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Mes: septiembre 2016

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Trabajadores rechazan la reestructuración del personal que quieren impulsar en el INVICO

En un
comunicado que han hecho público los delegados de la ATE correntina en este
sector denunciaron que la intervención avanza en el estudio de una
reestructuración general del personal inconsultas y violando leyes y derechos
que asisten a los trabajadores.

En el documento
elaborado por los delegados se señala que “esta reestructuración trae
escondida las posibilidades de la remoción del cargo, de la reubicación, de los
traslados, de los beneficios salariales individuales, en vez de los aumentos
salariales colectivos, reforzando la discriminación salarial, haciendo además contratos
solo para algunos trabajadores, digitados por el dedo del jefe”.

Los compañeros enfatizaron que
“con este accionar la reestructuración que se está llevando adelante
viola  todas las leyes laborales y la misma Ley de Servicio civil de la
provincia 4067/86”.

Según los delegados la reestructuración  es impulsada por la Intervención del INVICO, a
través de la Gerencia de Planificación del INVICO y desde la Subsecretaria de
Modernización del Estado, y se toman como base los datos y calificación que aportan
“con su propio criterio” los jefes de departamento y Gerentes del INVICO.

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En Misiones continúan los reclamos por precarización laboral en el ámbito estatal

El caso de
la trabajadora despedida –y luego reincorporada gracias a la lucha de ATE- de
la Guardería Nº 3 dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, el conflicto
que mantienen los trabajadores municipales de San José y la situación de las
trabajadoras denominadas Promotoras de Salud, se presentan como tres casos
puntuales y actuales que reflejan fielmente cómo en la provincia de Misiones el
Estado en su condición patronal se presenta como el principal agente explotador.

Caso Anahí: explotación y persecución
sindical

Anahí Loyola
es una de las casi 50 trabajadoras que se desempeñan en las guarderías que, en
la ciudad de Posadas, dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Por una tarea
delicada como es el cuidado infantil, y con una carga horaria de cinco horas
diarias de lunes a viernes (y habitual sobrecarga por limpieza), estas
trabajadoras perciben una remuneración de 2.000 pesos, cifra que representa un
cuarto apenas del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y que está mil pesos por
debajo del fondo de desempleo en la Argentina. Además representa apenas un
tercio de la Canasta Alimenticia Mínima establecida por un reciente ejercicio
técnico de la Junta Interna de ATE en el INDEC.
Las trabajadoras de guarderías, están vinculadas al Ministerio de Desarrollo
Social desde la total precariedad que representan los contratos temporarios.
Recientemente Loyola fue despedida de su trabajo por sumarse a la organización
colectiva dentro de ATE. Finalmente, ante los reclamos y medidas del gremio,
fue reincorporada. Sin embargo, la lucha ahora es por revertir la situación de
la totalidad de las trabajadoras de guarderías en la ciudad de Posadas.

San José: precarización municipal

En la
Municipalidad de San José, los trabajadores municipales padecen la explotación
y la precarización desde hace varios años. En este municipio, se aplican
contratos chatarra y extorsivos. Una de las figuras más precarias es la de la
“Jornalización”, vínculo que propone que al trabajador municipal se le abone
por tiempo de trabajo, y que por ejemplo, lo priva de trabajar los días de
lluvia. En materia salarial, la pauperización roza lo aberrante: hay empleados
de Categoría 3 que cobran apenas 2800 pesos por mes. En estos contratos, figura
que “la Municipalidad podrá rescindir el contrato en el momento en que lo
estime necesario, sin obligación de indemnización alguna”, privando así a los
trabajadores de sus derechos básicos. Organizados en la Seccional Zona Sur de
ATE Misiones, trabajadoras y trabajadores municipales de San José, sostienen
una batalla en pos de la estabilidad laboral y los salarios dignos para el
sector.

