Mes: junio 2017

El informe que presentamos a continuación constituye una
síntesis de un relevamiento realizado por Liberpueblo (1) y el Observatorio del
Derecho Social (2) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma)
sobre las formas de respuesta estatal y de los empleadores a las acciones de
protesta social que se han realizado en el país entre enero de 2016 y marzo de
2017. En este informe incluimos una breve descripción del contexto
socioeconómico en el que se llevaron adelante dichas protestas y de las formas
que ha asumido la respuesta estatal en las últimas décadas, para luego
presentar los datos correspondientes al período en cuestión.

Este relevamiento se ha realizado a partir de información
disponible en los medios masivos de comunicación y denuncias aportadas por las
organizaciones que representan a las personas afectadas (3). En tal sentido,
debemos destacar que se trata de un relevamiento de mínima, dado que por las
características particulares de la unidad de análisis y de las fuentes
utilizadas resulta imposible realizar una recolección exhaustiva. Aun así, la
información que se incluye en este informe permite dar cuenta de la existencia
de una práctica sistemática de respuesta a las protestas sociales que incluye
la represión violenta de las manifestaciones, la detención de algunos de los
participantes y la apertura de causas penales como mecanismo de control social.

1 – Contexto
socioeconómico

Las acciones de protesta social y la respuesta estatal se
producen en un contexto caracterizado por una grave situación socioeconómica
que dificulta, y en algunos casos imposibilita, el goce de derechos tales como
la vivienda, la alimentación, el trabajo digno, la protección del medio
ambiente, la no discriminación, etc.

Según la última información oficial disponible, el 30,3% de
la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 6,1% vive en
situación de indigencia (EPH – INDEC, 2° semestre de 2016). En el caso de los
trabajadores asalariados, en el año 2016 experimentaron una caída de su salario
real del 6%, magnitud que es aún mayor en el caso de los jubilados y de los
trabajadores dependientes de la Administración Pública Nacional (7% y 8%
respectivamente). Este retroceso fue producto del impacto de la inflación que
en 2016 superó el 40% anual y afectó al conjunto de los trabajadores. Este
retroceso salarial se produjo a su vez en un contexto de ajuste en el mercado
de trabajo que incluyó despidos en el sector público (tanto a nivel nacional
como provincial y municipal) y en el sector privado. Según la información
oficial, entre noviembre de 2015 y julio de 2016 en el sector privado
registrado 131.064 trabajadores perdieron su puesto de trabajo, cifra que no
incluye el impacto de este proceso sobre los trabajadores de la economía
informal.

Estos datos dan cuenta de una situación de serio retroceso
de los derechos sociales que en muchos casos ha sido la causa de la realización
de protestas por parte de las comunidades y grupos afectados. La respuesta
estatal ha incluido la represión violenta de muchas de dichas acciones, la
detención de manifestantes y la apertura de causas penales contra muchos de los
dirigentes y activistas sociales (defensores de derechos humanos). Sobre estas
tres dimensiones versa la información que sistematizamos a continuación.

2 – Protesta social
frente al contexto y la respuesta estatal

El Estado suele reaccionar frente a los actos de protesta
social (4) de distintas formas. La criminalización de la protesta social,
incluyendo aquí tanto las detenciones arbitrarias como la apertura y
sostenimiento en el tiempo de causas penales contra los manifestantes, ha sido
en los últimos 20 años una de las formas de represión más utilizadas. En
algunos casos lo es como paso previo a la represión abierta, directa, y en
otros, articuladamente con ésta.

Con la criminalización de la protesta el Estado apunta a
varios objetivos al mismo tiempo. Por un lado, frenar el conflicto social,
acallando, disciplinando, atomizando y domesticando las disidencias. Por otro,
correr el eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados
hasta plantear que lo que está sucediendo es un “delito”, una “amenaza para el
orden legal”, una “violación a la ley”, deslegitimando los reclamos.

En los últimos años existe una tendencia a agravar las
imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza
sobre la libertad de dirigentes y luchadores, cuestionando derechos como el
derecho a la huelga y a la movilización popular.

A continuación se despliegan las características que en la
actualidad asume la criminalización de la protesta social, atendiendo a tres
indicadores fundamentales: la represión abierta; las detenciones arbitrarias; y
la judicialización vía inicio de causas penales contra los manifestantes.

3 – Datos generales
de la criminalización y represión de la protesta social

Desde enero de 2016 a marzo de 2017 se registraron como
mínimo un total de 186 hechos de represión y criminalización contra la protesta
de las organizaciones del campo popular. El hecho de mayor frecuencia fue la
represión ejercida por las fuerzas de seguridad (51% del total) seguidas por la
apertura de causas judiciales contra miembros de organizaciones o manifestantes
(26%) y la detención de activistas o manifestantes por parte de la fuerza
pública (23%).

Represión y
criminalización de la protesta segun el tipo de hecho (enero 2016 – marzo 2017)

 

Si bien la distribución geográfica de estos hechos atravesó
a todo el país, se destaca una mayor concentración en el Área Metropolitana de
Buenos Aires (26%) y en la Patagonia (25%). A su vez, la amplia mayoría de los
hechos relevados se produjeron en el contexto de demandas laborales (105
hechos) seguidos por los reclamos vinculados a los derechos a la tierra y a la
vivienda (41 hechos).

