Mes: junio 2020

Esta convocatoria a paritaria es el resultado de una serie
de reuniones con Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Gestión y Empleo Público
en donde ATE planteó la urgente necesidad de recomponer el salario brutalmente
recortado por el macrismo y al que el sindicato siempre se opuso.

A la crisis económica con la que se inició el año se suma
una crisis socio-sanitaria mundial provocada por la pandemia del Covid-19 que
pone la discusión paritaria en un lugar muy complejo.

De la reunión participaron, como representantes del Estado
empleador, por la Jefatura de Gabinete de Ministros, Gastón Suárez; por la
Subsecretaría de Empleo Público, Mariano Boiero y Mauro Palumbo; y por el
Ministerio de Economía, Florencia Jalda. Por la Asociación de Trabajadores del
Estado participaron los Paritarios Nacionales Flavio Vergara y Pablo Spataro,
la Secretaria de Organización a nivel nacional Mercedes Cabezas y la asesora
jurídica, Mariana Amartino. La representación de UPCN fue integrada por Felipe
Carrillo y Diego Gutiérrez Conde.

Durante la reunión se plantearon los siguientes puntos: Los
acuerdos logrados en desactivar el régimen de Alta Dirección Pública construido
por el macrismo para dejar a sus CEOs en los cargos de conducción del Estado; darle
continuidad al premio estímulo por asistencia y planteando su revisión para
liberar el régimen de licencias de coerción económica; sostener la convocatoria
interna como modo de regularizar empleo incluyendo por primera vez a los
profesionales; aprobar licencias y franquicias como la de adaptación escolar
por menor a cargo, por acto o trámite escolar y la de integración familiar de guarda
con fines de adopción.

Todas estas cuestiones, que son importantes, resultan sólo
una parte del acuerdo necesario. Por eso ATE reclamó por la urgente
convocatoria a una nueva mesa paritaria para resolver la urgente recomposición
salarial; por la construcción de un nuevo régimen de licencias democrático, con
perspectiva de género y libre de coerción económica; por la actualización de
gastos por guardería, por movilidad y por horas extraordinarias; por la equidad
de derechos a los trabajadores esenciales; por el cotejo de padrones; y por la
reincorporación de las compañeras y los compañeros injustamente despedidos por el
macrismo.

En el acuerdo queda planteado que, dentro de los próximos 15
días y en el transcurso del mes, se volverán a reunir las partes para tratar
todos estos temas que hacen a las condiciones dignas de trabajo de las
compañeras y compañeros.

A
continuación se presenta el informe completo confeccionado por el Instituto de
Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) de ATE sobre la situación salarial
del SINEP en medio de la crisis del Covid-19. Equipo de trabajo: Horacio
Fernández, Ignacio López Mieres, Claudio Lozano y Ana Rameri.

La situación salarial en el SINEP
en medio de la crisis del Covid-19

La
pandemia del Coronavirus llega después de la pandemia macrista en el Estado.

La crisis que impone la pandemia del COVID-19 y la
necesaria implementación de una cuarentena obligatoria se hace sentir sobre
todos los aspectos de la vida económica y social. La misma implicó el cese de
casi la totalidad de las actividades productivas, así como la imposibilidad de
asistir a los lugares de trabajo. Como consecuencia, se está produciendo una fuerte
caída de la actividad que conlleva una depresión simultánea en la oferta y la
demanda, debido a que no hay producción y la gran mayoría de las empresas no
puede afrontar el pago de los salarios, lo cual deprime al consumo. De modo
que, para intentar contener los efectos económicos y sociales que tiene la
cuarentena, el Estado debió desplegar una batería de medidas destinadas tanto a
la asistencia de las empresas como de los trabajadores. Sin embargo, se
evidencian las serias limitaciones que posee el Estado argentino para desplegar
esta asistencia, debido al daño sufrido durante los cuatro años de pandemia
macrista, en donde se puso al Estado al servicio de los acreedores y de los
amigos del poder.

Desde diciembre de 2015, el gobierno de Cambiemos
encaró un proceso de brutal endeudamiento público, cuyos servicios de capital e
interés llegaron a ser el equivalente al 100% de los recursos tributarios del
año 2019. Ese proceso solo fue posible gracias a los sistemáticos recortes del
presupuesto nacional que impusieron el despido de 41.000 (1) trabajadores y trabajadoras
de la Administración Pública Nacional entre 2015 y 2019. Además, el ajuste en
el Estado operó en gran medida sobre los salarios de los empleados públicos,
como parte de las exigencias realizadas por el FMI al gobierno de Macri para
girarle U$S 44.000 y así seguir financiando la bicicleta financiera.

