El
secretario General de ATE Chaco, Mario Bustamante, y la secretaria Administrativa,
Andrea Azzetti se reunieron, con el secretario de Municipios de la Provincia,
Rodrigo Ocampo, para avanzar en la denuncia contra el intendente de Corzuela,
Rafael Carrara, por violencia laboral, psicológica y persecución política,
agravada por razones de género, contra trabajadoras municipales, nucleadas en
el sindicato.
De
esta manera continúan las gestiones del sindicato, iniciadas la semana pasada
en una reunión con la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y la secretaria de
Derechos Humanos Silvana Pérez para la intervención del Poder Ejecutivo en el
conflicto municipal, a fin de abordar de manera conjunta una solución definitiva.
“Ratificamos
la importancia de la intervención del Ejecutivo provincial, como garante de los
derechos laborales, y de los derechos humanos de todas las personas que habitan
en el territorio provincial, interviniendo en las relaciones de poder, a través
de las cuales una persona, extralimitándose en sus atribuciones, ejerce
violencia hacia otras personas”, señaló Bustamante.
En
este sentido, el sindicato avanzó con Ocampo en la propuesta ya trabajada con
la vicegobernadora y la secretaria de DDHH y le solicitó la urgente
intervención para exigir, por su intermedio, al intendente Carrara que cese
inmediatamente la violencia que ejerce, con claro ensañamiento político y de
género, contra las trabajadoras municipales. Ocampo se comprometió a contactar
durante esta misma jornada al intendente para comenzar todas las gestiones
pertinentes y elevar al Municipio un informe basado en los documentos
presentados por la Secretaría de Derechos Humanos.
“Necesitamos
el máximo compromiso y accionar del Poder Ejecutivo, la vicegobernadora ya se
comprometió a acompañar el reclamo y articular todas las acciones necesarias
para frenar la violencia institucional de Carrara contra las trabajadoras, en
tanto es clave la intervención de la Secretaría de Municipios, como nexo, entre
el gobierno y los municipios, para canalizar las denuncias y abordar una
solución que restituya los derechos violados sistemáticamente a las
trabajadoras”, resaltó.
El
sindicato advirtió que la violencia hacia las trabajadoras, ejercida por
Carrara, se sostiene en la complicidad de un grupo de apoyo del intendente para
concretar la persecución laboral, psicológica e ideológica que derivó en un
enorme daño emocional y psicológico de las trabajadoras.
“Todo
este accionar violento es ejecutado y sostenido también en complicidad de
varios colaboradores que las difaman, agreden, insultan y amenazan
constantemente al punto en el que no quieren ni pueden andar solas”, explicó.
La
situación denunciada por ATE es por trabajadoras municipales de Corzuela
representadas por la delegada Gisela Lorena Íbalo, que vienen sufriendo el
hostigamiento, la persecución política, laboral y violencia económica desde
2015, pero la situación se agravó a fines del año pasado luego de que el
intendente Carrara resultara electo en las elecciones Municipales en las que
las trabajadoras apoyaron públicamente a otro candidato.
A
parir de allí, les negó el ingreso al edificio municipal donde cumplían
funciones, y las trasladó a los lugares más inhóspitos a cumplir horas, sin
ninguna otra función, más que padecer la falta de condiciones dignas que la ley
establece que se deben garantizar a todo trabajador y trabajadora. Han tenido
que cumplir horas en un galpón con desechos y basura, donde una de ellas fue
picada por un alacrán; en el cementerio donde las quiere volver a afectar, que
está ubicado en una zona muy insegura, alejada del centro de la ciudad, para lo
cual dependen de un vehículo municipal para ir y volver, que ya las ha dejado
abandonas en ese lugar y han padecido hechos de inseguridad y violencia,
sumamente traumáticos.
Actualmente
cumplían horas en el patio del Municipio, a la intemperie con bajas
temperaturas y ante una pandemia por coronavirus. Al principio tenían un
banquito para sentarse pero ante la queja de las trabajadoras, de castigo, les
sacó el banquito, y manda a mojar el piso para que ni siquiera se puedan sentar
un ratito en el piso.
“Con
una actitud paternalista y patriarcal las puso en penitencia por apoyar la
candidatura de otro candidato, con total impunidad e irresponsabilidad, en
plena pandemia por coronavirus, cuando más tenemos que proteger la salud y la
capacidad de los hospitales y centros de salud, las obliga a cumplir horario,
sin funciones, al aire libre con temperaturas muy bajas en la intemperie,
exponiendo su salud”, remarcó Bustamante.
Las
compañeras tienen que permanecer paradas toda la jornada esperando que el
tiempo pase para volver a su casa, para conservar el empleo del que ya fueron
amenazadas que serán despedidas, sin justa causa, luego de la pandemia. Además,
a dos de ellas les quitó la recategorización ejerciendo también un daño
económico, de manera totalmente arbitraria e ilegítima. “Utiliza el poder para
dañar moral, psicológica y económicamente a mujeres que están en una situación
de inferioridad es violencia de género y no podemos permitirla”, concluyó el titular
del CDP.
