales en el municipio.
El Secretario General de la Seccional 50 de ATE, Atiano Masoneves, aclaró: “Este marco normativo sirve para dejar en claro que la falta de convocatoria a la negociación colectiva en el municipio de San Vicente es ilegal y responde a una decisión del intendente de mantener un sistema fraudulento de contrataciones, pagos de sueldo en negro y desprecio a la carrera administrativa”.
Las irregularidades fueron notificadas al organismo y al Ministerio de Trabajo, desde que inició la gestión actual en 2019, pero aun no se obtuvieron respuestas. Si bien en ocasiones se acordaron aumentos salariales y se inició la corrección de la escala de básicos, ni el Concejo Deliberante ni el Ejecutivo Municipal actuaron para modificar la estructura de precarización.
Respecto al presupuesto, el Sindicato manifestó que es posible corregir la estructura salarial actual sin afectar el monto que definió el intendente destinado al pago de sueldos. Utilizando la base de cálculo del presupuesto 2026, se demostró que el cálculo no es real. En el mismo mes en que se aprobó el presupuesto (noviembre de 2025), la escala de básicos era superior a la que se definió para el año 2026. Es decir, el presupuesto dejó de tener sentido antes de ser aplicado.
“Es posible reasignar las subpartidas 5010121 y 5010125 al sueldo básico y aumentar la diferencia entre categorías al 10%. Esta modificación permitiría que dejen de ser indigentes quienes tienen categoría 16 hasta 24. Es decir, no soluciona el conflicto, porque el sindicato reclama que no haya trabajadores pobres; solamente la categoría 24 estaría en condiciones de dejar de serlo en 2026”, explicó Masoneves.
Finalmente, ATE solicitó el compromiso a las y los concejales para garantizar la aplicación de la legislación vigente y avanzar hacia un convenio colectivo municipal. Además, no permitir contratos por más de un año (Ley I N.º 37), traccionar el pase a planta permanente a quienes tengan más de un año de antigüedad y las recategorizaciones a quienes reúnan requisitos. Demandar que quienes no sean recategorizados, se les garantice el cobro de adicional de permanencia en la categoría (Decreto 1947). Finalmente, revisar cada uno de los adicionales del Decreto 1947 y actualizar sus montos.
Estuvieron presentes Laura Márquez y Julia Claro, quienes justificaron la ausencia del presidente Jorge Hasan, quien se encontraba de luto.
Este martes ATE Entre Ríos llevó a cabo una nueva instancia de formación, en el marco del Ciclo de Capacitaciones: “Experiencias y desafíos de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657”, para brindar herramientas para el abordaje en situaciones de crisis en el Hospital Escuela.
El encuentro que dictó la segunda parte del Módulo 3, apuntó a definir algunos conceptos como el de Emergencia y Urgencia en Salud Mental.
Cabe destacar que, en el actual contexto de crisis del sector en la provincia, esta instancia adquiere especial relevancia porque está relacionada de manera directa con la situación, teniendo presente que la provincia registra los índices de suicidios más elevados del país, duplicando la medida nacional.
En este marco, contar con herramientas teóricas y operativas necesarias para que el Estado responda con un criterio interdisciplinario de cuidado y resguardo de la vida, apunta también a los vacíos procedimentales y de formación que se visibilizaron con el caso Goyeneche. “La muerte de Ariel en la vereda de una comisaría de Paraná evidenció el fallo crítico que ocurre cuando una crisis de salud mental es abordada mediante la fuerza punitiva policial en lugar de una intervención sanitaria oportuna”, expresó Matías Passi, Secretario de Derechos Humanos y referente del área de Salud Mental.
El curso estuvo a cargo de Pamela Peltzer y Javier Rojas, ambos al frente del equipo del Servicio de Internación de Varones del Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) y especialistas en el área.
Passi agregó: “Las capacitaciones pretenden fortalecer el diálogo con las y los trabajadores para tener más herramientas a la hora de desarrollar las tareas, pero también se busca discutir el rol del trabajador y trabajadora del Estado en este contexto y la participación de los sindicatos”. En este sentido, caracterizó el encuentro como “teórico y político”.
