“La fórmula no se puede medir por lo que pase en un año, pero
estamos seguros que en 2018 los jubilados van a cobrar entre cuatro y seis por
ciento más que la inflación” Así se
expresaba el presidente Mauricio Macri a su paso por el programa “Animales Sueltos”,
unos días después de que tuviera aprobación la Ley de Reforma Previsional, en
diciembre del 2017.
A menos de dos meses para el fin del año 2018, la palabra
presidencial, como sucede en cada ocasión, está cargada de mentiras, que se
reafirmarán en el próximo mes de diciembre cuando se esté diciendo que los jubilados habrán
perdido este año más 20 puntos de su ingreso.
A criterio de los especialistas en previsión si se hubiera
utilizado la vieja fórmula el aumento salarial de los jubilados nos habría
arrojado una mejora del 14,5% en marzo y del 15,1% en septiembre, para
totalizar un 29,6% en los nueve primeros meses del año. En cambio por el nuevo esquema hubo a hoy una
mejora del 5,71% en marzo, 5,69% en junio y 6,68% en septiembre, que da como
registro 19,19% de aumento nominal para el sector, de manera que cumplida las ¾ partes del año los jubilados llevan
perdiendo más de 10%.
Para acrecentar aún más la crisis de nuestros jubilados, se
viene cierre de año a pura pérdida del poder adquisitivo. Esto es porque el coeficiente
que se utiliza para calcular los aumentos toma la inflación de los 6 meses
previos, de este modo este cálculo proyecta ya una suba salarial del 7,78%; pero este porcentual quedará absolutamente
desactualizado porque ya se sabe que en septiembre la inflación se espiralizó un
6,5%, y cuando falta aún medir octubre y noviembre ya se vaticina que este
trimestre puede rondar el 15%: o sea duplicar el aumento establecido por la
ley. Así la pérdida del año se acercaría
17 puntos.
Pero
eso no es todo, a este oscuro panorama hay que sumar los otros 5 puntos
perdidos a finales de 2017 cuando se impuso el nuevo esquema de pago de la
jubilación y se comió de la cuenta el último trimestre de ese año.
Como ya pasara con el famoso “segundo semestre” aquí también
la impericia/malicia del gobierno de Mauricio Macri se carga a un amplio sector
de la sociedad argentina, en este caso una parte sensible de la misma como son
los jubilados.
La
crisis medida en pesos no se detiene: El último aumento salarial impuso una jubilación
mínima de 8.637 pesos mientras que las necesidades básicas habían marcado (registro de agosto) 21.127 pesos
mensuales.
Se puede decir que el año para los trabajadore/as jubilado/as
concluirá con una abrupta contracción salarial y no entrará en el bolsillo
ninguno de esos 6 puntos de más que con tanta liviandad (como es su costumbre
en cada tema) pronosticó el presidente. También
porque habrá que esperar en qué momento se detiene la espiral inflacionaria
porque el temor actual no es que llegue al temido 42% sino que nuevas correcciones corren el techo
a entre el 48% y el 50%.
Ciertamente los hechos avalan la presentación judicial hecha
por ATE a fines del año pasado cuando fundamentaba que “en la ley 27.426
no encontramos una sola disposición que tenga por finalidad mejorar las
condiciones de vida de los trabajadores alcanzados por la norma legal” e iba más
allá señalando que la llamada “reforma previsional”, junto con la tributaria
“vulnera los derechos del conjunto de los trabajadores activos y pasivos,
desfinancia el sistema de seguridad social y transfiere recursos en forma
discrecional y arbitraria, en favor del Estado y de los privados”.
Otros
factores que agigantan el temor
Ello podría no ser todo en el padecer de los jubilados. La
recesión clara y profunda que hay, y lo dicho creciendo en intensidad hasta al
menos el mes de junio del año próximo, podría agigantar la ya insuficiente
capacidad de generar ingresos en la Seguridad Social. Muchas empresas podrían
no subsistir a esta crisis, con cierres masivos o golpear al mercado laboral
con nuevos y crecientes despidos, con lo cual el sistema recaudatorio sentirá un
nuevo cimbronazo.
En principio el gobierno cubriría este bache (tal como acordó
con el FMI) con el desmantelamiento del Fondo de Garantías de Sustentabilidad
del ANSES. Este compuesto de títulos públicos, acciones de empresas y tenencias
de plazos fijos, entre otros, ingresaría en oferta (malvendidas) al mercado
cuyos primeros beneficiarios no serán otras que las grandes empresas,
nacionales y transnacionales, amigas del presidente Mauricio Macri.
Entonces, retomando la presentación judicial del CDN puede
decirse que “la
nueva ley es una norma de exclusivo contenido fiscalista, sancionada con un
único objeto: “generar un fuerte ahorro fiscal” y por ello cerraba subrayando
aquel amparo gremial, a propósito de los objetivos finales del gobierno
“estamos en presencia de una política de destrucción de derechos y de
asistencialización de los sistemas de seguridad social contrapuesta a la
Constitución Nacional, que reconoce a los trabajadores el derecho a percibir
una jubilación digna que garantice, a lo largo del tiempo, su nivel de vida,
generalizando un régimen universal de movilidad vinculado al 82% del salario en
actividad”.
En teoría el 2019, con recesión y ajuste mediante, la
inflación debería mostrar una sustancial baja, de modo que cuando se utilice el
coeficiente de actualización, por la inflación perecedera, en la segunda parte
del próximo año el salario de los jubilados debería registrar una suba real:
claro está, ello sucederá siempre y cuando la bicicleta financiera y la fuga de
capitales que impulsan los amigos del gobierno no genere una nueva crisis.
