Con acto y documento unitario la Multisectorial de
Entre Ríos concretó su rechazo y repudio al presupuesto nacional 2019 que trata
en estos momentos la Cámara de Diputados de la Nación.
La consigna que unificó el rechazo al presupuesto que
expresó la Multisectorial de Entre Ríos, de la que forma parte la Asociación
Trabajadores del Estado de Entre Ríos y la Central de Trabajadores de la
Argentina Autónoma de Entre Ríos, fue “No al presupuesto de Macri y el FMI”. El
acto se realizó en la explanada de la casa Gris y el documento fue leído por
representantes de la mayoría de las organizaciones sociales, gremiales y
políticas que conforman la multisectorial.
Asimismo se hizo público que no sólo en la ciudad de
Paraná se estaba expresando este rechazo sino que había actividades similares
en las ciudades Concordia, Gualeguaychú, Santa Elena, La Paz entre otras.
No a Macri y
el FMI
Mediante un documento que se publica debajo la Multisectorial
enrerriana le dijo no al presupuesto de Macri y el FMI:
“Estamos presentes en este día frente a la Casa de
Gobierno de Entre Ríos para demostrar nuevamente que el pueblo está más
despierto que nunca y no va a permitir la profundización del ajuste. Llegamos a
este lugar tras recorrer las calles de la capital provincial con una
multitudinaria marcha, nutrida de trabajadoras y trabajadores formales e
informales de los diferentes sectores, estudiantes, vecinalistas que con
voluntad y convicción decidimos confluir en este acto, puesto que sabemos de la
necesidad de unificar nuestras luchas para lograr más y mejores conquistas y
torcer los planes del gobierno entreguista y hambreador.
Acaban de ingresar a la legislatura un proyecto de
presupuesto de ajuste y recorte, impuesto por el acuerdo con el FMI. Es una
evidente mentira que arranca estimando un valor del
dólar para todo el año casi por debajo de la cotización actual y que
entre otros aspectos prevé un brutal ajuste en el orden de los 358 mil millones
de pesos; de los que el 54 porciento estará destinado al pago de los intereses
de la deuda externa. Estos intereses comprometen el 18 por ciento del total del
presupuesto, estimando en más 590 mil millones de pesos el pago de esta
pesada carga financiera. Mientras tanto, se limita el acceso a la pensión
universal para adultos mayores, se reduce en términos
reales la inversión en educación y se desfinancia la educación universitaria.
Se desmantela el estado y la prestación de los servicios que debe
garantizar a la comunidad, se despide compañeros con muchísimos años de
antigüedad, como ocurre con el INTI, INTA, SENASA, CNEA y recientemente en
Agricultura Familiar.
Denunciamos también desde esta tribuna el intento
solapado e inconstitucional de modificar la Ley de Contabilidad para permitir
re negociar la deuda a valores de mercado, abriendo la posibilidad de una nueva
y gran estafa al pueblo argentino.
Repudiamos la decisión de Macri de atar los destinos
de la Nación a las potencias imperialistas y sus respectivas multinacionales
que integran el G20, haciendo de perro faldero de los principales responsables
de las recurrentes crisis globales que llevan al hambre, desesperación y
la muerte a millones de personas.
Nos encontramos actualmente atravesando un nuevo
proceso de restauración conservadora en el país; que se caracteriza por
posicionar al frente del Estado ya no a una dirigencia proveniente de la
política tradicional llamada a gobernar en nombre de los intereses de la
burguesía, sino lisa y llanamente a los verdaderos dueños del poder fáctico, la
propia oligarquía terrateniente y los poderes financieros y económicos
concentrados, ocupando los espacios más sensibles en el entramado decisorio que
condiciona los destinos del país y que, en un escenario de subordinación a las
distintas variantes imperialistas y al gran capital usurero transnacional como
el que vivimos, representa una amenaza permanente contra la clase trabajadora y
los sectores más vulnerables de la sociedad.
Hoy vivimos en una Argentina donde la transferencia
indiscriminada de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía
es una prioridad para quienes nos gobiernan, donde las subejecuciones
presupuestarias en áreas sensibles como educación, salud, desarrollo social,
transporte, ciencia y tecnología se reiteran en detrimento de los derechos más
elementales de la población, donde el futuro de generaciones de argentinas y
argentinos se halla profundamente amenazado por políticas de endeudamiento que
vuelven a ponernos de rodillas, como en los años noventa, frente a los
organismos multilaterales de crédito.
