ATE San Luis, a través del Consejo Directivo Provincial, sigue realizando acciones solidarias para paliar la grave situación económica que viven miles de puntanos, producto del modelo de país que está implementando Javier Milei y que replica Poggi en la provincia. Ya se hicieron 30 jornadas, con gran concurrencia, que incluyen ollas populares, entrega de ropa y cortes de cabello.
“Sabemos que la salida es colectiva. El ajuste es hambre y como argentinos y argentinas lo hemos vivido varias veces en nuestra historia. Lamentablemente hoy, nos encontramos atravesando gobiernos que le dan la espalda la pueblo. Que despiden, desregulan las tarifas de servicios públicos, hambrean a los y las personas mayores y a las infancias, quitan medicamentos a nuestros y nuestras jubiladas, persiguen a quienes luchamos, atacan a las mujeres y disidencias” expresó Fernando Gatica, Secretario General de ATE San Luis.
Durante el 2024, ATE llevó a cabo de forma semanal las jornadas solidarias que han incluido principalmente entrega de alimentos a quien lo necesite. También se ofrecieron cortes de cabello y se puso a disposición un “roperito” gratuito para que las y los ciudadanos puedan disponer de esos recursos elementales.
Dado que la crisis económica se profundizó, el Sindicato informó que continuarán con estas políticas durante el 2025, de forma semanal, en la sede sindical central ubicada en San Marín 1101, ciudad de San Luis.
La Asociación Trabajadores del Estado Jujuy, a través de la Seccional La Quiaca, realizó una movilización hacía el Concejo Deliberante de la localidad donde se presentó una nota para que el municipio de La Quiaca se adhiera a la Ley 4816/14 que permita blanquear los adicionales no registrados en sus haberes. Solicitaron una sesión extraordinaria y una audiencia con el intendente Velázquez.
Carlos Martínez, Secretario General de La Quiaca, expresó: “Los compañeros habían determinado en asamblea una movilización al Concejo Deliberante para exigir que el municipio de La Quiaca se adhiera a la Ley 4816, que implica el blanqueamiento de los adicionales en negro que hoy solo está vigente para los trabajadores provinciales. Esto beneficiaria mucho a los compañeros, especialmente a quienes están próximos a jubilarse ya que, al hacer el cálculo, ANSES consideraría esos adicionales”.
La nota demanda el tratamiento parlamentario inmediato del Proyecto de Ordenanza de adhesión al Decreto Acuerdo 4816-H-2014 de blanqueo de todos los adicionales no remunerativos no bonificables que perciben los agentes de la Administración Pública Municipal de La Quiaca alos que le falta un año para jubilarse. El documento fue recibido por el concejal Walter Escalante, perteneciente al Movimiento Único Independiente, quien se encontraba en el Concejo Deliberante. Sin embargo, dado el receso de verano en el que se encuentran las y los representantes del cuerpo deliberativo, aun no se podrá avanzar al respecto. De esa forma, el Sindicato demandó se llame a una sesión especial lo antes posible.
Además, ATE solicitó una audiencia con intendente, Dante Velázquez, para discutir los reclamos pendientes de los pases a planta permanente y recategorizaciones. Respecto a las y los despedidos, se hizo una presentación dirigida a la Secretaria de Trabajo provincial para que sean reinstalados en sus puestos de trabajo.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Río Negro denunció el desguace y vaciamiento de PAMI y llevó adelante acampes frentes a las oficinas de la obra social en reclamo por la reincorporación de las y los despedidos y en defensa del Instituto. Además, aseguro que son más de 115.000 afiliados jubiladas y jubilados que se encuentran con riesgo de vida por no poder acceder a sus medicamentos. El Sindicato adelantó que de no recibir respuestas no se descartan ocupaciones para la semana entrante en toda la provincia.
“Los jubilados antes se morían de hambre y ahora se mueren por no poder acceder a sus medicamentos debido a la desidia que reina en las autoridades del Instituto en toda la provincia de Río Negro y a lo largo del país”, aseguró Romeo Aguiar, Secretario Gremial de ATE en esa provincia.
“Las prestaciones que se brindan son mínimas, las clínicas cobran pluses ilegales y la demora en la entrega de medicamentos y elementos de fisiatría es alarmante. Hoy tenemos a más de 115 mil afiliados en toda la provincia a la deriva, después de una vida de contribución. Queremos saber dónde van los aportes que recibe una de las obras sociales más grandes de Latinoamérica”, completó el dirigente.
ATE advirtió que los recursos del PAMI están siendo orientados al ámbito privado y pidió investigar el vínculo que tienen las autoridades del Instituto con las corporaciones médicas, ya que no se traduce en servicios las sumas millonarias que reciben.
