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Conflicto salarial en el municipio de Recreo

Días después de que se produjera la reincorporación de casi 60 despedidos y despedidas, ahora se suma un nuevo conflicto, que es la falta de acuerdo salarial.  

Al paro de las y los trabajadores municipales se sucedió una reunión entre funcionarios de la comuna y la representación de ATE, de esa Seccional y el CDP, en la cual el gremio rechazó una propuesta de suba salarial de 6.000 pesos, en 3 cuotas, en salarios que hoy apenas llegan a los 29.000 pesos. “Ni siquiera alcanza para salir del salario de indigencia”, subrayaron desde el CDP para graficar el rechazo.

La propuesta que hizo llegar el gremio es el haber mínimo alcance el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), que en abril debe llegar a 38.840 y su actualización progresiva en los mismos términos que establece el último acurdo del SMVyM, de manera que ningún trabajador o trabajadora tenga un ingreso salarial por debajo de lo que indica ese límite.

En tanto el gremio definió que el paro sólo será levantado si avanza la negociación salarial.

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ATE señaló la necesidad de negociar la pauta salarial en forma trimestral

Dada la espiral inflacionaria de los últimos meses el titular de la ATE Misiones, Jorge Duarte, señaló que “la única manera de hacer frente es negociando los salarios en forma trimestral”, apuntando que proyectan hacer este pedido al gobierno provincial.

El gobierno y los gremios acordaron una pauta para el primer semestre del 23%, pero los últimos registros del INDEC marcan la necesidad de volver a retomar la discusión de este tema. “La inflación del primer trimestre hace que se torne indispensable volver a la mesa paritaria”, acotó.

La suba de la inflación registra un 16% sólo en el primer trimestre. Y de acuerdo a todos los números que se manejan la inflación anual acabaría en torno al 55%. En este sentido Duarte dijo que “así como es necesario retomar la paritaria también habrá que decir para igualar sólo este índice los porcentajes a discutir  estarán arriba del 30%”.

El otro reclamo que la organización hace al gobierno está en el piso del salario a percibir por un estatal. “Para cubrir nuestras necesidades alimentarias, de vivienda, educación y esparcimiento nuestro salario no es el adecuado, por eso creemos que es indispensable que el gobierno fije otro piso en nuestros ingresos, hoy muchas compañeras y compañeros están lejos de lo que es un ingreso digno”, subrayó.

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ATE pide audiencia con la jefa del programa de asuntos municipales del gobierno de la provincia

Representantes del Consejo Directivo Provincial de ATE San Luis presentaron en Asuntos Municipales de la Provincia un pedido de audiencia urgente y un informe respecto a la situación que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras municipales de toda la provincia.

El reclamo de ATE se enfunda en cuestiones relacionadas a las malas condiciones laborales, a los salarios de miseria, a la fragilidad contractual, a la falta de insumos y herramientas de trabajo, a la violencia laboral y a la persecución sindical en las municipalidades.

“Estas son algunas de las problemáticas que podemos reconocer como comunes en distintas municipalidades de San Luis y que consideramos desde nuestra ATE que deben estar en conocimiento de este organismo del estado provincial”, indicaron en el comunicado presentado el día miércoles.

Para ATE “la solución a muchos de estos problemas que hoy se atraviesan en los municipios se deben abordar en forma integral, Gobierno provincial y municipios”.

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Paro en la Dirección de Género

Las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa, nucleadas en ATE La Pampa, llevaron adelante un paro de actividades en rechazo a las condiciones laborales que rigen en el organismo.  

Desde ATE comentaron que el paro se produce porque “ya se han agotado todas las instancias de diálogo que reclamamos”.

Según remarcaron desde la sectorial “existen graves irregularidades que afectan las condiciones, salud y seguridad de las trabajadoras”.

Agregan además que “compartir el espacio con otras dependencias municipales impide una atención adecuada para mujeres y disidencias que buscan asistencia ante situaciones de violencia o vulnerabilidad”.

