Autor: Alejandro Asís

El Secretario General de la ATE Córdoba, Federico Giuliani, viene siendo víctima de una sostenida persecución y hostigamiento por parte de la Justicia provincial. ATE, junto a otras organizaciones sociales y sindicales llevan adelante una marcada posición al ajuste que impulsan tanto nación como su provincia, que en último caso deviene en la persecución y criminalización de la protesta: la última acción judicial fue llevarse el teléfono celular del hijo de 9 años de Giuliani.      

En una reciente entrevista sostenida en el Congreso Nacional del ATE, el Secretario General del CDP explica esta situación particular y los reclamos salariales que nuestra organización lleva adelante en Córdoba.  Desde hace ya varios años a esta parte, ATE en Córdoba viene siendo el sindicato que está a la vanguardia de las peleas.

Criminalizar la protesta

Relata Giuliani: “El año pasado me imputaron dos causas por movilizar. Una de ellas está en vía de juicio. Ya tuvimos la instancia oral. El sábado (por el 25 de mayo) lo recibimos como se debía a Javier Milei, cortando ruta y movilizando en el centro. Nos enfrentamos con la Gendarmería primero y sus gases lacrimógenos. Nos enfrentamos con la Policía de Córdoba después y sus balas de goma.

Antes de ayer me allanaron la vivienda con una orden judicial del mismo fiscal que me viene hostigando y persiguiendo desde el año pasado, que en realidad viene por nuestra organización sindical.  Me sacaron nuevamente el celular. Como el año pasado ya me habían sacado otro, se llevaron un teléfono de mi hijo de nueve años. Pero sobre todo esa violencia de entrar a tu casa. Sobre todo una policía de Córdoba cuestionada por corrupción, por gatillo fácil y me citaron a declarar ayer, día del Cordobazo, nos imputan ahora incitación a la violencia y nos fijaron una fianza de 10 millones de pesos para poder estar hoy acá y gracias al acompañamiento y el abrazo solidario de todo ATE y la CTA a nivel nacional es la fuerza que nos permite seguir peleando.

Claro que esto es un intento de criminalizar la protesta. Nosotros seguimos diciendo que protestar es un derecho, que no es un delito. Seguimos planteando que más violento es despedir o hambrear al laburante, no cortar calle o rutas. Y en ese camino estamos con una defensa jurídica, pero sobre todo no perdiendo el norte de la pelea en la perspectiva de reincorporar a los compañeros y compañeras injustamente despedidos por Milei, por Llaryora y por los intendentes y seguir recuperando salarios, porque hoy lamentablemente representamos a laburantes que son pobres y muchas veces en los municipios que están bajo la línea de indigencia”.

El ajuste y el reclamo sindical para las y los trabajadores municipales

Al respecto el titular de la ATE cordobesa dijo: “los intendentes y los gobernadores aprovecharon el proceso de ajuste de Milei para aplicar la misma política que claramente hambrean al pueblo trabajador estatal.

Y en ese contexto, decir que en Córdoba hay dos situaciones que tal vez la distinguen de otros lugares del país: Los municipales no tienen Convenio Colectivo de Trabajo. Son estatutos casi todos de la época de la dictadura militar y no hay una paritaria unificada.

Es decir, el nuestro es el territorio nacional que más municipios y comunas tiene: son 427 y por ende tenés que discutir 427 paritarias. Es una locura. En ese camino estamos, claramente hoy ATE es una alternativa y una opción en el territorio.  A nosotros nos sirve también para institucionalizar ya que la Provincia no nos tiene en cuenta en la posibilidad de la paritaria provincial.

Sentarse a discutir salario y pelear en las localidades nos permite territorializar, institucionalizar y sobre todo hacer más grande a nuestro sindicato. Córdoba es el tercer distrito con más trabajadores nacionales de la Argentina, claramente después de CABA y provincia de Buenos Aires”.

El ajuste en la Nación

Sobre la actualidad nacional, el Secretario general del CDP entiende: “la oleada de despidos que ejecutó Milei en enero de este año y en abril no estuvimos exento de ello. A hoy tenemos 164 cordobesas y cordobeses despedidos de distintos organismos nacionales con la gravedad del cierre de algunos de ellos, como INADI, como la Secretaría de Agricultura Familiar, como ENACOM, el probable cierre de los CDR de Desarrollo Social de la Nación, con retiro voluntario en Fabricaciones Militares.

Creo que es importante seguir unificando la pelea a nivel nacional, generar todas las instancias de luchas necesarias para lograr las reincorporaciones, porque atrás de cada despido hay una historia de vida. Quedó claro que no éramos ñoquis, que no éramos vagos, no éramos la casta. Compañeros de 25, 30 años de antigüedad en el Estado nacional, que tiene más de 50 años en edad biológica, que ya están fuera del mercado laboral, que va a ser muy difícil reinsertarse y eso genera un drama individual para alguien que hoy ya no tiene salario, porque en abril tal vez los despedidos de abril pudieron tirar un poco en la posibilidad, tenían el mes de marzo cobrado, pero ya hoy en mayo no, nosotros venimos a hacer una peña muy interesante en Córdoba para juntar fondos, pero esa no es la solución definitiva y hay que terminar de abordar una estrategia integral que sea gremial, pero que también sea jurídica.

Tenemos muchas compañeras y compañeros, sobre todo en agricultura familiar, que tienen tutela sindical, que son delegados de base, que son miembros de comisión directiva provincial, que son miembros de comisión directiva de las seccionales y nosotros esos casos en particular no podemos perderlos, tenemos que ganar si no es políticamente la batalla jurídica para volvernos a reincorporar.

Y hay dos políticas claras de Javier Milei con respecto a los despidos: Una, el retiro del Estado nacional de los territorios federales, con una mirada centralista y unitaria en el AMBA.

Y la otra, es la despersonalización de la atención a la comunidad, en la garantía de derechos, que es como ya no están más los organismos, o están vaciándolos, llama a un 0-800 o métete en una web para averiguar los programas que el Estado ofrece o si tuvieras alguna inquietud o pregunta que hacer. Con lo cual claramente muestra una vez más que a ningún presupuesto público le mueve el amperímetro despedir trabajadoras y trabajadores que gana 400.000 pesos por mes, que esto tiene que ver con una decisión política, despedir laburantes, vaciar los organismos, achicar el Estado en beneficio de las minorías, concentrar en los grupos económicos de poder que sostienen a este bufón y claramente darle lugar a los amigos del poder para que hagan negocio desde lo privado, en lo que tendrían que ser garantías de derechos”.