El Consejo Directivo
Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado de Entre Ríos,
desarrolló una charla-debate abordando el rechazo que desde el sindicato se
hace a la Cobertura Universal de Salud (CUS) que impulsa el gobierno de Macri y
las consecuencias que traerá al sistema de salud público nacional y de nuestra provincia, luego de la adhesión a
la misma que llevó a cabo el gobierno provincial en enero de este año.
La principal exposición estuvo a cargo del médico
sanitarista doctorado en salud pública y coordinador del área de Salud del
Instituto de Estudios sobre Estado y Participación -IDEP-, Daniel Godoy, quien
desarrolló una síntesis de que trata la campaña “No a la CUS” y sus
implicancias de la que transferimos sus principales ideas:
La CUS, es una
aceleración de una reforma que en la Argentina y la región empezó en los ’90,
en base a los documentos del Banco Mundial, que tenía que ver con la reforma de
los sistemas de salud. En la época de Menem se montaron sus bases, con el Plan
Médico Obligatorio (PMO), con la desregulación de las obras sociales, con el
hospital de autogestión y ningún otro gobierno lo desmontó.
Un seguro, como el de autos
La Cobertura plantea la mercantilización de la salud que
permite una transferencia de asignaciones públicas al sector privado, que se
conoce como modelo de aseguramiento, que implica que el Estado termina siendo
un pagador de servicios y que la gente puede comprar ese servicio tanto en el
sector público como en el privado, vinculado con la ley de la oferta y la
demanda.
Por otra parte, se
vincula el concepto de seguro como uno clásicamente lo conoce con el tema de
los autos, donde vos tenés una canasta de servicios, con determinadas
prestaciones reconocidas, pero fuera de ellas hay que recurrir a otros ámbitos
o a tu propio bolsillo para pagarlas. El esquema de aseguramiento prevé dos
implicancias inmediatas: por un lado, una restricción del derecho a la salud,
porque algunas prestaciones no estarían garantizadas en esa canasta básica; y
un incremento de los gastos de la gente, porque si ya te gastaste las
radiografías que reconoce el seguro tenés que ir a pagarlas. Y por otro lado
hay una transferencia al sector privado de los fondos públicos.
Para los trabajadores y sus derechos, la CUS tiene una
implicancia directa. Por un lado, si la gente puede acceder a las prestaciones,
tanto en el sector público como en el privado, con todo el proceso de
descrédito de lo público, puede pasar que la gente vaya al sanatorio en lugar
de ir al hospital, generando cierto vaciamiento de los hospitales, lo que
podría redundar en “sobrante de personal” y, con la precarización laboral que
hay, se podría proceder a recortar planteles. Y por otro lado, porque el
esquema de aseguramiento prevé nuevas formas de retribución salarial como pagos
por cápita, pagos por rendimiento, por seguimiento de pacientes, formas no
tradicionales de retribución salarial.
La CUS es casi como un caballo de Troya, que sobre el
supuesto de universalizar prestaciones y derechos esconde una fuerte
mercantilización de derechos garantizados por la Constitución, como es el
derecho a la salud, una transferencia formidable de recursos del sector público
al privado y un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores.
Esto parte de algunas falacias. Primero que está planteado
para la gente que no tiene una cobertura y se habla de un seguro, como si
hubiera que asegurar a alguien que está inseguro. Esto significa la falacia de
que no está garantizado el derecho a la salud, que tiene rango constitucional.
Segundo, prevé el concepto de que lo público es el lugar de atención de los
pobres, y en realidad lo público da cuenta de buena parte de la atención de la
población
Esconde también una cuestión ya usada en lo que fue el
vaciamiento de las empresas del Estado en los ’90, que es el desarrollo del
descrédito de lo público, con una desconfianza de la gente hacia lo público,
porque están hechos bolsa los edificios, porque tenés que hacer mucha cola,
porque no accedés a los turnos. Hay todo un descrédito programado para que la
gente crea que ir al sanatorio es igual o mejor que ir al hospital.
Por otro lado, el tema de la transferencia a las provincias
y municipios de la responsabilidad de la salud, es parte de la ingeniería
neoliberal de la transferencia a los territorios, con el corrimiento de las
obligaciones del nivel central, con la crisis fiscal y financiera de los
municipios y provincias, con escenarios de desfinanciamiento y menos gastos
asignados al área de salud.