Promotoras: violencia de género
ejercida por el Estado

La ley
26.485 define la violencia contra las mujeres como: "toda conducta, acción
u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así
como también su seguridad personal". Esta definición alcanza a aquellas
conductas o acciones "perpetradas desde el Estado o por sus agentes".
En Misiones, el caso de las trabajadoras llamadas “Promotoras de Salud”,
configura un caso de violencia de género perpetrada por el Estado.
Con esta figura se denomina desde 2004 a más de 1200 trabajadoras precarizadas-
el 95% son mujeres- que para el Estado son “becarias”. Actualmente el sueldo
que perciben estas trabajadoras es de apenas 3 mil pesos por mes por tareas
diarias que en muchos casos superan las 8 horas. Además denuncian que son
obligadas por coordinadores y autoridades dependientes del Ministerio de Salud
Pública de la Provincia de Misiones, a realizar tareas impropias del sector, e
incluso cubrir vacaciones y licencias de otros sectores. No tienen aguinaldo ni
obra social y son obligadas a asistir a actos partidarios y eventos. Ni
siquiera se les reconoce debidamente las licencias por maternidad: apenas 15
días les dan a cada promotora que da a luz. Las aberraciones salariales y
laborales a las que el gobierno provincial somete a estas mujeres, llevaron a
las mismas a organizarse dentro de la Asociación de Trabajadores del Estado,
desde donde hoy encabezan una disputa por sus derechos. En el recientemente
realizado Foro de Políticas Públicas sobre Violencia de Género, se reconoció el
caso y se instó al gobierno provincial a reconocer al sector como trabajadoras
y dotarlas de salarios dignos y estabilidad laboral.

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Se realizo una movilización para reclamar el esclarecimiento de la muerte del trabajador del INTA-Castelar

Los
trabajadores, se movilizaron durante la mañana en la delegación  de INTA Castelar y luego a la sede Central del
organismo, para reclamar el esclarecimiento del accidente y el aumento del
presupuesto para medidas de seguridad y modernización.
Al comienzo de la actividad, frente al Congreso Nacional, el titular de
Salud Laboral de ATE Nacional, Orestes Beto Galeano explico que “…hay es una
falta de inversión de todas las gestiones y un brutal recorte y ajuste del actual
gobierno, que tal como preveían los compañeros delegados del INTA, le termina
costando la vida a un compañero. Evidentemente alguna comprobación que hicieron
no funcionó, la prueba no ha sido lo eficiente que debería haber sido, y
nosotros vamos a exigir que se invierta lo que hay que invertir para evitar que
estas cosas sucedan. IINTA Castelar no es una excepción, la mayoría de las
empresas del estado o los servicios que tienen maquinaria utilizan maquinaria
muy vieja. En laboratorios, hospitales, fábricas militares, talleres de Fuerzas
Armadas, la maquinaria tiene hasta 70 años de antigüedad y sin mucho mantenimiento.
Lo que termina pasando es que uno se acostumbra a trabajar mal, lo naturaliza,
y no te das cuenta que lentamente te va enfermando o en cualquier momento te
pasa un accidente. El Instituto de Salud y Seguridad de los Trabajadores reciente
creado por ATE tiene como misión brindar esas herramientas, es una deuda con
los trabajadores, y tenemos intención de que cada vez más trabajadores tengan
claro que la salud no se puede cambiar por nada…”
La delegación del INTA Castelar en la que sucedió el accidente que le costó
la vida a Sorarire es la misma planta que Mauricio Macri visitó en junio para
respaldar a los investigadores y difundir innovaciones en materia tecnológica.
El delegado de la Junta interna de ATE INTA-Castelar José Luis Perea, criticó
el accionar de las autoridades del organismo y aseguro que la situación de la
seguridad ha empeorado “…nos llama poderosamente la atención
que el INTA prácticamente no ha dado información, y recién ante el deceso de Diego
se presentaron en la fiscalía. Como ya paso con Horacio Huerta, otro trabajador
que murió hace 10 años, y como sucedió con María Helena Gonzáles que se quemo
hace 15 años que después el INTA la terminó echando, la culpa siempre la tienen
los trabajadores, somos la variable de este ajuste. El INTA entró en un proceso
de deterioro hace como 4 años, ha llegado a una situación muy similar a la que
estuvo en los años `90. El accidente de este compañero se da en un contexto
político determinado, de achicamiento, de destrucción de las finanzas públicas,
donde obviamente son los trabajadores los que pagan. Diego es una víctima y
venimos a denunciar que no queremos que el Estado lo tome como el responsable
de haber terminado con su propia vida…”
Por su parte las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
emitieron un comunicado lamentando el deceso y asegurando que se ordenaron
pericias para determinar las causas del accidente y una evaluación de las condiciones
de los equipos. Además, se realizó una denuncia en el Juzgado de Morón para que
se investigue el hecho.
La notificación oficial también explica que en junio se había presentado un
informe de validación sobre el digestor, en el cual se consignó que estaba apto
para su operación.