La Obra Social de las y los jubilados registra demoras de hasta un mes en la entrega de medicamentos vitales, como los oncológicos y más de un año en la entrega de insumos. En los últimas semanas, el Sindicato realizó diversas asambleas en todas las agencias de la provincia para organizarse frente a esta situación crítica y las masivas cesantías. Como resultado se declaró en estado de alerta y asamblea permanente. ATE advirtió que, sumado a la falta de prestaciones, los despidos se traducen en una pérdida fenomenal de derechos.
Durante este jueves y viernes, ATE Rosario realiza un paro por 48 horas con asistencia al lugar de trabajo garantizando servicios mínimos, debido a las condiciones en las que se encuentra el Registro Civil de la localidad de Villa Gobernador Gálvez.
Grand Guillermo, Secretario Gremial de ATE Rosario, expresó: “Este es un reclamo que viene desde mediados del año pasado. Esto responde a una política de ajuste y desidia de los estamentos provinciales, en este caso, del gobernador Pullaro que sigue la línea nacional de Javier Milei”. En relación a la situación que atraviesan las y los empleados del Registro Civil, el dirigente explicó: “En Villa Gobernador Gálvez hay más de 100.000 habitantes y en este organismo se realizan entre 80 y 100 trámites diarios. Es imposible prestar un buen servicio cuando no hay aire acondicionado o calefacción porque el gas está cortado, cuando hay problemas de infraestructura, de seguridad e higiene. En este contexto, como sindicato tomamos una postura política en defensa, no solamente de la integridad de los trabajadores que vienen todos los días a prestar servicios, sino también por el estamento provincial que otorga derechos a la población. No podemos permitir que no cumpla con la función social y política que tiene”.
El paro fue informado mediante una nota fue dirigida a Roald Báscolo, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, de quien depende el organismo público. Será desde este jueves, con asistencia al lugar de trabajo garantizando el servicio de defunciones y turnos programados de casamientos para el 31 del mes en curso.
La asamblea, donde se estableció de forma unánime la medida sindical, determinó el cese de actividades desde las 00.00 horas del 30 de enero, con el objetivo de reclamar mejores condiciones de trabajo que permitan una adecuada atención a las y los usuarios. Además, se demanda la incorporación de personal al organismo, especialmente para garantizar la integridad física de las y los trabajadores ya que en varias ocasiones sufrieron situaciones de violencia dentro del establecimiento.
Luego de que el Ministerio de Defensa dispusiera el traslado de archivos de la Armada a una nueva sede con el objetivo de ‘depurar’ la información con posibilidad de ‘trituración’ de documentos, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) alertó por esta situación y envió un pedido de informes a la cartera que conduce Luis Petri exigiendo que expliciten los criterios para el operativo y garanticen la conservación en condiciones de la documentación.
“40 años después se proponen seguir destruyendo pruebas. Los genocidas festejan, lograron un Gobierno que pretende garantizarles impunidad y legitimar sus crímenes atroces. Se están vulnerando todas las leyes vigentes en nuestro país. No puede ser la propia Armada la que ahora lleve adelante este proceso de depuración y trituración de documentación que resulta valiosa para el fortalecimiento de una democracia que se construyó sobre el juicio y castigo de los responsables de los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
“Sin lugar a dudas, esta decisión es un nuevo ataque a las políticas de derechos humanos. No es solo por su carácter de negacionistas, detrás de esto hay una estrategia clara de legitimar las prácticas de persecución, el encarcelamiento y la tortura de quienes piensan distinto para disciplinar en el presente. Tenemos que impedirlo”, agregó el dirigente.
En la nota enviada bajo el expediente X-2025-10252565-APN-DNPAIP#AAIP, dirigida al ministro Petri, al Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Carlos María Allievi, y al Secretario General de la Armada, Enrique Antonio Balbi, ATE exige al Gobierno que informe si se le dio intervención al Archivo General de la Nación ya que, como órgano rector de todos los Archivos del país, debe intervenir en cualquier proceso de selección documental.
“Esta decisión forma parte de una política de ataque a los Derechos Humanos en general y a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en particular. Desde el cierre del INADI, el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, el intento de cierre de los sitios de la memoria, y el despido de sus trabajadoras y trabajadores. Entonces esto que están haciendo ahora es gravísimo, porque además de desmantelar el equipo de profesionales que analizaba esos archivos y los preservaba, ahora directamente apuntan a su destrucción”, señaló Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional y agregó: “Además nos preguntamos, ¿a cargo de quiénes queda la selección de los archivos a depurar y triturar? No sea cuestión que quede a cargo de los mismos que quieren ocultar la verdad sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de estado y garantizar la impunidad a sus perpretradores”.