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SAFCI: estado de alerta y movilización y reclamo inmediato de pase a planta permanente

El Plenario Nacional de delegadxs de ATE en la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SACFI) declaró el estado de alerta y movilización en todo el país en reclamo de la reincorporación de alrededor de 30 compañeras y compañeros que aún siguen sin su continuidad laboral y el pase a planta de todxs lxs precarizadxs.

La sectorial señaló que “luego de la reincorporación de cientos de compañeras y compañeros de la SAF en 2020, ese proceso no ha culminado y se ha estancado, ya  que alrededor de 30 compañeras y compañeros siguen afuera, por lo tanto, los  derechos de agricultorxs familiares en distintos territorios del país continúan sin ser garantizados”.

Asimismo sostienen que “es urgente completar el proceso de reincorporación y resolver la situación paupérrima de  todo el conjunto de trabajadorxs de la SAFCI que se encuentra 100% precarizado, es por eso que es urgente el pase a planta permanente en toda la SAFCI”. 

Asimismo agregan que “30 Años de trabajo con la Agricultura Familiar Campesina e Indígena de todo el país continúa siendo sostenido primordialmente por el aporte diario y constante de sus trabajadorxs, por eso exigimos condiciones dignas de trabajo en nuestro organismo que se encuentra totalmente vaciado de recursos para su funcionamiento”. 

Frente a ese marco el plenario de delegadxs de ATE SAFCI exigió a las autoridades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca que resuelva de manera inmediata sus reclamos.  

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50 años de la Ley Nacional 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Este jueves 21 de abril de 2022 se cumplen 50 años de la aprobación de la Ley Nacional 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. En este marco, el equipo de compañerxs que conforman la red de trabajo del ISSTATE compartió algunas reflexiones sobre el aniversario.

Lic. Gastón Kalniker, Secretario de CyMAT, CTA Autónoma Capital:

“Si bien todos sabemos que la Ley de Higiene y Seguridad se promulgó en un Gobierno de facto, era otro Estado, otro país, donde todavía se pensaba la industria para el desarrollo, con su falencias notorias como la ausencia de riesgos psicosociales o la imposibilidad de suspender tareas por parte de los trabajadores, pero de cumplimiento general: En todo establecimiento público y privado. Pasaron los años y se modificó el Estado, y la vieja Ley, con sus errores y virtudes, fue despojada de anexos que indirectamente podían llegar a lograr algo de prevención. También surgieron los decretos reglamentarios y así cada vez se fueron reduciendo sus alcances y, lo que en otro momento era obligatorio, pasó a ser optativo”.

“El tema jurisdicción es un mundo aparte, al punto tal que en la CABA para ejercer la profesión –con especialidad en Higiene y Seguridad-, debés rendir un examen en Defensa Civil, controlado por bomberos. No importa que una Universidad te otorgue un título habilitante, debes pasar por Defensa Civil y rendir igual”.

“Esperemos que la prevención llegue algún día y que el Sistema de Riesgos del Trabajo, junto con legislación moderna y actualizada, evite pérdidas humanas, ya que son los trabajadores los que pagan con sangre la desidia de políticos de turno”.

Lic. Graciela Ríos, Paritaria Nacional de ATE en la Comisión CyMAT Central:

“Sin duda la promulgación de esta Ley en el año 1972 ha sido una conquista de derechos de los trabajadores y las trabajadoras para contar con condiciones dignas de trabajo, resguardando su salud y su seguridad, la protección de la vida y de la integridad psicofísica”.

“En el Estado Nacional, más allá de los instrumentos que brinda del CCTG 214 y la participación de los trabajadores y las trabajadoras a través de sus representaciones gremiales, aun no se ha logrado que la salud basada en la prevención sea una prioridad. Evidencia de esto es la falta de fortalecimiento de las áreas de Salud Ocupacional, y los Servicios de Higiene y Seguridad, teniendo en cuenta la diversidad de funciones que los trabajadores y las trabajadoras desarrollan en el Estado. Fundamentalmente esto sucede por ausencia de decisiones políticas del propio Estado”.

