Desde el Departamento de Discapacidad de ATE Nacional, a cargo del Carlos Ferreres, se convocó a marchar este jueves al Congreso Nacional para presionar al cuerpo legislativo a que no apoye el veto presidencial que impide la efectivización de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La mencionada ley daría respuesta parcialmente a la crisis del sistema de prestaciones para personas con discapacidad que incluye la actualización de tarifas, la regularización de deudas a prestadores, el fortalecimiento del financiamiento para pensiones y la mejora de la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entre otras.
En este marco Ferreres, quien además es Secretario de Discapacidad en la CTA Autónoma, expresó: “En ATE conceptualizamos la discapacidad como un problema político del cual, en general, todos los gobiernos se desentendieron. La discapacidad no es un problema de la persona, ni de la familia, sino de los gobiernos que deben encarar políticas públicas que brinden dignidad, posibilidad y autonomía de vida al conjunto de las personas con discapacidad”.
Desde ATE se viene planteando que hay una deuda histórica con el sector. Por un lado, porque durante los últimos dos años se suprimieron las políticas públicas que en algunos casos ha significado el deterioro o incluso la muerte de personas con discapacidad en Argentina. Por otro, porque las y los trabajadores, que son quienes sostienen los derechos de las personas con discapacidad – psicopedagogos, acompañantes terapéuticos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, entre otros -, continúan precarizados, con sueldos por debajo de la línea de la pobreza o han sido despedidos. Finalmente, el desfinanciamiento de las instituciones estatales destinadas a atender la discapacidad, la quita de pensiones, prestaciones y medicamentos y, las prácticas fraudulentas que han tomado estado público en los últimos días son variables que dan cuenta de un escenario crítico y desesperante para la población.
Es importante recordar que a nivel mundial la población con discapacidad representa entre un 10 y un 15% promedio por país, cifra aún mayor en aquellos donde hay altos índices de pobreza y hambre, condiciones que generan y multiplican la discapacidad.
“La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), hoy es un gran cascarón vacío. A dos años de Gobierno de Milei, la situación es absolutamente grotesca y brutal: se han violado todos los derechos, en su deseo de sostener el déficit cero. Eliminó alrededor de 100.000 pensiones para personas con discapacidad. Ya no tenemos autonomía como país, Argentina depende del Fondo Monetario Internacional y de los grandes grupos de inversores que impone la política nacional. Milei es un administrador de consorcio, no es un tipo que tenga poder propio, sino que es la marioneta que tienen los grandes grupos económicos”, advirtió Ferreres.
Es importante recordar que la Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada, en medio de una multitudinaria movilización federal, en julio de 2025 y representó un duro revés para el Gobierno nacional. En esa misma jornada se aprobaron la moratoria previsional y el aumento de las jubilaciones y pensiones, leyes que más tarde serían vetadas por el Poder Ejecutivo.
ATE no sólo pregona por la efectivización de la ley sino también para que se respeten las garantías consagradas en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Argentina está adherida con rango constitucional. Por eso convoca a marchar este jueves al Congreso y lograr que se efectivice la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Foto: Marita Costa Ig:maritacostafotografia
