Este jueves ATE San Luis se manifestó en contra de la propuesta del Gobierno provincial para atender el acuciante nivel de endeudamiento que enfrentan las y los estatales porque el Plan del gobernador no contempla la quita de intereses ni de gastos administrativos. Tampoco investiga los intereses aplicados sobre la deuda original.
“Si hay endeudamiento es porque los salarios no alcanzan. Las decisiones en cuanto a políticas económicas y salariales del Gobierno, como el ajuste constante sobre nuestros salarios y el pago de sueldos en cuotas, son el origen de este endeudamiento. Desde ATE San Luis advertimos que este plan de desendeudamiento no contempla la quita de intereses ni de gastos administrativos, y tampoco investiga los intereses aplicados sobre la deuda original. El plan de desendeudamiento de Poggi no desendeuda”, afirmó Gatica.
Es importante recordar que el proyecto de Desendeudamiento Familiar enviado por el Gobierno provincial a la Legislatura es producto de una demanda sostenida del Sindicato, desde abril de 2026.
Desde ATE se alertó sobre los efectos del malestar social en torno a la imposibilidad de sostener los bienes y servicios más elementales para la vida. “Las y los trabajadores no podemos seguir pagando las consecuencias de las decisiones del Gobierno. Si el Gobierno nos metió en esta situación, es el Gobierno quien tiene que sacarnos, porque es el responsable”, concluyeron desde ATE.
De esa forma, el Sindicato reiteró la demanda por una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo y la capacidad de compra y habilite procesos de desendeudamientos reales.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó al Ministerio de Capital Humano en rechazo al feroz recorte en los salarios de los trabajadores de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de entre el 40 y 50 por ciento sin previo aviso, enterándose el mismo día de cobro.
“Están persiguiendo a los trabajadores. Pretenden castigar a los delegados gremiales, castigarlos por alzar a la voz y de esta manera disciplinar al conjunto de los trabajadores. Es evidente que se trata de una práctica antisindical y discriminatoria que desde ATE no vamos a tolerar”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
En este marco, señaló: “Los ítems salariales que pretenden descontar forman parte integral del salario y tienen carácter alimentario. El Estado debiera ser el garante de las leyes, pero en este caso es el primero que las está violando”.
“Con las prácticas antisindicales se fabrica miedo, y el miedo, tarde o temprano, se organiza y vuelve. A estos les va a volver. Lo van a sentir en carne propia”, concluyó Rodolfo Aguiar.
El sindicato alertó que los principales perjudicados de las rebajas salariales son los trabajadores afiliados a ATE y en especial los delegados gremiales, por lo que acusa a las autoridades de impulsar una maniobra de persecución sindical con el objetivo de disciplinar
También remarcó que el ajuste sobre el salario viene profundizándose desde el mes de junio cuando la gestión libertaria comenzó un vaciamiento del organismo camuflado en un “proceso de reestructuración de las áreas administrativas”, que inició con recortes de compensaciones salariales en distintas áreas, las mismas que forman parte de los ingresos regulares y que siempre han tenido como objeto elevar el piso salarial en el que se encuentran los trabajadores del organismo.
Esta rebaja se da en un contexto donde los trabajadores de la Administración Pública Nacional ya perdieron más del 40% de su poder adquisitivo desde que asumió Javier Milei.
Además, con la actual gestión, se encuentran demorados y en muchos casos hasta paralizados los trámites vinculados a la carrera administrativa, procedimientos que forman parte de los esquemas vigentes para mejorar el salario de los estatales.
Es por eso que ATE denunció que se trata de una clara violación a los convenios colectivos y las normativas vigentes sobre derechos laborales dentro del empleo público, y que para avanzar de esta manera sobre los derechos de los trabajadores, el Gobierno recurre al hostigamiento y la persecución contra los delegados.
Este jueves ATE Misiones llevó a cabo la evaluación final de las producciones audiovisuales que se postularon en el marco del segundo Festival de Jóvenes y Derechos, a 50 años de la Noche de los Lápices en Argentina. De la jornada participó la Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional, Valeria Taramasco, quien destacó la iniciativa del Consejo Directivo Provincial.
