La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Buenos Aires, a través de sus seccionales Punta Alta y Bahía Blanca, promovió una Acción de Amparo Colectivo con un pedido urgente de medida cautelar, contra el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y el Ministerio de Defensa de la Nación, en razón de la grave vulneración de derechos fundamentales que afecta a más de 60.000 trabajadoras y trabajadores estatales afiliados en toda la provincia de Buenos Aires.
En el escrito judicial, dispuesto por Esteban Corrales, del Equipo Jurídico de ATE bonaerense, se solicita que se declare la ilegalidad de la conducta del IOSFA y del Ministerio de Defensa, al incumplir con su deber de garantizar la cobertura médico–asistencial y farmacéutica a las y los trabajadores estatales.
Asimismo, se reclama como medida cautelar urgente que “se arbitren de manera inmediata los medios necesarios para restablecer la cobertura integral en toda la Provincia de Buenos Aires, asegurando la continuidad de prestaciones esenciales como medicamentos oncológicos, insulina, tratamientos para VIH, atención hospitalaria y cuidados específicos para personas con discapacidad, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa”.
ATE denunció que “la crisis sanitaria actual es consecuencia directa de la irresponsabilidad del Ministerio de Defensa, bajo cuya órbita funciona el IOSFA, al permitir la parálisis de un sistema de salud que debía proteger a miles de familias trabajadoras. Este abandono constituye un incumplimiento inadmisible de las obligaciones constitucionales y legales en materia de derecho a la salud y seguridad social”.
El conflicto no se limita a Punta Alta y Bahía Blanca: la falta de cobertura impacta también en numerosas localidades donde el IOSFA tiene presencia, tales como Mar del Plata, Tandil, Zárate, Azul, entre muchas otras, lo que profundiza el alcance y la gravedad del problema.
En este marco el Sindicato no acepta más dilaciones, promesas vacías ni excusas burocráticas: la salud no se negocia y subrayó que “este amparo colectivo no es solamente una respuesta a una emergencia local, sino un freno político y gremial frente a un abandono sistemático de toda la red del IOSFA en la Provincia de Buenos Aires, que pone en riesgo la vida y la dignidad de las y los trabajadores estatales”.
