El texto titulado “El Gobierno pone en marcha una batalla
contra la burocracia de la planta estatal” asegura que “Por orden del
presidente Mauricio Macri (…) El ministro Ibarra capacitará empleados y
concursará cargos directivos”. 

Además habla de la “creación de concursos para los mandos
intermedios y la idea de simplificar los trámites que se vinculan con los
organismos públicos”

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado rechazaron
contundentemente que cualquier mal funcionamiento de la administración pública
central sea responsabilidad de los trabajadores:

Silvia León (Secretaria de Organización/Consejo Directivo
Nacional-ATE): “ellos plantean que la
burocracia estatal es responsabilidad de los trabajadores, hablan de premios y
castigos salariales, de la importancia de la formación, cuando en realidad si
el sistema estatal es burocrático o deja de serlo es responsabilidad de los
gobiernos y no de los trabajadores. La responsabilidad es de los mecanismos
administrativos que los gobiernos deben implementar para que sea un Estado ágil
y al servicio de la gente, algo en lo que estamos absolutamente de acuerdo,
pero en lo que no estamos de acuerdo es que esto sea responsabilidad de los
trabajadores. Todas las cosas que aquí se plantean existen en el Convenio
Colectivo de Trabajo de los trabajadores del Estado: la capacitación; la
promoción; la calificación; la evaluación de desempeño; y también contiene la
obligatoriedad de la formación de los trabajadores estatales para poder
ascender en la carrera. O sea que no están diciendo nada nuevo. Lo que sí
sucede es que el Instituto Nacional de la Administración Pública no ha tenido
la respuesta que los trabajadores venimos reclamando, pero plantear que la
burocratización es responsabilidad de los trabajadores es falso, y nosotros
vamos a bogar por la agilización de los mecanismos, pero dentro del respeto al
CCT”.

La nota publicada el lunes 9 de enero de 2017 explica que el
objetivo del proyecto gubernamental es “instalar una meritocracia con premios y castigos para los trabajadores
estatales” y además pone en boca del Ministro Andrés Ibarra que "El
objetivo general de estos cambios es generar un Estado conducido por gente
capaz y formada”. Además el plan del Ministerio de Modernización incluirá “la
designación por concurso de los alrededor de 3000 cargos de coordinadores y
directores (…) En estos días, funcionarios de Modernización comenzarán a
analizar las listas y a seleccionar alrededor de 300 casos a ser concursados,
unos diez a quince por ministerio”.

María Teresa Romero (Secretaria de Formación/Consejo
Directivo Nacional-ATE) asegura que se trata de un nuevo intento de demonizar
al trabajador estatal ante la opinión pública y de garantizarse el control
político de todas las áreas: “este es un
mensaje político a la sociedad como fueron los despidos, para hacerle creer a
la sociedad que la mayoría de los trabajadores eran ñoquis. Este es un segundo mensaje y no nos cabe la menor duda de
que en realidad lo que se está buscando a través de este tema de los concursos,
en lo que nosotros acordamos que siempre se debe concursar, es poner gente que
respete la línea política del gobierno, mientras que nosotros siempre aspiramos
a que la administración pública este 
manejada, en los estamentos superiores, por gente que tiene experiencia
y que conoce la realidad. 

También queremos un Estado
desburocratizado, pero los responsables nunca fueron los trabajadores porque
los que han dirigido en este país siempre no han sido precisamente los
trabajadores. Y en este caso se planteó que la mayoría de los trabajadores eran
ñoquis y eso le cayó bien a la
sociedad creyendo que se trataba de una buena depuración. Con el tiempo
logramos revertir esa imagen y estamos demostrando que lo que se hace es un
achique del Estado que perjudica a la población. Entonces, en lugar de sincerar
la política de achicamiento, inventan estas cosas para confundir a la sociedad.
Ahora pretenden hacer ver que los empleados públicos son burócratas y que eso
es lo que demora el funcionamiento del Estado, cuando en realidad lo que
funciona mal en todo caso es el sistema y las políticas del momento”.

