– Nunca se
ha efectuado presentación formal y/o reclamo alguno ante ese Consejo Directivo
Nacional por parte de ninguna de las 24 provincias, ni sus respectivas
seccionales respecto a la administración y uso del dinero proveniente de los
aportes de los afiliados de esta organización.

– Que desde
la recuperación del sindicato, el Congreso Nacional Ordinario de esta Asociación,
ha aprobado los balances realizados, lo que han sido debidamente presentados
ante la autoridad administrativa – Ministerio de Trabajo de la Nación – quien
jamás tampoco los ha objetado.

– Que quien
habría realizado la denuncia penal, ha sido miembro de esta conducción nacional
en el periodo 2011-2015, y también lo es en la actualidad.

Esta
supuesta denuncia no es más que una maniobra mediática en el marco de una
interna gremial, con la única intencionalidad política de revivir y favorecer a
sectores que perdieron las últimas elecciones en el sindicato. Dicha acusación
infundada, además, se da en un momento donde el gremio está teniendo un rol
protagónico en la lucha contra los despidos y la precarización laboral y por
aumento del salario, cuyo plan de acción ha sido ratificado por la conducción
nacional en la reunión realizada el día 14 de junio.

Esta
denuncia, en el marco de la Reforma del Estado que está aplicando el gobierno
de Macri con sus políticas, solo puede explicarse como un intento de debilitar
esa lucha.