El intendente de Corzuela, Rafael Carrara, volvió a desobedecer un fallo judicial y se negó a reincorporar a las trabajadoras municipales, como había dictaminado la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Ante esto, la abogada que lleva el caso por parte de ATE Chaco, Ivana Balberdi, hizo foco en el desinterés del Poder Ejecutivo provincial en hallar alternativas que permitan garantizar el bienestar de las trabajadoras y anunció que se inició una denuncia penal contra el jefe comunal de la localidad.
La profesional recordó en la última emisión de EscuchATE, programa del sindicato que sale al aire los jueves por radio Nuestra Voz 88.7, que al principio del conflicto las trabajadoras fueron recibidas en la Secretaría de Derechos Humanos, que verificó, investigó los hechos y reconoció mobbing laboral; y mantuvieron una reunión con la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga.
“Al principio los funcionarios mostraban cierto interés, como también el secretario de Municipios (Rodrigo Ocampo), pero de golpe dejaron de atender los teléfonos. Hay una gestión política que fracasó, las y los funcionarios cesaron en la búsqueda de soluciones para estas trabajadoras, que además dicho sea de paso, son militantes justicialistas de la misma línea partidaria. Si no lo fueran, eso tampoco justificaría esta situación, pero llama la atención porque ellas trabajaron para que el gobernador esté donde está, para que los funcionarios estén donde están. Por eso el agravio y la injuria que sienten estas mujeres son mayores”, expresó Balberdi.
“Como fracasó la instancia política de resolución, acudimos a la Justicia. No es fácil litigar contra la administración pública porque esta tiene la presunción legal de que está haciendo las cosas bien. Entonces cuando hay un fallo judicial o cuando hay un juez que tiene el conocimiento y la valentía de firmar una resolución en contra de la administración pública es porque realmente hay presupuestos verosímiles de la situación planteada”, explicó la abogada.
El jefe comunal fue declarado en rebeldía por la Justicia debido a sus reiterados incumplimientos ante lo dictaminado en tribunales. El último fallo que Carrara violó fue el de la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que dejó sin efecto la ordenanza aprobada en enero a través de una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de la localidad, convocada en su oportunidad para tratar exclusivamente el despido de las trabajadoras.
“El sumario administrativo estuvo cargado de múltiples violaciones a las garantías y al debido proceso. Decidieron aplicar la sanción más gravosa que es la exoneración, y el propio intendente designó una junta de disciplina conformada por el contador de la municipalidad que ya había sido denunciado por las agentes por el no pago de sueldos, por la secretaria de Actuaciones del expediente sumarial que va a ocupar pronto el puesto de Jueza de Faltas de la municipalidad de Corzuela, y la secretaria de Gobierno que es la esposa de Carrara”, sostuvo la profesional.
“Para que una Cámara en lo Contencioso Administrativo firme la suspensión de efectos de una ordenanza municipal es porque resulta claro o verosímil que existe una afectación a las garantías constitucionales, que las cosas no se hicieron bien. Sistemáticamente existe un rechazo judicial a cada uno de los planteos de la Municipalidad de Corzuela. Sin embargo no se cumple lo que ordena la Justicia, generando multas y deudas para el pueblo de Corzuela”, agregó.
Ante los reiterados incumplimientos judiciales por parte del jefe comunal, además de las multas, se dio intervención a la justicia penal. Fue radicada la denuncia en la Fiscalía Penal N° 3 por desobediencia judicial y abuso de autoridad. Asimismo se ha dejado peticionado en los expedientes que de no cumplirse el pago de los haberes y las multas, se embargue y se retenga un porcentaje de la coparticipación.
“Y estamos evaluando con el estudio Claudiani radicado en Resistencia con el que estamos trabajando, la responsabilidad del Concejo. Porque es muy fácil decidir, ir más allá de las facultades propias e incurrir en arbitrariedades, y que no haya ningún costo. Entonces hay que ver en cada miembro del Concejo qué responsabilidad civil, política y penal tuvo, a partir de actos que están consintiendo y llevando a cabo”, adelantó la abogada.
Luego del fallo de la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, las trabajadoras se presentaron a sus lugares de trabajo, pero no se les permitió reincorporarse. “En virtud de toda la normativa internacional de protección laboral, de género, que existe en relación a situaciones como ésta, el Estado no puede permanecer escudado en que hay autonomía municipal. Me parece que hay cuestiones que trascienden las formas, si hay derechos humanos claramente afectados”, sostuvo Balberdi.
“El gobernador después de las denuncias ha hecho múltiples visitas a Corzuela. Incluso en estas ocasiones – cuando intentaban entregarle un petitorio por ejemplo – las trabajadoras han sido violentadas y han recibido ataques físicos. Entonces al margen de las cuestiones legales, estas chicas tienen una desilusión con respecto al gobernador, porque ellas son militantes justicialistas y han trabajado para él. Me llama poderosamente la atención la falta de empatía, el poco interés en arribar a una solución”, expresó la profesional.
“Estas chicas son las que dijeron basta, pero muchas veces hay un irrespeto y un sometimiento para con las y los trabajadores municipales que tiene que cambiar, sea del partido que sea. Muchas personas tienen miedo, no denuncian, de hecho en este caso muchos testigos no quieren hablar porque está estrictamente ligado con el plato de comida que llevan a la casa. Si las chicas no hubieran estado amparadas y sostenidas por el sindicato, no creo que hubiesen podido llegar a esta instancia. Las y los trabajadores de las intendencias no pueden ser cautivos del gobierno de turno”, concluyó.
