“No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”, Simone de Beauvoir.
Durante toda su campaña, Javier Milei reprodujo los discursos de odio más despiadados y violentos y permitió que buena parte de la sociedad, que despreciaba al movimiento feminista y a la lucha por el acceso a derechos e igualdad de oportunidades, insultara, amedrentara, y violentara a mujeres y diversidades tanto por redes sociales como en la vía pública.
Toda vez que pudieron tildaron a las feministas de “mujeres con mucho resentimiento” y utilizaron a la violencia como modus operandi. Uno de los casos más emblemáticos fue el de la reconocida periodista feminista Luciana Peker, quien en diciembre de 2023 abandonó el país por las continuas amenazas que recibió tanto ella como su familia. Pero esto no terminó allí.
Hace apenas unos días, durante su presentación en Davos, el presidente señaló que: “En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico”.
Y queremos decirle señor Milei que usted no solo miente descaradamente sino que además las vidas de cientos de personas están por sobre cualquier tipo de negocio y es el Estado quien debe garantizar e igualar el acceso a derechos.
¿Quiénes se benefician y quiénes se perjudican con la Interrupción voluntaria del embarazo?
La Ley 27.610 regula la interrupción del embarazo bajo un modelo mixto de plazo y causales. Reconoce el derecho de las mujeres, adolescentes y personas con capacidad de gestar a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional sin tener que dar motivos. Esta práctica se llama interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Según datos del proyecto Mirar, 250.000 personas accedieron a un aborto legal y seguro en instituciones públicas de salud en todo el país desde que la Ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), fue promulgada el 14 de enero de 2021.
La ley también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) si es el resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante, siendo un modelo de causales con el mismo alcance vigente desde 1921 en el art. 86 del Código Penal y confirmado en el fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012.
Los últimos datos oficiales son de 2021 e indican un descenso del embarazo adolescente en un 57% desde 2005, y una baja, por séptimo año consecutivo, de la fecundidad adolescente.
La pregunta es entonces ¿por qué una persona no puede decidir sobre su propio cuerpo? ¿Qué trama oscura esconden quienes pretenden terminar con un derecho que protege la vida de las personas gestantes? ¿Qué clase de humanidad somos?
Con independencia de que el aborto sea o no legal, las personas continúan necesitando servicios de aborto y accediendo de manera habitual a ello. Poner fin a un embarazo es una situación común que no distingue clases. La muerte si.
La Secretaria General Adjunta de ATE Nacional se refirió a los intentos desde la Libertad Avanza de deslegitimar la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.
*Por Mercedes Cabezas, Secretaria Adjunta de ATE Nacional y Secretaria de Género de la CNTI/CTA
Luego de que el presidente Javier Milei amenazara a los gobernadores con “fundir” y “dejar sin un peso” a las provincias si no presionan a sus diputados para que voten en favor de la Ley Ómnibus, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) alertó que se ponen en riesgo más de 2 millones de puestos de trabajos en las provincias.
“Frente a la amenaza del Presidente de desfinanciar a las provincias, son más de 2 millones los puestos de trabajo en el sector público que están en riesgo”, informó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, y completó: “Estamos frente a un Gobierno que no sólo persigue trabajadores, sino que también amenaza y extorsiona. Esperamos que los gobernadores muestren coraje y, en defensa de sus provincias, no cedan. Su cobardía puede terminar de extinguir el federalismo en nuestro país”.
Se estima que en todo el país hay más de 3 millones y medio de trabajadores estatales, de los cuales el grueso corresponden a las administraciones provinciales, siendo 2 millones de puestos de trabajo. El resto se compone de 716 mil nacionales y 500 mil entre comunas y municipios del país.
El dirigente también evaluó lo sucedido en las últimas horas con los diputados de Tucumán que manifestaron su respaldo al proyecto de Ley Ómnibus luego de la presión del gobernador Osvaldo Jaldo: “Los gobernadores no pueden caer en la lógica que les propone el Ejecutivo Nacional de que cada uno salve su kiosco. Tenemos que pensar en todo el pueblo, y cada una de las medidas que se impulsan en la Ley Ómnibus deteriorarán de manera grave las condiciones de vida de todos, tanto trabajadores públicos como privados, sectores populares y jubilados”.
