Autor: Alejandro Asís

Miembros del Consejo Directivo Provincial de ATE Chaco mantuvieron una reunión  con la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, donde brindaron detalles sobre la aberrante situación que están atravesando trabajadores y trabajadoras del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco y que viene siendo denunciado por el sindicato.

Tras un pormenorizado detalle de las situaciones denunciadas, que incluyen violencia laboral, reducción de sueldos, desfuncionalización de áreas clave, desterritorialización del organismo y persecución política y sindical, el secretario General de ATE, Mario Bustamante, disparó: “Desde años anteriores venimos denunciando situaciones de violencia laboral ejercidas por miembros de este Comité. Que estaban en conformaciones anteriores y que ahora siguen ocupando cargos y ejerciendo violencia sobre los trabajadores, especialmente contra nuestro delegado sindical, José Farías (a quien en plena pandemia redujeron considerablemente su sueldo) y la compañera Mónica Caballero, referente y organizadora de una de las áreas más sensibles y violentadas históricamente como son los pueblo originarios. Lastimosamente, no nos equivocamos cuando denunciamos las violencias que ejercen estos personajes. Los responsables de Comité Contra la Torturas usan las leyes laborales de la Islas Caimán. Van contra más de 80 años de avances en derechos laborales en Argentina”.

A su turno, el diputado Aurelio Díaz expresó su repudio al accionar de los funcionarios del organismo, a la vez que adelantó que reclamará la reincorporación de los 6 trabajadores y trabajadoras despedidas sin ningún tipo de justificación.

Por su parte, el diputado Nicolás Slimel, aclaró que tuvo la oportunidad de mediar en el conflicto gremial, pero que claramente notó que no había voluntad de diálogo por parte de la patronal. Por lo que anticipó que presentará un proyecto de ley de regularización de los trabajadores y trabajadoras del Comité, para que no se vuelvan a dar este tipo de desmanejos en la administración de los contratos y para garantizar un derecho tan importante como la estabilidad laboral.

Por último, la diputada Gladis Cristaldo aclaró que tuvo conocimiento de las denuncias efectuadas contra las autoridades (incluso antes de ser electas este año), pero que solicitó informes a la gestión anterior del organismo, sin una respuesta satisfactoria. Por lo tanto, propuso convocar a los miembros del Comité a rendir cuentas ante la Comisión de Trabajo por estos temas, propuesta que fue aceptada por el resto de los participantes de la reunión.

Luego de una ardua lucha sindical y un extenso proceso judicial, las trabajadoras despedidas arbitrariamente por el intendente Rafael Carrara, que son afiliadas a la ATE Chaco, fueron reincorporadas a sus funciones en la municipalidad de Corzuela por orden judicial.

El jefe comunal había desobedecido reiterados fallos de los tribunales al respecto, pero la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Resistencia lo intimó a cumplir con lo ordenado por la Resolución N°210 de mayo de este año, bajo apercibimiento de aplicación de multas por cada día de retraso y de correr vista a un fiscal de investigación penal por incumplimiento judicial.

Las trabajadoras fueron reubicadas en tareas administrativas, en forma provisoria hasta tanto las destinen a sus lugares de trabajo definitivos. El compromiso alcanzado con el intendente incluye el pago de haberes estipulado mediante la justicia a través de un amparo, el cese por acuerdo de litigio, y el pago del retroactivo completo de haberes.

La resolución judicial instaba a que las trabajadoras fueras incorporadas “al plantel de planta en la categoría que ostentaban, garantizando condiciones dignas y equitativas de labor, y la percepción de sus haberes hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la acción principal”.

Tras el dictado de resolución de mayo, las trabajadoras se habían presentado en el municipio de Corzuela para trabajar, pero no se les había permitido ingresar a su lugar de trabajo. En ese contexto, dejaron asentada la denuncia por el incumplimiento de la medida judicial ante la comisaría local.

“Muchas veces los intendentes se sienten libres para operar arbitrariamente, haciendo caso omiso a los derechos básicos de trabajadoras y trabajadores, y desoyendo a la justicia. La fortaleza de las compañeras, que supieron reponerse de daños físicos, emocionales, psicológicos y económicos, permitió llevar adelante esta pelea de meses que alcanzó el resultado que esperábamos”, expresó el secretario General de ATE Chaco, Mario Bustamante.