El ciclo de capacitaciones continuará con el Módulo 4, cuya temática es: “Salud mental y APS”. La actividad, organizada desde la Secretaría de Formación de ATE Entre Ríos, estuvo destinada a trabajadoras y trabajadores de Salud y está reconocida por la resolución N°0516 de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS – UADER).
Formación para la defensa de la salud pública La Seccional Concepción del Uruguay llevó adelante las jornadas de capacitación sobre Prevención y Control de Infecciones en Instituciones de Salud en las localidades de Concepción del Uruguay y Basavilbaso. La actividad es impulsada por el equipo de la Secretaría de Formación del Consejo Directico Provincial, a cargo de Pedro Zuchuat, junto a la compañera Silvia Lubo. De la jornada participó el Secretario General de ATE EntreRíos, Oscar Muntes. Las disertaciones estuvieron a cargo de las licenciadas Lucía Godoy y Soledad Altamirano. Es importante recordar que la propuesta cuenta con aval y resolución de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y del Ministerio de Salud de Entre Ríos.
La Seccional Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Yerba Buena, envió una nota al intendente de esa ciudad, Pablo Macchiarola, reclamando el pago proporcional del 19% de los haberes, que se les adeuda, reiterando lo ya solicitado mediante el Expediente Nº 71705/2026.
En su nota el Sindicato expresa que “este reclamo surge ante la reiterada ausencia de dicho pago, situación que genera incertidumbre y afecta directamente la economía de los trabajadores y trabajadoras municipales”.
Además solicitó que el municipio informe oficialmente cuál es la situación y cuándo se dará cumplimiento al pago correspondiente, garantizando claridad, transparencia y previsibilidad para todas y todos los trabajadores.
ATE también subraya en su reclamo que la incertidumbre aumenta “al observar que la provincia emite un cronograma de pago que la administración municipal no cumplimenta”.
El Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy, Carlos Sajama, remarcó la necesidad de implementar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para regular la actividad laboral de las y los trabajadores estatales provinciales.
Pese a las presentaciones llevadas adelante por el Sindicato la legislatura provincial continúa negándose a su tratamiento. “Para nosotros es muy importante que se comience a trabajar en un CCT y poder discutir realmente las condiciones laborales”, dijo además de señalar que “por propia decisión la Cámara de Diputados de Jujuy no lo tratara; sí o sí requiere del empujón político que debe venir del Gobierno”.
Considerando que existe un interés de la política provincial para que este proyecto no se trate, Sajama enfatizó que “no mejorar las condiciones laborales tampoco ayuda a mejorar las condiciones salariales. Un Trabajador o trabajadora que ingresa al Estado cobra ahora unos 840.000 pesos, imposible para vivir cuando solamente una factura de luz puede varias de 200.000 a 400.000 pesos, y otro tanto se vaya en alquiler. No queda nada de dinero para los demás gastos”.
El dirigente señaló que parte de esta problemática salarial es que se rechazan las propuestas salariales del Gobierno: “si sus pautas de aumento rondan el 2% mensual es imposible vivir. Nosotros exigimos que el salario mínimo alcance 1.700.000 pesos, que es el costo actual de la canasta básica”, dijo antes de agregar que “este es un problema enorme para las y los más de 120.000 trabajadores que hay en el Estado provincial”.
Y sobre esas corrección salarial fundamento que “si no arreglamos el salario ahora después será imposible. El año que viene es electoral y nos querrán cerrar las puertas de cualquier negociación”.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y las organizaciones sindicales del sector público a retomar el diálogo para la negociación colectiva. El encuentro está previsto este jueves en la sede del Ministerio de Trabajo provincial.
La reapertura de las negociaciones se da luego de que la ATE bonaerense pidiera volver a discutir la actualización de salarios, mejoras en las condiciones laborales y la continuidad de los pases a planta permanente.
Al respecto, Claudio Arévalo, Secretario General de la ATE provincial, manifestó que “vamos con la expectativa de continuar con la recuperación del poder adquisitivo”, seguir con la planificación de pases a planta permanente así como con el trabajo de las mesas técnicas.