Si bien la nota del diario La Nación, aunque no precisa la
fuente, asegura que "No habrá otra ola de despidos", insiste en
colocar la responsabilidad del supuesto funcionamiento defectuoso de la
administración pública en los trabajadores del Estado, al informar que “fuentes
que conocen el plan oficial reconocen que hay diálogo con UPCN y poco
entendimiento con ATE Nacional (…) si evaluamos presentismo, si los empleados
se preparan o no, si hacen las cosas a conciencia, allí surgen los
problemas".

Silvia León responde que “si quisieran desburocratizar tendrían que empezar por resolver los más
de 3 mil cargos que ya fueron concursados en el gobierno anterior y que los
tienen frenados por decisión política. Si quisieran desburocratizar tendrían
que tener algún mecanismo para el pase a planta de los 12 mil trabajadores que
tiene más de 10 años de antigüedad en el Estado. Para nosotros eso sería desburocratizar.
Mientras no haya una política concreta, eficaz y rápida de pase a planta y
decisión de terminar con la precarización en el Estado, está en sus manos
continuar despidiendo”.

María Teresa Romero pone blanco sobre negro la estrategia
del macrismo para avanzar en la reducción el Estado: “el achique se ve por todos lados. Ellos intentan hacer creer a la
sociedad que no renovar un contrato es diferente a un despido, pero nosotros
tenemos que explicar que los contratos a término originalmente son para el
trabajador que desarrolla una tarea diferente a la que tienen los empleados de
planta. Lo que sucedió en los últimos años es que el funcionamiento habitual de
la planta permanente se fue poblando de trabajadores contratados por distintas
modalidades, que cumplen las mismas funciones que los titulares, y que ya
llevan varios años trabajando. Por lo tanto ya era una gran injusticia que no
estén en las mismas condiciones de planta permanente, y ahora eso es
aprovechado por este gobierno para dejar
afuera, pero diciendo que no son despidos sino que son contratos que se
terminaron y no fueron renovados”

Por último, las dirigentes nacionales de ATE cuestionaron la
legalidad del pretendido sistema de premios y castigos salariales y la supuesta
vocación del gobierno nacional por la formación profesional: 

Romero sostuvo que “el
planteo de implementar premios y castigos para hacer diferencias salariales
entre trabajadores con distinto grado de formación es gravísimo, porque para
eso existe una Constitución y existen leyes por las cuales los ingresos no
pueden ser fijados arbitrariamente, entonces eso van a tener que
clarificarlo” 

Por su parte, León señaló que “lo que parecería que esto encubre claramente es que quieren que el Estado
termine siendo conducido por todos los CEO´s de las empresas que ellos
representan; traer a los gerentes al Estado y que el Estado sea conducido por
empresarios. Con políticas que además están haciendo agua, porque los cambios
en el Ministerio de Economía demuestran que ellos mismos se están planteando
que el Estado no es igual al sector privado. Es irónico que hablen de la
importancia de la capacitación cuando están desmantelando un programa de
capacitación docente y dejando en la calle a 2600 trabajadores tutores de un
programa de formación que fue acordado en paritarias. La semana pasada
estábamos abrazando al Palacio Pizzurno con los 2600 trabajadores, más los 400
del Ministerio de Educación en la calle y a los pocos días sale el Ministro
levantando la importancia de la formación. Pareciera que esconden algo porque
son contradictorios en sus propias acciones de gobierno”.

 

*Link para leer la nota completa: http://www.lanacion.com.ar/1974168-el-gobierno-pone-en-marcha-una-batalla-contra-la-burocracia-de-la-planta-estatal

A continuación, el informe completo:

ES NECESARIO UNA
PRONTA REAPERTURA DE PARITARIAS Y RECOMPOSICIÓN SALARIAL

Como lo hemos hecho en el mes de Diciembre ’16, nuestra
junta interna de ATE en el INDEC, ha calculado la pérdida salarial, producto de
la inflación sostenida durante los últimos meses, que se produjo
fundamentalmente sobre los productos de la canasta alimentaria, servicios y
vestimenta. Se hace necesaria la reapertura de las paritarias para discutir con
el Estado empleador una compensación salarial tendiente a recuperar el poder
adquisitivo perdido, que desde agosto del 2015 hasta noviembre de 2016 fue de $
24.306,72 Como mostramos en el cuadro al final.

