Por Hugo «Cachorro» Godoy, Secretario General de ATE y Adjunto de la CTA-A
Desde la CTA Autónoma y junto a miles de compañeras y compañeros de diferentes organizaciones de todo el país presentamos el miércoles 15 una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) or ser la estafa más grande de la historia de la deuda pública de Argentina.
Tomamos como fundamentos las denuncias penales presentadas por Claudio Lozano, Director del Banco Nación y Jonathan Valdivieso; la del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNeR) y el decreto presidencial 239/2021 por el cual se instruyó al Procurador General a que se presente como querellante.
En todas estas causas hay visibles evidencias de las irregularidades cometidas por los funcionarios de Cambiemos, que gobernaba por aquel entonces, para tomar el crédito de USD 57.000 millones violando hasta el propio estatuto del organismo internacional.
En diferentes instancias, la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y el Banco Central explicaron y detallaron con argumentos sólidos que dichos procedimientos no contaron con la “autorización suficiente”, que con “las ventas de divisas se obtuvieron enormes ganancias” y que se facilitó la “fuga de capitales”. Todo un entramado que se diseñó sin pasar por el Congreso de la Nación.
Por qué recurrimos a la CIDH
La preocupación que asumimos este acumulado de organizaciones es que el Gobierno avance pese a que haya manifestado la inconstitucionalidad del acuerdo entre el macrismo y el FMI, pero que de todos modos se pretende avanzar con uno nuevo. Porque convalidar la deuda es legalizar una estafa titánica que recaerá sobre el pueblo argentino.
La presentación de la medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos permite disponer de derechos y oportunidades, de normas y cartas orgánicas que nos amparan, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y del Desarrollo Progresivo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Instancias que nos permiten recurrir para que aquel acuerdo alcanzado por el gobierno de Macri, y que permitió la fuga de USD 86 mil millones, quede en manos de la justicia con el fin de que se demuestre que esas prácticas terminaron en mayor desempleo y deterioro en la distribución del ingreso.
Firmar un acuerdo en estas condiciones sería convalidar las irregularidades e ilegalidades mencionadas. Nuestro planteo es concreto: las deudas se pagan, las estafas no, por eso es imprescindible que la justicia se pronuncie antes de rubricar un nuevo acuerdo.
A continuación, la presentación:
