La ATE Mendoza manifestó su postura contraria a una
futura norma de Educación que busca aprobar el Gobierno, sin el consenso
necesario de los trabajadores del sector y los sindicatos que los representan. “Las
bases arden porque la patronal no quiere abrir paritarias, pero si se atreve a
presentar modificaciones estructurales que atentan contra el sistema educativo
público que posee la provincia de Mendoza”, denunció el gremio.
Para ATE se trata de un sistema que se sostiene por el
constante y desgastante esfuerzo de docentes de todas las áreas y niveles, que
con el mismo salario del año pasado le hacen frente a la crisis sanitaria,
económica y social que genera la pandemia del COVID 19 y la falta de políticas
sustentables.
“No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar
contra los derechos de los trabajadores de la Educación. Sin ir más lejos,
podemos recordar el nefasto Ítem Aula que impulsó el ex gobernador Alfredo
Cornejo, a través de distintos decretos que también otorgaron aumentos salariales
en baja”, dijeron desde el gremio, antes de agregar que durante estos últimos
años, “la resolución N° 530 de Educación Superior implicó severos cambios en
ese mismo nivel que perjudicaron a numerosas instituciones educativas. Esta
medida también fue ampliamente rechazada por la sociedad y la clase trabajadora”.
No obstante, esa resolución fue implementada contra la voluntad popular, cuando
la Dirección de Educación Superior intervino los institutos que se negaron a
aplicarla.
Por estas razones, no sorprende pero sí indigna que
esta nueva ley inconsulta aparezca en estos momentos de pandemia, sin aportes
de los docentes, que una vez más padecen el accionar arbitrario y unilateral
característico del Gobierno en estos últimos años. Se trata de una ley que
presenta muchos puntos negros y grises, que ya generan mucho revuelo en la
comunidad educativa.
Uno de esos puntos es la municipalización de los
jardines maternales. El mencionado proyecto de Ley plantea que sean las
municipalidades las que se encarguen de administrar los jardines maternales,
tanto financiera como pedagógicamente. Esta posibilidad que se les otorga a los
municipios abre una gran brecha, ya que aquella comuna que tenga mayores
ingresos podrá tener más cantidad de jardines maternales y en mejores
condiciones, en detrimento de aquellos municipios que tengan recaudaciones
inferiores. Es decir que según el departamento que una familia opte para vivir,
contará con la posibilidad de mandar a sus hijos a un jardín de privilegio u a
otros que indefectiblemente, no lo serán.
Al margen de esto, el proyecto de Ley señala que se
busca la universalización de las salas de 3 años. Estas salas están cubiertas
por los jardines maternales, que contienen niños que van desde los 45 días
hasta los 3 años.
Para cumplir con esa universalización se necesita
inversión, porque para que todos los chicos de 3 años puedan comenzar su
trayectoria escolar, las escuelas deben estar preparadas. Sobre todo, después
de lo que pasó cuando se trató de universalizar las salas de 4 años: ante la
falta de infraestructura adecuada, los gobiernos intentaron poner parches
mediante la creación y ampliación de módulos para cubrir esa necesidad.
“Si la idea es universalizar la edad de las salas,
creemos que primero debe destinarse la inversión en preparar y construir más
infraestructura que ayude a solventar la gran demanda y falencias que existen.
Posibilidades que obviamente plasmarán aquellos municipios que cuenten con
recaudaciones superiores. Los que no, no podrán cumplir con esa
universalización y pasarán a formar parte de las inmensas desigualdades que
fomenta esta casta de gobernantes neoliberales”, subrayó el CDP.
Sin dudas, son desigualdades que se concretarán con el
pase a la esfera municipal de los jardines maternales, con una clara muestra
más de vulneración de derechos de los trabajadores de la Educación.