Entendemos que la herramienta es la paritaria, que si bien
intenta plantear una pauta salarial para periodos extensos de tiempo (como
regla general alcanzando los 12 meses), en situaciones económicas como la
actual, marcada con una fuerte inflación (según la Dirección General de
Estadística y Censos de la CABA), para noviembre ´16, la inflación interanual
arrojó un 44,8%), la reapertura de la misma se torna totalmente necesaria.

Para los trabajadores estatales nacionales, provinciales y
municipales, las autoridades tienen la intención de plantear un aumento
salarial que contemple la inflación proyectada, en el presupuesto nacional,
para este año, de un 18%. Es el caso propuesto a los trabajadores de la Prov.
de Buenos Aires. Situación, que de conjunto, debemos rechazar todos los
trabajadores sea cual fuera el sindicato de base o central a la pertenezcamos,
porque quieren imponer un techo salarial. No puede plantearse que la discusión
se hará en “Paritarias Libres” cuando se quiere dejar de lado en esa discusión
la recomposición del 39,3% de inflación acumulada a noviembre del 2016 (s/
DGEyC de CABA).

Ante esta realidad, no podemos dejar de tener en cuenta, que
existe una precariedad laboral cercana al 70% de la planta de trabajadores
estatales nacionales, a quienes se les cercena el derecho garantizado
constitucionalmente de …”a igual tarea igual remuneración”…

Ahora el gobierno, promete una cruzada contra el otro 30%
del universo de trabajares en lo que denomina “una batalla contra la
"burocracia" de la planta estatal”, según las propias declaraciones
del Ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

Un cóctel peligroso si, además, sabemos que el gobierno
apelará a las pasantías, una forma contractual excesivamente precaria, para
sumar trabajadores donde fuera necesario; t. Todo esto en medio de la lucha de
muchísimos compañer@s para mantener sus puestos de trabajo.

Metodología

El cálculo se realizó tomando como base el salario de una
categoría D0, según escala salarial vigente del convenio SINEP Decreto N° 2098
de la Administración Pública Nacional. En la 3° columna se actualizó dicho
salario por IPC CABA mes por mes. Se consideró esa categoría por ser la que
representa la mayoría de los trabajadores.

La 4° columna representa la pérdida del valor absoluto del
salario al restar los valores de CABA de los valores SINEP.

La conclusión es que la diferencia actual entre el salario
que cobramos y la pérdida producto de la inflación es de $ 24.306,72.

 

1 Escala salarial vigente según convenio SINEP Decreto 2098

2 Según Informe de Canasta de Ingresos mínimos estimada por
ATE-INDEC

3 Estos meses recibieron el aumento salarial correspondiente

PASE A PLANTA
PERMANENTE

NO FUIMOS NI SEREMOS
COMPLICES DE LA MENTIRA

El Consejo Directivo Provincial del gremio estatal, junto a
otras organizaciones, invita a la reunión del “Espacio No a la Baja”. Se
realizará mañana 11 de enero a las 17 horas en el anfiteatro Eva Perón del Consejo
Directivo Nacional, en Belgrano 2527 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa surge del acuerdo entre la CTA Autónoma, el
Foro por los derechos de la Niñez y las agrupaciones Che Pibe y Niñez y
Territorio, con el objetivo potenciar el “Espacio No a la Baja” y seguir
profundizando el trabajo por los derechos de los niños y niñas.

La Asociación
Trabajadores del Estado adhiere al documento publicado por varias
organizaciones “NO A LA BAJA EN LA EDAD DE PUNIBILIDAD”

Comienza un año
electoral y reaparecen los oportunistas que pretenderán instalar en la agenda
el tema de la tan ansiada seguridad ciudadana bajo premisas superficiales y
falsas, que no sólo no resuelven el problema, sino que además generan una
brecha social más profunda y una estigmatización que actuará directamente en
contra de los más desprotegidos, estigmatizando a vastos sectores de la
población juvenil, aislándolos aún más, ampliando y profundizando una
marginalidad que generará mayores niveles de violencia social.

