Desde
primeras horas del día, la atención estuvo resentida y a las 11 se convocó a
una concentración en la puerta de la obra social, en avenida General Paz. Esa
concentración derivó en una asamblea en plena calle, encabezada por el cuerpo
de delegados de ATE en el sector.
Los
trabajadores denuncian un proceso de achicamiento de diversas estructuras de
PAMI, impulsado por dos decretos emitidos en julio pasado, entre gallos y
medias noches, que generaron mucha inquietud sobre la continuidad de algunos
programas aun vigentes, pero que desde hace tiempo tienen problemas de
aplicación por falta de personal y desatención de las autoridades.
“Ahora
vienen con estos decretos que reformulan la estructura y no sabemos qué va a
pasar con los compañeros que allí se desempeñan”, explicó la delegada de ATE,
Gisela Angelelli.
En la
oportunidad, se acercaron a expresar el apoyo y la solidaridad los integrantes
del Concejo Directivo Provincial Cacho Mengarelli, secretario Adjunto, Luis
Barcena, de Interior, Daniel Pawluchuzk, de Prensa, y los vocales Víctor
Lecuona, Eduardo Pereyra y Martín Stibel.
Además, respondieron
a la convocatoria general, numerosos jubilados de diversas organizaciones que
apoyaron el plan de lucha, como el Centro de Jubilados provincial de ATE, la
delegación de San Francisco, centros de jubilados de Quilino, Dean Funes y
otras localidades del norte provincial, la Comisión Permanente de Jubilados y
Pensionados y Ajupracor, junto a otros centros de jubilados de la ciudad.
Después del
debate, la concentración partió hacía la esquina de Colon y General Paz donde
se realizó un corte de media calzada. Allí, trabajadores y dirigentes afirmaron
que mantendrán la lucha hasta que las autoridades se comprometan a mantener a
los compañeros en sus puestos de trabajo y garanticen la continuidad de los
programas que presta el PAMI.
En tanto, en
Capital Federal se llevó a cabo una fuerte movilización a la sede central del
organismo donde estuvieron presentes compañeros de Córdoba, junto a
trabajadores de las sedes de PAMI de todo el país. El plan de lucha continuará
con una nueva jornada de protesta el próximo 20 de agosto. En Córdoba resta
acordar cuál será la modalidad a aplicarse.
Análisis de la situación que enfrenta
PAMI
Con el
objetivo de luchar en contra de las resoluciones 559 y 560 del INSSJyP,
mediante las cuales se intenta desarticular a las actuales estructuras del
organismo de todo el país, ATE ha desarrollado un informe que apunta a aportar
argumentos para la discusión sobre el conflicto y la situación del INSSJyP.
“Las
resoluciones 559 y 560 que disponen la disolución de múltiples estructuras del
PAMI son parte de una estrategia que ya viene de antes: Vaciamiento de las
áreas de prestación directa que tiene el PAMI, baja en la calidad de las
prestaciones para sus afiliados, y utilización de sus presupuestos en función
de financiar las arcas del Poder Ejecutivo”, señaló el Secretario Adjunto del
Consejo Directivo Nacional de ATE, Hugo Godoy.
“Todo esto
pone en riesgo, además de la calidad de atención del PAMI, a la estabilidad
laboral de los trabajadores de esta repartición estatal. Es por esto que desde
ATE estamos saliendo fuertemente con asambleas y movilizaciones para pelear
contra este ajuste. ATE ha convocado a asambleas en los organismos y
dependencias del PAMI en todo el país para el día de mañana. Allí definiremos
las nuevas medidas de acción que se emplearán para resistir este embate de
ajuste”, agregó el dirigente nacional del sindicato.
A
continuación, el informe completo:
EL PAMI QUE
NOS DEJAN Y EL PAMI QUE HAY QUE RECUPERAR
Aportes para
la discusión sobre el conflicto y la situación en el INSSJP
Es una
verdadera frutilla del postre, en el marco del fin de ciclo del actual
gobierno, las recientes resoluciones 559 y 560 firmadas por parte del Director
Ejecutivo (en los hechos interventor de facto durante más de diez años), las
que dispusieron la disolución de múltiples estructuras exclusivamente
comprometiendo los niveles operativos donde se realiza la atención directa de los
afiliados a esta Obra Social.
No porque
sean distintas al curso de la “gestión Di Cesare”, sino porque aparecen después
de 11 años de y sobre el filo del cambio de gobierno.
Las
preguntas acerca de las razones de esta oportunidad de la decisión aparecen
naturalmente… trabajo sucio? Negocio? Cualquiera/s que sea/n, no deben obturar
el análisis y el debate acerca del PAMI que nos dejan, y el PAMI que hay que
recuperar.
El martes 8
de julio de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner firmaba el decreto
348, mediante el cual se disponía la intervención del PAMI por 180 días, “…
luego de comprobar el anormal funcionamiento de la obra social de los
jubilados, y resolvió avanzar en un proceso de reestructuración que debía
terminar en la creación de “un nuevo modelo del PAMI” en cuanto a la gestión y
la prestación de servicios.
El anuncio
lo hizo público el entonces ministro de Salud, Ginés González García (el mismo
de Duhalde), y a través del mismo se designaban como interventor a Juan
González Gaviola (el mismo que años después “operacionalizaba” una ley sobre
ART repudiada por la mayoría de las Organizaciones gremiales), y como
subinterventor a José Granero (del mismísimo “riñón” K, hoy procesado por sus
vinculaciones referidas al tráfico de efedrina durante su gestión al frente del
SEDRONAR).
