Luego de la decisión del Gobierno de intervenir el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que no hay motivos que justifiquen esta medida. “Cumple un rol esencial a la hora de garantizar la pluralidad de voces, la inclusión digital y el acceso a la información de todos los sectores sociales”, señaló el Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar.
“El acceso a la conectividad de todos, especialmente de los sectores más vulnerables, es un derecho y también se traduce en una mayor integración de todo el país. Garantiza la conectividad en zonas donde las empresas privadas, sin financiamiento del Estado, no ponen internet porque no es rentable”, apuntó el dirigente en base a la decisión del Ejecutivo de intervenir el ente por 180 días prorrogables con la presunta intención de promover la libre competencia entre prestadores de servicios de la comunicación.
Aguiar evaluó que “no hay dudas que la verdadera finalidad es fomentar el ingreso de empresas extranjeras como Starlink y otras”. “Estamos en las puertas de un retroceso en la democratización del sistema de medios en Argentina. Los espacios bonificados y las estaciones tecnológicas que se garantizan desde el Estado permiten que todos tengan conectividad independientemente de dónde vivan”, agregó.
Dentro de los espacios bonificados, se encuentran escuelas primarias, secundarias y jardines maternales, espacios de salud, iglesias, bibliotecas, centros comunitarios, comedores, clubes de barrios y también plazas. Hasta fines del año pasado había más de 160 puntos de wifi libre y más de 200 estaciones tecnológicas.
El sindicato advirtió también lo que pueda suceder con el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y otros programas similares: “La intervención también avanza sobre los recursos de fondos que hasta aquí, independientemente de quien gestione el Estado, se han transformado en una política transparente, con controles de auditorías que fomenta la pluralidad de voces”.
“Estos fondos están destinados a financiar y ayudar al funcionamiento de los medios comunitarios. Si este programa se interrumpe, se callarán cientos de voces en toda la Argentina”, sentenció el referente de ATE. El ENACOM quedará bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Aguiar también puso el ojo sobre Juan Martín Ozores, interventor designado que hasta el momento trabaja en una empresa de telefonía celular: “Desde ATE nos preocupa las finalidades ocultas que puede tener esta intervención, y nos generan dudas que las nuevas autoridades tengan la experiencia necesaria para gestionar un organismo que hasta deberá coordinar posiciones satelitales soberanas”.
Gracias a la medida cautelar interpuesta por ATE Chaco se logró la reincorporación de las y los trabajadores jornalizados despedidos en el Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. De acuerdo al fallo judicial que fue favorable a la petición del sindicato, el gobernador Zdero por decreto debió prorrogar las designaciones del personal jornalizado, respetando las funciones que venían desempeñando. Está pendiente una resolución similar con respecto a las y los contratados.
“La Justicia se expidió en relación con la reincorporación de todas y todos los trabajadores. Por lo que estamos esperando la decisión con respecto a las y los contratados, que aguardamos sea en el mismo sentido como marca el fallo. Valoramos esta determinación, pero entendemos que es una disposición a medias”, expresó la Secretaria General de ATE Chaco, Dafne Zamudio.
La medida cautelar fue recepcionada por la Justicia, entendiendo “la necesidad de proteger un derecho constitucionalmente protegido como es el de trabajar, independientemente de la modalidad o condiciones de la contratación”. El Poder Judicial dio lugar al pedido para “evitar la consumación de perjuicios irreparables”.
Entre los considerandos, el juez tiene en cuenta “el estado de peligro inminente en que se encuentran los accionantes por la precariedad de su situación de revista (contratados), y la incidencia que eventualmente pudiera acarrear en la afectación de sus ingresos”. Además, considera que la demora en el otorgamiento de la medida cautelar podría afectar la protección de los derechos de las y los trabajadores, sobre todo teniendo en cuenta “la acuciante situación económica actual y general del país”.
Cabe aclarar que el proceso judicial proseguirá hasta su resolución definitiva. En este marco, las reincorporaciones de las y los jornalizados fueron otorgadas en el decreto hasta el 31 de marzo.
Así lo manifestó, en diálogo con el portal La Nueva Mañana, la Secretaria de Género y Diversidad de ATE Córdoba, María Spaventa. Gremios estatales denuncian la situación desde diciembre y el Gobierno dijo que se trata de “contratos de servicios” que se vencieron. Mientras, las trabajadoras son las más expuestas.
El sábado 30 de diciembre de 2023, a las doce del mediodía, Irina lee un mensaje de WhatsApp que llega reenviado a un grupo: “Se acaban de comunicar con nosotros del Ministerio para decir que van a revisar los contratos, que no van a trabajar más, presenten el CV y nos estaremos comunicando”.