Es común que en
tiempos de elecciones se intente la capitalización del voto descontento a
partir de temas tan sensibles como la inseguridad. La base sobre la que se
apoyan esos inescrupulosos, en busca de votos, es una realidad dolorosa y
profunda que nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana, mucho más a los más
jóvenes que son proporcionalmente, quienes más padecen las consecuencias de las
diversas formas en que se despliegan las violencias.

Muchos discursos
punitivos se basan en la supuesta “puerta giratoria”, en particular relacionada
a la forma en la que los menores de edad atraviesan el sistema judicial, que
según el discurso de los medios de comunicación, no existe para ellos ni
límites ni castigo.

ESO ES MENTIRA. La ley
penal juvenil hoy permite procesar y condenar a menores de entre 16 y 18 años,
la mayoría de las veces con una pena reducida, pero incluso pueden ser pasibles
de la pena de los adultos (lo que ha sido reiteradamente cuestionado por no
atender a la etapa evolutiva adolescente).

Por otro lado, los
menores de 16 años imputados de un delito, son pasibles de medidas de seguridad
(que aunque de dudosa constitucionalidad) han sido avaladas por los tribunales.
Frente a la comisión de delitos graves, la respuesta estatal (policial y
judicial) es muchas veces la detención (aún preventiva) y esos jóvenes son
procesados, sometidos a juicio oral u otras alternativas y, muchas de esas veces,
condenados a penas de prisión de cumplimiento efectivo.

Actualmente, existen
alrededor de 645 jóvenes detenidos en la Provincia de Bs. As. 523 en centros
cerrados, 115 en centros de contención semi-abiertos, otros en unidades penales
de adultos (ya cumplieron 18 años de edad) y alrededor de 23 con medidas de
seguridad (menores de 16 años – sin proceso) (datos del 15 de diciembre de
2016).

La intervención de
menores en delitos graves es estadísticamente baja como para justificar las
reiteradas arremetidas de medios y políticos oportunistas contra los jóvenes.
De las estadísticas de la Procuración General de la Prov. de Buenos Aires, se
desprende que normalmente el delito juvenil asciende a un porcentaje que oscila
en el 3.5 por ciento del total, del cual sólo el 1 por ciento refiere a delitos
graves.

Por eso, justificar
respuestas a la inseguridad a partir de mayores penas hacia los menores de edad
es una respuesta falaz, que yerra en el diagnóstico del verdadero origen de la
problemática que se pretende abordar y obtura la posibilidad de implementar
políticas públicas que terminen con la exclusión social. La restitución del
derecho a vivir seguros debe ser garantizada a todos los ciudadanos, pero
principalmente a los niños, niñas y adolescentes.

La ya vigente
arremetida punitiva hacia los jóvenes genera una estigmatización profunda sobre
adolescentes en situación de calle, que no acceden a los beneficios de la
movilidad social a partir de una educación de calidad, que no acceden a un
trabajo digno, muchos de los llamados despectivamente NiNi, sin considerar la
vulneración de derechos que pesan sobre sus trayectorias de vida.

Esa estigmatización
promueve un control social directo sobre los jóvenes cada vez más evidente en
los barrios humildes, ampliando la brecha existente. A la proliferación de
countries y escuelas privadas que generan una segmentación social, que impide
el conocimiento e intercambio entre jóvenes de distintas franjas sociales, que
desfavorece a los más vulnerables en sus estrategias de supervivencia y ascenso
social, se suma la acción policial para “controlar” a quienes previamente
fueron indicados como amenaza social. Así, se generan las condiciones para que
el único lugar de encuentro entre jóvenes de distintos sectores sociales sea la
violencia, en la cancha de fútbol o en la calle y el efecto es evidente: una
más profunda y violenta desigualdad, que coloca en primer plano a los jóvenes
como víctimas o generadores de hechos violentos, incluso delictivos.

