La Seccional ATE Ensenada consideró “inadmisible” que el INIDEP (Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero) avance en un llamado a licitación internacional para la adquisición de un buque de investigación con el financiamiento del BID con la total exclusión de los Astilleros nacionales.
“De esta forma es imposible no imaginar que se esté repitiendo lo sucedido en 2015 cuando se contrató a un astillero español para la construcción de dos buques”, subrayaron desde la ATE local.
En ese momento se contrató a una consultora que se encargó de realizar un pliego a medida del Astillero Armón, y con argumentos que no pueden acreditar la mínima veracidad, se realizó una compra en exterior.
Se pagaron 34 millones de dólares (que no tuvieron impacto alguno en la economía local) por un total de 1.2 millones de horas de trabajo, es decir, el equivalente a 575 puestos de trabajos.
En el año 2017, la por entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, avanzó con la compra de cuatro embarcaciones destinadas a la Prefectura para el patrullaje de los ríos interiores por una cifra cercana a los 48 millones de dólares a un Astillero de Israel.
Se realizó una compra directa por buques que no tenían nada que ver con las tareas que se les asignaba, por un monto que permitía construir en astillero nacionales diez de patrullaje fluvial. Esto posibilitó que se crearan en el exterior 570 puestos de trabajo.
A fines del 2018 el por entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, cerró la compra directa de cuatro buques OPV a un Astillero estatal francés, lo que se trata de la mayor compra naval de las últimas décadas.
Se adquirió una unidad usada, que tuvo una fuerte avería y que además fue rechazada por la Armada de Francia y tres unidades construidas por un total de 411 millones de dólares generando más de 2800 puesto de trabajo en el exterior.
En el último tiempo, con la llegada al gobierno del Frente de Todos, se conformó el Consejo Económico y Social de la Industria Naval en el cual participamos todos los actores de la actividad, como Astilleros públicos y privados, cámaras empresarias, sindicatos, asociaciones profesionales, universidades, etc.
Dicho consejo fue impulsado por la Secretaria de Industria donde se establecieron una serie de consensos que hizo posible en poco tiempo que la industria naval nacional diera muestras de crecimiento.
Uno de los acuerdos básicos del sector es que el Estado cuando demanda buques los tenga que construir en Astilleros nacionales. Dicho consenso tiene legislación vigente en el artículo 15 de la ley 27418.
Se trata entonces de quebrar una lógica que impera desde hace décadas, porque el objetivo es priorizar el trabajo argentino, es decir, la industria Nacional. Necesitamos generar puestos de trabajo genuinos y de calidad para el país.
Tenemos que apostar por lo nuestro y las capacidades están. Cuesta mucho esfuerzo y dedicación formar mano de obra naval y a eso debemos apuntar. Necesitamos la decisión política de construir en Astilleros nacionales los buques que necesita el país.
Prensa ATE Provincia de Buenos Aires