Es Licenciada en pedagogía social, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y era socieducadora en el Complejo Esperanza, el establecimiento dependiente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) que alberga a jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal.
Durante siete años trabajó ahí. “Todos entramos por concurso a través de un convenio entre la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y la Senaf, que fue el único contrato que leímos. Luego de eso se ve que se terminó el convenio y quedamos ahí. No sabíamos cuáles eran las condiciones, sí sabíamos que era como monotributista; no sabíamos que el contrato terminaba el 30 de diciembre porque nunca me llegó un contrato”, dice.
Irina ingresó a trabajar en 2017 como educadora social por un habeas corpus presentado por Liliana Montero, quien en ese momento era legisladora y hoy es ministra de Desarrollo Humano, cartera de la cual depende Senaf y el Complejo Esperanza.
“El escrito instaba a la Provincia a que incorpore profesionales que mejoren la vida diaria de los jóvenes. Esas venimos a ser nosotras. Nuestra labor la construimos nosotras, solas, en equipo, junto con nuestra coordinación, pero es un rol nuevo, somos las únicas que tenemos ese saber. No solo la formación pedagógica de la universidad si no que construimos el rol a partir de la experiencia y somos las únicas que trabajamos adentro del pabellón con los jóvenes y lo que hacemos es el acompañamiento grupal e individual, educativo, de salud, familiar, judicial. Hacemos la contención y el acompañamiento con la intención de generar hábitos saludables para la vida. También articulamos con los equipos técnicos para pensar proyectos de vida una vez que egresen”, explica.
Ante el despido informal, ella y una docena de compañeras en la misma situación decidieron ir el martes 2 de enero a su trabajo y se presentaron en el lugar. “Las chicas que tenían que ir ese martes entraron, pudieron hablar con la coordinación y las que tenían que entrar a la tarde no las dejaron entrar. El Servicio Penitenciario tiene nuestros nombres para impedirnos el ingreso al lugar donde trabajamos siete años, donde están todas nuestras cosas adentro, no pudimos despedirnos de nuestros compañeros ni de los chicos con lo que venimos trabajando hace años. Es duro para nosotros que nos quedamos sin laburo, pero también la forma, porque somos las que hacemos el acompañamiento a los chicos y no pudimos decirle chau”, cuenta.
El viernes 12 de enero llega el mensaje definitivo. No les iban a renovar el contrato a ninguna y estaban entrevistando a otras personas para esos roles: “Un destrato absoluto, un no reconocimiento a la tarea profesional. Somos todas mujeres, madres, que quedamos a la deriva un 30 de diciembre sin saber cómo vamos a afrontar los gastos de la vida diaria”. Desde ATE estiman que hay 23 despedidas, mayoría mujeres, en el Complejo Esperanza a lo que se suman otros despidos en otras áreas de Senaf.
“En el área salud y en Senaf es donde más se han dado esos despidos”
La secretaria de Género y Diversidad de ATE Córdoba, MarÍa Spaventa, reflexiona sobre los despidos y la baja de contratos de trabajadoras del gobierno provincial: “Una de las grandes conquistas del movimiento feminista ha sido visibilizar las situaciones reales de las mujeres trabajadoras. En el área salud y en Senaf es donde más se han dado esos despidos y tienen que ver con la precarización. Y en esa precarización la mayoría son mujeres, no es casualidad que la mayoría tenga estos contratos de monotributo siendo que hace años que prestan servicios y trabajan a la par de cualquier contratado y planta permanente”.
Spaventa detalla también que las labores que realizaban se vinculan con tareas de cuidado que no son reconocidas: “Tanto en Senaf como en salud son tareas que no se reconocen ni para adentro ni para afuera”. Asimismo, asegura que hay un alto porcentaje de las despedidas que pertenecen a hogares monomarentales y son jefas de hogar. “En los trabajos nos encontramos con la precarización y consecuencia de esto es que se dan todos estos despidos y que además vulneran mucho más a las mujeres porque ahora sin un ingreso económico y con una situación social complicada se hace difícil adquirir alimentos y mucho menos encontrar un trabajo digno en el mercado laboral. Los despidos son sufridos en un 80% por mujeres”.
UTS: “Hay un ataque constante a nosotras”
Desde la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), Estela Giménez asegura que también hubo despidos que afectaron primero a mujeres trabajadoras que luego fueron reincorporadas: “La primera camada de despidos en hospitales fue de mujeres que estaban maternando, en licencia por maternidad o con carpeta médica por amenaza de parto prematuro. A las compañeras las tuvieron que reintegrar”.