“La decisión de desfinanciar a las provincias pone en riesgo servicios esenciales como la salud, la educación y otros destinados a las franjas sociales más vulnerables del pueblo”, aseguró Aguiar y concluyó: “Cada día que pasa lo confirmamos más: este Gobierno es violento y persigue una sociedad sin Estado. Esta amenaza conduce a un sólo camino y se transformará en un búmeran porque son las provincias las que abastecen a todo el país de energía, combustible, alimentos, y todos los insumos que se necesitan para la vida diaria”.
ATE llevó a cabo este mediodía una reunión con el Diputado Esteban Paulón, dirigente político y reconocido activista por los derechos de las personas LGBTIQ+ de Argentina, en la sede del Anexo ‘A’ de la Cámara de Diputados de la Nación (Av. Rivadavia 1841, CABA).
La delegación del sindicato estuvo encabezada por Mercedes Cabezas, Secretaria Adjunta de ATE Nacional; Flavio Vergara, Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo; y Luciano Fernández, Paritario Nacional.
Durante el encuentro se planteó desde el sindicato la preocupación por los incisos dentro del proyecto de Ley que se refieren a la privatización de las empresas del Estado, la prohibición de la militancia política sindical y el desguace del Estado en particular, entre otros puntos.
“Una Ley que plantea que los trabajadores y las trabajadoras estatales no tienen que tener militancia política nos remite a las épocas más oscuras de nuestra historia, porque la militancia sindical es política. Esto se lo dijimos expresamente al Diputado y nos preocupa de sobremanera”, señaló la compañera Mercedes Cabezas.
En este sentido, la dirigenta indicó: “El proyecto de Ley plantea la criminalización de la protesta, los despidos masivos en el Estado, la precarización laboral y el desguace de las empresas. Todo esto para garantizar el ajuste y los negocios de los grupos de poder concentrado. No podemos permitirlo, y pudimos expresarlo. Por suerte encontramos buena predisposición y apoyo, y es muy alentador. Durante la movilización y el Paro del 24 enero quedó demostrada la fuerza de la unidad y, en ese sentido, Paulón coincidió en seguir en el camino de la organización colectiva y el poder de diálogo”.
Por su parte, el compañero Flavio Vergara, saludó el encuentro y dijo: “La reunión fue muy positiva. El diputado estaba muy interesado en el planteo, compartimos miradas, la intención que tienen efectivamente desde un sector del bloque es en rechazo al proyecto, cosa que nosotros celebramos y seguiremos actuando para tratar de influir en que si se llega a no lograr el rechazo y se trata en particular, suceda efectivamente la abolición de artículos que afectan y atañen a lo que tiene que ver con el empleo público y con el Convenio Colectivo de Trabajo”.
Además, el compañero Luciano Fernández opinó: “Me parece muy importante la tarea que se dio la conducción nacional de intentar, en el tratamiento particular del proyecto de Ley Ómnibus, voltear los artículos que son absolutamente perjudiciales para las y los trabajadores que nos toca representar. Particularmente para los de la Administración Pública Nacional y los de las empresas estatales que, por la Ley Ómnibus, pueden ver afectados directamente sus puestos de trabajo y las funciones de los organismos en los que trabajan”.
El Diputado Esteban Paulón celebró el encuentro y la instancia de diálogo, e indicó: “Sabemos del compromiso y que son los que hacen funcionar todos los días la máquina y la verdad es que creemos que es importante poner en valor el trabajo que hacen, porque muchas veces se estigmatiza desde distintos sectores. Parece que es inútil la tarea del Estado, parece que no es relevante, parece que da igual que estén o que no estén, y nosotros estamos convencidos de que no es así. Yo mismo soy un trabajador del Estado Municipal en Rosario pero, como funcionario en la municipalidad y en la provincia de Santa Fe, sé que mucho de lo que se logra tiene que ver con el valor agregado que ponen los trabajadores y trabajadoras estatales, así que no tenemos otra cosa más que hacer que acompañar. Entendemos que el Estado no está sobredimensionado, que puede tener mejor funcionamiento, que puede tener revisión de procesos, que permanentemente se revisa, se moderniza, se mejora, pero sin el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras nada de eso se puede lograr. Así que apoyo pleno y el compromiso de acompañar”.
