Mes: octubre 2017

En
el marco de la celebración de hoy, 10 de octubre, por el  Día Mundial de la Salud (según lo dispuesto
por el organismo rector, la Organización Mundial de la Salud-OMS-), la ATE-
IDEP emitió un comunicado donde  expresa
las necesidades sectoriales.  

La
conmemoración “del día mundial de la salud mental” constituye para nosotros
como para diversxs compañerxs,  que
estamos comprometidos con los derechos humanos y la salud mental de nuestras
poblaciones, una oportunidad más de visibilizar lo alcanzado pero de continuar
luchando por todo lo que resta construir en este campo. Hacemos uso de las
efemérides… pero contra hegemónicamente, advirtiendo que es necesario que no
nos impongan la historia, ni las referencias, ni sus implicancias, invitamos a
la construcción colectiva que implica entre otras cosas,  definir nuestros propios acontecimientos de
modo de construir memoria social…y reorganizar y fortalecer nuestras redes en
defensa de condiciones dignas de asistencia y trabajo en salud y en salud
mental. (Aclaración)[1]

Los
Usuarios de servicios de salud mental constituyen una de las minorías más
oprimidas. Los problemas de salud mental representan la cuarta parte de la
carga total de los padecimientos en América Latina y el Caribe. Las respuestas
de los servicios siguen siendo insuficientes e inadecuadas: un porcentaje de la
población no recibe asistencia, otros el encierro y la exclusión como respuesta
a su padecimiento.

La
ley nacional de salud mental y adicciones 26657 y su reglamentación plantean
claramente el cierre de los manicomios para el año 2020. Entendemos que este no
es un punto de partida, ya que son innumerables las luchas y experiencias
previas que dieron lugar a su sanción y posterior reglamentación, tampoco un
punto de llegada, sino una importante herramienta de lucha política, conceptual
y técnica en el camino de construir condiciones dignas de atención en salud
mental para toda la población, así como 
condiciones dignas de trabajo para generar una nueva cultura de abordaje
de estas problemáticas a partir del reconocimiento de su complejidad.

Disponer
presupuesto de salud para abrir nuevas instituciones público estatales que se
ocupen de estos padecimientos sin excluir, ni tutelar, implica más espacios de
trabajo en la comunidad, para atender a quienes salen de las instituciones
monovalentes y también para los que nunca han tenido acceso a los servicios de
salud para sus problemáticas.

Continuamos
exigiendo:

-Urgente
Implementación de la ley nacional de salud mental 26657 en todo el territorio
nacional.

-Construcción
de Planes provinciales de salud mental.

-Sustitución
por dispositivos de atención comunitaria públicos y cierre definitivo de los
manicomios.

-Conformación
inmediata de Órgano de Revisión provinciales, instancia de monitoreo y control
del cumplimiento de la legislación actual con el objeto de proteger los DDHH de
los usuarios de los servicios de salud mental.

-Condiciones
dignas de trabajo y asistencia.

-Garantizar
el Derecho a la Salud Publica Universal y Gratuita ( art. 75.inc 22 Constitución
Nacional). No a la “CUS”. Obstaculización del achicamiento del estado y el
empuje a la privatización de la salud.

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[1]Partiendo
de una aclaración necesaria: las fechas 
y las efemérides que constituyen agenda de la OMS no coinciden con
nuestra perspectiva de la historia ni con las políticas que garantizan el
Derecho a la Salud de nuestras poblaciones, desde hace décadas siguen las
receta de los organismos de créditos internacionales proponiendo reformas del
sector salud en particular y reformas del estado en general, para todos los
países de la región (Hoy concretizada en la CUS en la Argentina).

 La propuesta de la OMS releva cada año  un “trastorno emocional” o  de “conducta” proponiendo concentrar la
atención mundial en su “tratamiento” y ”prevención”. Este año “la salud mental
en el lugar de trabajo”, vinculada directamente con la “productividad”.
Consideramos que estas propuestas abonan a una lógica de mercantilización de la
salud así como a los negocios de la enfermedad a partir de concepciones
estigmatizantes y segregatorias que propician la medicalización de la vida y
nada tienen que ver con una política de salud comprometida con los derechos
humanos. Es vital disputar sentido a los enunciados.