En este sentido, mientras que la inflación acumulada
entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019 fue del 295%, en dicho período
las paritarias de los estatales arrojaron un incremento acumulado del 148,8%.
Como consecuencia de ello, el gobierno de los CEOs redujo un 37% el poder
adquisitivo de los estatales en cuatro años. Si bien la estrategia de ajustar a
las trabajadoras y a los trabajadores del Estado comenzó en los principios del
macrismo (en los primeros dos años los estatales perdieron 9,6% contra la inflación),
el manotazo se concentró fundamentalmente en los años 2018 y 2019. En este sentido,
entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019 la pérdida real alcanzó el 30,3%.
Los sucesivos bonos pagados como forma de “compensación” representaron un
mínimo porcentaje de lo perdido, mientras que los aumentos salariales se
fijaron en niveles que siempre corrieron por detrás – y cada vez más lejos – de
la inflación.

Con este estado de situación asumió Alberto
Fernández, quien encaró una serie de medidas compensatorias para aliviar la
situación de los sectores más golpeados. De esta forma, manteniendo un criterio
de progresividad, el gobierno dispuso una serie de medidas entre las cuales
reforzó los salarios de los trabajadores/as del Estado que no superaran los
$60.000 brutos, con una suma fija remunerativa de $4000 con los salarios de
febrero ($3000) y marzo ($1000). Dicha medida benefició hasta 268.000
trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional (APN),
organismos descentralizados y el personal civil de las Fuerzas Armadas y de
seguridad, según estimaciones del Ministerio de Trabajo (2) . Esto permitió que,
considerando los aumentos del 5% en enero y febrero pautados en la paritaria de
2019 y la pequeña desaceleración de la inflación (por el congelamiento
tarifario, el control de cambios y la política de precios cuidados que
implementó el nuevo gobierno), el salario de los estatales pudiera ganarle por
escaso margen a la inflación del primer trimestre del año. De esta forma se
aprecia que el poder adquisitivo de todos los estatales se ubicó en marzo de
este año un 0,6% por encima del de diciembre del año pasado.

Cuadro
Nº 1: Evolución del índice teórico y real salarial de los trabajadores de la
A.P.N. Período Dic 15 – Mar 20

(*) Índice teórico en base a los aumentos salariales
acordados en las paritarias estatales durante la gestión macrista.

Es importante señalar que lo reflejado en el Cuadro
N°1 no contiene los efectos de las sumas remunerativas entregadas, dado que lo
que reflejamos allí es el nivel salarial permanente de todos los trabajadores
del Estado. Es por ello que, así como todos los estatales pudieron al menos
empatarle a la inflación en los tres meses previos a la pandemia, el universo
que recibió esta suma logró ubicarse en una situación mejor. Sin embargo, el
nivel salarial real de los estatales sigue muy por debajo de lo que se
registraba antes de la crisis del 2018 y del acuerdo con el Fondo: en marzo fue
un 29,9% menor que en diciembre de 2017, y un 36,6% comparando con diciembre de
2015. En el siguiente gráfico se puede visualizar la pérdida acumulada
en los últimos años, comparando la evolución del índice salarial de los
estatales con la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC.

Gráfico
N°1. Evolución de la brecha entre el índice salarial estatal y el IPC. Pérdida
acumulada a Mar-20.

Una estimación para recomponer el poder adquisitivo
de los estatales

Como si la situación económica y social argentina no
fuera ya muy delicada, a fines de marzo sobrevino la pandemia del COVID-19, que
obligó a la instauración de una cuarentena total. Es en este contexto en el que
se inscribe la discusión paritaria para el año 2020, atípico por donde se lo
mire y en el que el Estado debe recuperar una capacidad de despliegue de una política
de ingresos. El aporte que hacemos aquí es, sobre la base de un ejercicio, cuál
debería ser la pauta salarial para recuperar nivel es salariales previos a la
crisis de 2018/19. Dicho ejercicio está dividido en dos escenarios posibles: el
primero consistiría en recuperar lo perdido desde fines del 2017, y el segundo,
desde diciembre de 2015. En este sentido, el primero arroja que es necesario un
aumento del 42,6%, mientras que el segundo nos dice que este aumento debería
ser del 57,8%. Sin embargo, el ejercicio no termina aquí, dado que los aumentos
salariales también deberían contemplar la inflación proyectada en los meses
entre abril y diciembre del 2020 (teniendo en cuenta una inflación proyectada
para todo el 2020 de 40%). Esto implicaría un aumento adicional en los dos
ejercicios de 29,9%.

