En la tarde de ayer se llevó a cabo de forma virtual el
Conversatorio ‘Libertad a lxs presxs por luchar’, convocado por el Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la Liga Argentina por los Derechos
Humanos, el Departamento de Derechos de los Pueblos de ATE Nacional y la CTA
Autónoma. La actividad contó con la participación de referentes y luchadorxs de
organizaciones de todo el campo popular, y con la exposición de los presos
políticos Luis D’Elía y Sebastián Romero.
Lxs trabajadorxs organizadxs son lxs principales
protagonistas de la resistencia y lucha por los impactos de las distintas
crisis que no provocan; y son testigos de cómo diferentes gestiones de
gobiernos nacionales y provinciales administran el conflicto social. En ese
sentido, se han detenido días, semanas, meses o años a militantes y activistas
sociales, políticos y/o sindicales. La forma asumida tiene como base la
persecución, criminalización de la protesta y judicialización de luchadorxs
populares, como mecanismo disciplinador y de amedrentamiento de quienes se
oponen a las tantas injusticias del sistema capitalista.
La persecución, criminalización de la protesta social y
judicialización contra la militancia popular se profundizó durante el Gobierno
de Macri. En ese período, al menos 1.452 personas fueron detenidas en el marco
de protestas sociales de las cuales el mayor porcentaje fueron luchadorxs
sociales y sindicales; sumando el rol estratégico del Poder Judicial en la
profundización de ese proceso.
Hoy continúan privadxs de su libertad, entre otrxs, Milagro
Sala, dirigente social de la Túpac Amaru, detenida en 2016 arbitrariamente en
la provincia de Jujuy por liderar una protesta contra decisiones del Gobernador
Gerardo Morales; Luis D’Elía, en el marco de la condena que recibió por la
permanencia en la Comisaría Nº24 de La Boca en el año 2004, reclamando por el
crimen de uno de sus compañeros, el dirigente comunal Martín ‘Oso’ Cisneros;
Sebastián Romero, militante PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores
Unificados), imputado por la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien
le inició una causa por intimidación pública tras disparar un supuesto mortero
durante una marcha contra la reforma previsional impulsada por Mauricio Macri
el 18 de diciembre de 2017.
Cabe mencionar que entre ellxs también estaba previsto el
pedido de la libertad de Raúl Castells, dirigente del Movimiento Independiente
Justicia y Dignidad (MIJD) y Secretario de Derechos Humanos de la CTA-A de la
provincia de Chaco, quien el día 22 de octubre fruto de la lucha y presión de
diferentes sectores populares consiguió recuperar su libertad. Raúl Castells
fue detenido el 9 de septiembre del 2020 cuando apoyaba la lucha de lxs
trabajadores municipales de la localidad de Sáenz Peña en el Chaco, que cansadxs
de los salarios de hambre, se auto convocaron en el corralón municipal para
reclamarle al Intendente urgentes mejoras salariales.
EXPOSICIONES DEL
CONVERSATORIO
Ricardo Peidro, Secretario General Central de Trabajadores
de la Argentina Autónoma
“Los que militamos desde hace mucho tiempo sabemos que una
parte siempre presente en esa militancia es el pedido de libertad de los presos
por luchar y el pedido del cese de la represión a la protesta. Pero es algo que
no tenemos que naturalizar. Nos llena de profunda desazón y dolor tener que, en
democracia, seguir pidiendo por los compañeros y las compañeras que están
presos. Cuando los poderosos de siempre no gobiernan, condicionan y presionan a
los gobernantes y quieren hacer pasar por criminales, asesinos y delincuentes a
quienes les cuestionan el poder que ostentan”.
