Se cumplen 20 años de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta sentencia, conocida como el “Fallo Simón”, fue un hito en la lucha por la exigencia de justicia ante los crímenes de la dictadura y permitió la reapertura de juicios por los delitos de lesa humanidad. De esta forma, se habilitó el marco legal para juzgar a los genocidas, y que éstos tuvieran un juicio justo, algo negado a las víctimas del régimen dictatorial.
En los años 1986 y 1987 el gobierno de Alfonsín dictó las dos leyes mencionadas, garantizando la impunidad de los ejecutores y cómplices de la dictadura. Se buscaba cerrar los casos relacionados con la represión, impidiendo que se juzgaran los crímenes cometidos. La lucha por la memoria y la justicia por parte de las organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones políticas, sociales y sindicales, se sostuvo de manera incansable, para revertir las leyes del olvido.
La presión colectiva germinó en un momento político más propicio, encontrando un cauce institucional para que no se consagre la impunidad. Desde entonces, fueron condenados 1197 genocidas por crímenes de lesa humanidad, mientras que 14 juicios se encuentran en curso. Asimismo, 63 causas esperan fecha para juicio y todavía 258 permanecen en instrucción. El proceso de enjuiciamiento sigue porque la búsqueda de justicia y verdad continúa.
No obstante, la actualidad del poder judicial y político ensombrece la conmemoración de este hito central de la justicia y la convivencia democrática logradas por la derogación de las leyes de impunidad hace 20 años, ya que el avance institucional y legal que se conquistó años atrás se encuentra atacado.
Por un lado, la degradación de las políticas de derechos humanos que sostienen la búsqueda de verdad y de justicia se refleja en los despidos a trabajadorxs que ejecutan dichas políticas, en la desarticulación de toda presencia y seguimiento en los juicios de lesa humanidad, y, en el descuido y vaciamiento de los archivos y de los espacios para la memoria que son prueba judicial.
A nivel general, la violencia y vulneración de derechos por parte del actual gobierno se acumulan en despidos, cierre de organismos públicos, ataque a las organizaciones colectivas, decretos inconstitucionales, pérdida de derechos, deuda impagable y represión sostenida.
A lo antedicho, se suma la decisión del día martes, por parte de la Corte Suprema, de prisión e inhabilitación de por vida a Cristina Fernández de Kirchner, en un proceso legal plagado de irregularidades y de parcialidad.
Asistimos a un poder judicial dependiente de otros poderes, utilizado para proscribir a la principal dirigenta de la oposición, y contentar a los que claman venganza. En los juicios de lesa humanidad que se abrieron a partir del año 2006, podemos encontrar también una de las tantas razones por la cuales se persigue hoy a Cristina Fernández de Kirchner.
Sabemos que el funcionamiento de un sistema democrático no se limita a la celebración de elecciones cada cuatro años. El Estado de derecho es un principio fundamental que establece que todos nos encontremos ajustados a las leyes que se promulgan públicamente y se aplican por igual, con independencia y sin arbitrariedad. Hoy en día vemos cómo esto se va erosionando. En este contexto la condena de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner representa un nuevo umbral en la pérdida del estado de derecho que no podemos permitir.
Hoy, como ayer, seguiremos levantando en alto las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Pero sabemos que nada de esto será posible sin una democracia fortalecida, con un Estado de derecho firme. Como ATE vamos a luchar por sostenerlo y exigir que se respete. Por más que los agoreros del pasado se convenzan en creer lo contrario, el pueblo no olvida, no perdona y no se reconcilia.
Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional
