Este 1º de octubre la Seccional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tolhuin, de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, llevó a cabo una intensa mesa de negociación paritaria con el Ejecutivo del Municipio de Tolhuin para discutir la necesaria recomposición de los salarios correspondientes al mes de septiembre. Luego de una primera propuesta de aumento del 2,5 % al básico –que el Sindicato consideró insuficiente- desde ATE se exigió un esfuerzo mayor que realmente impacte en la mesa de las y los trabajadores.
Tras pasar a un cuarto intermedio ATE logró destrabar la discusión y conseguir mejoras fundamentales para la estabilidad de todas las familias trabajadoras:
– Aumento al básico e incorporación de suma fija: el Ejecutivo mantuvo el incremento del 2,5 % al básico para el mes de septiembre, pero ATE logró que se incorpore al básico una suma de $13.000 (extraídos de la suma fija remunerativa del Decreto E.M.T N° 723/2025).
– Piso salarial garantizado: se definieron mínimos urgentes para proteger los ingresos de quienes menos ganan. A partir de los haberes de septiembre, ningún agente municipal percibirá una suma inferior a: $1.060.000 para el personal sin título secundario; $1.123.000 para el personal con título secundario.
– Antigüedad: la demanda del Sindicato de elevar el ítem antigüedad del 2 % actual al 2,5 % quedó formalmente en agenda. El Municipio se comprometió a llevar una alternativa concreta a la próxima mesa paritaria.
– Pase a Planta Permanente: la Seccional de ATE Tolhuin llevó el reclamo histórico de la estabilidad laboral a la mesa, en relación a la Nota Nº 184/26 para exigir la incorporación en el presupuesto presentado, ya que no generará mayor erogación de lo estipulado.
La Paritaria sigue abierta y ATE continuará luchando por los derechos de las y los municipales de la localidad.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó a cabo hoy un escrache frente al Hotel Le Village de la localidad neuquina de San Martín de los Andes, en donde se hospedaban los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La protesta se dio en repudio a la lamentable decisión de los tres magistrados de revocar el fallo que había frenado al Artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del Gobierno de Javier Milei que eliminaba la Ley 26.737 de protección y límite a la venta de tierras rurales a extranjeros.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, manifestó: “Estos tres tipos son unos cobardes, no los tenemos que dejar caminar por la calle. No los votó nadie y sin embargo están entregando la soberanía sobre la tierra que es de todos los argentinos. Esta es la peor Corte Suprema que en democracia haya existido. Ponen en venta la Argentina y juegan para la Embajada de los Estados Unidos. Pisotean la voluntad popular expresada en las calles y representada en el Congreso que ya rechazó la extranjerización de las tierras”.
“Los trabajadores los vamos a declarar personas no gratas en todos los lugares del país que se les ocurra ir, porque estos tipos designados por decreto usurparon el Poder Judicial y son empleados de las corporaciones. No es una Corte Suprema, es una Corte Sumisa al poder real. Emitieron un fallo a medida de los Lewis y los Benetton”, agregó Aguiar.
Por su parte, el Secretario General de la Seccional de ATE San Martín de los Andes, Segundo Andrade, comentó: “La jornada de hoy fue de un contundente repudio a estos jueces. No es la primera vez que esta Seccional se expresa contra estos o contra otros jueces. En la Patagonia el tema territorio es una problemática de nunca acabar. Siempre hubo intenciones políticas, pero ahora se ha profundizado más con este Presidente nefasto que tenemos, al que lo único que le interesa es el negocio con los extranjeros, la extranjerización de nuestras tierras y la entrega de nuestra Patria y de nuestros territorios”.