Cabe recordar que la política de ajuste y desmantelamiento del Estado de Javier Milei provocó el despido de la totalidad del Equipo de Relevamiento y Análisis de los Archivos de la Fuerzas Armadas, que incluía profesionales archivistas, historiadores, sociólogos, comunicadores. Este equipo, entre otras funciones, aportaba documentación a requerimiento de la Justicia en causas por delitos de lesa humanidad.
La Asociación Trabajados del Estado en Córdoba denunció el ajuste y vaciamiento del Gobierno nacional y provincial en las políticas de promoción social, a través del cierre del Centro de Referencia Córdoba y los despidos en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
El Sindicato continúa reclamando respuestas urgentes al Ministerio de Capital Humano de la Nación y a las autoridades provinciales por el cierre definitivo de un servicio con funciones esenciales en la provincia de Córdoba que dejó a más de 90 trabajadores y trabajadoras sin lugar de trabajo, desde principios de diciembre 2024.
El cierre de este organismo genera una preocupante incertidumbre en la comunidad, ante la ausencia de políticas públicas en el territorio. Entre ellas se pueden destacar las siguientes:
Gestiones de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y salario familiar.
Subsidios por situaciones de catástrofe (incendios e inundaciones).
Asesoramiento para trámites de pensiones y subsidios de medicación oncológica.
Capacitaciones a municipios y organizaciones sobre el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes.
Talleres de buen trato y prevención del embarazo adolescente.
Relevamientos de comedores y asistencia alimentaria en barrios vulnerables.
Además, ATE demandó por la línea telefónica habilitada para consultas que lleva más de dos meses sin funcionar, dejando a la población sin acceso a información y sin asistencia.
Frente a este escenario, el Sindicato permanecerá en Estado de Alerta, promoviendo la lucha colectiva.
ATE Buenos Aires, a través del Consejo Directivo Provincial, mantuvo un encuentro con las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para manifestar su preocupación ante el desmantelamiento de las políticas públicas en materia de Derechos Humanos a nivel nacional. Durante la reunión se ratificó la continuidad del compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia y se planificó una agenda de trabajo común para el 2025.
“Ante los despidos que hizo el Gobierno nacional tanto en el sitio de la memoria del Faro de Punta Mogotes en Mar de Plata, como en Las Flores y La Plata, entre otros, planteamos articular un reclamo conjunto para impedir el desguace en cada organismo de Derechos Humanos. Estos sitios tienen que seguir siendo guía” expresó Claudio Arévalo, Secretario General de ATE Buenos Aires.
En representación del Sindicato participaron Claudio Arévalo, Secretario General, Eliana Aguirre, Secretaria Adjunta, Griselda Cavalliere, Secretaria de Derechos Humanos, Oscar Sánchez, Secretario de Formación, y Juan Zangroniz, delegado general de la Junta Interna en el ministerio. Por parte del Gobierno bonaerense estuvieron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Manuel Mena, y la subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal, Maitena Villegas.
El Sindicato expresó su gran preocupación por la crisis en los espacios de memoria y se abordó la grave situación que atraviesan las y los trabajadores del, fruto del desfinanciamiento y los despidos que está llevando adelante el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.
En el marco de la jornada hubo avances en relación a la definición de una agenda de trabajo común que busca poner el foco en garantizar los derechos de las y los trabajadores en el ministerio, a partir de la defensa de los puestos de trabajo y la jerarquización profesional y salarial, el sostenimiento de las políticas públicas en Derechos Humanos.
La Asociación Trabajadores del Estado de Salta, a través del Consejo Directivo Provincial, expresó su posicionamiento respecto de la propuesta paritaria del Gobierno. El sindicato resolvió rechazar la oferta por insuficiente.
“Nuestra institución sindical resolvió rechazar la propuesta del Gobierno provincial de otorgar un aumento salarial del 4 % porque es insuficiente. Los trabajadores de la Administración Pública perdieron casi 40 puntos de poder adquisitivo en 2024. Exigimos una real recomposición salarial que cubra la canasta básica”, manifestó Mabel Álvarez, Secretaria General de ATE Salta.
Las negociaciones salariales del 2025 para recomponer los ingresos de las y los trabajadores estatales de Salta ya ha generado tensiones, dado que no representan una genuina actualización de las percepciones que permitan cubrir la canasta básica.
La oferta fue del 4 % a aplicarse en dos tramos durante el primer semestre: un 2% en febrero y 2% en junio. De esta forma, el Sindicato refutó el ofrecimiento del Ejecutivo y lo acusó de mantener una política de ajuste del gasto público como eje central de su estrategia económica.
