El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció penalmente al presidente Javier Milei y el resto de funcionarios involucrados en la redacción del mega decreto por los delitos de abuso y usurpación de autoridad, y de traición a la Patria.
“La ley penal vigente en nuestro país castiga a todo funcionario que dicte una resolución contraria a la Constitución y las leyes. En este caso, la conducta tanto del Presidente como de todas aquellas personas involucradas en la redacción del DNU se encuentran encuadrados en este accionar”, señaló Aguiar quien firmó la denuncia.
El dirigente indicó que “por más que se trate del Presidente, no puede arrogarse facultades extraordinarias o pretender la suma del poder público”. “Eso también está penado”, apuntó.
“No sólo estamos frente a un caso de abuso de la autoridad, sino que además el Ejecutivo pretende arrogarse facultades propias de los otros poderes. Por eso el delito también podría ser tipificado como una usurpación de título”, agregó Aguiar.
En este sentido, el dirigente concluyó: “Luego de hacer un estudio pormenorizado con todos nuestros asesores jurídicos, y bajo el convencimiento que las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo que están afectando a toda la ciudadanía son ilegales, hemos decidido hacer esta presentación”.
La denuncia enviada a la Justicia exige que se investigue al Presidente, como así también a todos aquellos funcionarios que hayan estado involucrados en el armado del DNU 70/2023, por:
• Abuso de Autoridad, previstos y reprimidos en el art. 248 del C.P.,
• Usurpación de Autoridad (art. 243, inc. 3, del C.P.)
• Delito tipificado en el art. 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su gobierno.
El escrito también detalla que mediante el DNU no tiene por objetivo afrontar la solución coyuntural y transitoria de una situación de emergencia en circunstancias excepcionales, sino que busca establecer un nuevo rumbo social y económico para el país de forma permanente. De este modo, “el Poder Ejecutivo se ha arrogado facultades extraordinarias y facultades equivalentes a ejercer la suma del poder público”, detalla la denuncia penal firmada también por el referente de Unidad Popular, Claudio Lozano, y el Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo Godoy.