No necesitamos penas
más duras ni castigos a niños/as cada vez más niños/as. Creer que los problemas
sociales se resuelven con el código penal es un error que agrava el problema
que se quiere resolver. Es abordar con falacias y oportunismo demagógico la
preocupación social por la inseguridad.

Actualmente el sistema
actúa frente a menores de edad que han cometido hechos delictivos graves con
medidas de cuestionable constitucionalidad, que incluyen el encierro en
cárceles para jóvenes. Una vez detenidos el acceso a actividades de formación y
educación es deficiente o inexistente, por lo que las posibilidades de
reinserción social son nulas, lo que profundiza el problema, a partir de la
instalación de esos jóvenes -capturados por el sistema- en estrategias
delictivas y marginales.

Lo que resulta
prioritario es terminar con el narcotráfico, que tiene en la mira a niños,
niñas y adolescentes en situación de vulneración (crónica y sistemática) de
derechos. Necesitamos el cumplimiento de los tratados internacionales y las
leyes nacionales y provinciales que garantizan los derechos de toda la
infancia, en la Argentina de la injusticia social, de la escandalosa muerte de
14 niños menores de un año por día debido a causas evitables, de la
desnutrición y el analfabetismo funcional, de la irracional concentración
demográfica en mega-ciudades con conurbanos que terminan siendo cárceles a
cielo abierto de población excluida.

También necesitamos
una dirigencia política que interprete la realidad y pueda separar las causas
de las consecuencias de los problemas sociales. Que ponga en funcionamiento un
modelo de país que apunte a terminar con las causas de la marginalidad y la
desigualdad. Que no se dedique a hacer anuncios que no resuelven los problemas
sociales sino que los agrava, porque lo que está en juego son vidas humanas, es
un modelo de sociedad y no el balance de una empresa.

A partir de la
búsqueda de niveles de mayor equidad social, económica y cultural, centrados en
la provisión de una educación pública de calidad, con niveles dignos de acceso
a la salud, a la alimentación y el hábitat, será posible pensar en una sociedad
sin violencia, que cuide a todos los niños, niñas y adolescentes en lugar de
condenar a gran parte de ellos a los márgenes de la sociedad.

Un pueblo que condena
a su infancia a crecer en las peores condiciones es un pueblo que se condena a
sí mismo. Un país que no tiene un proyecto para su niñez es, en sentido
estricto, un país sin proyecto.

NO A LA BAJA en la
edad de PUNIBILIDAD!

Omar Giuliani (Niñez y Territorio) /  Sergio Val (Fundación Che Pibe) / Adolfo
Aguirre (CTA Autónoma)

Foro por la Niñez

Para adherir: espacionoalabajara@gmail.com

Adhesiones:

Observatorio de adolescentes y jóvenes, Gino Germani UBA –
Cátedra Libre Niños Jóvenes y Adolescentes UNLP – Colegio de Trabajadores
Sociales Pcia de Bs. As. – Campaña contra la Violencia Institucional –
Parlamento de Pueblos Originarios – Cátedra de Derechos Humanos UBA – Derecho
al cielo nocturno, Proyecto de Extensión UNLP – Consejo Local de Niñez de La
Plata – Agrupación Alfedo Palacios conducción Centro de estudiantes IES N 28
“Olga Cossettini”

CTAA – Asociación Trabajadores del Estado (ATE) – Asociación
de agentes de propaganda médica de la República Argentina (AAPM de la RA) – Asociación
Personal Legislativo ( APL) – UETTEL – Nueva Organización Gastronómica ( NOS) –
Asociación Judicial Bonaerense (AJB) – Centro de Jubilados de ATE Nacional –
Centro de Jubilados de ATE Pcia de Buenos Aires – CICOP – ATE Seccional Rosario
– Junta Interna de ATE Niñez -Juventud de ATE Pcia de Bs. As. – Juventud de CTA
Pcia de Bs As – Unión Solidaria de los Trabajadores, Avellaneda (UST) – CTAA
Seccional Rosario – Apyme Delegación Bahía Blanca – CTA-A Malvinas Argentinas –
Cuerpo de Delegados de los Trabajadorxs de la CPM – Secretaria de Cultura de
CTA Pcia. de Bs As. – CTAA Regional Mar del Plata- CTAA Berisso – Secretaria de
Cultura CTAA Pcia de Buenos Aires – Suteba Quilmes – Agrupación Azul y Blanca
de Suteba – ATE verde Min Desarrollo Social Nación – Agrupación Mariano Moreno
Biblioteca Nacional ATE – Junta Interna ATE Mecon – Suteba berazategui

