Para
después de octubre el gobierno impulsa reformas varias que van a impactar en la
futura estructura del Estado. En este marco se prevén fuertes recortes
presupuestarios en área del estado, quita de subsidios, una nueva reformulación
impositiva y cambios, siempre en favor de la patronal, en los beneficios
laborales.
Según
el Presupuesto ingresado al Congreso, el PEN busca una reducción del déficit
fiscal en torno al 3,2%, porcentaje, 1% menor al 4,2% del 2017. El Presupuesto también
plantea que en el año 2018 habrá un crecimiento económico del 3,5%, una
inflación próxima al 15% y otro endeudamiento por casi 30.000 millones de
dólares.
A
la pregunta ¿cómo recortando un punto del déficit la Argentina podrá generar un
crecimiento que no registra desde hace años?, la respuesta es que el camino
elegido por el gobierno se hará recortando funciones del Estado y reformando
las condiciones laborales. De esta manera el crecimiento del PBI quedará atado
a la dinámica que se imponga desde el sector privado. O sea el ABC del
liberalismo.
El ajuste en el Estado Nacional…
Hace
pocos días el presidente Mauricio Macri fue explícito al señalar que “si no
baja el déficit fiscal esto no va a andar”.
Nadie puede interpretar que sus palabras tuvieron un simple efecto
aleccionador, más bien fue el anuncio de los cambios que se harán en el 2018.
Ese
punto del PBI que se recorta al déficit fiscal son prestaciones que dejará de
cubrir el propio Estado. La primera y de la que toda la gente habla (o dicho como un Oxímoron: de la que
nadie en el gobierno niega) vendrá con el recorte de los subsidios a las tarifas
de luz y gas y a la suba del trasporte público. A pesar del feroz ajuste de
hasta un 700% de las tarifas, que se aplicaron entre 2016 y 2017, se va por
más. Y aunque todavía no fueron bajados a debate estos números, la opción “rentista”
del gobierno será llevar el recorte al máximo disponible: cualquier número que
arranque por el 100% puede ser válido, ya un porcentaje bestial pensando
en la actualización que han tenido como punto de partida. Los números en
disputa hablan de unos 150 mil millones de pesos.
Para
llegar al “sagrado” 1% el gobierno lo complementará con la reducción directa de
servicios que corresponden al Estado. Como anticipación sólo en este 2017 el
gobierno se deshizo de numerosos programas sanitarios (casi todos ellos que
atienden a sectores vulnerables), ha disuelto la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y la Comisión
Nacional de Pensiones Asistenciales –creando la Agencia Nacional de
Discapacidad-, también el Consejo Nacional de la Mujer; y para el año que viene
está poner en práctica entre los trabajadores del Estado el presentismo y la
productividad, y llamar a la participación privada en emprendimientos del
Estado: el acuerdo firmado por las autoridades de la empresa ARSAT con la
empresa americana Hughes es un ejemplo.
… también en las provincias
El
reciente acuerdo de responsabilidad fiscal firmado por Nación y las provincias
es la muestra de que el gobierno de Macri ha decidido que el ajuste se paguen
todos por igual.
Sin
dudas el recorte presupuestario se hará más fuerte en las provincias cuando se
produzca la armonización de las Cajas previsionales (prevista culminar en el
2019), pero la Reforma Impositiva y la posible devolución de los ingresos por coparticipación
a la provincia de Buenos Aires, las harán crujir con fuerza las arcas públicas.
Con
la reforma tributaria las provincias perderán dos bocas de financiación: el
impuesto al cheque e ingresos brutos. El primero, un porcentaje de plata si se
quiere menor, los ayuda a tapar agujeros que se generan en gastos impensados,
pero Ingresos Brutos conforman una tajada mayor que resiente enormemente sus
cuentas.
Pero
los ojos provinciales también están puestos en la Corte Suprema de Justicia.
Si, como se especula, falla a favor de la provincia de Buenos Aires, en su
conjunto perderán ingresos por 50.000 millones de pesos. Puesto en porcentajes
algunas perderán poco más del 2% de su presupuesto, pero otras calculan que
pérdidas del 10%.
Que
la reforma impositiva y devolución de los fondos a la provincia de Buenos Aires
lleguen en un mismo tiempo no forma parte de ninguna casualidad. El gobierno
nacional ya se ha desligado de este
problema (no quedan dudas que también lo alienta) y ha dicho que no saldrá ni
un peso para compensar, o sea que serán las mismas provincias que deberán hacer
frente a la devolución de estos fondos. Dicho de otro modo realizar un ajuste
sobre el ajuste.
En
este marco lo único que se ha dispuesto a ofrecer Nación son una gama de
consejos de su propio recetario: reducir servicios que se prestan en Salud y
Educación, menos trabajadores, continuidad de trabajo en negro (para
contratados, monotributistas y becarios), caída de la obra pública, recortes
salariales y si alguno puede aplicarlo, también cambios en las condiciones de
trabajo.
“Reforma laboral”, música para el sector
privado
Tanto
la reforma impositiva como laboral tiene como lógico beneficiario al sector
privado y aún más entre las grandes empresas. También está claro que ningún
privado pondrá de sus bolsillos los fondos que pierda el Estado para
financiarse. Entonces como viene haciéndolo desde el mismo mes que asumió hará uso
y abuso del endeudamiento externo. Si las matemáticas no le fallan (y hasta
ahora fallaron siempre) cubrir el bache fiscal insumirá la friolera suma de
30.000 millones de dólares, música d ela mejor para los comisionistas de los
prestatarios internacionales.
El
presupuesto enviado al Congreso también describe un crecimiento de la economía
del 3,5%. Sin embargo las dudas se plantean en cómo hará el gobierno para
crecer a ese ritmo cuando ponga en marcha los recortes a los subsidios, y ello
pegue en el consumo. Vale el ejemplo de este año, que habiendo un ajuste menor
respecto al futuro y con el dinero electoral aportado desde junio la economía
languidece y crecerá apenas un 1%.
Es
indudable que la administración Macri apuesta a que la reforma laboral y la
reducción de los costos laborales se encarguen de ese crecimiento. Los acuerdos
que ya se han cerrado este año, como petroleros y el gremio de los lácteos
ATILRA, mostraron parte de este “modelo competitivo”; los próximos movimientos
están puestos en otras 2 grandes ramas de la industria: la automotriz y la
manufacturera.
Siempre
se habla de modificar los costos laborales pero jamás de reducir los márgenes
de ganancia, por eso desde la cartea que conduce Jorge Triaca las palabras que
más resuenan son acuerdos por ramas y por empresas, y prácticas laborales.
También se adiciona el blanqueo laboral “estilo Macri” de los trabajadores que
están en la informalidad.
La
modificación educativa que se planea en la Capital Federal involucra a los
estudiantes del último año del secundario, quiénes pasarían a desarrollar
prácticas laborales a través de pasantías y becas. Resistido por los
estudiantes y padres, en la práctica se transformará en una modalidad de
contrato casi sin costos laborales y cuyos únicos beneficiarios serán las
empresas contratantes.
Con
el blanqueo laboral de los casi 4.500.000 millones trabajadores que están en la
informalidad, las empresas podrán optar por recibir exenciones y beneficios
impositivos. Pero también y esto es igual de cuestionable, el gobierno los
asistirá durante un par de año con una subvención de 4.000 pesos a quiénes
contraten a estos trabajadores. Ahora vencido el plazo de los dos años ¿las empresas
se harán cargo definitivo de estas personas o las desafectará? Las respuestas están en las leyes que apruebe el
próximo Parlamento.
Alejandro Asis
