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“No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”, Simone de Beauvoir.

Durante toda su campaña, Javier Milei reprodujo los discursos de odio más despiadados y violentos y permitió que buena parte de la sociedad, que despreciaba al movimiento feminista y a la lucha por el acceso a derechos e igualdad de oportunidades, insultara, amedrentara, y violentara a mujeres y diversidades tanto por redes sociales como en la vía pública.

Toda vez que pudieron tildaron a las feministas de “mujeres con mucho resentimiento” y utilizaron a la violencia como modus operandi. Uno de los casos más emblemáticos fue el de la reconocida periodista feminista Luciana Peker, quien en diciembre de 2023 abandonó el país por las continuas amenazas que recibió tanto ella como su familia. Pero esto no terminó allí.

Hace apenas unos días, durante su presentación en Davos, el presidente señaló que: “En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico”.

Y queremos decirle señor Milei que usted no solo miente descaradamente sino que además las vidas de cientos de personas están por sobre cualquier tipo de negocio y es el Estado quien debe garantizar e igualar el acceso a derechos.

¿Quiénes se benefician y quiénes se perjudican con la Interrupción voluntaria del embarazo?

La Ley 27.610 regula la interrupción del embarazo bajo un modelo mixto de plazo y causales. Reconoce el derecho de las mujeres, adolescentes y personas con capacidad de gestar a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional sin tener que dar motivos. Esta práctica se llama interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Según datos del proyecto Mirar, 250.000 personas accedieron a un aborto legal y seguro en instituciones públicas de salud en todo el país desde que la Ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), fue promulgada el 14 de enero de 2021.

La ley también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) si es el resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante, siendo un modelo de causales con el mismo alcance vigente desde 1921 en el art. 86 del Código Penal y confirmado en el fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012.

Los últimos datos oficiales son de 2021 e indican un descenso del embarazo adolescente en un 57% desde 2005, y una baja, por séptimo año consecutivo, de la fecundidad adolescente.

La pregunta es entonces ¿por qué una persona no puede decidir sobre su propio cuerpo? ¿Qué trama oscura esconden quienes pretenden terminar con un derecho que protege la vida de las personas gestantes? ¿Qué clase de humanidad somos?

Con independencia de que el aborto sea o no legal, las personas continúan necesitando servicios de aborto y accediendo de manera habitual a ello. Poner fin a un embarazo es una situación común que no distingue clases. La muerte si.

La Secretaria General Adjunta de ATE Nacional se refirió a los intentos desde la Libertad Avanza de deslegitimar la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.

*Por Mercedes Cabezas, Secretaria Adjunta de ATE Nacional y Secretaria de Género de la CNTI/CTA

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