“Al compañero Sebastián Romero, bajo la excusa de haber
tirado un petardo en una movilización contra la reforma previsional, lo privaron de
su libertad. Pero por supuesto sabemos que en realidad se convirtió en un
objetivo por ser un militante, y que su detención pretendió ser una forma de disciplinar
al resto de los compañeros y compañeras. Se trata de un hostigamiento que tiene
como objetivo hacernos creer que no es posible pelear contra ese poder que hace
de esta una sociedad tan injusta. Mientras tanto a Chocobar, que mató a una
persona por la espalda, lo recibió el Presidente Macri con honores en la Casa
Rosada”.
José Schulman, Secretario Nacional de la Liga Argentina por
los Derechos del Hombre
“Nosotros hicimos la reflexión de que el de Macri no era un
gobierno más, no era un gobierno burgués más, ni siquiera un gobierno burgués
de derecha más, sino que encarnaba un proyecto de recolonización integral de la
Argentina, que heredaba, asumía, prolongaba, reeditaba y actualizaba el
proyecto del Golpe de Estado del ’76. En esas condiciones se produjo una
recolonización minuciosa y detallista de todos los aspectos de la vida en Argentina,
incluyendo al Poder Judicial, que ya desde antes de que llegara Macri el Poder
Judicial era elitista, xenófobo, clasista, racista, macartista y patriarcal.
Macri, la Corte Suprema, Rosenkrantz y los jueces más descarados de Comodoro Py
transformaron ese aparato judicial en un instrumento de colonización explícita”.
“En mayo de 2019 llevamos una denuncia a Lima, Perú, ante
Diego Sayán, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de
Magistrados y Abogados. En ella denunciamos el copamiento de la Corte Suprema,
del Consejo de la Magistratura, de Comodoro Py, y la persecución a las y los
compañeros. Hace tres días la Fiscalía de Lomas de Zamora pidió indagatoria a
25 personajes, incluyendo a Emiliano Blanco, el Jefe del Servicio Penitenciario
Federal, que es a quien nosotros acusamos de haber diseñado un plan de
espionaje contra las compañeras y compañeros que estaban presos en Marcos Paz y
sobre los y las que les visitábamos. Esperemos que ese juicio avance”.
Fernando Suárez, del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos
“Siempre hemos levantado la bandera de la libertad para los
presos políticos, y se lo hemos dicho al Presidente Alberto Fernández en las dos
entrevistas que tuvimos con él como Mesa Nacional de Organismos de Derechos
Humanos. Como movimiento ecuménico de Derechos Humanos, desde la parte
espiritual y ética nos comprometemos a seguir dando esa batalla. No nos vamos a
callar. También les estamos exigiendo pronunciamientos al Poder Ejecutivo y al
Poder Legislativo, que no pueden seguir en silencio frente a estas situaciones.
Milagro Sala, Luis D’Elía y Sebastián Romero se han convertido en presos
políticos simbólicos, pero detrás hay casi cuarenta compañeros y compañeras que
están padeciendo esta realidad. El Poder Judicial necesita una reforma tremenda
y profunda”.
Sebastián Romero,
militante del Partido Socialista de los
Trabajadores Unificados (PSTU)
“Quiero agradecer toda la lucha que vienen llevando ya desde
el Gobierno de Macri. Nosotros somos presos políticos. Agradezco la gran campaña
que hicieron, principalmente unitaria, que fue lo más importante para lograr
sacar de la cárcel a mi compañero Daniel Ruíz. Ese es el camino que tenemos que
seguir para lograr que en Argentina nunca más haya un preso por luchar, porque
no es un crimen, sino una necesidad”.
Luis D’Elía, dirigente de la Federación de Tierra, Vivienda
y Hábitat
“Yo estoy preso hace dos años, con una condena de tres años
y nueve meses, por esta causa. Por el solo hecho de encabezar una protesta el
día que asesinaron a un dirigente social. Mientras los compañeros que
encabezamos la protesta estamos presos, Juan Carlos Duarte, que es quien
asesinó a ese dirigente, fue condenado a 18 años de prisión y tras cumplir 16
ya está libre. Mi causa prescribió para 60 compañeros, menos para mí”.
