Autor: Alejandro Asís

El ex ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, fue invitado a participar de la jornada por la Nueva Estatalidad que organizó la ATE. Como parte de la necesidad de recuperar la soberanía perdida, explicó que “el primer lugar de construcción de soberanía es elaborar una idea común y poder trabajar un proyecto sobre qué es lo más conveniente para el conjunto de la sociedad argentina”. A lo que el ex funcionario nacional sintetiza como bien común o interés general lo caracteriza en que “el Estado tiene que ser el primer lugar donde se instrumenten los objetivos que luego son planificados en servicio de la comunidad”. 

Para Domínguez “si no hay posibilidad de generar proyectos comunes no hay gobierno posible porque los funcionarios terminan haciendo lo que a ellos les conviene. A nosotros mismos nos ha pasado tener funcionarios que no responden a la lógica de la política, sino que responden a la lógica de empresas o de grupos económicos y eso es una debilidad política”.

Respecto al debate llevado adelante en el panel de ‘Estrategia estatal soberana y producción nacional’ vuelva su experiencia en la conducción del Ministerio de Agricultura: “en el 2010 nos planteamos el desafío de avanzar en la industrialización del sector rural. En aquel momento convocamos a las universidades, a las provincias, a las entidades, al INTA, a la NASA y a los colegios agropecuarios, porque entendíamos que era necesario tener un plan estratégico de desarrollo que marcara los objetivos nacionales de cara al año 2020. Considerábamos necesario ir hacia un  proceso de industrialización y de transferencia de conocimiento para que pudiera ser aprovechado por los productores asociados”.

Sigue detallando Domínguez sobre su etapa: “creímos, y sigo creyendo necesario, que en la Argentina se tiene que fortalecer el sistema cooperativo agrario como forma de participación por parte de los productores de la renta de la Argentina y de la industrialización y de la transferencia de conocimiento. Si no, está el ejemplo reciente de la baja de las retenciones donde fueron las exportadoras las que se apropiaron de esa renta y los productores argentinos quedaron fuera”.

Después señaló que con el cierre de áreas vinculadas a la producción agropecuaria el gobierno actual no tiene ningún proyecto de industrializar el campo: “está claro que hay un proyecto de primarización para la producción argentina, son políticas claras que nos dejan atados a la inestabilidad que genera el precio de los commodities. Ese precio tampoco lo decidimos nosotros. Por eso siempre hemos creído que hay que salir es de la primarización y para eso es necesario el motor de desarrollo. Por ello subrayó para mantener la soberanía, es indispensable la industrialización de la producción primaria”.

Para terminar su exposición Domínguez sostuvo que en el Estado “es necesaria una nueva generación que nos represente y que sume al debate al conjunto de la sociedad argentina” y tomando como ejercicio la jornada de debate de ATE agregó: “lo que hoy hace ATE hay que hacerlo en todos los municipios, en todos los lugares, hay que promover el debate y la construcción de una nueva conciencia, porque si de algo tenemos que tomar nota, es que hemos perdido la conciencia de un destino común y el pueblo argentino no ha visto con claridad dónde se juega el interés de la grande mayoría y donde el interés individual”.

El Secretario General de la CTAA, Hugo Godoy, participó de la jornada  de “El Estado que viene para reconstruir la patria”.  Sobre ese punto de debate sostuvo que “si hay que pensar el Estado, hay que pensarlo en términos de garantizar la universalidad de derechos”. Como ejemplo de ello recapituló sobre los orígenes del proyecto de Frente Nacional Contra la Pobreza (FRENAPO) que planteaba la puesta en funcionamiento de un salario universal, a través de lo que se llamó el Seguro de Empleo y Formación.

Godoy afirmó que “el salario mínimo garantizado para que no haya ningún argentino que tenga hambre, tiene que ser un piso de dignidad para la vida de nuestro pueblo. El salario mínimo vital y móvil que debe ser reemplazado por un salario universal hoy no les llega a las y los trabajadores estatales de los municipios, y en diversos casos ni siquiera a quiénes trabajan en los estados provinciales”. “Hoy ha crecido la marginalidad, más del 50% de las y los argentinos son pobres y casi el 60% de las y los argentinos y argentinas que trabajan están precarizados”, acotó.