Sólo en el primer semestre de este año, se permitió la
fuga de 17 mil millones de dólares, casi la misma cantidad que
adelantó el Fondo Monetario como producto de un acuerdo de penurias para el
pueblo. También en este mismo período, la destrucción de fuentes de trabajo fue
a razón de más de 4.300 puestos mensuales, entre públicos y privados y sólo en
blanco. La dolarización de la economía y la devaluación del peso significaron
un brutal ajuste sobre los trabajadores. Las 15 empresas cerealeras
exportadoras más grandes, entre las que se encuentran Cargill, Deheza,
etc con el salto del dólar de $20 a $40 duplicaron sus ganancias. Al
mismo tiempo, en virtud de ese mismo movimiento, nuestros salarios fueron
licuados a la mitad de su poder adquisitivo.
El plan económico golpea muy fuerte sobre la pequeña y
mediana industria en una tendencia hacia la mayor concentración cada vez en
menos manos, con cientos de cierres de pequeños y medianos establecimientos.
Comenzamos este 2018 con el acuerdo entre el gobierno
nacional y los gobiernos provinciales para resguardar la rentabilidad patronal
y fijar techos irreales a las negociaciones salariales. Transcurridas tres
cuartas partes del año vemos que el panorama es cada vez más sombrío y que la
capacidad de subsistencia de la clase trabajadora y los sectores populares se
ve permanentemente amenazada por el ajuste, con aumentos imparables en los
alimentos y bienes de primera necesidad, el combustible y los servicios
básicos.
Al mismo tiempo, tanto más preocupante resulta el
escenario político que nos toca afrontar en la medida en que vemos que desde el
Estado se ponen en práctica dispositivos represivos contra los luchadores
sociales y las capas más desprotegidas de la población. Repudiamos y
denunciamos el decreto que vuelca a las fuerzas armadas a la
represión interna.
Referentes de sindicatos y movimientos sociales
perseguidos o encarcelados por motivaciones políticas, niños asesinados con
absoluta impunidad por lo que el gobierno considera el delito de ser pobres y
vivir con hambre. Bastan como ejemplo los asesinatos de Santiago Maldonado y
Rafael Nahuel; la terrible represión del 21 de agosto a los trabajadores del
Astillero Río Santiago, el secuestro y tortura de la compañera docente Corina
de Bonis en la localidad de Moreno, mientras todavía no aparecen los
responsables del atentado contra la compañera Julia Rosales de la CCC a más de
un año de ocurrido; las millonarias multas al sindicato de Camioneros y al
Suteba; la detención de los compañeros Juan Grabois, Jacquelina Flores y Rafael
Klejzer de la CTEP y la desaparición seguida de muerte del compañero
Silverio Enriquez de la Federación Nacional Campesina en un contexto de
represión contra las luchas originarias para recuperar sus tierras ancestrales.
Analizando el curso de los acontecimientos desde
el momento de su misma asunción al gobierno, estamos en condiciones de afirmar
que no existen errores o equivocaciones en el accionar del macrismo y sus
socios, puesto que la embestida contra el pueblo es su plan
de acción y no otra cosa. Se trata de ricos gobernando para ricos,
resolviendo sus contradicciones en aras de garantizar el sostenimiento de sus
privilegios de clase que resultan cada vez más escandalosos en un país donde la
miseria, la desocupación, la exclusión y la pérdida de derechos son moneda
corriente.
Como colectivo organizado en esta multisectorial,
sujetos históricos comprometidos con nuestro tiempo y llamados a luchar para
recuperar la dignidad del pueblo y conquistar más derechos, somos conscientes
de que sólo con unidad y contundencia podremos ser capaces de derrotar a este
modelo económico que nos avasalla y quiere vernos sometidos a los perversos
designios del capitalismo más salvaje. Unidad que podremos alcanzar únicamente
si recuperamos el legado de quienes nos precedieron y entendemos que la
contradicción fundamental en este momento es golpear al plan macrista y de sus
socios. Contundencia que construiremos mediante estrategias de acción que nos
contengan y muestren la solidez de nuestras legítimas reivindicaciones.
Advertimos a Macri y a Bordet, legisladores e
intendentes que no vamos a aceptar la aprobación de presupuestos de ajuste y
sufrimiento para las masas populares como los que pretenden para el año 2019.
Seguiremos defendiendo nuestras conquistas en el
sistema previsional entrerriano, diciendo que nuestra ley jubilatoria no se
toca y que avanzaremos hasta recuperar el 82% móvil en el sistema previsional
nacional. No vamos a permitir la naturalización de la pobreza y la represión,
que estaremos presentes cada vez que las y los argentinos y entrerrianos
necesiten de la solidaridad de los sindicatos y movimientos sociales que están
aquí poniendo el cuerpo en esta histórica jornada.
