ATE repudió la sanción de la Resolución 37/2025, informada a través del Boletín Oficial, que afecta la funcionalidad del Instituto Nacional de Vitivinicultura por la pérdida de control y trazabilidad del producto y de la actividad lo que pone en riesgo la Salud Pública. Además, potencia la desprotección de los pequeños productores, favoreciendo a los grandes productores del sector, y pone en riesgo la continuidad de los puestos de trabajo en las áreas afectadas.
Mariano Ruben Lucero, Delegado de ATE en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, expresó: “Se le llama digesto normativo, pero es más que un digesto ya que suprime el 60 % de las funciones del Organismo, perdiendo el control que realizaba el Instituto Nacional de Vitivinicultura sobre la industria desde el viñedo, la elaboración y hasta la comercialización. Con esta norma el Instituto fiscalizará exclusivamente el producto final para determinar su aptitud para el consumo, por lo cual se pierde en términos generales la trazabilidad del producto. Esto implica por ejemplo que no se realicen inspecciones en los establecimientos vitivinícolas. De aplicarse la resolución, la probabilidad de detectar desviaciones e irregularidades será ínfima y en los casos en que se detecten, el producto ya se encontrará en circulación por lo que además de ponerse en riesgo la Salud Pública y la confianza del consumidor”.
Bajo los argumentos de lograr una gestión pública ágil, eficaz y de calidad, que “simplifique y desburocratice” las tareas que lleva a cabo el organismo, el Gobierno Nacional impuso esta resolución fundamentando que la actual ley es obsoleta y que debe ser adecuada a las nuevas exigencias del sector vitivinícola. Sin embargo, los efectos serán dañinos no solo para los pequeños productores sino para la población en general ya que implica menos controles y cuidados en los procedimientos sobre la certificación y la trazabilidad del producto.
En este marco de proceso de desmantelamiento del organismo, ATE alertó sobre la situación de la planta funcional de las y los trabajadores donde el 25% está precarizado y debería renovar sus contratos a fin de año.
El nuevo régimen unificado e integral de la producción, industrialización, fraccionamiento, circulación, comercialización, exportación e importación de vinos, mostos y demás productos vitivinícolas, entraría en vigencia el 1 de enero de 2026 y será de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional.
El Sindicato denunció y repudió la Resolución, y advirtió que tiene el mismo fin que el decreto 462/2025 derogado por el Poder Legislativo de la Nación este año y resistido por ATE.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura, actualmente presidido por Carlos Tizio Mayer, es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, que ejerce el rol de contralor técnico en la producción, la industria y el comercio vitivinícola con jurisdicción en todo el territorio nacional y tiene como función principal la fiscalización de los productos vitivinícolas.
Foto: prensa, ATE en el Instituto Nacional de Vitivinicultura y Gentileza.