Movimiento Argentina Rebelde (MAR) – Movimiento Evita
Conferencia Basaglia Argentina. Asociación Civil – FUBADEyO – FOC– CCC Regional
La Plata– MTL Pcia de Bs. As. – Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca – Boom
Batuke – Polideportivo UST- Asociación Civil Tierra Fértil de La Matanza –
Fundación Petisos – Casa del Niño Esperanza – CCC Regional Bahía Blanca –
Asamblea 19 y 20 Rosario- Asociación Civil Comunitaria La Quinta Vera –
Cooperativa única de profesionales y afines de la seguridad ocupacional y medio
ambiente limitada.- ONG Empatia y Solidaridad – Asociación Hogar Don Bosco, ex
Hogar con Bosco – Centro Cultural Mansión Obrera – Radio Comunitaria La
Charlatán fm 98.50 barrio Nueva York, Berisso – Comedor todos por ellos, Villa
la Iapi, Quilmes – Grupo 83 en Solidaridad + Igualdad- El Umbral de Solferino-
Agrupación Mosconi –

Unidad Popular (UP) – GEN – Movimiento Popular Patria Grande
– Frente de Participación Popular – Emancipación Sur –PS – Unidad Socialista
para la Victoria La Plata – PAMPA Frente de cultura política – Unidad Popular
Malvinas Argentinas en el Frente Popular – PTP Bahía Blanca – Frente Popular y
Social – UP Rosario – UP Berisso – UP La Plata – Bloque de Concejales del
Frente para la Victoria de Bahía Blanca

Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora;

Ricardo Peidro, Sec gral adjunto CTAA Nacional y Sec Gral de
AAPMRA;

Hugo Godoy, Secretario General ATE Nacional;

Ricardo Berenguer, defensor FRPJ, Buenos Aires;

Victor de Gennaro, presidente Unidad Popular;

Julián Axat

Jaime Linares, Senador Nacional;

Victor Mendibil, Presidente Comisión por la Memoria;

Ana Laura López, socióloga UBA. Miembro del Gesphyd;

Gariela Troiano, Dip. Nacional, Secretaria Gral. Partido
Socialista Pcia. Bs. As;

Carlos Del Frade, Dip. Pcial Santa Fé – FPS;

Roberto Cipriano, Secretario Comisión Provincial por la
Memoria;

Claudio Lozano, Dip Nacional (MC)

Alejandra Angriman, Sec. Genero CTAA;

Ricardo Cuccovillo, Dip. Nac. ( mc);

Mercedes Meier, Diputada Provincial por el Frente Social y
Popular de Santa Fe;

Juan Cocino, Dip Pcial, provincia de Buenos Aires;

Margarita Noia, SEC DDHH CTAA Capital;

Graciela Iturraspe, Dip. Nac. ( mc);

Julio Macera, Sec. Gral adjunto CTAA capital;

Fabio Basteiro, presidente de UP Capital Federal;

Laura García Vazquez

Rosario Hasperúe, sec. Prensa CTAA pcia de Buenos Aires;

Mirta Rivero, presidente Colegio TS La Plata, docente
FTS-UNLP;

Mario Barrios, sec. Acción Social CTAA Nacional;

Oscar de Isasi, sec Gral ATE Pcia – CTAA pcia de Buenos
Aires;

Vanesa Salgado, Especialista en problemáticas sociales
infanto-juveniles del Observatorio de adolescentes y jóvenes del Instituto Gino
Germani – UBA;

Diego Ledesma, presidente UST;

Norberto Liwsky

Claudia Baigorria, CONADUH;

Daniel Jorajuria kahrs- Secretario Gral. N.O.S. Secretario
Gremial CTAA;

Celeste Lepratti, Concejal de Rosario – FPS;

Diego Lencinas; Sec Gral CTAA Mar del Plata;

Maria José Cano, presidenta del Colegio de Trabajadores
Sociales de la Pcia de Bs. As.

