Mes: junio 2020

Esta mañana, se supo a través del Boletín Oficial, que el
gobierno extenderá hasta octubre los plazos para revisar los cargos jerárquicos
en el Estado creados durante la gestión Cambiemos. El ex gobierno había querido
dar estabilidad laboral por cinco años a los funcionarios macristas.

El decreto había sido publicado solo cuatro días después de
la asunción de Alberto Fernández y suspendía la medida firmada por Mauricio Macri.
El régimen de privilegio alcanzaba a
unos 3.000 funcionarios, algunos de ellos nombrados bajo la gestión que terminó
el 10 de diciembre.

La Resolución 1/2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros publicada hoy
se amparó en los considerando en el Convenio Colectivo de Trabajo Generar para
la Administración Pública Nacional, que justifica que la selección del personal
se realizará mediante sistemas que aseguren la comprobación fehaciente de la
idoneidad, méritos, competencias y actitudes laborales adecuadas para el
ejercicio de las funciones.

Según la guía de procedimientos, serán "objeto de
revisión" los procesos concursales de cargos y de selección de ingreso de
personal a planta permanente cuyas vacantes hubieran sido autorizadas a
concursar en el período comprendido entre el 14 de diciembre 2016 y el 14 de
diciembre de 2019; y las designaciones efectuadas por procesos concursales en
el período establecido entre el 14 de diciembre 2017 y el 14 de diciembre 2019.

Una vez finalizada la revisión, intervendrá la Oficina Nacional de Empleo
Público en el expediente, y según cada caso, "procederá a remitir las
actuaciones a la jurisdicción u organismo descentralizado para la formalización
del acto administrativo correspondiente en ocasión que se propicie la
modificación de un proceso de selección analizado".

A partir de hoy, por las demoras generadas por
la pandemia los plazos para ese proceso se extendieron hasta el 15 de
octubre de 2020.

Dirigentes de las organizaciones que suscribieron el
Manifiesto por la Soberanía y el Trabajo estuvieron hoy en el Banco Nación para
brindarle un contundente respaldo a la estrategia oficial que busca recuperar
la empresa Vicentin y cobrar los créditos que le otorgó la gestión del gobierno
de Cambiemos. En una extensa rueda de intercambios, los dirigentes sociales,
gremiales, empresariales y políticos hablaron sobre la importancia simbólica y
concreta de avanzar en la intervención y la expropiación para los diferentes
sectores del campo popular.

La cúpula de la entidad brindó información sobre la
investigación interna y la cusa judicial, y valoró el apoyo.

Estuvieron presentes la Federación de Inquilinos, ATE, la CTA
Autónoma, sindicatos que integran la Corriente Federal de la CGT, el Movimiento
Nacional de Empresas Recuperadas, el Consejo Productivo Nacional Pyme, la UTEP,
la Ctep y la Federación Gráfica Bonaerense.

El primero en hablar fue Hugo Cachorro Godoy, titular de la
Asociación Trabajadores del Estado y adjunto de la CTA-A, que expresó el
objetivo del encuentro: “Traemos el respaldo a la decisión del gobierno de
avanzar en la intervención y la expropiación de la empresa y en particular al
Banco en su presentación como querellante en la causa por la estafa que le han
infringido al pueblo argentino estos empresarios y los funcionarios del
anterior gobierno”, dijo el dirigente estatal.

El propio presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker,
explicó que el objetivo es “cobrar lo que Vicentín le debe al Banco, para dar
más créditos a las pymes”

Hecker, consideró que Vicentín es un “caso testigo” de una
estafa que además afectó “la propiedad privada de otros productores, de
cooperativas y también afectó fondos públicos, cuando dejó de pagar sus
obligaciones y se lo permitieron”.

“No está mal prestarle
a grandes empresas, pero sí es malo prestarle tanto a los grupos concentrados
porque ese dinero debería estar destinado a ayudar a las micro y pequeñas
empresas -señaló y agregó que- en estos tres meses otorgamos préstamos
exclusivamente a las pymes por un monto mayor a lo que debe Vicentín, pero es
importante recuperar ese dinero para continuar reforzando estas líneas de
créditos”, concluyó.

Damián Regalini del Consejo Pyme, dijo: “Venimos solicitando
que el Estado intervenga para fijar precios de referencia -más allá de celebrar
la acción rápida del Banco al denunciar la estafa por el uso de nuestro dinero
de manera irregular-, porque nosotros hemos perdido mercado no solo por los
precios de nuestras materias primas, sino por los precios de la energía, de los
alimentos, con lo cual nos resulta fundamental que el Estado dé un paso
adelante en el control de precios de los bienes básicos de los trabajadores,
porque son nuestros clientes”.

Gisela Bustos de MNER, explicó que “para el Movimiento es un
caso testigo, no sorprende como resume y amplifica las características que
vemos en el universo de empresas recuperadas, de procesos de recuperación que
estamos acompañando: las maniobras fraudulentas, el rol del Estado, los amigos
enquistados, los favores con plata del Estado, las devoluciones de favores, las
fugas a paraísos fiscales, y así tenemos todos los casos que estamos
asistiendo, y eso se refleja en Vicentin”.

Por las organizaciones estuvieron, además, Pablo Chena,
economista de UTEP y Gildo Onorato del Movimiento Evita, entre otros. También
estuvo presente Guillermo Wierzba, integrante del Directorio del BNA.

Claudio Lozano, integrante del directorio de la entidad y
artífice de la investigación, advirtió: “La batalla por Vicentin recién
comienza, el juez ha confrontado la decisión del Presidente de la Nación y
también la decisión del gobierno de Santa Fe y nuestro propio pedido de
intervención”.

A su turno, Ricardo Peidró, titular de la CTA-A, destacó que
“hay una pelea de fondo con los sectores de poder concentrado, por eso se vivió
una sensación de triunfo con esto”.