-Sustitución
por dispositivos de atención comunitaria públicos y cierre definitivo de los
manicomios. -Conformación inmediata de Órgano de Revisión provinciales, instancia
de monitoreo y control del cumplimiento de la legislación actual con el objeto
de proteger los DDHH de los usuarios de los servicios de salud mental.
-Condiciones dignas de trabajo y asistencia. -Garantizar el Derecho a la Salud
Publica Universal y Gratuita (art. 75.inc 22 Constitución Nacional). No a la
“CUS”. Obstaculización del achicamiento del estado y el empuje a la
privatización de la salud. ATE Argentina- Idep Salud, 10 de octubre, 2017

Tras
un encuentro de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), realizado durante
el fin de semana, el titular de ese organismo, Matías Cremonte, advirtió sobre
los cambios laborales que promueve el Gobierno. “El sueño del macrismo es poner
los acuerdos individuales o por empresa por sobre los Convenios Colectivos”, dijo.

La
AALs realizó durante el fin de semana en Gualeguaychú dos días de debate sobre
la defensa de los derechos de los trabajadores. El telón de fondo del encuentro
fue la reforma laboral que anuncia Cambiemos para después de las elecciones.
“Una reforma que busca volver al siglo XIX”, definió Matías Cremonte. El
presidente de la AAL asegura que “el sueño del macrismo es poner los acuerdos
individuales o por empresa por sobre los convenios colectivos, como si
trabajadores y empresarios estuvieran en un pie de igualdad para acordar las
condiciones de trabajo”.

A
las jornadas anuales de la Asociación fueron convocados jueces del trabajo y
sindicatos judiciales. “Vemos que todo este último año estuvo marcado por la
avanzada del Gobierno contra la justicia del trabajo”, señaló Cremonte a
PáginaI12. “Primero, con el pedido de juicio político contra una serie jueces
laborales, no por irregularidades ni por mal desempeño, sino por sentencias que
favorecieron a los trabajadores. Al mismo tiempo hay un ataque a la Justicia
del trabajo más general: el propio presidente Macri declaró que considera que
la Justicia laboral falla siempre para el mismo lado y debe ser “más
equitativa” con los empresarios. Esto apunta a borrar que la relación entre el
trabajador y el empresario es una relación desigual, y que los tribunales del trabajo
existen, justamente, para atender a esta desigualdad.  

– ¿Qué efectos
tienen estos discursos? También el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, cuestionó
la Justicia laboral…  

–Creo
que tanto las declaraciones contra la Justicia laboral como contra los abogados
laboralistas y contra los sindicatos, más allá de los personajes en los que
eventualmente se centren, buscan debilitar la representación de los
trabajadores frente al empleador. Cuando hablamos de la avanzada del
neoliberalismo, precisamente aludimos a eso, a que los trabajadores no tengan
la posibilidad de defenderse colectivamente, a que se afecte el derecho
laboral. Más allá de que es difícil hacer desaparecer el derecho del trabajo,
toda esta campaña tiene el objetivo de desprestigiar, de estigmatizar para
generar en la opinión pública el terreno propicio para reformas laborales
regresivas, todo acompañado por otro discurso, el de adecuar las relaciones de
trabajo al siglo XXI, de mejorar las condiciones para que haya inversión y se
genere más empleo. La reforma a la ley de accidentes de trabajo, por ejemplo,
fue precedida de una campaña contra “la industria del juicio”. Lo mismo pasó en
los ‘90 con las privatizaciones.

–La Corte
Suprema viene dictando varios fallos desfavorables a los trabajadores. ¿Cuáles
le parecen paradigmáticos? 

–El
fallo Orellano, que limitó la posibilidad de que los trabajadores puedan
ejercer inorgánicamente medidas de acción directa o recurrir a la huelga. En
él, la Corte entendió que el sujeto titular del derecho de huelga es el
sindicato, cuando en realidad toda la legislación dice que el derecho de huelga
es de los trabajadores, es decir que es un derecho individual que se ejerce
colectivamente, y no hace falta que sea convocado por los sindicatos. Ese
fallo, de junio de 2016, marcó un cambio de época en un contexto político de
regresión en materia de derechos sociales. Le siguió el fallo Expósito, que fue
regresivo en materia de accidentes de trabajo. Otro fallo preocupante se dio en
el caso Fontevecchia, que limitó la aplicación de los tratados internacionales
al derecho interno.

–¿Esta
tendencia se trasladó a los tribunales inferiores?

