Dos asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad con diferencia de cinco días y 1700km de distancia vuelven a poner en discusión cómo se construyen los discursos de odio, la impunidad, el gatillo fácil y quiénes son las víctimas. ¿Hasta cuándo seguirán actuando impunemente? Reflexiones de cómo se construye un sujeto peligroso y quiénes custodian los territorios.
Elías Garay, joven mapuche de 29 años fue asesinado y murió a la brevedad, otro compañero quedó herido de gravedad. Un nuevo episodio de violencia sacudió a las comunidades indígenas de la Patagonia que buscan recuperar sus territorios originarios. Esta vez, el ataque fue en El Bolsón, cuando dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron al predio de Cuesta del Ternero. Allí la comunidad mapuche Quemquemtrew sostiene un asentamiento destinado a recuperar un territorio ancestral.
“Los mapuches son víctimas y no victimarios como algunos intentan mostrar. La muerte de Elías Garay riega de sangre una cordillera que se extranjeriza a punta de pistola. No se trata de un conflicto Mapuche, estamos frente a una lucha por el territorio. Siempre están detrás los intereses inmobiliarios millonarios. Sobre Cuesta del Ternero, lugar donde fue fusilado Elías, actualmente actúan numerosas inmobiliarias que tienen a su cargo la venta de esas tierras”, señala Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto de ATE Nacional.
El conflicto por la tierra no puede separarse del grave problema que existe en la provincia de Río Negro en relación al acceso a la tierra y a la vivienda digna: la provincia tiene 205.000 kilómetros cuadrados de territorio y 700.000 habitantes. Es decir que podrían vivir 3 personas por kilómetro cuadrado, pero sin embargo hay 175.000 familias que no tienen donde vivir.
En Barracas, Capital Federal, el 17 de noviembre, tres policías de civil asesinaron de un balazo en la cabeza a Lucas González, un adolescente de 17 años que volvía de entrenar con dos amigos en el auto de su papá. Fueron interceptados por policías de civil que no dudaron en disparar.
“Históricamente, adolescentes, jóvenes, de sectores populares han sido estigmatizados no solo por la policía, sino también por grupos y sectores de la sociedad que sostienen uno de los prejuicios más arraigados y asociados a la pobreza: son violentos, vagos y consumen drogas y alcohol, construyendo así la imagen de potenciales “delincuentes”. El macrismo en el marco de la brutal ofensiva neoliberal que caracteriza esa etapa, agudizó la crueldad con que fueron y son representadxs adolescentes y jóvenes de sectores populares, utilizadxs también para sostener sus discursos de odio, que tienden por medio del aparato represivo y la violencia destruir a un otrx, apoyándose en construcciones imaginarias”, indica María José Cano, Directora del Departamento Derechos de los Pueblos.
En lo que va del año, la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) registró más de 400 muertes a manos de las fuerzas represivas del Estado en todo el país.
“El marcado componente de discriminación y prejuicio clasista, que por fuera de las diferencias económicas, expresa también un fuerte rechazo hacia toda aquella persona que se encuentra en situación de desventaja, conformando y fogoneando un discurso de odio absurdo, generalizado, exagerado y simplificado hacia pibes y pibas”, indica Cano.
Y en este sentido Aguiar agrega: “A la muerte de Garay la generaron los discursos del odio. Sostener que los mapuches son terroristas, no es más que una estrategia de deslegitimación de una lucha justa”.
La pregunta entonces circula en torno a quiénes deben hacerse responsables o bien cómo es que las fuerzas de seguridad actúan una y otra vez impunemente, en distintos contextos y territorios, ¿a quiénes son funcionales? ¿quiénes avalan este tipo de prácticas?
“En Río Negro, la zona del crimen estaba custodiada por la policía rionegrina y la vigilancia era muy estricta. ¿Cómo se explica que nadie podía pasar para llevar alimentos a las familias que permanecían en el lugar, pero si ingresaron dos personas a matar? Los gobiernos en la Argentina sistemáticamente se han negado a reconocer la existencia de un genocidio sobre los pueblos originarios. En realidad, el conflicto tiene que ver con lo que todavía está oculto en la historia oficial”, señala el Secretario Adjunto de ATE.
“Las representaciones y odio transmitido en distintos discursos en la esfera pública, con el objetivo de sostenerse y diferenciarse de determinados grupos o sectores de la sociedad, refuerzan activan y legitiman la violencia policial. Consecuentemente la penetración de esas representaciones y discursos en el sentido común, impregnan y abonan a una construcción que no hace más que debilitar la convivencia democrática, justificar la violencia y la privación del ejercicio de derechos. Creo que a eso, si son funcionales, con la consecuente responsabilidad que implica y que están lejos de hacerse cargo”, reafirma Cano.
¿Cómo se revierte esta situación? ¿Quién nos cuida de las fuerzas de seguridad? Ambos dirigentes coinciden en que la salida es colectiva: más lucha y organización, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego.
“Hasta que la lucha no se multiplique, las armas asesinas seguirán en manos de fuerzas de seguridad oficiales o privados particulares dispuestos a matar a los pobres que tengan la osadía de buscar un pedazo de tierra para ver crecer a sus hijos”, esgrime Aguiar
Por su parte, la dirigente sentencia: “Es necesario avanzar colectivamente para prevenir y seguir contrarrestando la circulación del discurso de odio. Es crucial poner un freno, ya que es determinante en la disputa de sentido que se da permanentemente en nuestra sociedad”.