“Hace cuatro años, Julian Assange me mandó el cable 1.222 de
Wikileaks. En el punto 4-C de ese cable dice que la ex Embajadora de los
Estados Unidos en Argentina, Vilma Socorro Martínez, le informa al Departamento
de Estado en Washington que en el día de ese cable le pidió a Macri mi
detención. Soy un preso político con certificado extendido por la Embajada de
los Estados Unidos. Mi fallo está firme porque la Corte rechazó mi recurso en
queja. Obviamente mis abogados están yendo a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, pero aquí queda el camino del indulto o la amnistía”.
“Con estas condenas por luchar en realidad no nos condenan a
nosotros, sino a los que vienen detrás. A la clase trabajadora, a cualquiera
que luche. Quieren dejar sentados precedentes bien claros. A Sebastián lo
demonizaron como ‘el hombre mortero’, cuando él no tenía ningún mortero, sino
un ‘tres tiros’. Estas condenas no son ni a Milagros, ni a Sebastián, ni a
Luis, sino a la clase trabajadora en su conjunto, y son un pésimo antecedente”.
Hugo ‘Cachorro’ Godoy,
Secretario General de ATE Nacional
“Para nosotros era muy importante realizar este conversatorio,
porque entendemos que es un debate primero de justicia elemental, porque no
puede ni debe haber ningún preso por luchar, y segundo es un debate cultural,
porque estos castigos no solamente han falseado la realidad con causas
fabricadas para justificar las detenciones, lo que demuestra la existencia de
una Justicia corrupta y ceñida a los intereses del poder dominante y hasta
subordinada a poderes extranjeros, sino que además tiene el empeño de producir
un ensañamiento y un aleccionamiento al conjunto de la sociedad para que no se
atreva a rebelarse para pelear por una Justicia mejor. Buscan que no nos
atrevamos a cambiar las condiciones de esta realidad que ahoga a la mayoría del
pueblo argentino, ni a asumir desafíos e institucionalidades nuevas”.
“En la lucha del 18 de diciembre de 2017, por la que es
acusado Sebastián, se produjo una gran movilización en contra del intento de
aplicar los planes del Fondo Monetario Internacional para reformar el sistema
previsional de la Argentina, como un primer paso previo a una segunda reforma,
ya sobre el sistema de las relaciones laborales de nuestro país. Lo que se
castiga en Sebastián es la decisión del pueblo de que no se apliquen planes que
tengan que ver con los intereses del FMI y de las multinacionales a las que
obedece”.
“Cuando se castiga a Milagros en aquel campamento, poco
tiempo después de la asunción de Morales en la provincia de Jujuy, no solamente
lo que se intentaba era frenar cualquier tipo de movilización, sino que además
se condenaba el atrevimiento de una coya, de una indígena, de una mujer
trabajadora, de poder asumir el desafío de poder construir infinidad de
experiencias de nuevas formas de organización de la clase trabajadora y de
nuevas posibilidades de intervención articulada con el Estado para darle
respuestas a las grandes necesidades que tenemos como sociedad”.
“A Luis se lo castigó por una causa inventada alrededor de
la permanencia en la Comisaría de La Boca, y es tremenda la paradoja de que el
asesino esté libre, y que el que evitó una masacre y quien planteó la denuncia
con valentía y coraje, está preso. Ahora bien, no es la única acusación que se
le hizo a Luis: También lo acusaron de ser cómplice de Irán y no sé qué carga
de pavadas más que tienen que ver con el interés de Estados Unidos y de sus
papagayos, que reproducen sus mentiras en la prensa y en la justicia local para
que nuestro país siga siendo una colonia y no se atreva a construir nuevas
alianzas a nivel latinoamericano y mundial para que la hegemonía del impero de
Estados Unidos deje de ser una plaga para la humanidad”.