Este martes ATE exigió el cese de las irregularidades, impunidad y corrupción administrativa en el Régimen para el Personal de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas de la Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa.
“En 2025 denunciamos el uso de CITEDEF como parking rentado del Quilmes Rock, también el avasallamiento del Régimen para el Personal de Investigación y Desarrollos de las Fuerzas Armadas (RPIDFA – Decreto N° 4381/73), la arbitrariedad en la evaluación del personal científico-tecnológico y la abierta persecución e intento de proscripción de la veeduría gremial”, expresaron desde el sector.
Para el deterioro institucional y reglamentario se consolidó mediante decisiones administrativas viciadas de nulidad absoluta. Ese fue el caso de la Resolución 2025-240-APN-MD, firmada por el exministro Petri, y la Resolución 2025-2-APN-SIPIYPD#MD, suscrita por el actual Secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Katzenell.
“Ambas resoluciones consolidaron un proceso plagado de irregularidades, arbitrariedades y falta de criterio unificado, perjudicando a trabajadores con más de 15 y 30 años de trayectoria que reunían todos los requisitos reglamentarios para promocionar”.
Además, ATE advirtió nulidades, quórum trucho y conflictos de intereses a partir de la violación del Art. 35° inc. b del RPIDFA y faltas administrativas de parte de Victoria Galán, Directora Nacional de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia para la Defensa, quien en el ejercicio de sus funciones omitió el cumplimiento del reglamento y consentir actos administrativos irregulares.
Finalmente, el Sindicato alertó sobre prácticas de represalia institucional a ATE en su rol de veedor gremial para la convocatoria RPIDFA 2025 lo que impide el histórico control de las y los trabajadores. A su vez, para la convocatoria 2026, donde se pretende restringir las facultades de las veedurías de ATE en particular.
Es importante recordar que la denuncia por haber utilizado a CITEDEF como parking rentado del Quilmes Rock durante el 2025, donde ATE presentó su descargo ante la Oficina Anticorrupción, aún está pendiente de respuestas formales que expliquen lo sucedido.
Este martes ATE se reunió con las y los integrantes de la Coordinación Nacional de la Ciencia y la Tecnología para analizar el panorama actual y profundizar el debate en torno a la adopción de medidas de fuerza en defensa de un mayor presupuesto para el sector científico. Se trató de un espacio de articulación federal que nuclea a los organismos de ciencia y tecnología dependientes del Estado nacional.
La reunión que tuvo lugar en la sede sindical se dio en el marco del debate en torno al Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional al Congreso y que profundiza el recorte para un sector que ya viene siendo asfixiado.
La Función Ciencia y Tecnología, según el proyecto de Presupuesto 2027, se ubicará en torno al 0,178% del PBI. Lejos de la meta indicada por la Ley de Financiamiento de la Ciencia, que preveía un 0,590% para el próximo año.
Durante la jornada quedó en claro que es sustancial avanzar, por un lado en la caracterización puntual de cada organismo, y por el otro de manera colectiva respecto del sectorial y frente a una realidad de achique, ajuste y permanente ataque.
Se expresó también la necesidad de construir medidas de acción en defensa de la ciencia y la tecnología y de luchar por un presupuesto acorde a las necesidades de las y los trabajadores, con foco en la producción y la soberanía nacional.
Flavio Vergara, Secretario de Convenios Colectivos, llevó adelante el encuentro, junto con Nicolás Rial Ubago, coordinador del espacio, y expresó: “Desde ATE seguimos construyendo soberanía científica con ciencia Nacional”. Asimismo, ambos manifestaron sus preocupaciones en relación a la situación de sus sectores las y los delegados de ANLIS Malbrán, del Instituto Nacional del AGUA (INA), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), del Instituto Nacional de Semillas (INASE), de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Coordinación de Parques Nacionales.