Travesticidio de Alejandra Ironici
El 21 de agosto de 2023 Alejandra Ironici, militante y activista LGBTIQ+ fue asesinada de 46 puñaladas y luego quemada en Santa Fe.
Ironici fue la primera persona del país en realizar su cambio de identidad en el DNI, en 2012, y un año después se sometió a una cirugía de reasignación sexual. Su travesticidio conmovió a todo el país.
“Nosotros somos querellantes desde la ONG que presidía, porque era incompatible, junto al colectivo de abogadas lesbo-feministas. Estamos en un proceso de juicio abreviado que debería terminar en la cadena perpetua del asesino de Alejandra. Hay una discusión que nosotros planteamos que nos parece importante que sea contenido en la resolución, en el fallo, que es el concepto del travesticidio social. Te diría que es muy posible que salga a la prisión perpetua por travesticidio”, señaló Paulón.
El Diputado además agregó: “Hay alguna cuestión que nosotros planteamos, algunas medidas reparatorias que todavía estamos conversando con el Poder Judicial, pero somos optimistas. Vemos mucha apertura, aparte Alejandra era una compañera muy referente, y eso ayuda en este tipo de causas. Así que ahora hay feria, pero está todo bastante encaminado para un acuerdo, para un juicio abreviado, en el marco del sistema procesal penal de la provincia que tiene esa herramienta de condena, y en el marco del travesticidio de lograr algunas de las acciones reparativas para el colectivo que habíamos planteado”.
Rosarino, militante, trabajador, dirigente. Tanto los más jóvenes cómo sus compañeros de trabajo destacaban con admiración su compromiso por la lucha obrera. Sus amigos y familiares también reforzaban su solidaridad y cariño. Hoy, a 14 años de su fallecimiento, recordamos a Héctor Quagliaro con un inmenso cariño por llevar las banderas que hasta el día de hoy marcan el camino de ATE.
Laburante de toda la vida, el “Colorado” ingresó a los talleres del Ministerio de Obras Públicas de la Nación a los 20 años, siendo esta la piedra fundacional de su extensa militancia a partir del trabajo realizado con sus compañeros, jóvenes y no tan jóvenes, unidos con la necesidad de sindicalizarse. A partir de ahí, fue elegido Secretario General de ATE Rosario en 1959.
Se convirtió en uno de los principales dirigentes gremiales opositores a la dictadura de Juan Carlos Onganía, cuando parte de la dirigencia sindical de la época adoptó un rol colaboracionista. “Más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra”, fue una de las consignas levantadas en aquella época que derivó en el conocido Rosariazo de 1969.
Durante la Dictadura Militar de 1976 fue separado de la conducción de ATE, lo que no impidió que continúe su militancia y trabajo junto a los jóvenes que más tarde tomarían la enorme responsabilidad de recuperar el sindicato, como Germán Abdala y Víctor De Gennaro, en la fundación de la Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de ATE (ANUSATE).
Pasada esa época oscura del país, Héctor Quagliaro logra la reincorporación a su antiguo puesto de trabajo en el Distrito Inferior de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables en 1985 y, dos años después, es elegido Secretario General de ATE, cargo que ocuparía hasta 1999.
Tras un último periodo a cargo de la seccional que lo vio nacer sindicalmente, en 2003 asumió la presidencia del Centro Nacional de Jubilados de ATE y de la Federación de Jubilados de la CTA, puestos que ocupó hasta el día de su muerte el 25 de enero de 2010.
