Las declaraciones de Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios ( Copal) y uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), hechas en el Rotary Club de Buenos Aires, buscan condicionar, desde intereses específicos, cualquier posibilidad de diálogo y de acuerdos multisectoriales en un futuro Gobierno. Ante esto, entendemos que es necesario responder desde los intereses de los sectores que hemos sido los más perjudicados por las políticas de los últimos cuatro años, es decir, los trabajadores y los sectores populares.
Sin dudas que el país necesita reformas estructurales, pero están tienen que estar en sentido absolutamente contrario a las que viene haciendo el neoliberalismo en la Argentina en los últimos años, y que están plasmadas en las condiciones que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional.
Además, hablar de ‘Rodrigazo’ en este contexto no es un mensaje inocuo. Recordemos el impacto no sólo económico sino también político de esas medidas, que fueron la antesala del plan neoliberal implementado a sangre y fuego por la dictadura militar, de la mano de José Alfredo Martínez de Hoz.
Los sectores que representa Funes de Rioja plantean siempre la misma respuesta para la inflación: dolor y sacrificio para los sectores populares. El empresario cuestiona de forma peyorativa las asistencias ante la crisis de hambre y pobreza. Es importante recordarle que tantos las asignaciones sociales como los bonos –que también se niega a pagar- dinamizan el consumo de alimentos y, por tanto, son medidas que benefician al sector que él representa.
Se trata de un sector que, en un contexto de estancamiento económico, siguió creciendo. En 2018, respecto al año anterior, se expandió un 130%. Asimismo, los alimentos vienen registrando una inflación superior al Índice de Precios al Consumidor, que solo se entiende si se comprende las características del sector, esto es, de carácter oligopólico, capaz de formar precios.
Desde ATE y desde la CTA Autónoma entendemos que, para evitar una nueva escalada inflacionaria, el Estado debe cumplir un rol fundamental ligado al desarrollo productivo. Para ello, debe controlar el sector energético, el mercado de bienes masivos –fundamentalmente alimentos y medicamentos- y el sector externo.
Funes de Rioja se mete en la discusión del tamaño del Estado pero lo hace con datos falsos. Entre 2000 y 2015 los datos oficiales precisan que la cantidad de trabajadores estatales creció, en realidad, en un millón de personas.
Quedó demostrado que los más de 35 mil despidos y las jubilaciones anticipadas que sufrimos los estatales en estos cuatro años afectaron el funcionamiento del Estado. Y además, un Estado al servicio de las mayorías populares sin duda requiere de una planta de trabajadores en crecimiento.
Si los cambios estructurales se producen escuchando a los sectores que Funes de Rioja representa, seguramente habrá resistencia por parte de los grandes sectores sociales que el 11 de agosto derrotamos al neoliberalismo en las urnas. Porque es justamente ese modelo, exigiendo equilibrios macroeconómicos según la receta del FMI, el que nos ha traído a este presente de catástrofe social y desestructuración económica y productiva del país.