Dentro de su disertación para el panel  de ‘Políticas sociales, educación y derecho al cuidado’ Godoy también consideró indispensable el derecho a las convenciones colectivas de trabajo. Al respecto subrayó que “esta es la institución democrática de las relaciones laborales. A nivel provincial más de la mitad de las y los trabajadores provincias no gozan de este derecho laboral. Mucho menos a nivel municipal y es por eso que debemos profundizar la democracia, democratizando las convenciones colectivas de trabajo”.

Como cierre de su ponencia el titular de la CTAA cree también que para una Nueva Estatalidad debe recuperarse el sentido del poder popular: “¿Cuál es la instancia democrática más corrupta en la Argentina? El Poder Judicial. Hoy son tres tipos que están elegidos para toda la vida. Entonces es bueno tener claro que si no se democratizan a fondo las instituciones democráticas de nuestro país no se podrá construir un nuevo Estado”. “No hay posibilidad de que se transforme el Estado si no hay poder popular. Porque incluso la propia democracia ha sido vaciada. Entonces, si no recuperamos el protagonismo popular, será difícil discutir los proyectos de país, porque si hay algo que se perdió en estos 40 años de democracia, es el sentido de un proyecto de Nación, y es esto lo que explica la dispersión del campo popular”, sentenció hacia el final de su ponencia.

La economista y especialista en feminismo y políticas de cuidados, Lucía Cirmi Obón, participó de la jornada de debate de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el panel ‘Promoción de vida digna, inclusión y derechos’. En este espacio graficó los últimos ajustes que el Gobierno de Javier Milei aplicó en las políticas sociales. “De cincuenta políticas de cuidado que existían cuando asumió este gobierno sólo quedan tres en pie, es decir que en 21 meses de gestión desarmó todo el despliegue territorial de acompañamiento que brinda el Estado y que mayoritariamente sostienen las mujeres”, enfatizó.

Para mostrar la magnitud del ajuste detalló la magnitud del recorte aplicado en la tarjeta alimentar, en las asignaciones familiares y en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): “Milei está centrando el ajuste, entre las personas que requieren cuidados. Cuando pensamos en cuidados pensamos en las infancias, las personas mayores y las personas con discapacidad, que están al cuidado mayoritariamente de mujeres y que en la generalidad cumplen el trabajo que deberían hacer el Estado”.

Cirmi señaló que se calcula que hay unas 150.000 mujeres en todo el país que cumplen tareas como cuidadoras comunitarias, y casi en su totalidad hacen cuidado comunitario gratuito. “Las personas con discapacidad no solamente necesitan tener pensiones dignas, también debe darse un apoyo económico a esa familia, que a partir del recibir el diagnóstico queda a su cuidado; y que casi con seguridad esa persona es una mujer”.

En este panel cuyo eje era ‘Subjetividades democráticas y derechos’ Cirmi analizó algunos aspectos relacionados con la economía y la distribución efectiva de sus ingresos tributarios, señalando que “Argentina está 5 puntos porcentuales en la presión tributaria por debajo de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Los países que lideran en el ranking de Desarrollo Humano tienen más presión tributaria, obviamente, pero también tienen una estructura progresiva de impuestos que permita financiar a los sectores con menores ingresos”. Además agregó que “la falta de control se extiende a las relaciones laborales. En el discurso hablan de una reforma laboral para que se genere más empleo, pero eso en Argentina no funcionó. Nosotros en Futuros Mejores nos pusimos a ver qué es lo que pasa con el empleo en Argentina y en general la tasa de desempleo en Argentina no es un problema, lo que es un problema es la informalidad, que aún en años de mucho crecimiento no baja del 33%,  desde el año 1988. Ahora vas a ver quiénes son los informales, y son trabajadoras y trabajadores de casas particulares, construcción y comercio. Eso se lleva el 60% de toda la informalidad laboral”.

Retomando el tema de la reforma laboral que reclama el empresariado sostuvo que “aunque vos cambies la ley de contrato de trabajo esa gente ni se entera, porque no están ahí, no tienen nada que ver con las relaciones laborales porque están en la informalidad. Ahí lo que precisas es más del Estado, como ser más fiscalización en el territorio porque hay sectores con grandes ingresos que tienen a la gente trabajando en la informalidad”. Sin embargo, el Estado tampoco escapa a la falta de derechos y relaciones laborales precarizadas: “creció el monotributismo del 5% al 26% en el empleo estatal. Por eso ahí tenemos mucho para conversar”, acotó.