–Los
fallos de la Corte no son de cumplimiento obligatorio para los tribunales
inferiores y me parece que, al revés de la finalidad buscada por el Poder
Ejecutivo con los ataques a los jueces laborales y los pedidos de juicio
político, no lograron atemorizarlos. La Justicia laboral en gran parte mantiene
su finalidad progresista, a pesar de las presiones. 

–El Gobierno
habla de una reforma laboral para después de las elecciones. ¿En qué aspecto ya
hubo una reforma de hecho?  

–La
primera intervención muy concreta del Estado en el mercado de trabajo fue
justamente su retiro, dejar de intervenir. Desde diciembre de 2015 a hoy hubo
cientos de miles de despidos; el Estado no se ocupó de preservar las fuentes de
trabajo, ni de sus consecuencias sociales. Ahí los empresarios entendieron que
podían aprovechar para sacarse de encima a todos los trabajadores que
quisieran, total no iba a haber consecuencias más allá de pagar las
indemnizaciones, que de hecho en algunos casos han pagado por encima. Así se
han reducido plantas, y se han limpiado comisiones internas enteras.

–¿En qué
aspectos cree que podría seguir una próxima reforma?

–El
sueño del macrismo es una reforma como que la que hizo Brasil, muy nefasta en
cuanto a los derechos individuales de los trabajadores, en la ampliación de la
jornada de trabajo, la posibilidad de despedir, la tercerización… pero lo más
grave de esa reforma fue que invirtió el orden jerárquico de aplicación de las
normas. Nosotros tenemos la ley laboral, que fija un piso de derechos; después,
a través de un convenio colectivo ese piso puede subirse, y luego un trabajador
puede pactar condiciones que lo superen, con un contrato individual. Esta
jerarquía tiene este orden porque el trabajador, individualmente, es débil
frente al empresario. La reforma brasilera lo invirtió, estableciendo que lo que
diga un convenio colectivo puede estar por debajo de lo que dice la ley. Eso es
volver al siglo XIX, una sentencia de muerte para el derecho del trabajo. El
Gobierno, no sé si por una cuestión electoral, le viene poniendo paños fríos a
una reforma legislativa, pero dice que la va a hacer a través de los convenios
colectivos, y pone como ejemplo el de Vaca Muerta, convenio de los petroleros
de Neuquén. Hay que marcar cómo en ese convenio no es que se modificó algo para
aplicar nuevas tecnologías ni para modernizar nada: lo que modificaron en Vaca
Muerta fue simplemente el salario, algunos rubros que se pagaban dejaron de
pagarse. Por ejemplo, al obrero petrolero le pagaban el tiempo que tardaba
desde que lo recogía el transporte de la empresa hasta que llegaba a la boca de
pozo, hablamos de distancias largas, de hasta dos o tres horas. A esas dos o
tres horas de viaje hoy no las cobran. No tiene nada que ver con un adecuación
a las nuevas tecnologías.

–¿Es verdad,
como señaló el ministro de Trabajo, que la litigiosidad laboral creció?

–Es
probable, pero porque la reforma de la ley de accidentes de trabajo hizo
retroceder, volver a poner en vigencia la ley de 1995. La ley de accidentes de
trabajo que se sancionó en ese año, en el menemismo, fue tan evidentemente
contraria a los derechos constitucionales de preservar la salud en el trabajo
que terminó siendo la norma que más veces se declaró inconstitucional en la
historia del país. La reforma de este año borró de un plumazo todo lo que la
Corte había declarado inconstitucional y volvió a poner en vigencia los
criterios de aquella ley. Eso obviamente tuvo como resultado un crecimiento de
los juicios. 

–¿Qué
situaciones se volvieron a presentar? 

–Hay
un listado cerrado de enfermedades derivadas del trabajo, por ejemplo, y si uno
tiene una afección no importa si puede demostrar o no que es consecuencia de su
tarea. Si no está en el listado, la ART no la reconoce. Podés tener una hernia
de disco porque trabajás cargando cajas pesadas, pero la hernia de disco no está
en el listado y tenés que hacer juicio para que lo reconozcan. Y está además el
tema de la informalidad en el trabajo, que sigue creciendo: cualquier
trabajador que está en negro y no tiene ART. Si se accidenta, no está cubierto:
no le queda otro camino que ir a juicio.