Viviana Marfil, Trabajadora Secretaria de Niñez, Concejo
local de Bahia Blanca;

Virginia Linares, Dip.Nac (MC);

Claudio Arevalo, Sec. General ATE Quilmes;

Marcelo Ponce Nuñez;

Gabriel Zibechi, Concejo Local Mar del Plata;

Constanza Hasperúe, abogada del Niño, Proy. De Extensión
UNLP “Justicia Restaurativa”;

Juan Murgia, Sec Gral ATE Berisso;

Hector Quiroga, Secretario Gral CTA-A Malvinas Argentinas.
Secretario Gral Adjunto ATE Malvinas Argentinas;

Maghy Panno, Foro por la Niñez;

Paco Lara, presidente Centro Jubilados pcia. Bs As.

Santiago Quiroga,Foro de Niñez;

Sandra Polak, ex subsecretaria de niñez municipio Bahía
Blanca;

Sandra Romo, secretaria General CTAA Berisso;

Anabel Urdaniz, Consejo Local de Niñez, Facultad de
Periodismo Unlp;Javier Frias, abogado, docente del Curso de Promotores de
Derecho de la Niñez;

Marcelo Scolari, El Umbral de Solferino;

Patricia Piercillili, abogada, concejal mandato cumplido;

Julieta Peidro, mesa de CTAA Capital – Ate Verde Sennaf;

Gabriel Zibecchi, sec. Gremial ATE Mar del Plata, Concejo
Local;

Mariano Fernandez, Sec. Gral AJB Mar del Plata;

Daniela Garcia, Trabajadora Social Integrante del Equipo del
Comité contra la Tortura y Docente del Curso de Promotores de Derecho de la
Niñez;

Carlos Diaz, Sec. General Adjunto ATE Bs. As, sec Relaciones
Institucionales CTAA Bs. As.

Cesar Baliña, sec. Gral. CTA La Plata- Ensenada;

Gerónimo Martire sec de Juventud CTAA Buenos Aires;

Jeremías Martire sec de Cultura de la CTA A pba.

Sandra Reñones, ex secretaria acción social del municipio de
Bahía Blanca;

Emiliano Hueravillo, Dtor DDHH ATE Pcia;

Natalia Robledo Secretaria Gral Adjunta N.O.S. – SEC. de
Finanzas CTAA PCIA. de Bs. As.

Alan Cabrera, Junta interna ATE Mecon;

Carlos Ferrari, pte Apyme Delegación Bahía Blanca;

Raúl Ayude, concejal (MC);

Florencia Morelli Paunero, integrante del Plenario Multisectorial
del ORL, miembro del Consejo Local de La Plata, miembro del Foro de Niñez;

Maria de los Angeles Napolitano, Foro de Niñez, Consejo
Local de La Plata;

Carlos Guanciarrosa FETERA CTAA Pcia Bs As;

Alejandra Brillante, integrante Junta Interna ATE Niñez;

Clarisa Salgado, docente, Foro por la Niñez;

Celeste Romero, Lic En terapia Ocupacional, integrante de
ATE Salud, Conferencia Basaglia Argentina;

Rodríguez, presidenta de consejo escolar Bahía Blanca;

Anibal Sicardi; pastor de la Iglesia Metodista Central de
Bahía Blanca;

Natalia Robledo Secretaria Gral Adjunta N.O.S. – SEC. de
Finanzas CTAA PCIA. de Bs. As.

Carina Patricia Villareal;

Gastón Gelblung

Gustavo Solana, Director de Escuela LA SALLE, Catan;

Daniela Palacios

Macarena Santamaria

Dolores Fusé, abogada, Foro por la Niñez;