“Gracias a Dios ATE está a la altura de las circunstancias tanto a nivel nacional como a nivel local. La jornada de hoy fue muy valiosa, durante tres horas estuvimos frente al Hotel Le Village –no casualmente de uno de los Ministros de Rolando Figueroa, el actual Gobernador-. Nos vimos, obviamente, rodeados de Gendarmería todo el día, así como también de efectivos de la Policía Federal y del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la provincial. Así y todo, estos jueces no pudieron caminar tranquilos por San Martín. No pudieron ni siquiera salir a dar la cara porque no les da. La Seccional convocó a otras organizaciones intermedias y sociales, y la gente pudo expresar su repudio. También participaron partidos políticos y agrupaciones. Estamos muy orgullosos de nuestra ATE, que a nivel nacional está desde el día uno peleando contra este Gobierno hambreador y destructor de nuestro pueblo”, sumó Andrade.
Este jueves la Seccional Rosario de ATE se encuentra realizando diversas reuniones con el arco político para buscar soluciones de fondo a la carencia de prestaciones médicas en Rosario y la conservación de los puestos de trabajo. La iniciativa forma parte de un Plan sindical nacional que incluye diversas acciones judiciales, administrativas, de difusión pública y lucha, que frenó cientos de desvinculaciones a nivel nacional.
“La situación en Rosario no admite más demoras ni parches administrativos: son 3.700 ciudadanos y ciudadanas sin acceso al derecho básico a la salud y 80 trabajadores con peligro inminente de quedar en la calle. Necesitamos que de manera inmediata se active un plan de contingencia que garantice al menos un efector sanitario en la ciudad que contemple de manera integral las guardias, internaciones, cirugías y tratamientos suspendidos”, explicó la Secretaria General de ATE Rosario, Lorena Almirón.
Es importante recordar que ATE logró frenar los 600 despidos que se iban a suscitar por el traspaso de hoteles y otros espacios de la Obra Social de las Fuerzas Armadas a la órbita del Ejército. Por eso ahora el Sindicato busca avanzar para restablecer las prestaciones médicas del personal civil y militar.
En esa línea, las autoridades de la Seccional Rosario junto a las y los delegados del sector se reunieron con las legisladoras nacionales Florencia Carignano, Agustín Rossi y Caren Tepp para avanzar en acciones en la Cámara. Lo que ya redundó en un primer proyecto de declaración (ver adjunta) exhortando “al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Defensa, adopte las medidas necesarias con el fin de garantizar la preservación de la totalidad de los puestos de trabajo del personal civil del OSFA/IOSFA, cualquiera sea su modalidad de contratación o vinculación laboral establecida con anterioridad al dictado del DNU N° 88/2026”.
El decreto mencionado había dividido la cobertura de salud del Instituto de la Obra Social de las FFAA (IOSFA) en dos nuevas obras sociales autárquicas: por un lado OSFFESEG (Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad), bajo el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional para dar cobertura a través de MEDICUS, empresa de medicina privada, a Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y otras fuerzas federales y por otro lado OSFA (Obra Social de las Fuerzas Armadas), bajo el ámbito del Ministerio de Defensa para atender al personal militar (activo, retirado, pensionado), agentes civiles y sus familias.
Vale aclarar que al momento de asumir la actual gestión nacional encabezada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa Luis Petri, la obra social IOSFA contaba con una estructura económica relativamente equilibrada, según constaba en los balances firmados por el propio Directorio. Sin embargo, a partir de las decisiones políticas adoptadas por la conducción nacional actual, el Ministerio de Defensa y las autoridades del instituto, sumadas a la toma de compromisos financieros, la deuda comenzó a escalar de forma exponencial hasta volverse impagable. La Asociación de Trabajadores del Estado Nacional estima que asciende a 500 mil millones de pesos.
Lejos de sanear las cuentas, la crisis a nivel nacional se agudizó. Este desmembramiento trasladó el problema directamente a los prestadores locales y detonó el colapso territorial que hoy padecen los 320.000 afiliados de OSFA en todo el país.
La crisis ha alcanzado un límite crítico en Rosario. Una comunidad de más de 3.700 personas —entre afiliados militares, personal en activo, retirados, docentes y trabajadores civiles del Liceo Aeronáutico Militar, familias y los propios trabajadores del organismo— se encuentra en un absoluto desamparo sanitario por cortes en las prestaciones. El sistema, sencillamente, colapsó.