“Estamos abriendo un cauce para que lo transiten miles de compañeros que aún no conocemos”, dijo entre varias tantas frases cargadas de elocuencia. Hoy podemos afirmar que ese cauce fue abierto con éxito, que miles de trabajadoras y trabajadores de todo el país se basan en su legado para transitar estos tiempos difíciles para el país. La razón, el corazón y el espíritu de Héctor Quagliaro sigue más vivo que nunca, y está en cada palabra, en cada acción de los estatales en todo el país.
Por su lucha, por sus enseñanzas, por su legado que hoy marca el camino de las generaciones que incluso no llegaron a conocerlo, hoy lo recordamos con un especial cariño desde la Asociación Trabajadores del Estado, su hogar.
En todo el país, el Paro Nacional convocado por las centrales obreras tuvo un gran impacto, con movilizaciones en las principales ciudades, que hicieron que según los cálculos un millón y medio de personas participaran de las marchas. En el sur argentino, una de las principales actividades tuvo lugar en Santa Cruz, donde los gremios dijeron presente junto a organizaciones sociales locales en la movilización “contra el ajuste, el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus”.
“Le solicitamos a los senadores y diputados por Santa Cruz que voten en contra del DNU y la Ley Ómnibus que perjudica drásticamente al pueblo santacruceño”, sostuvo Carlos Garzón, Secretario General de ATE y de la CTA-A de Santa Cruz. En la provincia, la medida de fuerza contó con la adhesión de los gremios de la construcción (UOCRA), la minería y el petróleo, gas, y los estatales, que en horas de la tarde se concentraron en una marcha que se llevó a cabo en Río Gallegos.
“Es un Paro contundente, tanto en la administración pública como en el sector privado, la gente se está manifestando contra las políticas de ajuste del Gobierno Nacional que están recayendo sobre los sectores más vulnerables de la sociedad”, sostuvo Garzón durante la manifestación en el sur argentino. En este sentido, recalcó el pedido de votar en contra de las dos iniciativas, y dijo: “Sólo traerán más hambre para nuestro pueblo”.
Estatales
En tanto, Garzón se refirió a la situación de los estatales de Santa Cruz en un contexto donde la administración nacional busca un fuerte achicamiento del Estado Nacional, lo que tiene impacto en las provincias. “Hace unos días estuvimos en el Ministerio de Desarrollo Social por unos despidos. Por suerte, llegamos a un entendimiento con el Gobierno Provincial y están siendo reincorporados”, dijo el dirigente de ATE Santa Cruz.
Más allá de haber logrado que se declaren ilegales esas cesantías y que se busque reincorporar a esos trabajadores, desde ATE se pide “la reapertura de paritarias”. “No se aguanta más este contexto inflacionario, con el 90 por ciento de los trabajadores bajo la línea de pobreza. Rápidamente el Gobierno debe convocar a negociar salarios para recuperar su poder adquisitivo”, afirmó Garzón.
Caleta Olivia
Además de en Río Gallegos, donde la manifestación fue catalogada de “histórica” por la unidad de las tres centrales obreras, hubo otras expresiones del Paro en la provincia de Santa Cruz. En la localidad de Caleta Olivia, por ejemplo, hubo Paro y Movilización en unidad “para frenar el ajuste, el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus del Gobierno de Javier Milei”. “La Patria no se vende, los trabajadores del Estado no vamos a permitir ser la variable de ajuste de ningún gobierno”, expresó al respecto Walter Robledo, Secretario General de la Seccional local de ATE.
En la localidad se sumaron a la medida varias organizaciones, como el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia. Además, hubo marchas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. A nivel local no hubo bancos ni vuelos, entre otros servicios.
ATE San Luis, junto a las tres Centrales Sindicales CTA-A, CTA-T y CGT, las organizaciones populares nucleadas en la UTEP, Multisectoriales y Organizaciones del Pueblo Provincia de San Luis, marcharon ayer en el marco del Paro Nacional contra el DNU 70/23 y el proyecto de Ley Ómnibus presentado por el Gobierno Nacional de Milei, y también por reclamos provinciales.