En la actualidad existen jardines que tienen subsidios
del Estado y pertenecen a ciertos municipios, los cuales realizan contratos
laborales ilegales a directivos y docentes, según el parecer de cada jefe
comunal. Esto imposibilita que los trabajadores puedan pasar a planta
permanente del Estado, porque quedan sujetos a la voluntad política de los
patrones de estancia que administran las municipalidades. Los más visible son
los “avasallamientos patronales que atentan contra la estabilidad laboral, como
los que también plantea este proyecto de Ley cuando se refiere a la
revalidación de cargos directivos superiores cada siete años, cuyos
trabajadores accedieron mediante concursos abiertos”.
Otro punto de inflexión que contiene este polémico
proyecto radica en la denominación de los Centros de Capacitación para el
Trabajo (CCT) como educación no formal. Este planteo deja de lado la existencia
de los CCT. Durante estos últimos años, la comunidad educativa asistió a estos
cambios paulatinos que aplicaron los gobiernos con importantes reducciones y
cierres de lugares, que imposibilitaron el acceso a jóvenes y adultos en la
búsqueda de una formación netamente técnica y práctica, que les permitiera conseguir
un oficio laboral.
Este cambio puntual de denominación lleva consigo la
desfinanciación de los CCT, que también dejaría fuera del sistema a docentes
titulares, suplentes y demás personal que hoy trabaja en esos centros
educativos.
A grandes rasgos, estos son los aspectos que el equipo
de Educación de ATE Mendoza manifiesta contra el proyecto de Ley Provincial de
Educación que impulsa el director general de escuelas, José Thomas:
– Porque se plantea en contexto de pandemia, lo que
dificulta un tratamiento colectivo y reflexivo del mismo.
– Porque no ofrece respuestas a las necesidades
educativas reales de la provincia.
– Porque se presenta bajo un panorama de precarización
laboral, sin ingreso a la docencia; sin concursos de concentración y traslado;
sin paritarias; y con una OSEP colapsada.
– Porque le arroga al director general de escuelas el
poder de modificar en forma inconsulta el Estatuto Docente.
– Porque minimiza el deber del Estado de garantizar el
presupuesto educativo, sueldos en blanco y remunerativos, consensuados en
paritarias, que garanticen el mínimo vital y móvil.
– Porque reduce el deber del Estado en cuanto a garantizar
infraestructura, higiene y seguridad.
– Porque abre el camino al autofinanciamiento
educativo.
– Porque desconoce al estudiante como sujeto activo,
con responsabilidad en su propio proceso de aprendizaje.
– Porque asocia de manera exclusiva el aprendizaje de
los alumnos al desempeño docente, estableciendo criterios de eficacia para la
evaluación de estos últimos.
– Porque establece criterios de compromiso y logro en
la carrera profesional docente, en lugar de criterios académicos y
apartidarios.
– Porque abre el camino a la censura en el uso de
redes sociales y medios virtuales de los docentes, alienta la denuncia entre
pares, desconociendo su derecho a la libre expresión y privacidad.
– Porque no reconoce fines educativos relativos a la
educación artística, las ciencias sociales, la salud física y psicológica.
– Porque amplía el derecho a la educación y a las
herramientas disponibles, pero no prevé la creación de cargos ni el pago de
horas cátedra para gestionar dichas herramientas.
– Porque desconoce el derecho de autor de los docentes
sobre sus propios materiales educativos.
– Porque impulsa una educación digital, con mejora del
equipamiento y conectividad, pero no la garantiza, lo que da lugar al
financiamiento particular por parte de los miembros de la comunidad educativa
(licencias, acceso a internet y dispositivos), aumentando la brecha educativa
por factores socioeconómicos.
– Porque invisibiliza a actores indispensables de la
comunidad educativa, como preceptores y miembros del servicio de orientación.
– Porque invisibiliza a las Juntas Calificadoras.
– Porque restringe el derecho de los estudiantes a
participar de proyectos educativos.
– Porque contiene enunciados ambiguos que favorecen la
aparición de vacíos legales.
– Porque la redacción es ambigua en cuanto al alcance
de la normativa vigente.
– Porque propone la evaluación externa, la cual
persigue fines y tiene en cuenta variables ajenos a la educación local, lo que
distorsiona los datos relevados.
