Días antes de poner en
duda el pago de los salarios del mes de abril para los trabajadores del estado
santafesino, el gobernador Omar Perotti junto al ministro de Gestión Pública de
Santa Fe Rubén Michlig, firmaron el Decreto 0337/20 que determina sanciones
administrativas para los empleados de la administración pública que incumplan
el aislamiento social y obligatorio.
Este decreto alcanza a
todos los “trabajadores y las trabajadoras dependientes del sector público
provincial, cualquiera sea su situación de revista y régimen escalafonario,
estatutario o convenio colectivo de trabajo aplicable” (artículo 2). Una norma
no sólo confusa, innecesaria y peligrosa, sino también claramente
inconstitucional.
La norma en cuestión
establece que la “presunta” vulneración de los artículos 205° y 239°
del Código Penal , constatada “fehacientemente” en ocasión o con motivo
de los procedimientos de control de la circulación en la vía pública o por
otros medios tendentes a verificar el estricto cumplimiento del
"aislamiento social, preventivo y obligatorio", cuando resultare
atribuible a personal del Estado Provincial, será considerada infracción a los
deberes propios del cargo a los fines disciplinarios correspondientes.
Explican desde ATE-
Rosario que e primer lugar, existe una evidente contradicción, desde el momento
en que se habla de una “presunta” violación del código Penal pero “constatada
fehacientemente”. Pues mientras lo
presunto es conjetural, hipotético, supuesto o probable; lo fehaciente es
indiscutible, irrefutable, irrebatible o indudable.
Dicho en otros términos, subraya
el gremio “si existe una infracción al código penal constatada fehacientemente,
entonces no estamos frente a una presunción sino frente a algo certero y que no
deja lugar a dudas. Por el contrario, si estamos ante una simple presunción,
nos encontramos frente a hechos que aún restan ser demostrados en forma
fehaciente e indubitable”.
Cabe agregar que la
presunción de una falta administrativa en todo caso puede dar lugar al inicio
del procedimiento disciplinario, nunca es causal de la sanción en sí misma,
para lo cual se requiere justamente lo contrario: certeza.
Ahora bien, más allá de
la flagrante contradicción señalada, no existe ninguna duda de que mientras nos
encontremos en un Estado de Derecho, la presunción de inocencia constituye la
máxima garantía constitucional de una persona acusada de cometer un delito. La
formulación “nadie es culpable sin una sentencia que lo declare así” implica que
solo la sentencia tiene esa virtualidad; la culpabilidad debe ser jurídicamente
construida, y esa construcción implica la adquisición de un grado de certeza.
El ciudadano/agente
público no tiene que construir su inocencia y no debe ser tratado como culpable;
y no existen ficciones de culpabilidad, es decir, partes de la culpabilidad que
no necesitan ser probadas.
Esta garantía también se
encuentra protegida por los Tratados Internaciones sobre Derechos Humanos (art.
75 inc. 22 CN), así la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
“todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable” (art. 9),
la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona acusada de
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.” (art. 11) y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona inculpada de delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad.” (art. 8).
En virtud de lo
expresado, la única forma de que eventualmente la comisión de un ilícito penal
pudiera tener una incidencia en el ámbito disciplinario de los agentes
públicos, es cuando existe certeza, cuando hay una sentencia firme en tal
sentido, nunca una “presunción” de delito puede ser considerada sin más una
infracción disciplinaria administrativa, so pena de violación de la
Constitución Nacional y de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.
