Mes: julio 2025

Este miércoles, la Secretaria de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE Nacional llevó a cabo un encuentro de delegadas y delegados para construir herramientas de fortalecimiento sindical que permitan defender el derecho de las y los estatales de tener una obra social de calidad y sin abusos o discriminaciones.

A través de la organización que se puso en marcha y que llevó adelante ATE se pudo revertir el trato discriminatorio que intentó imponer la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la obra social Unión Personal, que quiso implementar planes preferenciales para quienes estuvieran afiliadas y afiliados a esa entidad sindical, en desmedro de las y los trabajadores agremiados a ATE. En ese marco, se realizó una nueva reunión para seguir avanzando en el tejido de la red necesaria para contrarrestar el cobro de copagos ilegales con los que sigue insistiendo la obra social.

Flavio Vergara, Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE Nacional, destacó: “Estamos inaugurando un interesante tiempo de intervención en la garantía del derecho a la salud, de la mano de algo que vino a golpearnos y que en realidad en la primera se la dimos vuelta y vamos a seguir transitando ese camino. Es muy bueno que estemos discutiendo esto en un momento en el que sabemos que la salud va a sufrir un achique pero que tenemos muchas herramientas para intervenir”, en mención al logro de ATE en la Justicia.

La embestida de la obra social suma un nuevo capítulo con la pretensión de cobrarle a sus afiliados a partir del próximo 1° de agosto un coseguro, práctica ilegal, cuando corresponde a operaciones quirúrgicas, entre otros. Esta acción golpea con dureza sobre un derecho esencial como lo es la salud de las familias, en un contexto en el que las y los estatales están perdiendo brutalmente en materia salarial y les resulta imposible tener que pagar costos exorbitantes para ser atendidos.

La jornada estuvo organizada por la Secretaría de Convenios Colectivos de ATE y tuvo lugar en el Anfiteatro Eva Perón de la sede sindical. Es importante mencionar que el evento se desarrolló de manera bimodal, para que las y los delegados de todo el país que no pudieran viajar estuvieran presentes. Además de Vergara, asistió Leonardo Castro, Secretario General de la Junta Interna de ATE en la Superintendencia de Servicios de Salud y especialista en temas de salud, obras sociales y Estado.

Castro detalló cuáles son las prestaciones por las que sí UP puede cobrar un coseguro y cuáles no. Así explicó que, según regula el Programa de Prestaciones Básicas (PMO), que determina cuáles deben ser las prestaciones cubiertas por obras sociales y empresas de medicina prepaga, pueden cobrar en casos de estudios médicos y consultas, pero siempre y cuando sean informadas con una antelación de un mes. Asimismo aclaró que de ningún modo se puede cobrar para una operación. Finalmente añadió que desde 2024, por medio de Resolución 1926/24 el arancel de los coseguros que antes fijaba la Superintendencia de Salud quedó liberado.

Durante la jornada se valoró y felicitó al equipo jurídico por la rapidez para definir una estrategia de defensa que dejara sin efecto la pretensión de la obra social que conduce Andrés Rodríguez para imponer planes de prestación diferenciales y dejando sin atención en los sanatorios más importantes a los afiliados de ATE. La desigualdad en el trato, quedó demostrado, fue una “maniobra vil y discriminatoria”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará hoy a las 16 junto al Frente por la Soberanía, el Trabajo Justo y el Salario Digno a la Plaza de Mayo en defensa del Hospital Garrahan y el sistema público de salud.

“El Frente Sindical se consolida y sigue creciendo. La manera de cumplir con el desafío de unir todas las luchas que se llevan adelante en el país es estando en la calle. Es una buena noticia que, lejos de agotarse en su primera movilización, el frente perdure y siga creciendo la convicción de estar juntos todos aquellos sindicatos que quieren batallar contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En referencia a la Marcha Nacional de Salud, el dirigente apuntó: “El Garrahan y la salud pública en la Argentina están en emergencia en este momento. Revertir la crisis que afecta a todo el sistema sanitario va a llevar mucho tiempo”.

“Demandamos una inmediata recomposición salarial en todos los hospitales del país. Es inadmisible que la mayoría de los trabajadores de salud tengan ingresos que se ubiquen por debajo de la línea de pobreza. Hoy, en muchos hospitales los trabajadores tienen que hasta triplicar su jornada laboral para garantizar un ingreso digno. Con Milei aparece con nitidez un fenómeno nuevo que es el pluriempleo. El Gobierno nacional persigue la autoexplotación de los trabajadores hasta su muerte y tenemos que impedirlo”, detalló Rodolfo Aguiar.

“Quienes conducen el Ministerio de Salud en este momento son los máximos exponentes de las corporaciones médicas privadas. Es lógico que quieran saquear al Garrahan y todos los hospitales nacionales porque quieren aumentar las ganancias de todas las clínicas y los sanatorios privados. Ven a la salud como un negocio y no como un derecho. Tenemos que impedirlo”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

Entre los principales reclamos, ATE se movilizará por:

– Un salario mínimo igual a la Canasta Familiar que, según el relevamiento de los trabajadores de ATE en el INDEC es de 1.840.098, utilizando como base de medición los datos oficiales del organismo.

– Pase a planta permanente de todos los contratados.

– Proteger el sistema de residencias, reconociendo que los profesionales en formación son el pilar de nuestros hospitales públicos.

– Rechazo al vaciamiento del Garrahan y los hospitales nacionales por la falta de personal y acotamiento del presupuesto que dificulta el mantenimiento de la institución.