“Exigimos que se anule todo tipo de traspaso de bienes de la obra social al Ejército o cualquier área. Y que se impulsen causas para la investigación de la deuda y el abandono de personas”, sostuvo el Secretario Gremial de la entidad, Guillermo Grand.
La Asociación Trabajadores del Estado lanzó un escrache para esta tarde a los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que llegan a San Martín de los Andes, en Neuquén, con motivo de una reunión con jueces de Tribunales Orales Federales.
“Estos tres tipos son unos cobardes, no los tenemos que dejar caminar por la calle. No los votó nadie y sin embargo están entregando la soberanía sobre la tierra que es de todos los argentinos”, reclamó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.
“Esta es la peor Corte Suprema que en democracia haya existido. Ponen en venta la Argentina y juegan para la Embajada de los Estados Unidos. Pisotean la voluntad popular expresada en las calles y representada en el Congreso que ya rechazó la extranjerización de las tierras”, agregó Aguiar y concluyó: “Los trabajadores los vamos a declarar personas no gratas en todos los lugares del país que se les ocurra ir”.
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, magistrados de la Corte entreguista estarán reunidos en el Hotel Le Village, sito en calle General Roca 816 de la ciudad lacustre. Hasta ahí llegarán las y los estatales a las 17 horas para hacer escuchar el reclamo en defensa de las tierras y la soberanía nacional.
Este miércoles ATE desarrolló una asamblea en el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia ‘General Enrique Mosconi’ e informó que se plegará a las medidas de fuerza que defina la Coordinación Nacional para lograr una verdadera recomposición salarial para las y los estatales.
En el marco de la recorrida por los diversos sectores de trabajo del Aeropuerto de Comodoro Rivadavia y la Cabecera de Región Sur de la ANAC, el Coordinador Nacional de ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Marcelo Belelli relevó las principales demandas del sector.
“Se definió adherir a las acciones gremiales que se definan desde la Coordinación Nacional de nuestra organización con el eje puesto en la recomposición salarial, utilizando como herramienta de mejora la mejora del racionamiento y la equiparación del suplemento por zona respecto a otros organismos públicos”, explicó Belelli.
El dirigente también realizó una visita por distintas áreas de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) con el objetivo de comunicar la nueva disposición judicial que ratifica la plena representación de ATE en los servicios de navegación aérea.
Foto: prensa, Coordinación Nacional de ATE en el ANAC.
Este miércoles ATE Salta estableció el Estado de Alerta y movilización por las y los trabajadores que aún no alcanzan el pase a designación temporaria como ordenanzas del interior de la provincia.
“Nuestro Sindicato permanecerá en Estado de Alerta y Movilización evaluando las acciones sindicales que correspondan en caso de no obtener respuestas satisfactorias por parte del Gobierno provincial”, afirmó Mabel Álvarez, Secretaria General de ATE Salta.
Es importante señalar que esta designación que exige ATE implica el ingreso formal a la planta temporaria de la Administración Pública provincial para el conjunto de las y los estatales que cumplen dicha función, lo que otorga mayor estabilidad laboral, mejora salarial y cobertura de seguridad social. Asimismo, la designación lograría la equiparación salarial entre las y los agentes del interior que aún aguardan la efectivización de sus expedientes y/o el reconocimiento de su antigüedad.
Este miércoles ATE Misiones se hizo presente en la manifestación realizada por familias y alumnos de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) Nº 45 de Posadas, con el objetivo de interiorizarse de las situaciones denunciadas por la comunidad educativa y escuchar de primera mano sus reclamos. El malestar se debe a presuntos malos tratos en la escuela y falta de respuesta de parte de las autoridades educativas.
La Secretaria de Derechos Humanos del Consejo Directivo Provincial de ATE Misiones, Josefina Garcete, y Hugo Gómez, Vocal del Sindicato, escucharon los reclamos de la comunidad educativa entorno a presuntos malos tratos contra las y los estudiantes.