Las consignas de la convocatoria en la provincia de San Luis además incluían: No al protocolo de criminalización de la protesta, inmediata recuperación de los ingresos populares frente a la escalada inflacionaria, y emergencia alimentaria.
Desde ATE San Luis además reclamaron: “Nunca más salarios en cuotas, más recursos a municipios que aseguren salarios dignos, reincorporación de despedidos y despedidas, y aumento salarial en toda la provincia”.
En San Juan, miles de personas tomaron las calles en repudio al DNU y al proyecto de Ley Ómnibus impulsados por el Gobierno del Presidente Javier Milei, así como para expresarse en contra de los despidos, el ajuste, y la crisis económica que repercute contra la vida de trabajadoras y trabajadores.
El Consejo Directivo Provincial de ATE Salta, junto a los trabajadores estatales nacionales, municipales y provinciales, así como al Centro de Jubilados de ATE Salta, se manifestaron en la capital provincial en el marco del Paro Nacional. Allí marcharon junto a las centrales obreras, CTA-A y CGT, así como a las organizaciones sociales, reclamando por el fin de las políticas de ajuste, de la desregulación de la economía, de los despidos, y del intento de privatización de las empresas del Estado.
Miles de salteños formaron varias cuadras de marcha desde la Plaza 9 de julio hasta la Plaza Güemes bajo las consignas ‘Basta de ajuste’, ‘No a los despidos’, ‘No a la Ley Ómnibus’ y ‘No al DNU’.
Al finalizar la jornada, desde ATE Salta expresaron: “Los trabajadores y las trabajadoras no somos variable de ajuste”, y exigieron a las y los legisladores nacionales que tomen nota sobre los reclamos populares en todo el país, con vistas al tratamiento del proyecto de Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación.
El primer Paro Nacional contra el Gobierno de Javier Milei tiene repercusiones en todo el país, ante las medidas de desregulación y desguace del Estado. Las centrales obreras, la Mesa Intersindical, Sindicatos, gremios, movimientos sociales y diversas agrupaciones se congregaron ayer al mediodía en el centro de Santa Rosa.
La adhesión a la medida de fuerza tuvo una notable participación sectorial, desde las organizaciones de trabajadores como ATE La Pampa y trabajadoras de la Cultura hasta espacios que agrupan a jubilados organizados, pasando por foros, cooperativas, la Intersindical estatal, multisectoriales y asambleas que se fueron encontrando en las últimas semanas.
Las referencias de todos esos sectores han remarcado el “contexto de Unidad” con la “convicción de que el único modo de evitar que éstas normas sean aprobadas en el Congreso Nacional” es la movilización popular.
El acto se resumió a la lectura de un documento elaborado en unidad y leído por las tres Centrales obreras, la mesa intersindical de gremios estatales y representantes de los movimientos sociales. el texto cita: “El plan perverso y engañoso del Gobierno Nacional, que es de tinte neofascista, viene a implementar el más rapaz de los capitalismos, viene por todos los derechos conquistados, descargando una brutal política de ajuste, desocupación y entrega sobre el pueblo y la clase trabajadora; pretende dar un golpe institucional con el Mega DNU y Ley Ómnibus, quita de derechos laborales y entrega de soberanía, favoreciendo a grandes terratenientes, petroleras extranjeras, multinacionales así como a la casta empresarial”.
Además, dice: “Milei desplegó su plan de 100 días de golpe institucional, asumiendo poderes expresamente prohibidos por la Constitución Nacional, impuso un brutal ajuste que hambrea al pueblo, elimina conquistas laborales de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, propone la privatización del ANSES, ARSAT, YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación entre las más de 40 empresas estatales que pertenecen al patrimonio nacional, es decir propiedad común de los argentinos y argentinas, desfinancia la Salud, la Cultura y la Educación, entrega de los bienes naturales, la tierra, recursos hídricos, Islas Malvinas, nuestras aguas atlánticas y la Antártida”.