Se
argumentaba en esos anuncios, que en el PAMI, “se reiteraban una serie de
vicios” en la gestión, no existían “sistemas y circuitos administrativos,
manuales de compras” o “procesos licitatorios para la renovación de servicios
de salud”, “la planta de trabajadores está sobredimensionada” con una “cantidad
exagerada de representantes sindicales”.
“… El
Presidente no decidió el desguace del PAMI, ni dividirlo, ni fragmentarlo, como
los modelos de descentralización de la década del 90…”, se apuraban a aclarar
los voceros de la Intervención. “… no habrá “discrecionalidad”, sino que “habrá
supervisión forma permanente y en tiempo real por los organismos de control”
del Estado.
Ocaña
mediante (nombrada como “Directora normalizadora”) y bajo los mismos
mandamientos de siempre, llegó Luciano Di Césare a finales del 2007.
Nada ha
cambiado… o mejor dicho, sí…
En esos
siete años, el organismo prácticamente duplicó la cantidad de empleados, entre
los de planta permanente y los contratados. Pasó de tener 10.700 a poco más de
20.000, la gran mayoría son cargos políticos. “Di Césare fue desplazando al
personal de carrera por trabajadores sin experiencia… hay cada vez más gente,
pero por ejemplo no hay asistentes sociales y los médicos no alcanzan. El PAMI
intervenido es un negocio fenomenal. Sin controles hacen lo que se les canta.
La normalización es un paso fundamental”, alertó por ejemplo Eugenio Semino,
defensor de la Tercera Edad.
El
presupuesto del Instituto asciende en la actualidad a unos 45.000 millones de
pesos, algo así como el sexto presupuesto del país, detrás del gobierno
nacional, la Anses, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y
Santa Fe.
Manejo de
fondos que han sido observados por la propia Auditoría General de la Nación
(AGN), “… dificultades y atrasos para acceder a la información…”.
No obstante
las quejas de los beneficiarios en cuanto a la calidad y oportunidad de las
prestaciones, el Instituto ostenta excedentes colocados a plazo fijo, o desvía
fondos hacia el gobierno nacional a cambio de Letra del Tesoro (LETE).
Desmanejos
con los balances; discrecionalidad en los pagos; demoras en los pagos a los
prestadores con la consecuente repercusión en la calidad del servicio, entre
otras cuestiones, son algunas otras observaciones efectuadas.
Y en este
marco de presupuesto de bonanza y fondos excedentes, el PAMI sigue exhibiendo
las irregularidades crónicas en el servicio de prestaciones: “ni buenas ni
suficientes”. Las eternas dificultades en la obtención de camas para
internación; hogares geriátricos y establecimientos de salud mental que no
cumplen requisitos, y falta de médicos y centros de atención.
Por todo
ello, decimos que las RESOLUCIONES 559 Y 560 (que deben ser derogadas
inmediatamente) son la frutilla del postre de un proceso sostenido y creciente
de desguace del Organismo.
Debemos
transitar el conflicto desatado las Resoluciones en cuestión, problematizando y
reclamando por situaciones estructurales como:
La total y verdadera normalización y
democratización del Instituto, mediante elección directa y secreta de los
afiliados, consagrando un Directorio con representación mayoritaria de
jubilada/os, pensionada/os y trabajadora/es.
Reinstalar las funciones de auditoría y
control que el PAMI abandonó en la actual gestión.
Re-implementar oficinas de enlace con
personal profesional y administrativo de PAMI en la totalidad de los centros de
internación (hospitales y sanatorios) contratados por el INSSJP a fin de
resolver “en el momento” las graves dificultades que sufren los mayores
internados por razones clínicas. Con funcionamiento de 8 a 20 hs y guardias
nocturnas.
Retomar la función resolutiva y contenedora
del médico de cabecera, a fin de que los mismos no sean meros transcriptores de
recetas y derivadores de pacientes. Con revisión de cupos de pacientes acordes
a un funcionamiento eficaz, actualización de honorarios por cápita y control
responsable por parte de la Obra Social.
Recupero de la totalidad de las cápitas,
prestaciones y servicios privatizados en la operatoria del vaciamiento de los
efectores propios.
Recupero del valor social del medicamento
con eliminación del indigno sistema de la tramitación de medicación sin cargo,
e implementación de un nuevo vademécum actualizado según estándares
internacionales en la materia con previo estudio por parte de entidades
universitarias públicas nacionales. El afiliado en ese contexto no deberá
abonar ningún concepto económico de su bolsillo, a excepción de la medicación
sin prescripción profesional.
Eliminación de todo tipo de transferencias
y/o préstamos realizados y a realizarse con fondos del INSSJP, por fuera de sus
cometidos específicos, así como una urgente revisión con derivación a la
justicia de todos los préstamos otorgados por el PAMI durante la administración
Di Cesare.
Urgente ampliación de las camas de
internación en todos los distritos y unidades de gestión local donde falten
dichos recursos, asumiendo similar temperamento con las plazas de residencias
para mayores en situación de dependencia.
Inmediata actualización de los subsidios
económicos destinados a paliar contingencias sufridas por los mayores, en
particular quienes atraviesan situaciones de dependencia.
Implementación a nivel nacional de sistemas
de apoyo domiciliario (enfermería y cuidadores) orientados a sostener a los
mayores dependientes en sus domicilios habituales (hasta donde sea prudente y
posible hacerlo) y como forma de apoyo para sus familiares y convivientes.
