En una conferencia de prensa desde la Casa por la Memoria, se alzaron las voces para denunciar la violencia institucional y el accionar represor ejercido por el gobierno de la provincia, a través de la policía provincial.
El martes 12 de marzo, en el marco de la Jornada Nacional Contra el Hambre llevada adelante por organizaciones sociales y la Jornada Nacional de Lucha convocada por ATE, las y los manifestantes fueron perseguidos, detenidos y privados de sus pertenencias.
La jornada se realizó en varios puntos de la provincia en el marco de un plan de lucha nacional contra las políticas del gobierno de Milei. El propósito era insistir en un pedido de audiencia, luego de intentar por meses dialogar en la búsqueda de respuestas. «En este contexto social y económico que estamos viviendo, dónde más de la mitad de las y los trabajadores viven por debajo del índice de indigencia, la disminución del poder adquisitivo y del salario, frente a brutales aumentos de alimentos, transporte, medicamentos y alquileres, el gobierno decide eliminar la última barrera de contención que tienen las familias más empobrecidas, la asistencia alimentaria», expresa el documento elaborado.
Bajo las órdenes de Leandro Zdero, la policía de la provincia del Chaco reprimió con camión hidrante, gases lacrimógenos y balas de goma una protesta pacífica de trabajadoras y trabajadores que se encontraban en la vera de la ruta, perteneciente a la UTEP, CGT, ATE Chaco, CTA de los trabajadores, CTA autónoma, UPCP y organizaciones sociales que acompañaron el reclamo. «La mayoría eran mujeres trabajadoras del cuidado, que hacen malabares para dar de comer al pueblo chaqueño ante la falta de respuesta», sostuvieron en la conferencia de prensa.
Durante el operativo secuestraron motos de los manifestantes, que se encontraban estacionadas. Y 500 metros más adelante, luego de la desconcentración, la policía volvió a reprimir una asamblea. “La respuesta del estado no puede ser la represión indiscriminada ante manifestaciones pacíficas en defensa de los derechos y en reclamo por las necesidades básicas. Este accionar represivo no sólo vulnera las garantías fundamentales de los ciudadanos, sino que además pone en riesgo la paz social que tanto necesitamos como sociedad”, agregaron.
En una conferencia de prensa desde la Casa por la Memoria, se alzaron las voces para denunciar la violencia institucional y el accionar represor ejercido por el gobierno de la provincia, a través de la policía provincial.
El martes 12 de marzo, en el marco de la Jornada Nacional Contra el Hambre llevada adelante por organizaciones sociales y la Jornada Nacional de Lucha convocada por ATE, las y los manifestantes fueron perseguidos, detenidos y privados de sus pertenencias.
La jornada se realizó en varios puntos de la provincia en el marco de un plan de lucha nacional contra las políticas del gobierno de Milei. El propósito era insistir en un pedido de audiencia, luego de intentar por meses dialogar en la búsqueda de respuestas. «En este contexto social y económico que estamos viviendo, dónde más de la mitad de las y los trabajadores viven por debajo del índice de indigencia, la disminución del poder adquisitivo y del salario, frente a brutales aumentos de alimentos, transporte, medicamentos y alquileres, el gobierno decide eliminar la última barrera de contención que tienen las familias más empobrecidas, la asistencia alimentaria», expresa el documento elaborado.
Bajo las órdenes de Leandro Zdero, la policía de la provincia del Chaco reprimió con camión hidrante, gases lacrimógenos y balas de goma una protesta pacífica de trabajadoras y trabajadores que se encontraban en la vera de la ruta, perteneciente a la UTEP, CGT, ATE Chaco, CTA de los trabajadores, CTA autónoma, UPCP y organizaciones sociales que acompañaron el reclamo. «La mayoría eran mujeres trabajadoras del cuidado, que hacen malabares para dar de comer al pueblo chaqueño ante la falta de respuesta», sostuvieron en la conferencia de prensa.
Durante el operativo secuestraron motos de los manifestantes, que se encontraban estacionadas. Y 500 metros más adelante, luego de la desconcentración, la policía volvió a reprimir una asamblea. “La respuesta del estado no puede ser la represión indiscriminada ante manifestaciones pacíficas en defensa de los derechos y en reclamo por las necesidades básicas. Este accionar represivo no sólo vulnera las garantías fundamentales de los ciudadanos, sino que además pone en riesgo la paz social que tanto necesitamos como sociedad”, agregaron.
