El ajuste
fue el dato distintivo del comportamiento del mercado de trabajo a lo largo del
año 2016. A comienzos del año el Gobierno Nacional, por medio de sus ministros
de hacienda y trabajo, planteó el falso dilema entre defensa de los salarios o
los puestos de trabajo. A un año de aquella extorsión podemos afirmar que las
consecuencias económicas de la política del gobierno de Cambiemos han incluido
tanto una caída del empleo como una reducción del salario real.
Los últimos
datos oficiales disponibles muestran que al mes de octubre la retracción del
empleo registrado en el sector privado fue del 1,5% (92.335 trabajadores menos
en comparación con octubre de 2015). A nivel salarial, la caída acumulada en
los primeros diez meses del año, en comparación con el mismo período del año
anterior, fue de casi el 6%. Como ya hemos señalado en otras oportunidades,
estos retrocesos no son nuevos. En efecto, el comportamiento del mercado de
trabajo se encuentra virtualmente estancado desde el año 2012. En tal sentido, entre
2012 y 2016 el empleo registrado en el sector privado creció a una tasa anual
promedio inferior al 0,5% (es decir, a un nivel menor al del crecimiento
poblacional) y el salario real de estos trabajadores se encuentra actualmente
por debajo de los niveles del año 2011.
El nuevo
gobierno, lejos de impulsar una reactivación del empleo, impulsó medidas que provocaron
un fuerte ajuste sobre los puestos de trabajo y los salarios reales, superando
la magnitud de las caídas que se habían registrado durante el año 2014 (a esta
altura un primo –hermano del 2016 en materia del comportamiento del mercado de
trabajo).
En este
contexto de retracción generalizada de las principales variables del mercado de
trabajo, cabe detenerse en la situación de los trabajadores de la
Administración Pública Nacional y de los jubilados y pensionados, quienes
encabezaron el listado de las mayores caídas de los ingresos en términos reales
a lo largo del año 2016.
En el caso
de los trabajadores dependientes del Estado Nacional, los salarios básicos correspondientes
al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) cayeron en promedio un 8% en comparación
con el año 2015, profundizando el desplome iniciado en el año 2010, registrando
desde entonces una caída del 21,3% en términos reales, tal como puede
observarse en el siguiente gráfico.
Por el lado
de los jubilados y pensionados, cabe destacar que el Gobierno Nacional utilizó
como uno de sus caballitos de batalla la llamada “reparación histórica”,
vinculada a la supuesta resolución de las miles de demandas que los
trabajadores pasivos debieron iniciar a lo largo de los últimos años por las
incorrectas liquidaciones efectuadas por la ANSES. Sin embargo, dicha “reparación
histórica” se dio a la par de una caída del 7,1% de los haberes en términos
reales, debido a que la actualización por la ley de movilidad fue muy inferior
al incremento de los precios a lo largo del año. Esta retracción fue superior
aún a la que los haberes jubilatorios habían experimentado en el año 2014, tal
como se observa en el siguiente gráfico, y provocó que actualmente la
jubilación mínima se encuentre en niveles inferiores a los registrados durante
el año 2012, situación que se agrava aún más por cuanto actualmente más del 70%
de los jubilados y pensionados percibe el haber mínimo (a junio de 2016 sobre
un total de 6.644.764 beneficios otorgados por el SIPA, un total de 4.769.007
percibían un monto igual o inferior a $4.958,97 por mes).
La magnitud
de la caída salarial de los trabajadores comprendidos en el SINEP y de los
jubilados y pensionados constituye uno de los ejemplos más extremos del ajuste
que experimentaron los trabajadores a lo largo del año 2016 en sus ingresos, y
en ambos casos da cuenta de la intención estatal de reducir significativamente
el gasto público descargando las consecuencias de dicha decisión sobre el
esfuerzo de sus trabajadores y del conjunto de los jubilados y pensionados.
De cara al
2017 la situación no resulta alentadora. Por un lado, por las propias
declaraciones efectuadas por los funcionaros del Gobierno Nacional en el
sentido de continuar profundizando las reducciones en el gasto público; por el
otro, por las primeras señales brindadas en la Provincia de Buenos Aires a
partir del acuerdo salarial celebrado entre el gobierno local y UPCN (18% de
incremento anual en cuatro cuotas trimestrales), que en el mejor de los casos
tan solo impedirá un mayor retroceso salarial en el año en curso y, en ningún
modo, una recuperación de lo perdido durante el año 2016.
De ser este
el patrón a seguir en el sector privado, está claro que, a pesar de las
declaraciones altisonantes de muchos funcionarios nacionales, no será el
crecimiento del salario de los trabajadores el que impulsará una supuesta
reactivación económica. Por el contrario, todo indica que, en la concepción de
las autoridades del gobierno, el salario ha vuelto a ser considerado como un
costo o un gasto, que por ende debe ser reducido al mínimo posible. Una vez
más, el límite a este proceso estará dado por la capacidad de organización y
acción colectiva del conjunto de los trabajadores.