“A 50 años de La Noche de los Lápices, la lucha de estudiantes que alzaron su voz para defender sus derechos y reclamar por una educación más justa, resulta inevitable establecer un paralelismo con lo que hoy atraviesa la comunidad educativa de la EPET Nº45. El paso del tiempo no debería borrar una enseñanza fundamental: escuchar a los estudiantes, respetar sus derechos y garantizar ámbitos institucionales donde sus reclamos puedan expresarse y ser atendidos”, expresaron desde ATE.
ATE se sumó al pedido de esclarecimiento de las situaciones divulgadas por las familias y estudiantes y exige una respuesta oficial de las autoridades educativas . “Desde ATE reafirmamos la importancia de acompañar a la comunidad educativa, garantizar el respeto de los derechos de estudiantes y trabajadores y exigir que se generen los ámbitos institucionales necesarios para el esclarecimiento de las situaciones planteadas”, concluyeron desde el Sindicato.
Este miércoles ATE realizó una asamblea en la sede central del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ubicada en la localidad de San Martín, donde las y los trabajadores pusieron de manifiesto las demandas del sector, entre ellas la necesidad de lograr un aumento de monto en concepto de viáticos de transporte.
“Después de la victoria lograda dentro de la institución con la cautelar, que está firme, queremos avanzar con otras demandas de las y los trabajadores que están pendientes y mejorar el salario. De esa forma, seguimos usando los métodos de la asamblea y organizarnos para ir para adelante”, explicó Francisco Dolmann, Secretario General de la Junta Interna de ATE en el INTI.
Actualmente el organismo se encuentra atravesando un proceso de reestructuración, recorte de funciones y vaciamiento impulsado por las políticas de desregulación del Gobierno nacional.
Es importante recordar que en mayo de 2026 ATE logró que la Justicia falle a su favor y dé marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones. La cautelar fue firmada por el Juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín.
Este miércoles tras la toma de la sede nacional de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y las protestas que se desarrollaron en todo el país, ATE logró asegurar la continuidad laboral de todos los trabajadores hasta el 5 de febrero del próximo año.
“Fue la decisión de los trabajadores de abandonar sus puestos y salir a pelear, la que permitió frenar los despidos masivos”, enfatizó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional y detalló que «el ministerio de Defensa ordenó continuar con todo el personal hasta el 5 de febrero. Que se haya garantizado la continuidad de todas las fuentes laborales por cuatro meses es un alivio, aunque no se trata de una solución definitiva. Desde ATE vamos a mantener las protestas programadas y luego vamos a permanecer en alerta hasta que finalicen todas las tramitaciones administrativas. Se tiene que respetar el derecho a la estabilidad de todos los trabajadores y, además, salvaguardar el patrimonio de la Obra Social”.
Cabe recordar que los anuncios de despidos significaban el cierre de 13 hoteles y dos recreos –la mayoría ubicados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche-. Y que en el plan de recortes se avanzaba también con el cierre de 33 farmacias propias de la obra social. Un verdadero proceso de vaciamiento que compromete a una de las cinco obras sociales más grande del país que cuenta con medio millón de beneficiarios.
“Ahora tenemos que seguir reclamando para que se normalice la atención y las prestaciones en todo el país. Cuando se hizo cargo esta gestión, la obra social tenía superávit y ahora acumula deudas multimillonarias. Tenemos que evitar que sigan vaciándola”, sentenció.
Por su parte Rubén López, Secretario General de la Junta Interna ATE en el IOSFA, manifestó: “Ayer a la noche nos contaron que el Ministerio de Defensa dio la orden de echar para atrás la rebaja y cerrar los hoteles, o sea que se garantizó la continuidad hasta fin de año de todos los trabajadores. Esto fue en base a la lucha que hicieron cada uno de los trabajadores de cada uno de los hoteles y a todo el acompañamiento que hizo Nuestra ATE”.
Este miércoles ATE Formosa informó que la Justicia Federal hizo lugar al hábeas corpus tras la denuncia por persecución ideológica contra testigos en casos de lesa humanidad y ordenó a Gendarmería cesar las demoras basadas exclusivamente en registros históricos del N-SAG y dispuso la urgente rectificación y depuración de sus bases de datos.