Taramasco expresó: “Llegamos a Misiones para participar de las actividades organizadas por el Consejo Directivo Provincial de ATE Misiones en conmemoración de los 50 años de La Noche de los Lápices. Nos reunimos en ATE para mirar y evaluar las producciones audiovisuales presentadas por cada uno de los colegios que participan de esta 2da edición del Concurso Audiovisual Jóvenes y Derechos”. Y agregó: “Coincidimos en lo difícil que nos resultó la tarea de seleccionar entre 16 cortos, en los que se plasmó el compromiso de las y los jóvenes participantes. Pero esto no hace más que demostrar que, sin dudas, Los Lápices Siguen Escribiendo”.
Es importante destacar que el jurado estuvo conformado por, además de Taramasco, Lidia Romero, integrante de Centro de jubilados y pensionados de ATE Misiones, Charly Pisoni, integrante de la agrupación H.I.J.O.S CAPITAL, Alexis Rastopolo, Secretario de extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y Germán Kanemann, miembro del Instituto de Artes Audiovisuales de la provincia de Misiones.
El cierre está previsto para este viernes por la tarde a desarrollarse en el Plazoleta María Morínigo, ubicada en Trincheras de San José y Marconi, de la ciudad de Posadas. Se prevé actividades culturales, feria de emprendedores y sentidos homenajes.
Este jueves ATE Entre Ríos llevó a cabo una protesta contra el Gobierno provincial quien dispuso de forma unilateral una modificación en la organización del sector de Enfermería, que perjudica la dinámica de las y los trabajadores. Informada la resolución, el Sindicato declaró el Estado de Alerta y Movilización y exige al Ministerio de Salud provincial una audiencia para destrabar el conflicto.
“La medida de fuerza responde al rechazo a las recientes decisiones unilaterales tomadas por el Gobierno provincial. El detonante principal de la protesta es la aprobación de una nueva normativa de planificación del recurso humano de Enfermería, impuesta por fuera de la Comisión Asesora y sin la participación de las y los trabajadores”, explicaron desde ATE.
Entre los principales reclamos expresados durante la jornada se destacan, además del rechazo a la nueva normativa de planificación del Recursos Humanos de Enfermería, la exigencia de un salario digno ajustado a las necesidades reales del sector; la garantía del pase a planta permanente para regularizar la situación laboral del personal en esa condición de precarización; y el reconocimiento efectivo de las recategorizaciones ya establecidas por ley.
Silvia Lubo, vocal del Consejo Directivo Provincial e integrante del Equipo Técnico de Enfermería del Gremio, explicó: “La movilización respondió a la pérdida de condiciones laborales conquistadas por el sector. Uno de los principales cuestionamientos es sobre la aplicación de la Ley 10.930 y al incremento de la carga horaria sin una mejor remuneración, ya que hoy utilizan la Ley para hacer trabajar más a los enfermeros y no pagan como corresponde, en función del trabajo del enfermero”.
ATE subrayó que la implementación de la Ley 10.930 establece poner a consideración de la Comisión Asesora estas modificaciones estructurales, convocada en tiempo y forma, pero en este caso la nueva normativa no se abordó de esa forma sino de manera externa.
La jornada de lucha finalizó con una movilización hacia Casa de Gobierno para visibilizar la problemática del sector y exigir respuestas del Ejecutivo Provincial.
En el marco de la Jornada de lucha con Paro y Movilización este jueves ATE volvió a reclamar una recomposición salarial urgente para las y los trabajadores residentes de más de 25 hospitales y efectores de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La situación salarial de residentes y concurrentes es acuciante, y no sólo se expresa en las condiciones concretas de vida sino también en las precarias condiciones laborales. El ajuste se expresa en las salas de espera, hospitales, cesacs y farmacias por los recortes presupuestarios en el sector salud. “Exigimos presupuesto para salud, para brindar salud pública y de calidad”, exclamaron desde la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan. Y agregaron:“Las y los residentes fueron recibidos y escuchados por Cecilia Klappenbach, Directora General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Diego Vacchino, Director General de Atención Primaria, Paola Manso, integrante de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, y María Eugenia Centurión, miembro de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, quienes les aseguraron que harán llegar la carta de reclamo salarial al Ministro Quirós”.