Entre las demandas de ATE al Gobierno provincial, en el marco de las mesas de negociación paritarias, se pueden mencionar las siguientes:
La necesidad de crear un ítem para los diferentes sectores de la Administración Pública Provincial.
Demanda para acceder al pase para la designación temporarias de las y los agentes contratados según Decreto N°424/24 (Acta Acuerdo Complementaria) para el personal de Salud, inciso “E” y de la Administración Centralizada, inciso “ C” (Acta Acuerdo Salarial Julio/24).
Exige se otorguen los fondos necesarios a las municipalidades para que la recomposición salarial llegue a las y los trabajadores comunales.
De cara a las paritarias del 30 de enero, la Asociación Trabajadores del Estado de Río Negro adelantó que demandará al Gobierno provincial una compensación por el congelamiento que sufrieron los ingresos desde diciembre y exigirá se contemple la inflación del último periodo. Además, se reclamará la reinstalación de las y los despedidos de enero.
“No es verdad cuando el Ejecutivo dice que los ingresos de la provincia siguen siendo los mismos y que será difícil otorgar un aumento. No vamos a tolerar que justifiquen la ausencia de aumento en los salarios por la falta de ingresos. Desde ATE demandamos salarios que permitan recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y exigimos una compensación por el congelamiento que arrastra a miles de familias a la pobreza” señaló Romeo Aguiar, Secretario Gremial de ATE Río Negro.
Así, el sindicato exigirá una compensación por el congelamiento que sufrieron los ingresos en estos últimos 100 días. También se incluirá en la discusión con las autoridades gubernamentales la urgente reinstalación de todo el personal cesanteado.
Para ATE la oferta debe garantizar un piso salarial para todo estatal de no menos de 1.024.000 pesos, que es el monto que una familia tipo necesita para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, servicios y vestimenta según datos del propia Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para diciembre. Sobre este monto debe considerarse, además, el mayor costo de vida que registra la zona patagónica.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, luego de varios años de gestión, logró que el Jardín Maternal Infantil ACUNATE pase a depender del Consejo General de Educación (CGE) de la provincia gracias a la firma de un Acta Compromiso establece su unificación con el jardín “Consejitos” en una nueva unidad educativa.
“Esto es el logro del trabajo de muchos años, que se vio plasmado en esta gestión de gobierno. El jardín no debería haber sido administrado por el sindicato, ya que representaba una carga muy onerosa para la organización y para el Estado, a través de los subsidios. Por eso, el acuerdo firmado hoy permitirá a ATE tener mayor solvencia económica y libertad sindical, lo que es trascendental es este momento histórico” afirmó Oscar Muntes, Secretario General de ATE Entre Ríos.
En una reunión con el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, se firmó el Acta Compromiso para que se efectivice el traspaso a la órbita del Ministerio de Educación. Además, rubricaron el acta Alicia Fregonese, presidenta del Consejo General de Educación, y Verónica Berisso, ministra de Desarrollo Humano. Dictada la Ley, el Gobierno provincial asumirá la responsabilidad plena por el funcionamiento de la nueva Unidad Educativa.
La nueva institución que surja de la fusión funcionará en el edificio construido en cercanías al Campus de Universidad Autónoma de Entre Ríos y la primera cohorte bajo este sistema unificado arrancaría en el presente ciclo lectivo.
El acuerdo implica que se incorporará a la planta funcional del Estado provincial al personal perteneciente al ACUNATE. Esto representará mejoras sustanciales para las y los trabajadores de la institución educativa.
Una gestión de más de nueve años
ATE había intentado infructuosamente lograr este reconocimiento con el Gobierno anterior. Se cerraba sistemáticamente la discusión por la transferencia del ACUNATE y en cambio se prefirió sostener un convenio de asistencia financiera que limitaba la capacidad operativa del sindicato.
Con el cambio de gestión de Gobierno en la provincia, el sindicato insistió nuevamente para retomar el tema y plantear la compleja situación a las autoridades gubernamentales.
ACUNATE, como servicio educativo para la primera infancia, nació en 1995 de la mano del sindicato con el objetivo de dar respuesta a una necesidad de las y los trabajadores de la Administración pública de Entre Ríos.
Actualmente el Jardín Maternal Infantil creado por ATE Entre Ríos funciona en el edificio ubicado en La Paz 232 de la ciudad de Paraná y asisten al alrededor de 80 niñas y niños de 45 días a tres años. Y el plantel de docentes y no docentes que sostiene el servicio es de 14 personas.
De la firma del convenio participaron también en representación del Consejo Directivo Provincial de ATE Entre Ríos, Mariana Luján, Secretaria Administrativa, Daniel Ramos, Secretario de Finanzas y Martín Olier, Secretario Gremial.