“Queda un largo camino por recorrer para que sea una realidad la plena aplicación de lo establecido por la Ley 19.587. A 50 años de su promulgación debemos seguir exigiendo al Estado empleador el cumplimiento de sus obligaciones con las trabajadoras y los trabajadores en lo que respecta a la salud y la seguridad en el trabajo”.

Dra. Elvira Zacarías, Especialista en Medicina Laboral, colaboradora del ISSTATE:

“El Sistema de Riesgo de Trabajo, que nació en 1995 en pleno auge neoliberal, creó a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo y puso a las expectativas de rentabilidad de éstas por delante de la salud de los trabajadores. Pero además, el actual sistema es tributario de la Ley 19.587 de 1972, sancionada durante el Gobierno militar de Lanusse y reglamentada por otra dictadura en 1979. Junto con los Decretos 659/1996 (Baremo laboral), 658/1996 (Listado de Enfermedades Profesionales) y su modificación de 2014, estas normas constituyen la estructura del modelo médico hegemónico reduccionista, biologicista y ahistórico (agente de riesgo-ocupación de riesgo- enfermedad profesional)”.

“A 50 años de la Ley que dio el puntapié inicial en la mercantilización de la salud laboral, es necesario hacer un balance crítico del actual Sistema de Riesgo de Trabajo, para construir una alternativa que realmente garantice que los trabajadores no se enfermen o mueran por causas que pueden ser prevenidas y evitadas”.

Lic. Ramiro Fernández, Secretario de Salud y Seguridad Laboral y Ambiental de FOETRA e integrante de la Conducción Nacional de la CTA Autónoma:

“Las y los trabajadores debemos seguir exigiendo y relevando el cumplimiento de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo en todos los ámbitos laborales de nuestro país, y organizarnos para actualizarla y mejorarla en pos de la prevención, el cuidado a la vida y el mejoramiento de las Condiciones y el Medio Ambiente Laboral”.

Lic. Magali Arocena, Directora de Capacitación, Instituto de Salud y Seguridad de lxs Trabajadorxs de ATE:

“Quienes nos dedicamos cotidianamente a la Prevención de Riesgos, al cuidado de la Salud y Seguridad de los trabajadores y las trabajadoras, creo que no desconocemos que a pesar de ser una Ley que cumple 50 años, con sus pros y sus contras, al día de hoy sigue teniendo vigencia. Tal es así que hay ciertos aspectos técnicos y objetivos allí planteados que no han sido reglamentados aún, y en todo su contenido (unos escasos 13 artículos), da más letra a la mirada preventiva que muchas otras normas más actuales, sin ir más lejos, las del Sistema de Riesgos del Trabajo”.

“Parece ser que en estos 50 años, la palabra prevención se ha perdido de la escena, cuando debería haber ganado terreno y ser central en el mundo del trabajo. ¿Necesitamos nuevas normas? Si. Pero lo que más necesitamos es tomar en serio la Salud y Seguridad Laboral, luchar por la mejora de nuestras condiciones de trabajo, ser protagonistas. Medio siglo es demasiado para seguir encontrando lugares que no cumplen esta Ley, es demasiado para seguir lamentando la pérdida de la vida y la salud”.

Téc. Sup. Norma Márquez, Directora del Departamento de Salud Laboral de ATE Provincia de Buenos Aires:

“En el marco de estos 50 años es necesario remarcar que nuestra responsabilidad como representantes de los trabajadores es guiar, asesorar para prevenir y lograr que las CyMAT sean adecuadas para la salud y la seguridad de quienes trabajamos. Por tal motivo realizamos capacitación en temas de salud y seguridad, cumpliendo con uno de los ejes de nuestra Ley Nacional de Higiene y Seguridad”.