El caso había sido denunciado públicamente por ATE luego de que Higinio Balderrama – quien fuera empleado judicial y uno de los testigo clave en el juicio de lesa humanidad contra el excomandante de Gendarmería Horacio Rafael Domato condenado a 25 años de prisión por privación ilegítima de la libertad, tormentos y desapariciones forzadas durante la última dictadura cívico-militar – fuera demorado en un control de tránsito y se le informara que figuraba con una supuesta “causa abierta” desde 1976.
El habeas Corpus fue presentado en favor de Higinio Balderrama; Cossio, Teresa Esther; Cossio, Elena Ofelia; Greca, Roberto Alcides; Daldovo, Miriam Luz; Rojas, Ismael; Tievas, Héctor; Guilio, Roque Manuel; Nielsen, Jorge José Ramón; Julio Argentino Cossio; Antonio Rafael Zarate; Juan Eduardo Lenscak; Acevedo, Carlos María y Gauna, Olga Elsa, alegando la presunta utilización de bases de datos de las fuerzas que amenazan la libertad ambulatoria, restringen la libertad ambulatoria de los ciudadanos y constituyen una revictimización de los padecimientos sufridos en cautiverio en Centros Clandestinos de Detención durante la vigencia de la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983.
“Lo que las víctimas denunciaron con el acompañamiento de la APDH Formosa y nuestro sindicato en julio de este año terminó llegando a la Justicia Federal y derivó en una resolución que ordena a Gendarmería Nacional modificar sus procedimientos de consulta y depurar los registros utilizados durante los controles”, explicaron desde ATE. Para ATE la resolución judicial vuelve a poner en el centro de la escena una preocupación genuina sobre la necesidad de garantizar que las personas que fueron víctimas o testigos de la represión ilegal durante la última dictadura no vuelvan a quedar expuestas a mecanismos de control sustentados en información incorrecta. Por eso ATE celebra que la sentencia exhorte al Ministerio de Seguridad de la Nación a profundizar los mecanismos de control, auditoría y optimización tecnológica de los sistemas de consulta de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de evitar la reiteración de “falsos positivos” que afecten las garantías constitucionales de los ciudadanos. El fallo judicial El Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, al resolver el hábeas corpus presentado en favor de Balderrama, los hermanos Cossio y Acevedo, confirmó la existencia de antecedentes históricos en el sistema N-SAG de Gendarmería correspondientes a los cuatro accionantes que databan de 1975 y que no tenían referencia a una actuación judicial. La resolución también recordó que, conforme a la normativa citada en el fallo, el SIFCOP es la base de datos habilitada para la consulta de medidas judiciales vigentes, mientras que el N-SAG quedó como una base histórica que ya no contaba con documentación física respaldatoria. El juez fue particularmente contundente al señalar que la existencia de datos erróneos o desactualizados en los sistemas de Gendarmería podía convertirse en una amenaza concreta para la libertad ambulatoria de las personas. La sentencia sostiene que los ciudadanos podían quedar sometidos a un circuito reiterado de demoras e interceptaciones y considera arbitrario cualquier operativo que se fundara exclusivamente en información inexacta. Por ese motivo, la Justicia hizo lugar al hábeas corpus preventivo presentado por los accionantes. Es importante señalar que la resolución judicial no se limitó solamente a reconocer la situación planteada en el expediente sino que ordenó el cese inmediato de cualquier acto de molestia, demora, retención o restricción de la libertad ambulatoria de los accionantes y del resto de la población cuando esas medidas se fundamenten exclusivamente en la base de datos N-SAG. Asimismo, estableció que en los controles deberá utilizarse SIFCOP como base de consulta y que, ante inconsistencias o “falsos positivos”, deberán verificarse los datos y actualizarse los registros correspondientes. Finalmente, se intimó a Gendarmería Nacional y al organismo técnico correspondiente a que, en un plazo de cinco días, procedan a la urgente rectificación, actualización y depuración de sus sistemas informáticos respecto de los requirentes, previa verificación ante la autoridad judicial correspondiente.