Y opina: “Lo hicieron como un preaviso. No fue ni casualidad ni fue que no se dieron cuenta. Es un mensaje para las mujeres para decirnos que o tenemos hijos o trabajamos, las dos cosas no son compatibles. Otra compañera hacía 15 días que había parido mellizos y otra que llevaba un mes lactando y también había compañeras que se acaban de reintegrar de su licencia por maternidad, pero se contó como ausentismo su licencia por maternidad”.
Los despidos se dan en el marco de un duro discurso del gobernador, Martín Llaryora, que expresó, mientras presentaba el Programa de Fortalecimiento Hospitalario, que “hay hospitales nuevos y tengo índices de 56% de ausentismo” y apuntó contra el presentismo de trabajadoras y trabajadores del sector de salud. Sobre este punto, Giménez dijo: “Se habló de que los médicos y las enfermeras, porque para ellos las mujeres somos las enfermeras, somos faltadoras. Pero en su estadística tomaron la licencia por maternidad, que son 180 días, como parte del ausentismo. Las mujeres somos faltadoras y los hombres son poco productivos. Hay un ataque constante a nosotras, hacia las enfermeras también”.
Actualmente, la mayoría de las trabajadoras despedidas fueron reincorporadas. “Se están haciendo análisis de legajos. Han sido ataques hacia madres que son único sostén del hogar. Las licencias por maternidad no inciden negativamente en tus puntajes de presentismo, pero eso si lo tomaron para echarlas y despedirlas. Nos dijeron que no podíamos maternar”, expresó la referente de UTS.
“Venimos denunciando hace años la extrema precarización laboral”
Otro de los sectores donde las trabajadoras denuncian que se encuentran en contexto de precarización y con algunos despidos es en el Polo Integral de Atención a la Mujer en Situación de Violencia dependiente de la Secretaría de la Mujer, que sólo en Córdoba capital recepta y atiende a unas 2500 personas por mes. Una de las trabajadoras del lugar contó a La Nueva Mañana que “desde mediados de diciembre hay incertidumbre total”.
En un comunicado, las trabajadoras manifestaron despidos y finalización de contratos de profesionales del espacio: “Venimos denunciando hace años la extrema precarización laboral en la que trabajamos día a día. Si bien producto de la lucha conseguimos que no existan más monotributos, aún hay una importante parte del personal en condiciones de residencias, así como de contratos temporales (muchos de los cuales han vencido el 10 de diciembre y no se ha garantizado continuidad ni plazo alguno)”.
El plan ENIA, que trabaja la disminución del embarazo no intencional adolescente, había sido discontinuado desde el 1° de enero de este año, al no renovarse los contratos de las trabajadoras del mismo. Ante esta situación, las profesionales que integran el plan se organizaron en ATE y desde allí se planteó la necesidad de no cortar la fuente laboral de quienes realizan la tarea de capacitar, sensibilizar e intervenir sobre dicho plan.
En consecuencia, en estos días se determinó la continuidad laboral de las 70 trabajadoras del plan ENIA en Entre Ríos y en el resto del país. Y por estas horas las trabajadoras están siendo notificadas de la continuidad del vínculo laboral.
La población de Hipólito Yrigoyen y sus trabajadores y trabajadoras municipales están bajo un gravísimo peligro ya que son expuestos permanentemente a los altos niveles de toxicidad que genera el uso del Glifosato como método pesticida y plaguicida, siendo éste extremadamente nocivo para la salud de quien lo manipula directa o indirectamente.
ATE Misiones ha realizado numerosas presentaciones ante el Intendente Félix López Valois, quien insiste en el uso del agrotóxico porque lo considera más económico que el combustible para realizar las tareas de mantenimiento que requieren los cortes de pasto de la comuna (aunque ésta, a diciembre de 2023, haya recibido una coparticipación mensual de $30.358.911,82), ya que según el funcionario ‘No hay plata’.
Aunque Misiones sea la segunda provincia en prohibir el uso del herbicida Glifosato y esto la haya convertido en un pilar del modelo de agronegocio actual, ya que la Ley establece una transición hacia la agroecología y fija una fecha límite de uso total en 2025, López Valois hace caso omiso a las legislaciones vigentes e investigaciones científicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que clasificó al pesticida –en 2015- como cancerígeno y generador de mutaciones genéticas.
Así, también, se elevó la denuncia correspondiente ante el edil, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables y el Ministerio de Trabajo de la Provincia; donde se incluyó documental probatoria fílmica y fotográfica para respaldar la misma.