Téc. Sup. Matías Giuliani, Director del Departamento de Salud Laboral de ATE Córdoba:

“A 50 años de la sanción de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que sigue vigente al igual que su Decreto Reglamentario 351/79 promulgado por la última dictadura cívico militar, es necesario debatir un nuevo marco legal acorde a los tiempos que corren, dispuesto a priorizar la vida y la salud por sobre el negocio de la muerte y la enfermedad, poniendo el foco en la prevención con participación real de los trabajadores y las trabajadoras, a partir de Comités Mixtos de Salud y Seguridad y la elección de Delegados y Delegadas de Prevención”.

Lic. Orestes ‘Beto’ Galeano, Director del Instituto de Salud y Seguridad de lxs Trabajadorxs de ATE:

“Los resultados desde la sanción de la Ley 19.587 han sido grises, básicamente por los incumplimientos y no por los defectos que tiene la Ley. Así como se siguen muriendo miles de compañeros y compañeras por las malas condiciones de trabajo, también podemos decir que miles de vidas se han salvado porque se cumple la Ley. Creo importante señalar que es prioridad trabajar para que se cumpla en primera instancia y, en todo caso, señalar cuáles son las falencias y complementarlas desde otro lugar”.

“Me parece que la pandemia ratifica algunas cosas que pensamos sobre esta cuestión. Durante la misma, esta Ley operativamente no ha tenido un efecto concreto, salvo en su principio general que indica la obligación del empleador cuidar la salud psicofísica, pero la verdad es que lo que sí ha resultado es que haya organización interna de las y los trabajadores, porque donde la hubo se crearon ámbitos, otros creados para la ocasión, pero en los que se han discutido y aprobado normas específicas para la pandemia. Es decir que siempre lo más importante, más que cualquier legislación, es la organización de las y los trabajadores para que las leyes no sean letra muerta”.

“En cuanto a los efectos de la Ley, hago mía la visión de la Licenciada Arocena, que decía que el defecto de la Ley es que trata a las y los trabajadores como una cosa a cuidar, como un objeto a cuidar. Me parece que la forma de revertir eso es colectivamente, y es que las entidades sindicales, es decir la organización colectiva de las y los trabajadores, tengan acceso –que hoy no tienen- a la información negada sistemáticamente por las patronales y las ART. Es decir, la solución para dejar de ser objeto y ejercitar nuestros derechos es la participación de las y los trabajadores. Y me viene a la mente lo que le he escuchado decir por años a militantes de la salud laboral y que he asumido como nuestro: Hoy luchamos para que los trabajadores y las trabajadoras no se enfermen, no mueran, no se hieran mientras trabajan, pero la victoria final será alcanzada cuando volvamos a cantar mientras trabajamos”.

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Se reunió el ámbito del Estado Nacional de ATE

Esta mañana se llevó a cabo en el Salón Federal de ATE una reunión del ámbito del Estado Nacional, espacio que se consolidó durante la pandemia y que logró importantes avances, fijando los criterios de organización en dicho ámbito.

Estuvieron presentes por el CDN, Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General; Rodolfo “Rody” Aguiar, Secretario Adjunto; Mercedes Cabezas, Secretaria de Organización; Estérea Gonzáles, Secretaria de Finanzas; Flavio Vergara, titular del Departamento de Negociación Colectiva y Áreas Temáticas Nacionales; los dirigentes nacionales César Baliña, Ramón Farías y Rodolfo Kempf , y los referentes de distintos sectoriales.

Durante el encuentro se puso en valor que el espacio se vuelva a reunir y se homenajeó a Francisco “Pancho” Dolmann, un “constructor permanente” en ese ámbito.

En primer lugar se hizo un análisis del acuerdo 2021-2022 cerrado ayer con un 64% de aumento. Se consideró acertada la estrategia de ATE, que desde un principio planteó que antes de adelante del período 2022, había que reabrir la 2021 para ganarle a la inflación y elevar el piso de discusión, en particular en un contexto económico y político tan complejo.

De cara a la discusión paritaria 2022, se acordó que este ámbito sea el motor para la construcción de la propuesta a llevar al Estado Empleador. Por tanto, se estableció que habrá reuniones regulares y que la próxima será el 5 de mayo.