Cuadro
Nº 3: Estimación de la pauta salarial anual 2020 para recuperar el poder
adquisitivo de los estatales.

En definitiva, de lo que se trata es de recomponer
los salarios que mes a mes fueron perdiendo con una inflación descontrolada en
los últimos años. Esto se refleja en que de los 48 meses que gobernó la alianza
Cambiemos, en tan solo 15 los salarios le ganaron a la inflación. En consecuencia,
en los cuatro años de Macri los estatales perdieron el equivalente a 11,7
salarios medidos a precios de marzo del 2020, prácticamente un año de trabajo.
Solo en el año 2019, la pérdida fue el equivalente a 5,6 salarios.

Si tomamos las categorías representativas D5 y C5
del S.I.N.E.P (3), que al mes de febrero de 2020 alcanzaron salarios de
$36.093,5 y $43.599,5 respectivamente, podemos contabilizar la pérdida
acumulada en pesos para estas categorías. En este sentido, la D5 perdió en todo
el 2019 unos $195.708,8, mientras que en ese mismo período la categoría C5
perdió $237.864,5. Estas pérdidas contemplan el efecto de los bonos percibidos
en mayo ($2000) y septiembre ($5000), que tuvieron en total un impacto
insignificante. Esta pérdida se refleja en el Cuadro N°4.

Cuadro
Nº 4: Pérdida acumulada en términos nominales según salario testigo de
S.I.N.E.P a valores de Marzo 2020.

La
discusión sobre el piso salarial de los estatales en relación con la canasta de
consumo familiar

Para que la discusión salarial no quede ceñida
únicamente a la emparejar la inflación esperada o a la recuperación del poder
adquisitivo, nos interesa cerrar este trabajo con una reflexión respecto a la
necesidad de replantear los pisos salariales de los estatales. En este sentido,
se debe señalar que el salario es nada más y nada menos que el ingreso que le garantiza
el acceso a bienes y servicios necesarios para la reproducción de su fuerza
laboral.

Para aproximarnos a la determinación de la canasta
de bienes y servicios, tomamos tres referencias salariales. La primera es la
Canasta Total (CT) elaborada por la Dirección de Estadísticas de la CABA, que
al mes de marzo de este año se situó en $52.093. La segunda referencia
corresponde a la línea de pobreza como criterio de subsistencia básico,
elaborada también por el organismo estadístico de la CABA, y que en marzo
ascendió a $41.640,1. Finalmente, la tercera referencia es una estimación
propia (sobre la base de datos oficiales) del valor de una canasta de bienes y
servicios para un trabajador sin carga de familia, que se constituye como una
referencia objetiva del Salario Mínimo Vital y Móvil (actualmente vulnerada,
puesto que el SMVM es de $16.875). La primera referencia (Canasta Total) se aproxima
a una idea de consumo medio y representa un mejor nivel de vida que la línea de
pobreza, que funciona como un umbral mínimo de consumo.

Para acercarnos a una medida salarial, en los casos
de la Canasta Total y de la línea de pobreza se consideró el 80% de las mismas,
como aproximación al concepto de salario básico para un trabajador sin carga de
familia que realiza una jornada laboral completa. Esta relación entre salario
básico de convenio y canasta – 80% – no es arbitraria, sino que se sustenta
sobre una relación histórica que se verificó en la Argentina industrial previa
a 1974, y que contiene la posibilidad de estrategias múltiples para la
satisfacción de necesidades materiales de los hogares, ya sea por el aporte de
otro miembro del hogar o la percepción del salario familiar.

Cuadro
N°5. Pérdida acumulada en términos nominales según salario testigo del
S.I.N.E.P a valores de marzo 2020.

Como se desprende del Cuadro N°5, al mes de febrero
de 2020 el salario básico bruto de la categoría más baja del S.I.N.E.P (F0, que
no tiene antigüedad ni título universitario) se sitúa en $21.718,7, lo cual
representa unos $18.026,6 de bolsillo. Este valor neto se ubica por debajo de
las tres referencias salariales establecidas. De hecho, para alcanzar un mínimo
nivel de subsistencia, el salario neto de la categoría F0 debería incrementarse
un 84,8%, al tiempo que debería aumentar un 94,4% para alcanzar la referencia
de Salario Mínimo y un 131,2% en relación a una Canasta Total para un hogar
tipo. El deterioro de las condiciones para establecer estos pisos salariales se
evidencia al comparar los aumentos requeridos con los necesarios un año atrás:
el incremento que se necesitaba para alcanzar la línea de pobreza era del
55,8%; 63,4% para alcanzar una canasta para un trabajador sin carga de familia
y 95,7% para la Canasta Total.