Tras confirmarse la intención de despedir a 600 trabajadores de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) a fin de mes, en el marco del cierre de 13 hoteles y dos recreos —la mayoría ubicados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche—, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo: «Están reventando a una de las mejores y más grandes obras sociales del país. La agarraron con superávit y hoy la conducen directo a la quiebra. Cuando Petri asumió como ministro, comprobaron que tenía depósitos por $25.000 millones y hoy la deuda supera los $500.000 millones».
Aguiar aseguró que “no garantizan las prestaciones básicas y además ahora quieren vender los hoteles y despedir masivamente a sus trabajadores”. Además, “pretenden avanzar con el cierre de las farmacias propias y habilitar distintas franquicias privadas. Estamos frente a un desguace sin precedentes y lo tenemos que frenar”.
En este contexto, el dirigente sindical dijo: “No vamos a permitir que se eche a cientos de contratados y se ponga en disponibilidad a otros cientos de trabajadores que tienen estabilidad”.
“Realizaremos esta protesta en la sede central y, si no tenemos respuestas, no descartamos adoptar medidas más drásticas hasta llegar a la ocupación de las distintas dependencias de OSFA si resultase necesario”, finalizó.
En febrero, mediante el DNU 88/2026, el Gobierno disolvió el IOSFA y creó la OSFA, traspasando funciones entre ambas obras sociales sin consultar al sindicato, lo que ATE denunció como una violación al derecho de representación y negociación. A esto se suma la deuda arrastrada por la ex IOSFA y el no pago de fuerzas de seguridad que migraron a otra obra social, agravado porque el decreto elimina las funciones de turismo y farmacia y pone en riesgo las delegaciones del interior.
ATE también advirtió sobre intentos de cerrar farmacias propias del organismo para reemplazarlas por privadas, en perjuicio de los afiliados, y sobre el riesgo que corre la función social de la entidad: los 13 hoteles, recreos y residencias verían reducidos sus servicios si no se aseguran los 600 puestos de trabajo a fin de mes.
Este vaciamiento contrasta con el superávit de $25.000 millones que la obra social tenía en diciembre de 2023. Desde entonces se sucedieron denuncias por manejos irregulares —que la propia vicepresidenta Victoria Villarruel calificó de «desfalco»—, entre ellas el desvío de un préstamo de $40.000 millones destinado a equipamiento médico hacia gasto corriente y deudas con droguerías. Para ATE, este cuadro se inscribe en un proceso más amplio de militarización de funciones civiles del Estado.
Frente a este contexto, ATE marchará el jueves 24 de septiembre a partir de las 11:00 a la sede central de OSFA en Paso 551 (CABA) para reclamar por los despidos masivos en la entidad. De no mediar una respuesta por parte de las autoridades, se sostendrá una vigilia el miércoles 30 de septiembre en los hoteles para acompañar la continuidad de las tareas del personal.
En el día de hoy se llevó adelante un acuerdo salarial en la Municipalidad de Mendiolaza, Provincia de Córdoba, que otorgará a las y los trabajadores del sector un incremento acumulado para lo que resta del año del 28,29%. Se trata de una propuesta elevada por el Departamento Ejecutivo que contó con el visto bueno de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza y del gremio sectorial, aprobado previamente por la Asamblea de municipales.
Según lo acordado, durante el tramo agosto-septiembre-octubre-noviembre-diciembre, el personal recibirá una actualización del 2% mensual, sumado al blanqueo de otro 2% no remunerativo que ahora impactará en el básico salarial.
La recomposición incluye asimismo una actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual, que el primer mes será no remunerativa y al siguiente impactará en el básico salarial. Además, en agosto se acumula el 3,8% de la paritaria anterior, más un 2,6% de diferencia con el IPC de julio sobre el bruto del haber y 2,1% sobre el básico. El Ejecutivo blanqueará también 115 mil pesos de salario no remunerativo a partir de septiembre.
Las cifras, en formato de una ecuación propia de matemáticos, concluye en lo concreto en el 28,29% en total, lo que significa un importante avance en los ingresos del sector, resultado de la organización y el plan de lucha llevado a cabo durante el presente curso, que debe ser homologado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia.