Es por esto que vamos a seguir de pie y resistiendo en
las calles, vamos a continuar profundizando este proceso de construcción de
unidad para fortalecer el movimiento obrero organizado y los espacios
multisectoriales y consolidar la lucha por conquistar un estado que debe estar
al servicio del pueblo.
Vamos a seguir recordándole al presidente Macri y al
gobernador Bordet, a los legisladores e intendentes que el ajuste neoliberal va
a encontrar su freno en la solidez de este colectivo que se ha organizado para
defender sus derechos. Les exigimos que garanticen la defensa del empleo de los
habitantes de sus territorios en todos sus niveles. Exigimos la reincorporación
de todos los compañeros despedidos.
En cuanto al proyecto de presupuesto provincial,
se puede decir que si bien tiene diferencias respecto del nacional también,
como este, se enmarca en un contexto de ajuste, en donde la meta de incremento
del 34,54% que contiene sobre el presupuesto 2.018 no contempla la
proyección de inflación de arrastre, la cual podría superar el 50% según
algunos economistas.
Frente a esta realidad que nos desafía a la unidad,
estamos convencidas y convencidos de que si luchamos por el todo, por lo
general, conseguiremos victorias para el pueblo. Por eso afirmamos y exigimos:
– Que no se apruebe el presupuesto de ajuste acordado
con el FMI para 2019.
– Reformulación de un nuevo presupuesto adecuado a las
necesidades populares.
– Seguimos rechazando la adhesión de la
provincia al acuerdo de consenso fiscal que implica, entre otras cosas,
mantener la situación de precariedad laboral en cientos de trabajadores
estatales
– Retenciones móviles segmentadas, por un régimen
impositivo progresivo donde paguen más los que más tienen. QUITA inmediata del
IVA a los artículos de la canasta básica familiar.
– No a la primarización de la producción, no al
extractivismo, no a las actividades contaminantes.
– Aprobación de las cinco leyes presentadas en la
Marcha Federal en Junio. Emergencia Alimentaria, Urbanización de Barrios
Populares a nivel nacional y provincial, Infraestructura Social,
Emergencia en Adicciones y Agricultura Familiar.
– Creación de puestos de trabajo.
– Trabajo genuino. Pase a planta y estabilidad laboral
para todos los trabajadores precarizados. Basta de flexibilización, despidos y
cierres de cooperativas y pymes. En los últimos 60 días en Entre Ríos sufrimos
el despido de más de 1000 compañeros que pasaron a situación de calle laboral.
– No al paquete de leyes antiobreras. Rechazamos
cualquier intento de reforma y quita de derechos laborales.
– La 8732 no se toca. No a la reforma de nuestro
régimen previsional.
– Paritarias libres. Por un piso salarial acorde a la
canasta.
– Privilegiar el mercado interno por sobre la
actividad financiera, invirtiendo los recursos de la Nación en la reactivación
de las industrias y Pymes.
– No al ajuste sobre la escuela y la universidad
pública.
– No al plan Maestro, no al secundario 2030, no al
cierre de profesorados e institutos. Defensa de las Escuelas Técnicas. Nueva
Ley de Financiamiento.
– Presupuesto genuino para la universidad. Por una
universidad democrática, popular, crítica, con perspectiva de género y
disidente, al servicio de la liberación de los pueblos.
– Edificio propio para Uader y transparencia en el
presupuesto universitario.
– No al ajuste sobre Ciencia y Técnica.
– No a la persecución y criminalización de la protesta
social y los luchadores sociales.
– Derogación de la Ley Antiterrorista y protocolos
represivos. No a las fuerzas armadas en la represión interna.
– No a las bases militares extranjeras y a cualquier
injerencia imperialista en nuestro territorio.
– No a la quita de subsidios. No al impuesto a las
ganancias en el salario. Basta de tarifazos. Prohibición de los cortes de
servicio por falta de pago. No a las tarifas dolarizadas. Control popular de
precios de los servicios básicos, incluyendo el transporte.
– Repudiamos la presencia de los representantes del
G20 en nuestro país y rechazamos el proyecto de presupuesto nacional de MACRI y
el FMI. Exigimos al gobierno provincial y a los legisladores entrerrianos no
otorgar el aval político de aprobación al presupuesto de hambre, entrega y
sumisión que se pretende imponer, que implicará profundos sufrimientos a los
sectores populares.
¡Que viva la unidad del pueblo y la clase trabajadora!”.