El documento además sentenció: “Es por ello que no seremos espectadores pasivos mientras se deteriora la calidad de vida de la ciudadanía, afectando los derechos más básicos como la salud, la educación, el trabajo, la alimentación y la vivienda. Teniendo en cuenta nuestra Constitución Nacional en sus artículos 29 y 119; las y los Legisladores que voten a favor del DNU y la Ley Ómnibus, serán señalados como INFAMES; TRAIDORES a la PATRIA”.
El documento completo
24E – PARO Y MOVILIZACIÓN CONTRA EL DNU Y LA LEY ÓMNIBUS. LA PATRIA SE DEFIENDE.
– Las organizaciones sindicales, sociales, de la sociedad civil, políticas, ciudadanos y ciudadanas particulares, junto con las Naciones y Pueblos originarios que asistimos a la Movilización del 24 de enero expresamos nuestro rechazo absoluto a las medidas del gobierno nacional que deterioran la calidad de vida de las argentinas y argentinos.
Javier Milei asumió hace tan sólo 44 días, llegó con la premisa de terminar con la casta, pero conformó su gabinete con los ex funcionarios/as de los gobiernos de Menem, De La Rúa y Macri; Luis Caputo, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger.
El plan perverso y engañoso del gobierno nacional, que es de tinte neofascista, viene a implementar el más rapaz de los capitalismos, viene por todos los derechos conquistados, descargando una brutal política de ajuste, desocupación y entrega sobre el pueblo y la clase trabajadora; pretende dar un golpe institucional con el Mega DNU y Ley Ómnibus, quita de derechos laborales y entrega de soberanía, favoreciendo a grandes terratenientes, petroleras extranjeras, multinacionales así como a la casta empresarial.
Milei desplego su plan de 100 días de golpe institucional, asumiendo poderes expresamente prohibidos por la Constitución Nacional, impuso un brutal ajuste que hambrea al pueblo, elimina conquistas laborales de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, propone la privatización del ANSES, ARSAT, YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación entre las más de 40 empresas estatales que pertenecen al patrimonio nacional, es decir propiedad común de los argentinos y argentinas, desfinancia la salud, la cultura y la educación, entrega de los bienes naturales, la tierra, recursos hídricos, Islas Malvinas, nuestras aguas atlánticas y la Antártida.
– Este plan se puso en marcha a través de Caputo, el mismo que tomó y fugó la mayor deuda de la historia Argentina con el FMI, asumió y anuncio medidas que devaluaron el 118% de nuestra moneda, lo que impactó directamente en nuestro poder adquisitivo, y generó más inflación. Además, eliminó ministerios esenciales, e implementa aumentos en las tarifas de gas y electricidad, aumentos desmesurados de los combustibles y el transporte y elimina la obra pública generando más desocupación, más pobreza, mas indigencia, entre otras medidas regresivas.
Para garantizar este siniestro plan y lo que vendrá, la ex candidata a Presidenta y ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quién fue la que recortó el 13% a jubiladas, jubilados, trabajadoras y trabajadores estatales cuando fue parte del gobierno de la Alianza en 2001, implementó, nuevamente, el Protocolo Represivo mal llamado “anti piquetes”, a fin de reprimir la protesta social y habilitar a las fuerzas represivas a actuar sin orden judicial con la excusa de “garantizar la libre circulación”. Esta medida habilitó la represión, persecución y amenazas contra aquellos y aquellas que defendemos nuestros derechos, al incorporar una línea para denunciar anónimamente a dirigentes sindicales, políticos y políticas, así como a miembros de movimientos sociales que convocan paros y marchas, criminalizando la protesta social y pretendiendo poner de rodillas a la clase trabajadora.
La Ley Ómnibus junto al DNU son una reforma institucional de facto y ambos vienen a amputar los derechos y las conquistas sociales de los trabajadores y trabajadoras.