De la movilización también participaron Silvia León, secretaria de Organización de ATE Nacional; Leo Vasquez, también del CDN; Cesar Baliña, secretario gremial de ATE Pcia. de Buenos Aires y Gustavo Montiveros, secretario adjunto de ATE Ezeiza.


Antes de comenzar a marchar a la Casa Central del INTA, el Secretario General
de la Asociación de los Trabajadores del Estado, Hugo Cachorro Godoy criticó el
sistema de negocio que precariza las condiciones laborales “…esto
es responsabilidad de las autoridades del INTA, las anteriores y las actuales,
por no prevenir, por no invertir
en el mantenimiento, por preocuparse más en garantizarle la maximización de las
ganancias a las grandes empresas, que el INTA esté al servicio de los
laboratorios, y despreocuparse de la salud y de las condiciones laborales de
los trabajadores. El sistema privilegia el beneficio de las ART y de los bancos
que están detrás de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, como una amenaza
permanente para la salud de los trabajadores y para la propia vida, como lo
evidencia el caso de Diego Sorarire. Con mucho dolor, con mucha bronca e
indignación estamos marchando con los trabajadores de INTA con la consigna de
que: en aquel lugar que no esté en condiciones no se debe trabajar, aquellos lugares
donde hay riesgo de vida se debe dejar de trabajar y establecer una medida de
fuerza. Porque no podemos seguir poniendo en riesgo la vida de nuestros
trabajadores por la desidia de los funcionarios de gobierno…”

 

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Contundente paro y movilización de la CTA por paritarias y contra la judicialización de la protesta

Es que el Paro Provincial
de la CTA, de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) y
de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), sumado a la medida lanzada por
el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR), tuvo una
contundencia más que significativa que se coronó con tres grandes y multitudinarias
movilizaciones en Viedma, Cipolletti y Bariloche.

El grito de los
trabajadores rechazando la judicialización de la protesta social y demandando
la urgente reapertura de las negociaciones paritarias sonó fuerte en toda la
provincia. La medida de tuvo una adhesión mayor al 90 por ciento en
establecimientos educativos y organismos dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social. Los hospitales funcionaron desde la medianoche sólo con
guardias mínimas, situación que se repitió en los organismos dependientes del
Estado Nacional donde se trabajó con atención reducida.

“Preocupa el creciente
proceso de judicialización de la protesta social en Río Negro. Enfrentamos un
fuerte intento de disciplinamiento de los trabajadores que deciden reclamar por
sus derechos. La Justicia rionegrina pierde independencia todos los días. Hay
una Justicia para los ricos y otra muy distinta para los pobres”, cuestionó
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro en las puertas de los
marcgaJuzgados de Instrucción de Cipolletti, tras haberse presentado por la
citación, a brindar declaración indagatoria, cursada en la causa que lleva
adelante el Juez Santiago Márquez Gauna.

Sobre este punto, y en
referencia al actuar de los jueces en la provincia, el referente de los
trabajadores rionegrinos agregó: “En nuestra provincia hay jueces y fiscales
que cobran un doble sueldo. Cobran del Estado y de las empresas petroleras,
transformándose en los garantes del saqueo de los recursos naturales que son
propiedad de todos los rionegrinos”.