La medida de fuerza fue definida mediante una masiva asamblea y ante la falta de respuestas de parte del Gobierno. Se votó un plan de lucha que incluye nuevas asambleas en todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, campañas de visibilización y un paro con movilización para el miércoles 8 de octubre.
Fotos: prensa, Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Salta, a través del Consejo Directivo Provincial y la Seccional Cafayate, resolvió declarar Paro y Movilización en el ámbito de la Municipalidad de Cafayate, para el miércoles 7 de octubre, ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por las y los trabajadores.
La decisión fue tomada en asamblea y comunicada formalmente a la Secretaría de Trabajo, luego de que no se concretaran audiencias ni se dieran soluciones a los reclamos laborales presentados por el Sindicato.
“Profundizamos nuestras medidas tras el accidente sufrido por un trabajador precarizado mientras cumplía tareas laborales, quien actualmente se encuentra internado en el Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta como consecuencia de las lesiones sufridas”, explicó Mable Álvarez, Secretaria General de ATE Salta.
ATE denunció que las y los trabajadores contratados y precarizados realizan las mismas tareas que el personal municipal, pero no cuentan con las mismas condiciones ni derechos laborales.
Según consta en la presentación sindical, dichos estatales no disponen de cobertura de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), obra social ni aportes previsionales. Tampoco vacaciones, aguinaldo u otros derechos laborales correspondientes.
A esta situación se suma una denuncia por persecución laboral y utilización excesiva de sanciones disciplinarias evidenciada por ATE. “Se usan sanciones de manera abusiva y excesiva, entre estás una sanción de 15 días aplicada a una trabajadora por llegadas tarde. Denunciamos públicamente al secretario de Obras Públicas, Wilton Guzmán, y al director de Tránsito, Jovino Maita, por presuntas acciones que impedirían a trabajadores recurrir a su sindicato para reclamar y resguardar sus derechos. Repudiamos las amenazas realizadas a los trabajadores contratados, por el secretario de Obras Públicas, quien luego de reunirlos advirtió que habría sanciones para quienes participaran de asambleas o reuniones sindicales”, expresaron desde ATE.
Una de las protestas que llevó adelante ATE Salta en la localidad de Cafayate en contra del avasallamiento de los derechos laborales de las y los estatales.
El Sindicato consideró está situación de extrema gravedad y advirtió que no se puede disciplinar con amenazas a quienes ejercen su derecho a organizarse y a participar de asambleas.
Finalmente, ATE demandó el cese de estas prácticas antisindicales y que el Gobierno cumpla con la promoción de ascensos e ingresos a planta permanente. Hasta que se den respuestas favorables, el Sindicato permanecerá en Estado de Alerta y Movilización en Cafayate.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tomó la decisión de echar al funcionario que había sido incorporado irregularmente. Lo hizo tras la denuncia pública de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por el caso de corrupción.
“Está bien que lo hayan echado como a una rata, pero no alcanza”, dijo el Secretario General de ATE nacional al respecto y completó: “Tiene que ir preso”.
El dirigente sindical dijo que “mientras le piden un esfuerzo a la gente y le dicen que no hay plata, para estos tipos que son amigos del poder siempre hay caja”. “El sueldo que tenía este funcionario era 20 veces el salario de un enfermero”, afirmó.
“Este tipo no era el único designado de manera ilegal. Están llenando de parásitos VIP el Estado”, aseguró.
“¿Esta era la motosierra de la que tanto hablaron? La motosierra era solo para nosotros, no para sus acomodados”, concluyó Aguiar.
Lo cierto es que el contador Daniel Neira se había autodespedido del ENACOM y cobró 110 millones de pesos en concepto de indemnización y al día siguiente ya había sido incorporado como flamante funcionario del INTA con un sueldo superior a los 5 millones mensuales, sin haber pasado por ninguna instancia de selección o de concurso según indica la Ley de Regulación del Empleo Público. Ahora el Instituto se desliga del funcionario, aunque no asume la turbia maniobra por su incorporación.
