Mes: octubre 2025

Este viernes, a través de una nota enviada al ministro de Defensa Luis Petri, el Sindicato reclamó la inmediata apertura del Convenio Colectivo Sectorial de las y los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas, docentes civiles e IOSFA. El documento declara el Estado de Alerta y Movilización y ratifica la necesidad de tomar las medidas sindicales urgentes y necesarias para garantizar los derechos salariales y de carrera que el Gobierno se niega a reconocer.  La situación del sector, el más postergado de toda la Administración Pública Nacional, es crítica con un salario inicial de 312.000 pesos, por debajo de la línea de indigencia.

ATE recalca, entre otras demandas, la recomposición de haberes, con la actualización de las asignaciones básicas y del valor de la Unidad Retributiva; el incremento proporcional del Adicional de Grados y la equiparación de los Suplementos por Capacitación y Formación Funcional fijados que estipula el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP); la aplicación del Suplemento de Enfermería y la creación del Suplemento por Función Sanitaria y la jerarquización a través de la aplicación del Suplemento por Función de Jefatura. A la vez, el Sindicato exige el pase a planta permanente del personal contratado, la implementación de un plan de Movilidad Vertical y el cese del reemplazo de bajas con personal militar voluntario.

El documento, que lleva la firma del Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y el Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo, Flavio Vergara, puntualiza el difícil momento que atraviesan las y los docentes civiles y el profundo malestar ante la falta de cumplimiento del compromiso de pago de una suma fija 150.000 pesos para las y los docentes civiles, que además de resultar absolutamente insuficiente, discriminatoria y restrictiva, al día de la fecha es adeudada.

A su vez, ATE advierte la compleja situación de la obra social IOSFA que agrava aún más el panorama del sector: el desfinanciamiento sostenido del Instituto está produciendo un progresivo vaciamiento, con impacto directo sobre las prestaciones médicas, la provisión de medicamentos y los tratamientos de alta complejidad, afectando derechos esenciales de trabajadores y sus familias.

Foto: Gentileza.

ATE repudió la decisión del Gobierno nacional de preparar las subastas para rematar edificios y terrenos que Parques Nacionales posee en diversas localidades que son centrales para la operatividad y el cumplimiento de sus misiones y funciones respecto de la preservación del ambiente y su biodiversidad. En simultáneo se modificaron las normas de construcción y sus indicadores en las áreas protegidas de Patagonia la cual flexibiliza fuertemente la posibilidad de construcción dentro de las áreas protegidas de dicha región a aquellos propietarios privados de lotes.

El Sindicato exige conocer cuáles son los beneficios que traerán aparejadas estas decisiones políticas del Gobierno de Javier Milei para la ciudadanía y para la conservación; cuál será el destino de los bienes del Estado que se pretenden rematar y como justifican ambientalmente decisiones que ponen en alto riesgo de fragmentación a los ecosistemas.

“Repudiamos esta decisión de rematar terrenos e inmuebles de Parques Nacionales y nos preguntamos cuál es el negocio que hay detrás. Quienes podrán adquirir estos terrenos, algunos ubicados en espacios estratégicos de centros urbanos donde el m2 cotiza cada vez más” expresó Alejo Fardjoume trabajador de Parques Nacionales y miembro de ATE. Y agregó: “La publicación de las nuevas normas para la Ejecución, Ocupación del Suelo y Uso de las Construcciones en los Parques y Reservas Nacionales de las Áreas Protegidas de la Patagonia es un fuerte retroceso en materia de conservación. Ahora los grandes propietarios que poseen tierras en zonas de Reserva Nacional podrán más que duplicar la cantidad de metros cuadrados a construir y  edificar. Esto representa una profundización de la fragmentación de los ecosistemas y de impactos irreparables para la flora y fauna, en un entorno tan complejo y delicado como el Bosque Andino patagónico. Tememos que esto sea la antesala de una eventual modificación del régimen de subdivisión de tierras y por ende la semiurbanización de reservas nacionales, asimilándolas más a clubes de campo y countrys de elite que a áreas naturales de conservación al servicio de toda la población argentina”.

Se trata de terrenos ubicados en lugares estratégicos del país como por ejemplo las oficinas históricas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las instalaciones en la ciudad de San Martín de los Andes (Neuquén), y un lote en costa del lago Nahuel Huapi en la ciudad de San Carlos de Bariloche. En paralelo, el Gobierno nacional publicó un decreto que habilita la construcción en las áreas protegidas de la Zona Patagonia lo que favorece a aquellos propietarios privados de lotes.

Es importante recordar que, de acuerdo al Decreto 950 sancionado en 1945, los Parques y Reservas Nacionales, son unidades territoriales organizadas para preservar las bellezas y condiciones naturales del país para el uso y goce de las generaciones presentes y futuras. Significan una atracción turística de la República Argentina con un valor de preservación de la biodiversidad de la fauna, la flora y la cultura autóctona.