Es por ello que no seremos espectadores pasivos mientras se deteriora la calidad de vida de la ciudadanía, afectando los derechos más básicos como la salud, la educación, el trabajo, la alimentación y la vivienda. Teniendo en cuenta nuestra Constitución Nacional en sus artículos 29 y 119; las y los Legisladores que voten a favor del DNU y La Ley Ómnibus, serán señalados como INFAMES; TRAIDORES a la PATRIA.
En una Argentina en la que la canasta básica para una familia es de más de 500 mil pesos, el presidente sigue pulverizando la calidad de vida de la clase media, trabajadores, trabajadoras, ocupados, ocupadas, desocupados y desocupadas, así como jubilados y jubiladas avasallando una inmensa cantidad de derechos conquistados y fortaleciendo la Argentina desigual.
Las desregulaciones del mercado, la eliminación de control de precios a alimentos, prepagas, desfinanciamiento a obras sociales, la derogación de la ley de alquileres, la habilitación de la venta libre de medicamentos fuera de la farmacia, la liberación de precios de combustibles, entre otras medidas sólo habilitan el enriquecimiento de unos pocos a costa de la pobreza de muchos, favoreciendo, además, la extinción de la industria nacional, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y cooperativas.
Se elimina el derecho social a la educación pasando la misma a ser un servicio esencial, permitiendo, además, que la educación no sea presencial y se realice en forma híbrida: virtual y presencial desde 4to grado, se pretende avanzar sobre evaluaciones docentes cada 5 años y se mercantiliza la educación.
Se pretende liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES siendo este recurso el que garantiza los haberes futuros de jubilados y jubiladas nacionales, activos/as aportantes y beneficiarios/as de ANSES, y es apetecido desde siempre por los grupos económicos más poderosos.
Se ataca a la cultura cerrando FNA (Fondo Nacional de las artes) y el Instituto Nacional del Teatro, desfinanciando el INAMU (Instituto Nacional de la Música), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), entre otras medidas. La cultura no se importa, la cultura la hace el pueblo.
Este gobierno ya arremetió contra la sostenibilidad económica de cientos de medios cooperativos, comunitarios y empresas pymes recortando a cero la pauta publicitaria y los fomentos concursables. De este modo, pone en riesgo miles de puestos de trabajo, a la vez que pretende declarar esencial la actividad, dejando sin derecho a huelga a quienes desde hace años perciben sueldos por debajo de la línea de pobreza, lleva adelante, además, la persecución de compañeros y compañeras que integran y hacen las 49 emisoras de Radio Nacional, extendidas a lo largo de todo el país, la Televisión Pública y Télam. Amenaza con desguazar y mal vender el sistema de medios públicos, nuestras históricas empresas de bandera.
Es fundamental proteger los criterios de verdad y transparencia en un contexto donde las fakenews y las operaciones contra las y los líderes populares representan la estrategia regional para atentar contra la democracia y la soberanía de nuestro pueblo. Sin trabajadores y trabajadoras de prensa, sin medios comunitarios, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no se garantiza el derecho humano a la información.
Afirmamos que este gobierno es profundamente negacionista porque niega el genocidio de la última dictadura cívico-militar, la peor masacre humanitaria de nuestra historia reciente, niega la historia de nuestras luchas populares que consolidaron una argentina con más justicia social, niega el conocimiento científico, el calentamiento global y sus consecuencias, niega tanto la perspectiva como la inequidad de género, y, reivindicando a Roca y a Sarmiento niega el genocidio de la Campaña al Desierto hacia los pueblos preexistentes, y por último, niega la constitución nacional como pilar fundamental de nuestra convivencia democrática.
El gobierno actual niega, además, la violencia y desigualdad por motivos de género, desconoce el impacto en la vida de las mujeres y disidencias sobre la violencia de género en una Argentina donde en 2023 se registró un femicidio cada 28 hs., se modifica la ley de los «mil días», eliminando toda referencia a diversidad, género y «persona gestante». Se introducen definiciones como «hijo por nacer» o «vida desde la concepción», lo que representa un retroceso de las legislaciones vigentes. Además, se limita la Ley Micaela de capacitación obligatoria en los tres poderes del Estado, reduciéndola a cuestiones de violencia intrafamiliar, sumado a que se limitan derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y se han eliminado desde nación los programas de acompañamiento.