Los registros indican que el contador había sido notificado de su despido el 23 de julio, cesantía que se hizo efectiva el 31 de julio, recibiendo una liquidación final neta de $109.781.999,73. Al día siguiente ya era gerente de Contabilidad del INTA, pero esto recién se formalizó un mes después, el 3 de septiembre mediante la Resolución 296/26.
Esta semana, con anterioridad a que el organismo resolviera dar marcha atrás con su designación, el Sindicato expuso la escandalosa contratación a dedo y que vulnera toda transparencia de ingreso en el Estado, además de haberse consolidado un fraude al Estado por haberse dado un traspaso de organismos y habiendo cobrado la millonaria indemnización.
Sobre las contrataciones irregulares en el organismo, Julieta Boedo Secretaria General de la Junta Interna de ATE en el INTA señaló: “De un tiempo a esta parte -luego de toda la lucha que ganamos en la calle, en el Congreso y en la Justicia- lo que sucede que con el tiempo han ido ingresando de manera irregular funcionarios en distintos lugares de toma de decisiones. Exigimos que pasen por las mismas normativas y obligaciones que pasamos los trabajadores, no que sean designados a dedo y de manera irregular”. Neira es el caso que se conoce, pero no hay dudas que hay muchas otras contrataciones irregulares en el Instituto Agropecuario y en otras esferas del Estado.
«En este caso el funcionario no pasó por ningún proceso de selección o de concurso. Es una vergüenza y un escándalo. Desde la Junta Interna de ATE en el INTA cuando nos enteramos exigimos que se investigue esta contratación y realizamos protestas para denunciar la maniobra. Como nunca tuvieron respuestas para dar, tuvo que dar un paso al costado.», completó Boedo.
Se debe dejar de relieve los notables privilegios que se dan estos funcionarios libertarios. En primer lugar, porque mientras que los trabajadores deben superar distintos concursos de idoneidad, evaluaciones psicotécnicas y estar libre de antecedentes penales para poder acceder a un puesto de trabajo, Neira entró por la ventana, después de haber sido despedido y sin dar una sola explicación sobre su cesantía y habiendo cobrado más de 71.000 dólares en concepto de indemnización.
Frente a las operaciones de prensa donde el Gobierno Provincial anunció una rebaja de los salarios provinciales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba exigió el cumplimiento del acuerdo paritario, la aplicación de la cláusula gatillo automática mensual, y no retrasada dos meses, así como una urgente recomposición de los haberes provinciales para defender los ingresos ante el brutal ajuste del Gobierno de Milei y su consiguiente efecto en consonancia con el Gobierno de Martín Llaryora.
Desde el Sindicato manifestaron rechazar, en esa línea, la desfinanciación de la Caja de Jubilaciones y la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) que implican los numerosos monotributos, becarios y pasantes que restan aportes a ambos organismo, profundizando la baja de los aportes e incumpliendo la legislación provincial en materia de contratación de personal, todo resultado de la política de precarización laboral que impone el ‘cordobesismo’ al Estado Provincial y al sector salud en particular.
Como resultado esa política provincial, en vez de cumplir con las Leyes 7.233 y 7.625, estableciendo trabajo formal, cada vez hay más trabajadoras y trabajadores híper precarizados, que no aportan a la Caja y a la APROSS, no por su propia voluntad sino por designio del Gobierno.
“Esta misma administración aduce que bajan los ingresos fiscales para financiar los gastos, pero se trata de exclusiva responsabilidad de Llaryora y su Gobierno, que actúa en alianza en la práctica con Milei, destruyendo el trabajo, la industria y el mercado interno. Lógicamente, ese esquema deviene en la caída de los ingresos, que seguidamente Llaryora utiliza como excusa para ajustar aún más a las y los trabajadores provinciales”, manifestaron desde ATE Córdoba.
“En ese marco, rechazamos que las sentencias del Tribunal Superior, que suspenden los aumentos de los aportes a la Caja de Jubilaciones, sean el justificativo para nuevos ajustes de nuestros ingresos ni el retraso en el pago de la cláusula gatillo mensual. Tampoco fundamenta un ajuste a nuestros ingresos la baja de la recaudación provincia o el robo literal de los recursos que aplica Milei a la Provincia. Llaryora subsidió con una baja de impuestos al campo hace un año, el sector que más resultados logra en la economía provincial con una cosecha récord, y hoy sufre las consecuencias”, agregaron desde el Sindicato.