Asimismo señaló que “pese a lo que muchos piensan la Argentina es un país tal normal como el resto. ¿En qué cosa no es un país normal? en su vínculo entre la inflación y el dólar, seguro”. “Entonces, sí necesitas un Estado con una macroeconomía ordenada, pero tampoco es que tengas que tener superávit a cualquier precio. De hecho hoy lo hay y no nos está impactando positivamente. Termina siendo esto tan inútil como tener déficit sostenido en momentos de crecimiento”, acabó diciendo en su exposición.

En el marco de la Nueva estatalidad impulsada por la Asociación Trabajadores del estado (ATE) el ex ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, aseveró que “las generaciones formadas con la recuperación de la democracia, dábamos por sentado una serie de acuerdos básicos, desde donde construimos nuestras diferencias. Con la llegada de Milei estos acuerdos han estallado”.

El ex ministro marca diferencia entre la práctica de un gobierno liberal a lo que representa en la realidad Milei, afirmando que “esto no es una oleada más de liberalismo, sí tiene mucho más que ver con el autoritarismo, con la intolerancia y con el fascismo”.

Avelluto entiende que entre las distintas expresiones de la política deben establecerse acuerdos que “nos alcancen a todas y todos. El primero es el trabajo digno, otro valor que compartimos es la legalidad y también por supuesto, la libertad en el sentido original del término, la libertad de pensar, la libertad de expresarse, la libertad de asociarse. El otro acuerdo es la igualdad ante la ley, una ausencia notoria en nuestra Argentina. Por eso es importante la centralidad del Estado, de las políticas públicas y de los bienes públicos en cualquier proyecto de desarrollo que queramos construir juntos”.

Dentro de lo que fue su disertación en el panel ‘Promoción de vida digna, inclusión y derechos’, el ex funcionario expresó que “primero tenemos que garantizar el cumplimiento y la ejecución de un piso de derechos. No podemos seguir proclamando derechos que después no se cumplen. Dentro de los derechos que deben cumplirse creo que tienen que estar la alimentación escolar, los de la primera infancia, los medicamentos esenciales, la protección frente a la violencia, que para mí es la mejor manera de llamar a la inseguridad, y la conectividad educativa. También creo que debe haber más productividad y tiene que haber más empleo formal”.

Avelluto diferencia el ajuste brutal que practica Milei y el ordenamiento fiscal. Sobre esas diferencias señaló que “creo que tenemos que tener una regla fiscal, pero esa regla fiscal tiene que tener una cláusula social. No está mal ordenar las cuentas, pero los ahorros que el ordenamiento de las cuentas genere, tienen que ser para subir el piso de derechos y no para pagar la deuda. Si no, vamos a seguir teniendo derechos virtuales que no se cumplen”. Y para concluir remarcó que “si no hay crecimiento, los derechos se licúan, lo hemos vivido esto muchas veces. Por eso es que derechos y productividad van juntos. Si no hay reglas y no hay derechos, los primeros que pierden son siempre los sectores más vulnerables”.

Como parte de su ponencia, en el panel de ‘Estrategia estatal soberana y producción nacional’, en la jornada de Nueva Estatalidad impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Secretario General de la ATE Provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo, sostuvo que “en Gobierno Nacional se niega a realizar las inversiones que se necesitan para la producción nacional. Tenemos en nuestra provincia el caso del Astillero Río Santiago (ARS) que el gobierno de Javier Milei pretende que se privatice”.

El dirigente de ATE expresó que “todo lo que ha hecho hasta ahora la Nación es destruir a la Pymes y despedir trabajadoras y trabajadores”, y contó que “el Estado dejó cesantes a más de 50.000 trabajadoras y trabajadores y más de 200.000 del sector privado quedaron en la calle”. 

Contrariamente a lo debería ser inversión nacional, Arévalo subrayó que “ha entregado recursos naturales a multinacionales contra los intereses del pueblo argentino. Mientras regala soberanía no ha tomado ni una sola medida que favorezca a la mayoría del pueblo”. 

Para Arévalo hay una destrucción inducida en todo el sector naval: “Astillero es sólo una parte. Lo mismo ocurre en Puerto Belgrano y en los talleres militares. Esto es una pena porque existe muchísima mano de obra calificada como para que el Estado genere producción”.