Hoy nos cercenan nuestros derechos, nos amenazan, persiguen y criminalizan.
Hoy para el gobierno nacional no somos “argentinos de bien” por organizarnos y luchar. Hemos pasado tiempos muy oscuros y somos un pueblo que tiene memoria, que ha luchado por la verdad y la justicia, y que esta vez tampoco se rendirá sin luchar.
El Poder ejecutivo nacional no sólo desoye los reclamos que expresamos diariamente desde diversos sectores que vemos nuestros derechos vulnerados en todos los aspectos sino que nos amenaza con ajustes “más brutales” es por ello que rechazamos y enfrentamos con fervor e indignación las propuestas normativas del Poder Ejecutivo Nacional, no nos quedaremos de brazos cruzados frente a un gobierno que quiere que el Congreso le delegue facultades extraordinarias sin ningún tipo de control ni transparencia. Pasados 40 años de democracia, a la deuda que ésta aún tiene con el pueblo trabajador, no podemos sumar la pérdida de nuestra calidad republicana ni aceptar la criminalización de la protesta.
Reivindicamos a la EDUCACION y a la UNIVERSIDAD PÚBLICA, LAICA, GRATUITA, FEMINISTA y DE CALIDAD, como derechos inalienables y fundamentales. Rechazamos categóricamente su arancelamiento para argentinos, argentinas y personas extranjeras. No sólo bregamos por mejoras salariales y condiciones laborales, sino también por el aumento del presupuesto destinado a universidades para la mejora en la calidad del sistema universitario nacional. Sin ciencia y sin universidades nacionales NO HAY FUTURO.
Por todo esto, repudiamos las amenazas, persecución y represión, contra el pueblo, así como los descuentos, quita y eliminación de planes sociales que sostienen, además, comedores y merenderos a lo largo y ancho del país, despidos arbitrarios tanto en el estado nacional como privados. Decimos no a la criminalización de la protesta. No a la Ley Ómnibus, Abajo el DNU.
SEÑOR PRESIDENTE, LA CASTA NO SOMOS LA CLASE TRABAJADORA, NO SOMOS LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, NO SOMOS LAS NACIONES Y PUEBLOS ORIGINARIOS, NO SOMOS LOS EMPRENDEDORES y EMPRENDEDORAS, NO SOMOS LAS Y LOS COOPERATIVISTAS, NO SOMOS LAS JUBILADAS Y JUBILADOS, LAS PENSIONADAS Y PENSIONADOS, NOS SOMOS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NI CIENTÍFICOS Y CIENTÍFICAS.
EXIGIMOS A NUESTROS LEGISLADORAS Y LEGISLADORES QUE VOTEN EN CONTRA DEL DNU Y LA LEY ÓMNIBUS POR UNA PATRIA LIBRE, JUSTA Y SOBERANA, PARA EL BENEFICIO Y BUEN VIVIR DE TODO EL PUEBLO DE ESTA GLORIOSA NACIÓN. LA PATRIA NO SE VENDE, LA PATRIA SE DEFIENDE. ¡VIVA LA PATRIA!
Durante la mañana de hoy miembros de Consejo Directivo Provincial de ATE Jujuy, acompañados por miembros de la Seccional de ATE El Carmen, fueron recibidos por el nuevo Ministro de Hacienda Federico Cardozo y equipo que lo acompaña.
A la reunión se llevó una presentación con la exigencia de urgente convocatoria a Paritarias, el reclamo de los despedidos en municipios, el pedido de continuidad de pase a contratos de capacitadores, la continuidad de todos los contratos Covid-19 y estabilidad laboral para todas y todos los trabajadores, el rechazo al congelamiento de los pase a Planta Permanente, y la exigencia de participación e información sobre la aprobación de la Ley que trata lo salarial en Salud y circulares de fiscalía de Estado, entre otros reclamos.