 

Una provincia movilizada
por el salario y contra el ajuste

 

En otro párrafo de su
discurso frente a la multitud, el principal dirigente de la Central Obrera,
Rodolfo Aguiar destacó que “las movilizaciones de todos los gremios fueron
masivas y muestran que la reapertura de las paritarias es un reclamo de todos
los sectores y de todos los trabajadores”.En efecto, la primera jornada por el
paro de 48 horas del sindicato docente contó con una altísima adhesión en todos
los centros educativos del nivel inicial, primario y medio. Adhesión que se
prevé se mantenga durante el día de mañana, cuando concluya la medida de fuerza
lanzada para esta semana.

Por su parte, el sindicato
de los trabajadores judiciales se sumó al Paro Provincial de la Central Obrera
con un retiro de los lugares de trabajo a partir de media mañana, para
posibilitar que los trabajadores pudieran participar de las acciones
programadas.

 

El alto valle vibró en
Cipolletti

 

Antes de las nueve de la
mañana, más de 2500 trabajadores de todo el alto valle rionegrino se comenzaron
a congregar en las puertas del edificio ubicado en España 742 de Cipolletti
donde, en el marco de la causa judicial que cursa bajo el número de expediente
10443/16 (Juzgado de Instrucción 4), Rodolfo Aguiar, Rosa Ñanco y Dora
Fernández fueron citados a declarar.Esta manifestación contó con la presencia
del Secretario General de UnTER Central, Mario Floriani y -provenientes de la
Capital Federal- de los secretarios General Adjunto y Gremial de ATE Nacional,
Julio Fuentes y Mario Muñoz respectivamente.

Estuvieron presentes
militantes y dirigentes de todas las seccionales de UnTER y ATE de la zona.
Además de las organizaciones convocantes, también fueron de la partida
organizaciones sociales como la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL),
Centros de Jubilados, Centros de Estudiantes Universitarios  y otras organizaciones estudiantiles,
sociales y políticas.

 

Gran movilización en
Viedma

 

En la capital provincial,
la movilización de los trabajadores comenzó a las diez de la mañana. Estatales,
docentes y judiciales se concentraron en la Plaza San Martín, en el centro
neurálgico de la ciudad. La movilización recorrió las principales calles de
Viedma, se detuvo en las puertas del Poder Judicial de la provincia y otros
organismos de gobierno,  para concluir
frente a la Casa de Gobierno de la provincia con un acto y la palabra de los
principales dirigentes sindicales.

 

La Zona Andina y una
rotunda adhesión

 

En San Carlos de
Bariloche, desde tempranas horas del día, los manifestantes docentes y
estatales se congregaron en el Centro Administrativo dependiente del Gobierno
Provincial, en las calles Onelli y Vilcapugio, repartiendo volantes con las
consignas. Una gran movilización comenzó desde ese punto a media mañana, que
llegó hasta las puertas del Hospital Zonal “Dr. Ramón Carrillo” y culminó en la
sede del Poder Judicial, en O’Connor 20 (casi costanera) de la ciudad lacustre.

 

LAS CONSIGNAS CONVOCANTES

 

Urgente reapertura de las
negociaciones salariales en el sector público y en el ámbito privado.

Contra la judicialización
de la protesta social y gremial.

Repudio a las políticas de
achique y ajuste del Gobierno Nacional encabezado por el Presidente Mauricio
Macri y avaladas en Río Negro por el Gobernador Alberto Weretilneck.

Cese de la precarización
laboral y regularización de todos los trabajadores dependientes del Estado
Provincial.

Eliminación del impuesto
al salario (impuesto a las ganancias).

Aumento de emergencia y
82% Móvil para todos los jubilados.

Derogación de la ley
antiterrorista y protocolo antipiquetes.

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El gobierno otorgó un bono de $5600

El
gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y el ministro de Hacienda, Roberto
Gattoni, anunciaron el pago de un bono por única vez de 5600 pesos en cuatro
cuotas de 1400 para trabajadores del Estado provincial y municipios. Se efectivizará
en octubre, noviembre, enero y febrero, ya que en diciembre, informaron, sólo
se cobrará el aguinaldo.

