La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) adherirá al paro general lanzado por las centrales obreras para este jueves 9 de mayo y amplió la convocatoria a las tres esferas del Estado: nacionales, provinciales y municipales.
“En la Administración Pública, salvo las guardias mínimas en servicios esenciales, nadie va a concurrir a sus puestos de trabajo. Hay un creciente malestar social, estamos ingresando en una depresión económica que golpea absolutamente a todos los sectores sociales”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE. Durante la medida de fuerza, sólo se garantizarán guardias mínimas en los hospitales, centros asistenciales de adultos mayores, adolescentes y niños, y en servicios esenciales para hacer frente a emergencias.
El dirigente evaluó que “en la gente hay una oposición mayoritaria a todas las medidas que impulsa el Gobierno nacional” y detalló: “La reforma laboral que se propone en la Ley Bases configura un retroceso a la última Dictadura Militar. Fue en gobiernos de facto donde se creó un fondo de cese laboral y se puso en disponibilidad a todos los trabajadores”.
“Este paro tiene varios destinatarios. No sólo las demandas son para el presidente Milei, sino también para los gobernadores y los senadores que tendrán que tratar la Ley Bases, y para los cuatro o cinco grupos empresarios que en este momento son socios del Ejecutivo nacional”, apuntó el Secretario General de ATE Nacional.
“Tenemos que pensar para el día que se fije el tratamiento de la ley en el Senado, declarar un paro activo en todo el país. En el caso de ATE, después del 9 de mayo vamos a convocar inmediatamente a nuestras instancias orgánicas para definir nuevas medidas de fuerza y darle continuidad al plan de acción dentro del Estado”, concluyó Rodolfo Aguiar.
La medida de fuerza alcanzará a las administraciones públicas de las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los más de 2.200 municipios de todo el país, los cuales en su gran mayoría son los sectores más postergados en materia salarial.
ATE impulsa el llamado a una huelga general desde hace meses a través de las instancias orgánicas de la CTA Autónoma, central obrera que integra el sindicato estatal, entendiendo que las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei no solo perjudican al sector público, sino a toda la población en general.
En este marco, el sindicato reclamará por:
• Reincorporación inmediata de todas las y los cesanteados y detención de los despidos.
• Regularización de todos los vínculos contractuales y pase a Planta Permanente de
todas las y los trabajadores.
• Aumento salarial y en las jubilaciones que supere la inflación.
• Rechazo a la restitución del Impuesto a las Ganancias.
• Cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre.
• Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.
• Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los
trabajadores jubilados.
• Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones.
• Cese de las políticas de amedrentamiento hacia las y los trabajadores estatales.
• No a la restitución del Impuesto a las Ganancias
• Anulación del DNU 70/23.
• Rechazo a la Ley Bases.