Respecto a la Nueva Estatalidad, Arévalo señaló que “estamos de acuerdo que debe discutirse, pero las nuevas estatalidades deben contemplar trabajadoras y trabajadores que tengan la planta permanente, que tengan salario digno, que tengan un Convenio Colectivo de Trabajo, de manera que se dignifique la tarea que día a día realiza el personal del Estado”.

Asimismo señaló que “esta nueva estatalidad también implica defender la soberanía, la Salud Pública, la Educación, a las universidades y también que se retome la obra pública”.

Laura Berardo es docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y Subsecretaria de Ambiente de ese municipio del conurbano bonaerense. Invitada al debate por la Nueva Estatalidad manifestó que “frente al presente que vivimos es necesario repensar el Estado. Hoy intentan naturalizar la dolarización, intentan naturalizar el endeudamiento, y la realidad es que eso es la construcción de un país esencialmente basado en la financiarización de la economía. Tenemos un Estado endeudador y extranjerizante de nuestros recursos naturales”.

Por ello Berardo remarca luego que “cuando hablamos de repensar el Estado hablamos claramente de un Estado nacional, popular, democrático, inclusivo, feminista, ambientalista, industrial, con desarrollo del mercado interno y desendeudado”.

También apunta que “la dolarización de la economía implicará la clausura definitiva de la inclusión social. Por eso es fundamental poner en debate la deuda, porque la prioridad tiene que ser el desarrollo de nuestro pueblo”.

El nuevo Estado que plantea la funcionaria lomense “debe llevarnos a discutir la importancia de la soberanía alimentaria y el tema de los cuidados. Nos quedó una ley pendiente en el Congreso de la Nación respecto a la ley de cuidados, que deberíamos volver a ponerse en debate, y también a los cuidados a través de los trabajos comunitarios. Tampoco queremos la baja de la edad de punibilidad y para ello necesitamos generar políticas de inclusión para las y los jóvenes, a través de la educación, la recreación y la cultura”.

Respecto a las políticas públicas que considera esencial restaurar para avanzar en la Nueva estatalidad pone en un lugar principal al trabajo. Berardo precisa que “tenemos unos niveles de desigualdad enormes. Más del 50% de la población argentina está cayendo bajo la línea de pobreza y los que ya se encontraban allí atraviesan una situación de mayor vulnerabilidad, aún mayor. La informalidad laboral también alcanza casi el 50% lo que genera más familias endeudadas. A eso debemos sumarle las cuestiones que tienen que ver con el consumo problemático, la reproducción de las violencias, a partir de la habilitación del narcotráfico. Las nuevas estructuras precisan de  poner al mercado laboral en el centro del debate”.

“Otra realidad que nos abruma es la pérdida del poder adquisitivo” dijo antes de señalar que “el ingreso de los salarios cayó un 30%. Ante eso la gente se debe adaptarse y esto ya es alarmante empieza a naturalizarse el crecimiento de los niveles de desigualdad y el aumento de la pobreza”.

Por último Berardo expone que para pensar el Estado social también es necesario recuperar el Estado de Derecho: hoy tenemos altísimos niveles de persecución política, de represión, de no favorecer la institucionalidad y reprimir la movilización. Todo esto también nos habla de la necesidad de una reforma judicial, que ahora está pendiente,  pero que hay que volverla a retomar en forma urgente”.

Para el ex Secretario de Salud de la ciudad de Rosario, Leonardo Caruana, que disertó en la jornada por la Nueva Estatalidad, organizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), pese al impulso privatizador que guía al Gobierno nacional, “aún existe una gran infraestructura pública y por eso este sistema de salud argentino se sostiene por esa infraestructura pública y también por el compromiso de las y los trabajadores”.

Sostiene el médico que la política de este gobierno tiende a imitar la política de los 90, aplicada durante la presidencia de Carlos Menem. Por eso en el debate que se centralizó sobre el Eje ‘Sistema de salud de calidad’, aportó la experiencia atravesada por la Salud en su ciudad, Rosario expresando: “donde se planteaba la posibilidad de la autogestión y la privatización de los servicios de Salud, en la ciudad surge un movimiento colectivo de Salud Pública. El intendente radical de entonces (Horacio Usandizaga) renuncia y asume el socialismo que ya tiene en mente proyectos de Salud sustentados en las  escuelas de salud pública de Latinoamérica. Así se crea el Instituto Lazarte, una maestría de salud pública con perspectiva de formación. Con el tiempo muchos de esos gestores y gestoras de Salud que aparecen en el país hicieron esa maestría de salud pública en la ciudad de Rosario”.

