Mes: junio 2016

Para la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) esta medida viene a completar un “combo”
de leyes y decretos que apuntan al achicamiento y desguace del Estado provincial,
así como a profundizar la precarización laboral de sus trabajadores.

El
secretario general de ATE y la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires,
Oscar de Isasi,
señaló al respecto que: “están queriendo realizar una reforma estructural en
el Estado que apunta a moldearlo aún más al servicio de los sectores más
concentrados, precarizando las relaciones laborales. Como ya lo dijimos con la
Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica, el gobierno provincial avanza
en dos sentidos. El primero, el de habilitar a los grupos del sector privado a
hacer todos los negocios sin ningún control del Estado. Y, el otro, el de
precarizar las relaciones laborales de manera extrema con la creación del
contrato autónomo, que avanzan sobre los derechos laborales”.

Con la firma
del decreto, la Provincia acudió, según puede leerse en el texto, “al
congelamiento de las vacantes que se van produciendo en las distintas
jurisdicciones y a la suspensión de transitorias designaciones, así
como también suspendió el proceso de pase a planta permanente de miles de
trabajadores por un año con la posibilidad de que la presente disposición sea
prorrogada por un periodo similar”.

Desde ATE se
plantea que, las leyes de Emergencia Administrativa y Tecnológica, sumadas a la
Ley de Modernización del Estado, que tiene media sanción en el senado, juntas
al decreto N°230, “que da facultades feudales a los ministros para nombrar
personal y avanzar sobre cuestiones paritarias”, según de Isasi y al
reciente decreto N°618, muestran que “la gobernadora Vidal intenta
descargar la crisis sobre los trabajadores”, señaló de Isasi.

Asimismo,
agregó que además de repudiar estas medidas y exigir su derogación, 
también: “estamos reclamando se reabra la discusión salarial, dado que el
25% de inflación anual que nos intentó vender a principio de año en paritarias
quedó muy por debajo de la realidad: a mayo tenemos un 23% de inflación, y las
encuestadoras hablan de una proyección de entre el 37 y el 40% anual”,
finalizó diciendo de Isasi.

ATE,
SUTEBA, SOEME, CICOP, AJB, UDOCBA y la Federación Docente anunciaron hoy la
presentación conjunta ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, del pedido
de inconstitucionalidad de la denominada Ley de Emergencia Administrativa.

La
conferencia de prensa se realizó en la sede de ATE en La Plata, con la
presencia de Oscar de Isasi, Secretario General del gremio;  Raúl Calamante,
Secretario de Interior de SUTEBA;  Susana Mariño, Secretaria
Adjunta de SOEME; Pablo Abramovich, Secretario General de AJB; y Fernando
Corciglia, Presidente de CICOP.

“Ratificamos
que es una ley de ajuste que tiene como objetivo limitar los controles del Estado
sobre las contrataciones del sector privado, facilitando a los funcionarios y empresas
amigas a desguazar lo que queda de él”, manifestó de Isasi.

La
ley promulgada acorta a sólo tres días el plazo que tiene la Fiscalía de Estado, la Asesoría General de Gobierno y la Contaduría General para informar sobre
irregularidades en una posible adjudicación.
Para ciertas licitaciones, el plazo se acorta a cinco días. Si pasadas esas
horas los organismos de control del Estado no se pronuncian, la compra se da
por aprobada.

Además, los artículos 25 y 26 crean un nuevo régimen de contratación en la administración
pública denominada "Personal de Gabinete", a través del cual
autoriza a ministros y titulares de órganos descentralizados a contratar
a un trabajador para prestar un servicio determinado sin sujeción a
un resultado concreto, siempre que responda a una necesidad de carácter
transitorio o estacional supuestamente
documentado.

Al
respecto, el Secretario General de la ATE bonaerense dijo que la ley “precariza
de manera extrema las relaciones laborales en el Estado provincial, porque la
figura del contrato autónomo tiende a quitar los pocos derechos a los trabajadores
que no tienen estabilidad“.

Además,
de Isasi precisó que se viola el principio de progresividad amparada en el artículo
39 de la Constitución bonaerense. Allí se establece que cualquier modificación
respecto a las condiciones de trabajo debe estar orientada a su mejora.

En
otro orden, los dirigentes ratificaron que la presentación abre una nueva etapa
en su plan de lucha que, seguramente, incluirá una nueva medida de fuerza.  

Cabe
recordar, que los sindicatos presentes movilizaron 50 mil trabajadores el 19 de
mayo pasado en La Plata, para rechazar la ley en cuestión horas antes de su
aprobación.