Gattoni
confirmó además que los trabajadores contratados serán beneficiarios de un plus
de $3900, lo que representa un 60% de lo que percibirán los de planta
permanente. Asimismo, aseguró que los municipios de que no puedan afrontarlo
recibirán la ayuda del Ejecutivo provincial.

"Nosotros
pedíamos ésto pero como un adelanto de paritarias. Y hasta que no se demuestre
lo contrario, ésto es un adelanto del plus de fin de año. Con lo cual nosotros
seguimos pidiendo la reapertura de las paritarias”, manifestó a medios
periodísticos Cristóbal Carrizo, Secretario General de ATE San Juan.

Las
declaraciones del ministro de Hacienda durante la conferencia parecerían darle
la razón al dirigente de ATE. "Esto es un paliativo, es un principio de
solución”, había expresado el funcionario, quien además se mostró crítico de la
gestión económica del gobierno nacional: “Lo razonable sería que la inflación decreciera; parecería por lo que dicen que estará bajando
este mes, pero hay un acumulado que perjudica a la canasta familiar de los
sanjuaninos".

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La muerte de un trabajador y la desidia del intendente de Gral. Alvear

La Secretaria General de la Seccional ATE- Gral. Alvear, Sandra Litwinczuk,
señaló que desde el gremio se ha denunciado al intendente Walter Marcolini, por
tener a sus trabajadores sin protección laboral.

En un encuentro que el intendente mantuvo con los gremios municipales (también
estuvo el  SOEM) la dirigente de la ATE
había presentado un pedido de informes sobre la aseguradora de trabajo que
estaba a cargo de la protección de los trabajadores. Entonces Marcolini había señalado
que estaban finalizando una tramitación de autoseguro.

Lo cierto es que la muerte del trabajador Ramón Luque, blanqueo que la
afirmación de Marcolini era mentira y que la comuna sólo había iniciado el
trámite por el autoseguro. “Nosotros ya en mes de enero habíamos pedido en sesión
del Concejo Deliberante que se nos informara sobre la ART pero no recibimos
nada concreto. El inicio convenio vigente es con la obra social de la provincia
(OSEP), pero este sólo cubre la atención de un  accidente, aquí se trató de una muerte”, acotó
la Litwinczuk.

La ley dice que en todos los casos los trabajadores tienen que tener una
cobertura legal por situación de trabajo y quién debe bregar como organismo de
control para que ello se cumpla es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. “Hemos
denunciado que el intendente de Gral. Alvear tiene a sus trabajadores en
situación de ilegalidad”, subrayó Litwinczuk antes de agregar que ya se le ofreció
la asistencia jurídica del gremio a la familia del trabajador fallecido.  

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Clausurarán simbólicamente el Ministerio de Hacienda

En
junio pasado, los trabajadores del ministerio realizaron un devastador informe
sobre las políticas públicas del Gobierno de la Ciudad, tras el cual declararon
el estado de emergencia (ver nota en El Trabajador del Estado).

Denuncian
falta de personal, hacinamiento, edificios que se caen y magras condiciones de
empleo: contratos tercerizados con entidades varias, la ausencia de carrera y
salarios que oscilan en los 7200 pesos.

“El
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está incumpliendo sus responsabilidades
como garante de derechos básicos, perpetuando el fraude laboral de sus propios
empleados e incumpliendo la Constitución Nacional y de la Ciudad”, manifestaron
los trabajadores en un comunicado.

“Esta
realidad se torna inadmisible, con el agravante de que ocurre en la ciudad más
rica del país, cuyo producto bruto interno per cápita se asemeja al de Suiza,
Holanda o Suecia, con un presupuesto de más de 110 mil millones de pesos
anuales”, agregaron.

Ante
el anuncio de las medidas de fuerza, funcionarios del Ministerio de Hacienda
encabezados por el Director de Relaciones Laborales, Jorge Rey, convocó a ATE a
una audiencia de conciliación, en la que se comprometieron a dar respuesta a
los reclamos. Sin embargo, hasta el momento no fueron llamados a ninguna
reunión, denuncian los trabajadores.