El Ministerio de Trabajo brindó una sola capacitación para los trabajadores municipales con el objeto de enseñar el correcto uso y manipulación del pesticida y, si bien López Valois entregó en su momento algunos elementos de trabajo (como ser barbijos, delantales), dichos implementos no dejan de ser insuficientes puesto que no están dadas las medidas de seguridad e higiene correspondientes en el medio ambiente de trabajo, ya que no poseen baños con ducha para que el personal pueda retirarse la indumentaria y sanitizarse de manera apropiada luego de la utilización de un herbicida de alta toxicidad.
En el día de hoy, en el usuario de Facebook: Mí tierra colorada Hipólito Yrigoyen: https://www.facebook.com/groups/623628845733765/permalink/907726373990676/?mibextid=A7sQZp, un vecino de la localidad, realizó un video donde se exhibe los riesgos a los que se ven expuestos los trabajadores municipales realizando fumigaciones con Glifosato (RoundUp), sin mascarillas, guantes y la ropa correspondiente, quienes además narran las situaciones de explotación a las que son sometidos. El residente también muestra que este tipo de actividades se realizan a metros de casas habitadas, escuelas y arroyos en donde se bañan niños en la temporada de alto calor y narra cómo ha sido amenazado por viralizar esta realidad en las redes sociales.
Desde ATE Misiones no solamente se vela por las condiciones laborales y salariales de los Trabajadores Estatales, sino que el sindicato está altamente comprometido con el cuidado y preservación del medio ambiente y no será cómplice de este tipo de hechos tan aberrantes, por lo que se espera que los funcionarios se responsabilicen del daño a la salud pública y al ambiente que están generando.
El primer encuentro entre el Secretario General de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, y la Presidenta del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), Marcela Ávila, tuvo lugar en la sede de la obra social provincial. La funcionaria realizó, en dicho marco, una detallada evaluación de la situación actual de la obra social, abordando las diversas problemáticas identificadas desde el inicio de su mandato. También se hizo hincapié en la complejidad del contexto actual, subrayando cómo este afecta directamente la calidad de los servicios brindados a las y los afiliados.
Respecto a la reciente reforma a la Ley del IPROSS, el sindicato planteó sus inquietudes en torno al impacto de dicha modificación, que implica un aumento en los aportes y contribuciones percibidos por el instituto. Además, se destacó la atención de numerosos reclamos vinculados con la provisión de prótesis, sillas de ruedas, audífonos, y otros elementos esenciales para la salud de las y los afiliados.
Durante la reunión, Ávila expresó que, hasta el momento, aún no se estaban percibiendo las sumas adicionales derivadas de la reforma, pero aseguró que se está llevando a cabo un trabajo exhaustivo para cuantificar los posibles atrasos. Asimismo, se subrayó el compromiso de la administración en establecer prioridades en el orden de atención de los mismos.
La obra social provincial, con sus 43 delegaciones y una plantilla de 574 trabajadores y trabajadoras, fue objeto de un análisis detallado durante la reunión. En este contexto, se abordaron cuestiones específicas relacionadas con diversas ciudades y el personal involucrado, a partir de lo cual surgieron líneas de acción concretas acordadas colectivamente para mejorar el funcionamiento de las delegaciones. Estas estrategias respondieron directamente a las discusiones sobre las particularidades de cada localidad, considerando las necesidades específicas de las y los afiliados y los desafíos operativos enfrentados por el personal.
Tras el encuentro, que contó con la presencia de Fabio Polizzi, Vocal de ATE Río Negro y representante de los trabajadores en la Junta Interna de ATE en la Administración del IPROSS, el sindicato reafirmó su compromiso para seguir trabajando en colaboración con la nueva administración del IPROSS a fin de superar los desafíos y asegurar el bienestar de las y los afiliados: Ambas partes expresaron su disposición a mantener un canal abierto de comunicación, reconociendo la importancia de la cooperación para enfrentar los desafíos del actual escenario socioeconómico.
ATE salió este miércoles a las calles en todo el país. El gremio consideró de urgencia salir y expresar el descontento por las brutales políticas desplegadas en el primer mes del Gobierno de La Libertad Avanza. En Rosario, alrededor de 80.000 personas expresaron el rechazo a las políticas que intenta aplicar el Ejecutivo.
Compañeras y compañeros de ATE Rosario participaron además en CABA de la movilización frente al Congreso de la Nación. En San Lorenzo se concentró en la tradicional esquina de los bancos, Av. San Martín y Urquiza. La delegación de Villa Gobernador Gálvez se movilizó desde Plaza San Martín hacia la Plaza de las Madres. En Villa Constitución realizaron una asamblea frente a la rotonda de Acindar y, por la tarde, se movilizaron y concentraron en la Plaza Central. En Casilda hubo una concentración Frente al Banco Nación.