Caruana considera que el modelo de Salud debe ir hacia la integración del sistema nacional: “es necesario un sistema único, por supuesto con referencias y con experiencias, como es la experiencia brasilera, donde los roles municipales y provinciales, son claros, pero que también tienen a alguien que está por arriba, como decir sentado en la cabecera de la mesa”.

Hacia el fin la de su exposición Caruana informó cuál es su posición sobre el ente rector de Salud del que muchas veces se habla. En este punto afirmó que “no alcanza con ser un ente rector. Es el Estado quién tiene que regular, que vigilar las condiciones de que se aseguren las prácticas de derecho y el acceso al derecho universal de toda la población, y también de vigilar el sector privado. Por eso para mí son tres las palabras que deben guiarnos: colectivismo, estatismo y universalidad; y tras estas debe estar el  Estado como regulador hacia la construcción de un sistema nacional integrado de Salud”.

“La nueva estatalidad tiene que ver con construir políticas que sean más profundas. Entonces, me parece que hay un eje a repensar que tiene que ver con estos mecanismos participativos e institucionalidades nuevas, para que se tenga mayor espacio de escucha, de activación colectiva y de construcción colectiva”, sostuvo la doctora en Ciencias Sociales, Roxana Mazzola, durante su participación del panel ‘Políticas Públicas, protección y seguridad social’, en la jornada por la nueva Estatalidad organizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Mazzola, reconoce que “los dispositivos institucionales que tenemos son añejos, deben ser repensados y tender a ser más igualitarios. Cuando es más igualitario hay espacios de participación para que las voces de los niños y de las infancias, estén ahí presentes. También presentes las voces de las personas mayores y los jóvenes ahí presentes, porque si no nos planteamos eso, no estamos pensando la base de una reforma mucho más profunda que hay que hacer”.

Esta ex funcionaria gubernamental, también Licenciada en Ciencia Política, sostiene que la distribución de funciones es media básica en un país federal: “Argentina es un país que tiene más de 2.500 municipios, tiene una territorialidad super marcada. Las desigualdades son muy grandes. Según el lugar donde se viva se tiene o no acceso a la salud, a la educación y a los beneficios que tengo al agua. En todas las teorías de federalismo fiscal de los últimos 100 años siempre que la Nación se corrió de la nivelación de inequidades, los derechos se mermaron y las desigualdades se amplificaron. Hoy estamos nuevamente en un momento donde la Nación se corre de su rol como nivelador de inequidades. Las teorías de federalismo fiscal dicen que el nivel central de gobierno nunca puede correrse porque voy a tener más desigualdad. A la larga, a la corta, al acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, la pobreza que yo tenga,  va a ser cada vez más grande”.

Afirma Mazzola que “vemos hoy un proceso de descentralización muy fuerte donde la Nación se corre y sólo quedan los gobiernos locales, las organizaciones comunitarias o las familias. Sin embargo en una distribución de funciones el nivel central de Gobierno no puede no estar, y en esa distribución los niveles subnacionales de Gobierno tienen que tener un rol complementario”.

Aquí introduce el concepto de ‘la profundidad en las intervenciones’: “en el último tiempo se han destruido fuertemente las profundidades de las intervenciones. Una política no es solo la suficiencia del monto, sino también la conexión que tiene que tener con la salud, con la educación y con agendas nuevas, que no las tenemos  consideradas, pero que son motor de desarrollo”.

Respecto a cómo se genera ese desarrollo Mazzola subraya que “se hace invirtiendo en infraestructura en los territorios, activando la economía, con políticas redistributivas y con políticas que se metan en salarios”.

Sobre la referencia directa del salario Mazzola destacó que “uno de los datos fuertes que mostró los procesos de reducción de la desigualdad en América Latina durante inicios del siglo XXI, fue por los salarios. La mejora en salarios, no sólo en las transferencias sociales y en las jubilaciones, fue lo que hizo posible la reducción de niveles de pobreza y la reducción de niveles de desigualdad”.