Mañana
las 9, se concentrarán en Florida y Diagonal Norte para marchar hasta la sede
del Ministerio de Hacienda del GCBA, donde llevarán adelante un acto de
"clausura simbólica".

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Pico Truncado estrenó página web y presentó “Un cauce” en la Feria del Libro local

 Alba Curaqueo, secretaria
general de la seccional truncadense, junto al director de Prensa, Yamir Amen El
Din, recibieron de manos de Marcelo Paredes, integrante del equipo de prensa de
ATE Nacional y responsable del periódico El Trabajador del Estado, la nueva
página web oficial cedida por el Consejo Directivo Nacional (www.picotruncado.ateargentina.org.ar)
el pasado viernes 9 de septiembre.

Por la tarde, en el marco
de la Feria del Libro local, donde ATE tuvo su stand, se presentó el libro “Un
cauce. Orígenes de ANUSATE” que narra la historia de la agrupación estatal
desde su fundación hasta la recuperación del sindicato en 1984.

De la actividad
participaron, junto al autor Marcelo Paredes, compañeros y compañeras de la
localidad del norte santacruceño más una comitiva de la delegación de Puerto
Deseado y otra de la seccional Caleta Olivia encabezada por Carlos Garzón, su
secretario general.

Es la tercera vez que la
seccional de ATE participa con stand de la Feria del Libro de Pico Truncado que
ya va por su 18va edición.  En dialogo
con los medios, la Secretaria General de ATE Pico Truncado, Alba Curaqueo,
señaló que “para nosotros es todo un logro participar nuevamente de la feria y
presentar Un Cauce, que es el libro que nos identifica como agrupación, como
militantes de Ate de la lista verde. Hace 40 años, un grupo de compañeros tuvo
un sueño, iniciando algo, y hoy nosotros estamos transitando este cauce que los
compañeros decían. Si no hubiese ocurrido esto, la historia hubiese sido
diferente”.

La sana costumbre de editar
libros sobre la historia de nuestra organización  continuará el 23 de septiembre en Río Gallegos
con la presentación de “Historia de ATE Santa Cruz. Tomo 1(1932/1976). “De los
telepostales a los hijos del socavón” de Daniel Parcero.

 

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Trabajadores denuncian despidos en la Municipalidad de Villa de Merlo

El gremio ha detectado que entre los despidos hay personal con 5 o más
años de antigüedad de servicio. A este grave hecho de por sí, que es cesantear
a compañeros, se le suma que estos compañeros deberían haber gozado con la
planta permanente tal como lo subraya una propia ordenanza municipal.

Se denunció que para el reemplazo de este personal despedido el
municipio decidió reasignar funciones a otros compañeros que estaban preparados
para cumplir con otro servicio. Esta  el
caso de un compañero que lo sacaron del departamento de Tránsito para mandarlo
a cumplir funciones de limpieza en el sector de Deporte y Cultura. En cuanto a
los restantes despidos cuatro corresponden a la Secretaría de Deportes y uno
inspector de Tránsito

Frente a estos hechos el gremio decidió declarar el estado de asamblea permanente
y analiza la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza, si como se
reclama desde la delegación y el CDP, no se retrotrae la medida, que también contradice
un encuentro del mes de abril cuando la comuna se comprometía a no efectuar
despidos.

Los concejales prometieron involucrarse en la denuncia gremial y se comprometieron
a trabajar en la resolución del conflicto.     

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ATE consiguió el adicional Plus de Campo para los trabajadores de Bosques y Parques

Dicha bonificación contempla a todos los agentes que se encuentran
efectivamente prestando servicios en la Subsecretaria de Bosques y Parques,
incluyendo a quienes están en planta transitoria. 

En la conciliación estuvieron presentes el Secretario General de ATE-Chubut,
Guillermo Quiroga; la Secretaria Administrativa del CDP, Claudia Barrionuevo;
el Secretario de Prensa de la Seccional Comarca Andina, los delegados de zona
Sur, Florencia Deccechis y Sergio Guisasola; el Subsecretario de Trabajo,
Víctor Ascagorta y el Subsecretario de Bosques y Parques, Prospero González.