– Condiciones laborales y edilicias dignas.

En el marco del Frente Sindical, ATE también informó que se movilizará el 7 de agosto -Día de San Cayetano- junto a los movimientos sociales y sectores populares por paz, pan, tierra, techo y trabajo.

Un informe elaborado por la Secretaría de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE Nacional da cuenta de la caída del poder adquisitivo de las y los estatales tras la publicación del nuevo dato de inflación de junio, del 1,6% que se conoció este lunes. El ajuste se acentúa en base a los más de 50.000 despidos y el desguace de los organismos públicos. Para compensar la pérdida salarial aumentó la necesidad de sumar trabajo en paralelo, mayormente precarizado. 

A la par que el Gobierno nacional sigue dilatando la negociación paritaria pese a los fuertes reclamos de ATE, el poder adquisitivo de las y los trabajadores de la Administración Pública sigue cayendo, profundizado por el achique del Estado, los despidos masivos y la precarización en el sector público. 

Según relevó el último informe salarial ‘Nevada Libertaria: los Cascarudos del ajuste contra del Estado y sus trabajadores’ que elaboró el Departamento de Análisis de Empleo, Salarios y Políticas del Sector Público, de la Secretaría de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE Nacional con el cierre de la paritaria 2024-2025 el sector acumuló una pérdida salarial del 15,8 %. Si se considera desde diciembre 2023, cuando el Gobierno de Javier Milei asumió la presidencia, la pérdida llegó a un 35,9%, si se toma de base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), pero más de 40% si se considera el aumento de los servicios, alquiler y educación en el consumo familiar. Se pronuncia así la línea salarial descendente que ATE viene denunciando. 

En cuanto a la paritaria 2025-2026 el Gobierno nacional impuso un cuarto intermedio con el objetivo de dilatar los tiempos de la negociación mientras la inflación sigue subiendo, lenta pero constante. 

Cabe recordar que el IPC-INDEC publicado este lunes arrojó un 1,6% para junio. Por otro lado, el costo de las Canastas sigue desfasado en relación a los sueldos. La Canasta Básica Total está en 1.128.398 pesos y la Canasta Básica de Alimentos en 506.008 pesos. Es importante reiterar que las estadísticas oficiales se encuentran objetadas dado que no contemplan el actual peso de los servicios respecto de los bienes en la composición del gasto de los hogares. Algo que ya se advertía en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018 y se vio reforzado con la modificación de la estructura de precios relativos tras la devaluación del peso y el aumento de las tarifas de los servicios y transporte desde la asunción de Javier Milei. La actualización de las ponderaciones del IPC-INDEC se encuentra demorada por el propio Gobierno nacional ya que contradice su discurso sobre la desinflación en curso. Considerando los nuevos ponderadores, la inflación sería mayor y, por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo de las y los estatales alcanzaría el 40%.

Caída libre de los salarios estatales

La caída de los salarios reales en la Administración Pública Nacional arrojó a las y los trabajadores a la pobreza, incluso a la indigencia. Así por ejemplo, la remuneración bruta correspondiente a una categoría media del Convenio Colectivo de Trabajo del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), es de 986.798 pesos. Es decir, no alcanza la línea de pobreza. A su vez, la remuneración bruta de una categoría inicial para el mismo sectorial es de 464.223 pesos, por debajo de la línea de indigencia. 

El informe también evidencia que hay un aumento en la sobreocupación y de la informalidad laboral. El sector intenta compensar el deterioro de sus salarios trabajando fuera de su jornada normal y habitual, en oportunidades a través de plataformas poco reguladas. 

Por otro lado, el ajuste sobre el sector público también se refleja en la política de achicamiento del Estado. Aumentaron los despidos, los pases a disponibilidad y el cierre, fusión y/o concentración de organismos. 

Entre diciembre de 2023 y mayo de este año, la ocupación en la Administración Pública Nacional se redujo en 31.854 puestos de trabajo. Si además se le suma lo sucedido en las empresas y sociedades del Estado, la pérdida de puestos de trabajo alcanza los 50.459. 

Se tratan de despidos arbitrarios y encubiertos bajo eufemismos como no renovaciones de los contratos, jubilaciones, retiros voluntarios y renuncias (generalmente motivadas por el deterioro de los salarios y las condiciones de trabajo).

El documento enfatiza la idea de que la inflación no solo está siendo controlada por la no emisión monetaria, sino mediante la intervención del Gobierno en las tarifas, el dólar y, principalmente, los salarios. El Poder Ejecutivo impuso un techo a las paritarias, negándose a homologar los acuerdos alcanzados entre las organizaciones sindicales y las cámaras  empresariales que superasen la pauta oficial del 1% mensual. 

Política económica: ganadores y perdedores 

El informe también destaca que si bien la actividad económica se viene recuperando, el consumo masivo todavía se encuentra por debajo de los niveles de fines de 2023, entre un 6% y un 16%, siguiendo distintos relevamientos. En paralelo, los viajes y el consumo de bienes importados aumentaron exponencialmente debido a la apreciación cambiaria y la reducción de trabas jurídicas, impuestos y aranceles a la importación. “Estos datos dan indicios de un consumo diferenciado entre los sectores de mayores ingresos y el resto de la población de ingresos medios y bajos”, concluyó el equipo de ATE. Esta caída del consumo no repunta pese al endeudamiento de los hogares, a través de tarjetas de crédito o billeteras virtuales, y un alto porcentaje lo hizo para financiar la compra de alimentos y bebidas. 

Para acceder al informe ingresá acá.