El pliego reivindicativo incluye, además de solicitar el cese de las medidas de ajuste y las políticas contra la clase trabajadora, salarios dignos y Paritarias libres en todos los niveles del Estado.
El Secretario Adjunto de la CTA-A, Gustavo Teres, analizó el contexto de la clase trabajadora y planteó: “Esta es la larga marcha que necesita el Movimiento Obrero y Popular para derrotar las políticas de ajuste y una política estructural de este Gobierno reaccionario y de ultraderecha, que pretende arrasar con los derechos elementales, ya no sólo del pueblo trabajador, que es al que más ataca, sino de la ciudadanía toda”.
Por su parte, el representante del gremio docente AMSAFE Rosario, Juan Pablo Casiello, consideró: “Con mucha fuerza y con la convicción en esta jornada de que la clase trabajadora vuelva a ocupar el centro de la escena política del país. Y es lo que hace falta, hay que actuar en Argentina, hay que frenar esta ofensiva y tenemos, cada trabajador y cada trabajadora, la respuesta para construir ese cambio. Rosario vuelve a ser la capital del Paro, hay mucha historia, mucho compromiso y organización. Y me parece que se empieza a ver”.
La Secretaria General de ATE y CTA-A Rosario, Lorena Almirón, expresó: “Este Paro es puntualmente contra los despidos. En el caso de Rosario, en el Sedronar son 14 compañeros y compañeras que hoy no tienen trabajo, y una compañera despedida de CONICET, que se suma a las y los 48 en todo el país. Y por supuesto, rechazamos el DNU, la Ley Ómnibus, el Protocolo Antipiquetes y todas las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei y le decimos a los gobernadores que no se suban al trencito del ajuste y que exigimos Paritarias libres en todos los niveles del Estado”.
“No es un simple slogan ‘la Patria no se vende’. ATE Rosario siempre que ataquen nuestros derechos va a estar en la calle luchando, porque es donde se defienden. Vamos a seguir movilizados por un Estado presente y para el beneficio de las mayorías”, concluyó Almirón.
El pasado 23 de enero, ATE Salta participó de la mesa de Paritarias junto a otros representantes sindicales, Ministros y funcionarios del Gobierno Provincial. El sindicato de las y los estatales planteó fuertemente el desfasaje de los salarios con la creciente inflación actual, por lo cual se exigió una recomposición para los meses de noviembre y diciembre del 2023, en los que las y los trabajadores no recibieron ningún incremento en sus haberes.
Por ello, se resolvieron los siguientes porcentajes que corresponden a los dos meses del año pasado:
– 30% con los haberes de enero de 2024.
– 30% con los haberes de febrero de 2024.
– 22% con los haberes de marzo de 2024.
– Las diferencias del SAC del segundo semestre del 2023 se abonarán con los haberes de marzo de 2024.
– Incremento de las Asignaciones Familiares respetando lo acordado conforme porcentajes establecidos.
– Cierre de paritarias con un porcentaje interanual del 212%.
Ante la insistencia del Gobierno Provincial puntano en vulnerar los derechos de las y los trabajadores del Estado en San Luis y anunciar que se van a pagar otra vez los salarios en cuotas, desde el Consejo Directivo Provincial de ATE San Luis se realizó una presentación de una ampliación de medida cautelar junto a la Defensoría del Pueblo.
“Hemos solicitado nuevamente que se habilite feria judicial y se proceda a la ampliación de la medida cautelar oportunamente ordenada, a efectos de que el Poder Ejecutivo Provincial omita desdoblar el pago de salarios correspondientes al mes de enero 2024, se ordene se abone al personal de la Administración central y órganos descentralizados la totalidad de la remuneración devengada”, comentó el Secretario General de ATE San Luis, Fernando Gatica.
“Basta de atacar con medidas injustificadas e inentendibles al personal Estatal Provincial”, agregó el dirigente.
El equipo del Instituto de Estudio sobre Estado y Participación (IDEP) de ATE Nacional, conformado por los compañeros Horacio Fernández, Claudio Lozano y Alejandro López Mieres, lanzó un nuevo trabajo en el que analizaron el Capítulo VII de la Ley Ómnibus.
En la conclusión del mismo puede leerse: “Creemos que está claramente evidenciado que con el pomposo nombre de consolidación de deuda del sector público en el proyecto de Ley lo que se busca lisa y llanamente es rapiñar los fondos que sirven de cobertura al Sistema Previsional Argentino, ya que exceptuados los organismos indicados en el artículo 222 sobresale nítidamente la tenencia del FGS sobre los títulos de deuda en el sector público”.