Si bien la categoría F0 no resulta significativa por
la cantidad de empleos públicos que concentra, la misma reviste un rol
simbólico ya que representa el “piso salarial” de dicho convenio sectorial. Al
analizar el resto de las categorías del convenio, preocupa la cantidad de categorías
que están por debajo de los valores de referencia, aunque con distintas
brechas. Para ilustrarlo, se verifica que hay 25 categorías de planta
permanente y 27 de planta transitoria y contratados que no llegan a cubrir un
salario básico vinculado a una línea de pobreza ($33.312,1). En relación al
salario mínimo de referencia ($35.041,8), hay 27 categorías de planta
permanente y 30 de la transitoria y contratados que no lograr cubrirlo.
Finalmente, si tomamos una canasta de consumo medio de referencia ($41.674,4),
son 35 las categorías de planta permanente que ganan por debajo de dicha suma y
38 de la transitoria y contratados.

A
modo de conclusión: los tres frentes de la discusión salarial

La lógica de ajuste y endeudamiento perpetuo que
condujo toda la política económica del gobierno de Macri llevó a un continuo
deterioro del salario de los estatales, que se profundizó en el año 2019 con la
vigencia del acuerdo con el FMI. Por un lado, se continuó con la deliberada
estrategia de ajuste del gasto primario para liberar recursos para el pago de intereses
de la deuda pública. Por otro lado, las fuertes fluctuaciones del tipo de
cambio derivadas de la elevada fuga de capitales que permitió Cambiemos
repercutieron de forma directa sobre los precios, impulsando una aceleración de
la inflación.

Resulta imprescindible que, luego de lo que
significó la pandemia macrista en el Estado, el gobierno de Alberto Fernández
avance sobre la reivindicación del trabajo estatal. Consideramos que la forma
de hacerlo es por medio de la atención de tres frentes fundamentales:

1) Debe abrirse una discusión para el pago de un
bono que compense la pérdida sufrida en el 2019, considerando el efecto de los
$7000 entregados por bonos en mayo y septiembre de ese año. Para tener una
dimensión de esta pérdida, el año pasado los estatales perdieron el equivalente
a 5,4 salarios. Para recuperar lo perdido, los trabajadores/as de las
categorías representativas D5 y C5 del S.I.N.E.P deberían recibir $195.708,8 y
$237.864,5 respectivamente.

2) Además, la discusión salarial debe contener un
debate en torno al aumento necesario para que el salario de los estatales
vuelva a niveles previos a la crisis del 2018-19. En este sentido, si consideramos
el salario del mes de marzo de 2020, se requiere un incremento del 42,6% para recuperar
el poder adquisitivo vigente en diciembre de 2017.

3) Finalmente, la discusión paritaria del 2020 debe
contemplar el aumento de precios proyectado en lo que resta del año (de abril a
diciembre), de modo que los ingresos laborales de los estatales no pierdan con
la inflación. Para ello, si consideramos una inflación promedio por mes cercana
al 3% entre los meses de abril y diciembre, es necesario un aumento salarial del
29,9% para cuidar el poder adquisitivo de los estatales.

Anexo.
Evolución nominal/real y pérdida acumulada de los salarios estatales (dic-15 –
mar-20)

Notas de pie del informe:

(1) Según Ana Castellani, la secretaria de Gestión y Empleo
Público, el número de personas desplazadas de la función pública por el
macrismo llega 41.000. Mientras llevaba a cabo esta reducción de la planta
estatal ninguneando el empleo público, Cambiemos incrementó la línea
dirigencial, pagando salarios exorbitantes.

(2) Al cruzar esta estimación con los datos
provistos por la Oficina de Presupuesto del Congreso, estimamos que el 72% de
los trabajadores/as de la APN cobraban hasta $60.000 brutos en enero de este
año, lo cual resulta compatible con las cifras del Ministerio de Trabajo.

(3) Para consultar los últimos convenios
sectoriales, ver https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/CCS-SINEP2.pdf.