El argumento del Gobierno nacional para rematar estos valiosos inmuebles está vinculado a los supuestos altos costos de mantenimiento; y en cuanto a la modificación de normativas, aducen una adaptación a la realidad existente y potencial mejora en la fiscalización. Sin embargo, desde ATE se advierte que las propiedades rematadas podrán ser adquiridas para potenciar los negocios privados, y que la única forma de mejorar la fiscalización y el análisis de proyectos y por ende disminuir impactos indeseables es mediante la contratación de más personal, más capacitación y mejores salarios.

El caso de La Pastera

El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había denunciado la intención del Gobierno nacional de revocar el comodato que el Sindicato tiene en el Parque Nacional Lanín, para el uso del espacio donde funciona el Museo La Pastera, sitio de homenaje a Ernesto ‘Che’ Guevara, por un supuesto incumplimiento del acuerdo pactado. Sin embargo, en el marco del remate de ciertos terrenos e inmuebles de Parques Nacionales el sitio donde se emplaza La Pastera parece ser parte del patrimonio a “poner a la venta” para el negocio de unos pocos privados.

Foto: Gentileza.

Este viernes ATE compartió la actualización del ejercicio mensual acerca de cuál debería haber sido el salario mínimo para una trabajadora o trabajador en septiembre de 2025, para satisfacer las necesidades mínimas de un hogar constituido por una pareja con dos hijos en edad escolar: $1.979.769 que reside en el Gran Buenos Aires. 

Raúl Llaneza, Secretario General de la Junta Interna de ATE INDEC manifestó: “Reclamamos un aumento de emergencia del 118%, en una sola cuota, para las y los trabajadores de la Administración Pública Nacional sin distinción de modalidad de contratación”.

El Sindicato informó que el relevamiento se realizó en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo de las y los estatales, marcado por los aumentos en servicios esenciales – como prepagas, transporte, educación privada, electricidad y combustibles – que impactan directamente en el costo de vida.

De acuerdo al relevamiento, la cifra de $1.979.769 se compone de la siguiente manera: $675.671 monto necesario para adquirir una canasta alimentaria mínima y $1.304.098 para acceder a otros bienes y servicios básicos en la región del Gran Buenos Aires.

ATE subrayó que desde que asumió el Gobierno de La Libertad Avanza, la inflación acumulada es de un 233%, y la pérdida del poder de compra asciende a un 27,5% para el caso testigo (Nivel D Grado 0).

La realidad económica de las y los monotributistas es aún más grave, dado que padecen el congelamiento de sus salarios desde septiembre de 2024.

Finalmente, ATE exige la urgente reapertura de la mesa de negociación paritaria y un bono de 250.000 pesos. También la  planta permanente sin quita salarial, el cese de los despidos en el Estado y la reincorporación de quienes fueron cesanteados.

Fotos: Junta Interna ATE INDEC.

ATE manifestó su rechazo al accionar del actual Director del Instituto Social Militar “Dr. Dámaso Centeno”, Coronel Juan Sancho Vilarullo, quien mediante sanciones, suspensiones y descuentos arbitrarios, hostiga a las y los trabajadores y delegados sindicales que se desempeñan dentro del establecimiento. 

Darío Cecotti, Secretario General de la Junta Interna de la Facultad de Ejército, expresó: “Expresamos un  enérgico repudio al accionar del Coronel Vilarullo. No tiene ética, ni moral. Es quien el 24 de marzo de este año se burló de la memoria de nuestros compañeros desaparecidos. Recordemos que en el Dámaso Centeno hay 13 compañeros que ya no están entre nosotros, entre ellos el hijo de nuestra querida “Tati” Almeida. Es totalmente desafortunado que una persona que lleva adelante la conducción de una institución educativa tan prestigiosa tenga estas expresiones e ideas. No debería estar al frente de la institución”. Y agregó: “Es una figura pública y tiene que respetar las leyes que constituyen nuestra nación, por las que él juró cuando tomó posesión en el cargo. Nos parece que su actitud es de desquite, que muestra su verdadero rostro de lo que es, piensa y actúa”.

Desde ATE se subrayó que, si bien el contexto político actual no favorece su destitución, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra llevando adelante un proceso administrativo que busca sancionar el accionar del Coronel Vilarullo cuando, el 24 de marzo de 2025, manifestó su adhesión a la figura de Jorge Videla en un episodio reivindicativo del Gobierno de Facto e incumplimiento de las leyes vigentes que promueven Memoria, Verdad y Justicia frente a los crímenes de lesa humanidad en los establecimientos educativos. 

El Sindicato informó que es el General de División Jorge Puebla quien le dio su apoyo político y sostiene a Vilarullo en su puesto como Director del establecimiento. 

Es importante recordar que, a diferencia del mecanismo que se exige en otras escuelas dentro del sistema educativo argentino, el Coronel Juan Sancho Vilarullo fue nombrado en 2022 por la Dirección General de Educación del Ejército Argentino, en ese entonces a cargo de Anibal Intini. Desde entonces, y a pesar de sus polémicas expresiones, es sostenido por el apoyo político del General Puebla.

Fotos: Junta Interna de la Facultad de Ejército.