“Ninguna revisión paritaria debe ir a la baja en nuestros ingresos sino, por el contrario, un aumento que alcance a cubrir la canasta familiar. Reclamamos: urgente recomposición salarial ya; salario digno, básico inicial en el sector Salud no inferior a la Canasta Básica Familiar; mejores condiciones laborales; devolución del 82 % móvil para que nuestros jubilados salgan del estado de indigencia que impuso el Gobierno Provincial; altas por bajas, en todo nuevo ingreso al Sistema de Salud Pública Provincial; basta de ajuste en Salud y de trabajadores esenciales precarizados; no a la persecución del activismo gremial , si a la libre agremiación”, cerraron desde la ATE cordobesa.
El acuerdo contempla al Centro de Salud Salvador Abudara de General Pico, con licencia profiláctica para todo el personal; al Hospital Virgilio Tedín Uriburu de Realicó, con licencia profiláctica para el personal de Enfermería y para los demás centros de salud de la localidad; al Centro de Salud Dr. Julio Tapia de Uriburu, con licencia profiláctica para todo el personal; al Establecimiento Asistencial Atilio Calandri de Quemú Quemú, conn licencia profiláctica para todo el personal; y al Centro de Salud Dr. Pibotto de General Acha, con licencia profiláctica para todo el personal.
Son nuevos reconocimientos que responden a reclamos concretos de las y los trabajadores de Salud, presentados por ATE La Pampa en la Mesa Paritaria.
Además, el acuerdo establece que estos derechos alcanzan al personal independientemente del marco jurídico que regule su contratación.
La próxima Paritaria Sectorial de Salud de la Provincia de La Pampa será el jueves 15 de octubre a las 9hs.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro se manifestó este jueves frente al céntrico Hotel Islas Malvinas de Bariloche para reclamar la continuidad laboral de más de 600 familias de trabajadoras y trabajadores de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) en todo el país ante el cierre del establecimiento. Si bien ayer las autoridades confirmaron los puestos al menos por cuatro meses más (hasta el 5 de febrero del año próximo), el Sindicato exige la estabilidad laboral plena.
“La reestructuración de la obra social puede tener el diseño que las Fuerzas Armadas quieran, pero sepan que ATE va a defender el puesto de cada uno de los más de 600 trabajadores en el país y va a pelear hasta impedir que hagan de este proceso de vaciamiento para repartirse el botín”, dijo Romeo Aguiar, Secretario Gremial de ATE Río Negro.
Entre las y los trabajadores hay personal contratado y de Planta Permanente con más de diez años de antigüedad. Algunos llevan hasta cuatro décadas de servicio.
La situación se originó con el Decreto 88, que dispuso la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y su división en dos organismos: la OSFA, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad.
Como parte de ese proceso, el Ministerio de Defensa asignó en septiembre al Estado Mayor General del Ejército distintos inmuebles que pertenecían a la ex IOSFA. Son 13 hoteles, centros recreativos y cabañas distribuidos en distintos puntos del país. El establecimiento de Bariloche quedó bajo la gestión de la Dirección de Bienestar de la Armada.
“La resolución del Ministerio de Defensa no establece qué sucederá con nosotros, los trabajadores de este establecimiento ni tampoco existen precisiones sobre todo el personal de las delegaciones de la obra social que serán cerradas o concentradas”, dijo Alejandro Nayén, delegado de la Junta Interna de ATE en la OSFA Bariloche.
Otro cambio que preocupa y tiene impacto directo en las y los 324.000 afiliados de la OSFA es la concentración de delegaciones, que pasan de 31 a 13 en todo el país. Por ejemplo, Neuquén y Río Negro quedarán solo reducidas a Neuquén. En los establecimientos propiedad de las Fuerzas Armadas se constituirán en sub delegaciones, pero en el resto nada se sabe sobre el futuro laboral de esos trabajadores.
La protesta en Bariloche se suma así a las medidas impulsadas por el Sindicato en todo el país para exigir que el proceso de reorganización de la OSFA no se traduzca en pérdida de puestos de trabajo y ni en un agujero de corrupción.