El primer eje de discusión será exigirle al Gobierno que acelere los 30.000 pases a planta, ascensos y reubicaciones, cuyo compromiso se asumió en 2020 con el Plan ConcursAR. Hasta el momento, se advirtió, sólo pasaron a planta 3000 trabajadores. Para ello, se propuso lanzar una campaña nacional de difusión para instalar públicamente el reclamo, en las calles y en cada sector de trabajo.

También se resolvió que desde la Secretaría de Organización, en coordinación con el Departamento de Negociación Colectiva y el secretariado del CDN, se comenzará a convocar a las distintas Coordinaciones Nacionales sectoriales para avanzar en el debate, de cara a próximas paritarias.

A su vez, se definió la importancia de acompañar los reclamos en organismos nacionales que se den en el país.

El ámbito también repudió el acuerdo con el FMI, que legitimó una estafa, y ratificó que la deuda debe ser investigada, que la tienen que pagar los que la fugaron, que tiene que saldarse la deuda interna que existe en nuestro país y no pagar a costa del hambre del pueblo.

En esa línea, se definió respaldar distintas iniciativas como la anunciada por el Gobierno para gravar la renta inesperada, y la propuesta para que el impuesto a las grandes fortunas tenga carácter permanente, para poder empezar a redistribuir riqueza del país.

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Con importante participación se desarrolló el Congreso Provincial

Este miércoles se llevó adelante el Congreso Ordinario y Extraordinario en la sede de ATE en Paraná. Se acreditaron 305 de un total de 339 congresales, lo que representa un importante número de participantes de toda la provincia. A los que se sumaron integrantes de la conducción nacional.

La numerosa participación de los afiliados permitió el desarrollo de un nutrido debate democrático y representativo de todos los trabajadores estatales de Entre Ríos. A partir de los temas discutidos surgieron algunas propuestas que serán enviadas al Consejo Directivo Nacional para su tratamiento.

Entre las conclusiones principales se destaca el pedido de paridad de género en los cargos de conducción. También la presentación de candidatos en unidad al directorio en la elección del IOSPER.

Debido a la escalada inflacionaria, el Congreso de ATE exige la reapertura inmediata de la discusión salarial en la provincia.

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Paritarias: la única verdad es la realidad

La ATE Córdoba sostiene que, a la luz de los acontecimientos, fue correcta su posición de pedir la reapertura urgente de la Paritaria Provincial reclamando un 60% de aumento salarial en una sola cuota, tras el vergonzoso acuerdo a la baja firmado por el “Unicato Sindical”, que ahora parece darse cuenta que arregló por monedas y solicita la reapertura de la negociación salarial, de la que se excluye a ATE por el solo hecho de ser un Sindicato que no está subordinado al Gobierno.

Los gremios amigos del “Cordobesismo” acordaron un incremento salarial del 30%, pagadero en seis cómodas cuotas, en una nueva muestra de claudicación y entrega de derechos, cuando casi todas las provincias firmaron aumentos de entre un 45 y 60%.

El reclamo de ATE es claro: aumento de emergencia del 30% pagadero en una vez y que los sindicatos que ofician de arregladores seriales con el poder, a espaldas de los trabajadores y trabajadoras del Estado Provincial, se hagan cargo de sus agachadas.

El 14 de enero de este año ATE pidió la urgente apertura de la Paritaria del Sector Provincial teniendo en cuenta la profunda crisis económica y la incesante pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras dependientes de la Provincia, víctimas de una inflación escalofriante que golpea en el bolsillo de los asalariados.

El 4 de febrero el Sindicato reclamó mediante una nota al Gobernador Juan Schiaretti una respuesta a su pedido de apertura de la Paritaria Provincial, haciendo la reserva de las medidas legales y sindicales correspondientes para confrontar con la conducta ilegal, arbitraria y discriminatoria del Gobierno.