La mayoría de los hechos de represión, detenciones
arbitrarias y apertura de causas penales se dirigieron contra trabajadores (56%
del total). En segundo lugar se encuentran los integrantes de organizaciones
sociales (5) (31%) y en tercer lugar las comunidades de pueblos originarios
(8%). Dentro de los hechos contra trabajadores, el 83% de los casos se produjo
en el contexto de reclamos salariales y por condiciones de trabajo (la mitad de
ellos correspondientes a trabajadores del sector público) y el 17% restante a
demandas por fuentes de trabajo o por incrementos en las jubilaciones y
pensiones.

Represión y
criminalización de la protesta según el sujeto víctima (enero 2016 – marzo
2017)

 

3.1 – Descripción de
los hechos de represión

En el período relevado se registraron al menos 95 casos que
implicaron el ejercicio de violencia física por parte de las fuerzas de
seguridad nacional y/o provincial contra manifestantes o dirigentes de
organizaciones del campo popular. En más de la mitad de los casos (52%) las
víctimas de las acciones fueron trabajadores y dirigentes de organizaciones de
trabajadores.

En segundo lugar, el 33% de los hechos de represión fue
contra protestas de organizaciones sociales, de género, barriales y en defensa
del medio ambiente. En tercer lugar, el 6% de los hechos fueron demandas de
otros sectores, se trata de represiones contra integrantes de partidos
políticos y familias de detenidos y detenidos. Por último se encuentra el
reclamo de pueblos originarios (5%) y campesinos (2%).

Las principales demandas de los hechos represivos estuvieron
asociadas a mejoras en las condiciones de trabajo, despidos y demandas de
puestos de trabajo (48%) seguidas por los reclamos de tierra y vivienda (24%).
En menor medida se registró la utilización de la violencia estatal frente a
reclamos por servicios públicos (tarifas, obras públicas), seguridad y crimen
(gatillo fácil o mayor presencia policial) y asociados a cuestiones de género,
entre otros.

Distribución
porcentual de los hechos de represión según el motivo del reclamo

 

3.2 – Descripción de
los hechos vinculados a la utilización de la justicia penal contra la protesta
social

En este informe relevamos 48 hechos de causas judiciales
abiertas en el ámbito penal como consecuencia de situaciones de protesta
social. En total, ellas afectaron a 180 personas entre enero de 2016 y marzo de
2017.

Los destinatarios principales de estas causas fueron
dirigentes y referentes de las organizaciones sindicales y sociales (el 77% del
total), es decir, sujetos que ocupan posiciones de representación en sus
organizaciones. En este sentido, la apertura de causas contra dichos referentes
es una forma de disciplinar a las organizaciones del campo popular en su
conjunto e impacta sobre todos sus integrantes, generando temor y
obstaculizando la propia organización y acción colectiva.

Cabe destacar que en este informe no hemos incluido las
acciones civiles iniciadas contra organizaciones sindicales. En este sentido,
en el último año se volvieron a producir casos de multas millonarias impuestas
por el Estado contra organizaciones sindicales en el marco de conflictos
colectivos de trabajo.

3.3 – Descripción de
los hechos de detención

Finalmente, en el período relevado por este informe se
identificaron al menos 43 hechos de detenciones arbitrarias que afectaron a un
total de 337 personas. Se trata de detenciones ocurridas principalmente en el
marco de acciones de protesta social. Las víctimas de estos hechos fueron tanto
dirigentes (48%) como manifestantes en general (52%).

Esas víctimas pertenecen principalmente a sindicatos y
organizaciones sociales. A diferencia de los hechos de judicialización y
represión, en este caso las detenciones se distribuyeron en forma más pareja
entre organizaciones sindicales y organizaciones sociales.

Hechos de detención
de manifestantes según el sujeto víctima (enero 2016 – marzo 2017)

 

A su vez, los principales motivos que motorizaron la
protesta, al igual que en los hechos anteriores, se destacan los motivos
asociados al trabajo (46%) seguidos de reclamos por tierra y vivienda (27%)
También se registraron demandas por motivos de género (5%), recursos naturales
(5%), servicios públicos (5%), seguridad (5%), otros motivos (5%) y defensa de
dirigentes (2%).

(1) liberpueblo@gmail.com

(2) www.obderechosocial.org.ar

(3) Para el presente informe se realizó un relevamiento en
la prensa digital. En pos de abarcar los hechos ocurridos en todo el país, se
utilizaron medios de alcance nacional y provincial; La Nación, Página 12,
Izquierda Diario, Agencia CTA, Intransigente, Los Andes, Rio Negro, El litoral
de Corrientes y la Voz del Interior. A su vez, también se incorporaron casos
cuya información fue proporcionada por las organizaciones afectadas.

(4) Entendemos el término “Protesta Social” como “una
concurrencia temporal y deliberada en un espacio público o privado, con una finalidad
concreta, que puede adoptar la forma de manifestaciones, encuentros, huelgas,
procesiones, campañas o sentadas, con el propósito de expresar quejas y
aspiraciones o facilitar celebraciones” en línea con el Informe del Relator
Especial sobre los Derechos de Reunión Pacífica y de Asociación de ONU (véase
A/HRC/20/27, párr. 24).

(5) Se incluyó dentro de esta categoría a organizaciones de
diverso tipo principalmente organizaciones barriales, organizaciones de género,
y medio ambiente.