Con fundamento en la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTESS) N° 255/03, en la Provincia de Córdoba se encuentra vigente la Resolución N° 708/09 de la cartera laboral que resolvió en favor de ATE un largo conflicto con el Gobierno Provincial, estableciendo de forma expresa “la aptitud que posee la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para coexistir como entidad sindical sin exclusión de su personería gremial, en el ámbito público de la provincia de Córdoba, con las consecuencias positivas que ello tiene en materia de elección de delegados, retención de la cuota sindical, en los términos de la ley 23.551 y 24.462, y ejercicio de la negociación colectiva, entre otros tópicos que fueron objeto de tratamiento en estas actuaciones”.

Dicha resolución fue ratificada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -SALA IV- mediante sentencia de fecha 13 de abril de 2013. Todo ello sin perjuicio de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunales nacionales y provinciales que establecen la capacidad representativa de ATE y la aptitud para ejercer sus derechos sindicales.

No existen razones para seguir marginando a nuestra organización sindical de la Mesa Paritaria Provincial, objetivo por el que seguiremos luchando en todos los frentes y con todas las herramientas a nuestro alcance acompañados por la mayoría de los trabajadores y trabajadores estatales que se sienten estafados por la sistemática defección de los gremios que dicen ser sus únicos “representantes”.

En consecuencia ATE declaró ayer en una asamblea multitudinaria el estado de alerta asamblea y movilización y exigimos ser parte de la paritaria. Así fue informado hoy por nota a la gobernación (adjunto), esperando una respuesta favorable a nuestro justo reclamo.

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ATE exige la reincorporación de trabajadores despedidos en el SENASA Formosa

La ATE Formosa envió una nota a la titular del SENASA a nivel nacional, Diana Guillén, exigiendo la reincorporación de los 6 trabajadores despedidos en la gestión del ex presidente, Mauricio Macri sin justificación, sin aviso previo ni indemnización, que pertenecían al área de Control Sanitario de Frontera y Barrearas en la ciudad de Clorinda.

En la nota dirigida a Guillén, el CDP señala que “estas áreas que hasta el día de la fecha permanecen con un funcionamiento precario e ineficaz debido a la falta de personal para llevar adelante el control efectivo que debe realizar el SENASA en una zona de creciente circulación de productos alimenticios tanto de origen vegetal como de origen animal”.

Subraya el gremio que “en el Paso Internacional San Ignacio de Loyola ubicado en Clorinda pasan por mes un promedio de 1.000 camiones con alimentos que deben ser controlados por personal del SENASA”, sin embargo, agrega “dicho control no es del todo eficaz ni eficiente debido a falta de recursos humanos disponibles, por ejemplo, de noche no hay controles, lo que significa una situación gravísima en términos de que no se podrían evitar el ingreso de enfermedades y plagas provenientes de otros países. Es necesario reforzar el control de entrada y salida de camiones, de colectivos y vehículos particulares en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, lo mismo en el Paso Fronterizo de Puerto Elsa de la ciudad de Clorinda. Además hace falta reabrir el control “Docentes Argentinos” sobre la Ruta 86 y el de Puerto Pilcomayo”.

Un dato importante a destacar sostiene ATE es que “debido a la diferencia del cambio monetario entre el peso argentino y el guaraní, el flujo comercial de productos alimenticios viene en aumento y todo hace prever que con la normalización sanitaria del Covid en curso aumentará todavía mucho más”.

Por razones de “justicia social, por razones de humanidad y por necesidad del estado argentino”, es que ATE solicita a Guillén “la urgente reincorporación de 6 compañeros despedidos del SENASA que aún permanecen sin recuperar su puesto de trabajo, el estado necesita recuperar su rol de fiscalización de todo lo que entra y sale de su territorio, y eso solo es posible con los compañeros trabajadores ocupando sus puestos”.

Los compañeros remarca ATE “fueron despedidos por el anterior gobierno, en la gestión del ex ministro formoseño Ricardo Buryaile, con la finalidad de vaciar y/o disminuir la función de organismos fiscalizadores como es el caso del SENASA, facilitando el contrabando y el riesgo de ingreso de enfermedades y plagas a nuestro país”.